- Establece el juicio de amparo digital hacia una justicia accesible
- Elimina posibilidad de nuevo ampara cuando haya sentencia en firme
El 15 de septiembre del presente año, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, envió al Senado de la Republica diversas reformas la Ley de Amparo.
Recordemos que ya en marzo del mismo año el Congreso de la Unión avaló reformas a este mismo marco legal, para armonizarlo conforme al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, entro otras cosas. Sin embargo, una de las reformas que habría que destacar de ese momento fue la que modificó el artículo cuarto de la Ley de Amparo, para establecer la posibilidad de que las presidencias de las Cámaras del Congreso de la Unión o la presidencia de República, pudieran solicitar a la Suprema Corte de Justicia que, en caso de existir urgencia y atendiendo al interés social o de orden público, se resuelva de forma prioritaria algún caso específico.
Las nuevas reformas enviadas, esta vez al Senado de la Republica, fueron explicadas en conferencia matutina el pasado 17 de septiembre por la Presidenta de México, quien dijo que se busca garantizar “el derecho que tenemos como ciudadano al amparo, frente a actos de autoridad, sobre todo se disminuyen tiempo y características de cuando hay una sentencia firme de la Corte” además de que todo el Sistema Judicial sea más expedito, apuntó.
En tanto, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, detalló que la iniciativa sobre la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa busca establecer un proceso de amparo efectivo y justo, también habló de crear un andamiaje jurídico del nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF).
La presidenta del Senado explico también, en conferencia de prensa, que este nuevo marco legal forma parte de las leyes secundarias de la reforma al PJF y considera, entre otros aspectos, la digitalización de los trámites, que la justicia realmente se lleve a cabo en el país y que no haya “un amparo sobre amparo” en el caso del pago de los impuestos.
Fue el 17 de septiembre que la Mesa Directiva de la Cámara Alta turnó a las comisiones de Justicia, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Amparo, del Código Fiscal de la Federación y de La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El presidente de la Comisión de Justicia, el senador Javier Corral Jurado (Morena) señaló en conferencia de prensa que, buscará un acuerdo con los presidentes de las comisiones de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, y de Hacienda y Crédito Público, Miguel Ángel Yunes Márquez, a fin de trazar una ruta de dictaminación del proyecto, que incluya la consulta a expertos.
Corral Jurado apuntó necesario un mecanismo de consulta para analizar los alcances de las reformas a la Ley de Amparo, porque se trata del instrumento más importante para la protección de los derechos humanos.
En otro momento, el presidente de la Junta de Coordinación Política, senador Adán Augusto López Hernández, declaró a medios de comunicación que podría ser esta misma semana cuando se esté analizando la iniciativa en comisiones, para que la última semana de septiembre o la primera semana de octubre sea aprobada.
Algunos de los puntos importantes de las reformas son:
- Propone agilizar los procesos judiciales, reducir la impunidad y fortalecer, en general, las instancias judiciales.
- Erradicar la narrativa y mecanismos sobre una justicia con privilegios.
- Establece que, tratándose del interés legítimo, la norma, acto u omisión reclamado, deberá ocasionar “en la persona quejosa una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas”.
- Plantea la improcedencia de la suspensión por lesión del interés social o de disposiciones de orden público en materia administrativa
- Establece el juicio de amparo digital hacia una justicia más accesible, ágil y eficiente
- Propone que, tratándose de juicios de amparo en los que se reclame la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso la suspensión podrá concederse con efectos generales.
