Horas después de la entrevista concedida por el secretario de Educación Pública de Tlaxcala, Homero Meneses Hernández, quien apelara a la cultura de la paz y no a la expulsión de los agresores, un grupo de padres de familia de la Secundaria Camaxtli en Apizaco se manifestaron afuera de la institución para dar a conocer más casos de abuso.
Una madre de familia reportó a esta casa editorial que su hija es extorsionada todos los días a cambio de protección.
De acuerdo con la información recabada por esta reportera, desde noviembre los padres de la menor detectaron cambios en su conducta, así como la falta de dinero en sus carteras, pero fue hasta este fin de semana cuando se hizo público el otro caso de bullying en la misma escuela, que decidieron enfrentar la situación.
Fue en ese momento, cuando la estudiante de primer año de secundaria reveló que desde hace varios meses compañeros de su mismo salón le piden dinero para no golpearla, e incluso, “la cuota” ha incrementado con el tiempo.
Ante esto, familiares decidieron tomar cartas en el asunto y hablar con el director de la institución, Arturo Hernández Morales, quien les solicitó un par de días para dar con los culpables y establecer la estrategia a seguir.
La información revela que, luego de la extorsión de la que ha sido objeto el alumnado de esta escuela, la cantidad aproximada que ha erogado por “protección” rebasa los 10 mil pesos, sin que eso sea garantía para evitar que sea molestada.
* En entrevista posterior a esta manifestación, el director habló sobre el primer reporte de bullying.
Fue en su oficina donde el director, Arturo Hernández Morales, abordó el primer caso de abuso que fue reportado por este portal, y aseguró que el asunto se atendió en tiempo y forma en beneficio de ambos estudiantes.
Señaló que contrario a lo que dice la madre de familia, si recibió la denuncia presentada ante la Unidad de Investigación Especializada en Justicia para Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Aunque de manera contradictoria, agregó que el “agresor” no será expulsado de la institución, pues al hacerlo iría contra el artículo tercero constitucional, que dicta que todo individuo tiene derecho a recibir educación.
