- Activistas y usuarios habituales del parque acusan al Gobierno de Tlaxcala de justificar una obra millonaria con una consulta que nadie vio ni respondió.
En el Parque de la Juventud, activistas ambientales y colectivos ciudadanos exhibieron la simulación del Gobierno del Estado en la supuesta encuesta donde informan del proyecto del Parque de la Juventud, con una inversión de 122 millones de pesos.
Dijeron que el proyecto lo sostiene el gobierno en una supuesta encuesta ciudadana cuya existencia y metodología que hasta hoy son seriamente cuestionadas.
Durante una rueda de prensa realizada este día, los integrantes del movimiento señalaron que, pese a que autoridades estatales han afirmado que alrededor de 900 personas fueron consultadas para respaldar la obra.
A lo que un usuario frecuente del parque aseguró que nunca fueron encuestados ni tuvieron conocimiento de dicho ejercicio, lo que pone en duda su legitimidad.
“Yo vengo casi todos los días al parque y jamás me preguntaron nada, ni a mí ni a muchas personas que conocemos este espacio”, declaró.
Las organizaciones advirtieron que, hasta el momento, no existe información pública clara sobre cómo, cuándo, dónde ni a quiénes se aplicó la supuesta encuesta, ni se han dado a conocer los reactivos, resultados detallados o el perfil de los encuestadores.
Así mismo, sigue existiendo el bloqueo sistemático al acceso a la información pública, así como la difusión de instrumentos sin rigor metodológico que, afirmaron, se utilizan para legitimar una obra impuesta, sin estudios de impacto ambiental ni social y sin permisos plenamente transparentes.
Desde hace más de tres meses, los colectivos han realizado inventarios forestales, diagnósticos sociales, observación de flora y fauna, festivales culturales y ambientales, además de la recolección de firmas y denuncias administrativas, alertando también sobre incendios recientes que han debilitado el ecosistema del parque.
Finalmente, se señaló que el fondo del conflicto no es la rehabilitación del espacio, sino la forma en que se pretende imponer el proyecto, normalizando prácticas que, aseguran, vulneran derechos humanos, ambientales y de participación ciudadana.
