La anunciada campaña contra la desinformación que impulsan los gobiernos de México y de Tlaxcala abre un debate que va mucho más allá de las noticias falsas. En el discurso oficial, el objetivo parece incuestionable: que la sociedad esté mejor informada, que se combatan las mentiras y que los ciudadanos tengan acceso a información verificada. Sin embargo, detrás de esa intención surge una pregunta inevitable: ¿quién decide qué es verdad y qué es desinformación?
Durante décadas, la prensa ha sido un contrapeso natural del poder. Su función no es agradar a los gobiernos ni convertirse en oficina de relaciones públicas de quienes administran los recursos públicos. Su responsabilidad es cuestionar, investigar, exhibir irregularidades y señalar errores. Cuando un medio publica información incómoda para una administración, eso no significa automáticamente que exista una campaña de desinformación.
Desde la llegada de la llamada Cuarta Transformación, se ha vuelto recurrente escuchar que las críticas periodísticas forman parte de ataques mediáticos organizados por adversarios políticos. Bajo esa lógica, cualquier cuestionamiento puede ser etiquetado como una agresión contra el proyecto de gobierno. El riesgo es evidente: se puede terminar confundiendo la crítica legítima con la mentira deliberada.
En Tlaxcala, como en el resto del país, existen periodistas serios, medios responsables y comunicadores comprometidos con informar. También existen errores, excesos y casos donde la información puede ser imprecisa. Pero para eso ya existen mecanismos de réplica, aclaración y derecho de respuesta. Lo preocupante sería que desde el poder se construyera una narrativa en la que únicamente la versión gubernamental sea considerada verdadera y cualquier versión distinta sea catalogada como desinformación.
La historia demuestra que los gobiernos suelen sentirse incómodos con las preguntas difíciles. Resulta más sencillo acusar a los medios de manipular que responder a los señalamientos sobre inseguridad, corrupción, deficiencias en los servicios públicos o incumplimiento de promesas. La crítica puede ser molesta, pero es indispensable en una democracia.
Combatir la desinformación es una tarea necesaria. Las noticias falsas afectan procesos electorales, dañan reputaciones y generan incertidumbre social. Sin embargo, la mejor manera de hacerlo no es mediante campañas que coloquen al gobierno como árbitro absoluto de la verdad. La solución pasa por fortalecer la educación mediática, garantizar la transparencia gubernamental y facilitar el acceso a información pública verificable.
La sociedad merece estar bien informada, sin duda. Pero también merece tener acceso a múltiples voces, interpretaciones y puntos de vista. Una ciudadanía informada no es aquella que escucha una sola versión de los hechos, sino aquella que puede contrastar información y formarse un criterio propio.
Porque cuando un gobierno comienza a señalar sistemáticamente a la prensa como responsable de los problemas de percepción pública, el debate deja de ser sobre la desinformación y empieza a ser sobre la libertad de expresión. Y en toda democracia, la libertad de expresión debe protegerse incluso cuando las opiniones resultan incómodas para quienes ejercen el poder.
La pregunta de fondo no es si debemos combatir la desinformación. La verdadera pregunta es si esta campaña busca informar mejor a los ciudadanos o construir un mecanismo para desacreditar a quienes cuestionan al poder. Ahí radica la diferencia entre una democracia fuerte y una democracia que empieza a desconfiar de sus propios contrapesos.
