* La Fiscalía de Tlaxcala bajo sospecha ciudadana
Cuando las familias tienen que salir a las calles para exigir justicia, la Fiscalía tiene una obligación que va más allá de emitir comunicados: demostrar con resultados que está haciendo su trabajo.
En Tlaxcala, hay preguntas que la fiscal general de Justicia del Estado, Ernestina Carro Roldán, ya no puede evadir con explicaciones burocráticas ni con el silencio institucional. ¿Cuántas familias más tendrán que protestar para que sus investigaciones avancen? ¿Cuánto tiempo deben esperar los deudos para conocer la verdad? ¿En qué momento la procuración de justicia dejó de ser una obligación del Estado para convertirse en una carrera de obstáculos para quienes perdieron a un ser querido?
La justicia no puede depender de la capacidad de una familia para organizar manifestaciones, conseguir atención mediática o presionar públicamente a las autoridades. Sin embargo, los casos que han trascendido en Tlaxcala alimentan una percepción preocupante: mientras los familiares buscan respuestas, las instituciones parecen avanzar a un ritmo que no corresponde a la urgencia de esclarecer una muerte violenta.
El caso de Carlos Manuel y Carlos Abdiel es uno de los ejemplos más dolorosos. Dos jóvenes que perdieron la vida cuando viajaban en una motocicleta y cuyas familias continúan exigiendo que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes. La controversia por la liberación de la imputada y los cuestionamientos sobre el desarrollo del proceso han colocado nuevamente a la Fiscalía en el centro del escrutinio público.
Aquí la pregunta no es si una persona imputada debe permanecer en prisión preventiva a cualquier costo. La prisión preventiva no sustituye a la justicia, ni la libertad procesal equivale automáticamente a impunidad. La pregunta es otra: ¿qué hizo la Fiscalía para garantizar una investigación sólida, integrar adecuadamente la carpeta y sostener su actuación ante los tribunales? Si hubo deficiencias procesales, ¿quién las cometió, qué consecuencias tuvieron y qué medidas se adoptaron para evitar que vuelvan a ocurrir?
Porque cuando una investigación se debilita por errores que pudieron evitarse, las consecuencias no las pagan únicamente las instituciones: las padecen las familias que esperan justicia.
Y es precisamente ahí donde Ernestina Carro Roldán debe rendir cuentas.
La responsabilidad de una fiscal general no consiste solamente en presentar estadísticas, anunciar detenciones o comparecer para defender el desempeño de la institución. Su obligación es garantizar que los agentes del Ministerio Público, los policías de investigación y los peritos actúen con profesionalismo, diligencia y apego a la ley. Cuando una investigación no produce resultados, la ciudadanía tiene derecho a preguntar por qué. Cuando una familia denuncia omisiones, tiene derecho a recibir respuestas documentadas. Y cuando existen errores procesales, la sociedad merece saber si hubo responsabilidades administrativas y qué se hizo para corregirlas.
No basta con repetir que las investigaciones continúan. Esa frase, utilizada sin información concreta, termina convirtiéndose en una respuesta vacía para quienes llevan meses o años esperando conocer la verdad.
¿Qué significa que una carpeta siga abierta si no se informa qué diligencias se han practicado, qué líneas se investigan y qué obstáculos impiden avanzar? Por supuesto, las autoridades deben proteger los datos reservados y evitar que la publicidad de un expediente perjudique el proceso. Pero la reserva legal no puede convertirse en una excusa general para eludir la rendición de cuentas.
El problema tampoco se limita a un solo expediente.
En Tlaxcala existen otros casos de muertes violentas que merecen seguimiento, entre ellos el asesinato del empresario Jorge Montiel, conocido como «El Ranchero», el multihomicidio de una familia en Huamantla y el doble homicidio de madre e hija en Nanacamilpa. En estos asuntos se han reportado detenciones o actuaciones ministeriales, pero es indispensable conocer su desenlace judicial, las sentencias dictadas y las responsabilidades que, en su caso, hayan quedado pendientes.
También existen exigencias de familiares que piden esclarecer muertes de mujeres y que se investiguen con perspectiva de género, como ocurre en el caso de Karina N., en Nativitas. Sus reclamos deben examinarse con seriedad, sin anticipar conclusiones sobre la clasificación jurídica de los hechos, pero sin permitir que una hipótesis de investigación se descarte sin una justificación fundada.
