- Existen casos, como Tlaltelulco, donde acusan falsificación de sellos; en Nopalucan, la síndica no ha firmado ningún estado financiero desde el inicio de la actual administración
A menos de siete meses de que concluyan su periodo constitucional de tres años, los conflictos entre las personas titulares de las sindicaturas y las presidencias municipales no cesan. Diversos oficios dirigidos al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y el Congreso del Estado, dan cuenta del deslinde de responsabilidades por parte de síndicas y síndicos en el tema de las cuentas públicas.
Existen, incluso, municipios en lo que la sindicatura no ha firmado ninguna cuenta pública, como es el caso de Nopalucan, donde la titular, María Edith Muñoz Martínez, informa que desde que inició la actual administración no ha firmado ninguna cuenta pública que el alcalde Pedro Pérez Vázquez ha entregado al OFS.
Cabe recordar que el ayuntamiento de Nopalucan fue el el único municipio del estado que incumplió con la entrega de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2023 al OFS, por lo que el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Alejandro Campech Avelar, informó apenas la semana pasada que las autoridades municipales se harán acreedoras de una sanción económica.
En Chiautempan, también continúan las diferencias. En ese ayuntamiento la síndica María Estela Hernández Grande acusa irregularidades en la ejecución del gasto y de obra pública, movimientos irregulares en cuentas bancarias y en la recaudación de ingresos propios municipales por parte del edil Gustavo Jiménez Romero.
En Natívitas, la síndica Teresita Covarrubias Martínez sostiene que el alcalde no le puso a su disposición la cuenta pública del cuatro trimestre del ejercicio fiscal 2023, por lo cual, “nuevamente”, se vio imposibilitada de analizarla, revisarla y validarla.
En Tlaltelulco, la síndica acusa al alcalde de falsificación del sello oficial que corresponde a la Sindicatura, por lo cual, mediante oficio, adelantó que presentará una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Lo anterior, además de señalar al presidente municipal, Marco Antonio Pluma Meléndez, de asumir actitudes violentas y machistas contra ella y personal del ayuntamiento.
Con este tipo de casos, el llamado que ha hecho el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para que los alcaldes y las síndicos municipales concilien y lleguen a acuerdos, han sido ignorados en repetidas ocasiones, sin que hasta el momento existan sanciones al respecto.