Cada expediente tiene sus particularidades. No sería responsable afirmar que todos están impunes ni que todos carecen de avances. Pero sí es legítimo exigir que la Fiscalía explique, dentro de los límites legales, qué resultados ha obtenido y cuáles son las razones por las que determinados procesos siguen sin una resolución conocida.
La diferencia entre una institución que trabaja y una que solamente afirma trabajar está en la evidencia.
Las cifras de carpetas iniciadas, órdenes de aprehensión, detenciones y vinculaciones a proceso pueden ser útiles para evaluar el desempeño de la Fiscalía. Sin embargo, no cuentan toda la historia. Una detención no es una sentencia; una carpeta judicializada no equivale a una reparación del daño; y una investigación abierta durante años no puede considerarse un éxito únicamente porque nunca fue formalmente cerrada.
La pregunta que debe responder Ernestina Carro Roldán es cuántos casos se han esclarecido, cuántos han llegado a sentencia, cuántas investigaciones presentan rezagos y qué medidas concretas se han tomado para corregirlos.
Porque la eficacia de una Fiscalía no se mide por la cantidad de expedientes que acumula, sino por su capacidad para investigar con rigor, identificar a los responsables y llevar los casos ante la justicia sin poner en riesgo el debido proceso.
En este contexto, los ministerios públicos también deben estar bajo escrutinio. No se trata de responsabilizar indiscriminadamente a todos los servidores públicos ni de desconocer las dificultades que implica investigar delitos complejos. Se trata de determinar si las omisiones, los retrasos injustificados o las deficiencias en la integración de las carpetas obedecen a errores individuales, falta de recursos, deficiencias de coordinación o problemas estructurales.
Si existen servidores públicos que incumplieron sus obligaciones, deben investigarse sus actuaciones. Si faltan personal, capacidades periciales o herramientas técnicas, la titular de la Fiscalía debe explicar qué necesita y qué ha hecho para resolverlo. Y si los procedimientos funcionan correctamente, entonces corresponde demostrarlo con información verificable.
Lo que no puede normalizarse es que las familias tengan que convertirse en investigadoras, abogadas, voceras y activistas de tiempo completo para conseguir que las autoridades volteen a ver sus casos.
Esas familias ya enfrentan una pérdida irreparable. No deberían cargar, además, con la incertidumbre de no saber si las instituciones están haciendo todo lo legalmente posible para esclarecerla.
La credibilidad de la Fiscalía se construye con investigaciones sólidas, resoluciones judiciales y atención efectiva a las víctimas. Se pierde cuando los cuestionamientos se acumulan y las respuestas oficiales no consiguen despejar las dudas. Y se pone todavía más en entredicho cuando los familiares deben recurrir a la protesta pública para reclamar lo que debería estar garantizado desde el primer día: una investigación diligente, imparcial y profesional.
Ernestina Carro Roldán tiene una responsabilidad institucional que no puede delegar en sus subordinados ni diluir en el lenguaje administrativo. Como titular de la Fiscalía, debe explicar qué está fallando, qué funciona y qué resultados concretos puede presentar ante la sociedad tlaxcalteca.
No se le exige que condene a una persona antes de que concluya el proceso. Se le exige que investigue correctamente. No se le pide que viole la ley para satisfacer el reclamo de una familia. Se le pide que la aplique con rigor. No se le exige que prometa resultados imposibles. Se le exige que rinda cuentas por los que puede y debe ofrecer.
La justicia no es una concesión de la Fiscalía ni un favor que las autoridades hacen a los deudos. Es un derecho de las víctimas y una obligación del Estado.
Por eso, la pregunta que permanece sobre la mesa es incómoda, pero necesaria: ¿puede la Fiscalía de Tlaxcala sostener su credibilidad ante la ciudadanía cuando persisten casos controvertidos, familias que reclaman respuestas y dudas sobre la eficacia de las investigaciones?
Ernestina Carro Roldán tiene la palabra. Pero, a estas alturas, las familias no necesitan únicamente explicaciones: necesitan resultados.
Porque detrás de cada carpeta hay una historia, detrás de cada homicidio hay una vida arrebatada y detrás de cada familia que exige justicia hay una pregunta que ninguna institución debería dejar sin respuesta.
