* El caso de una plaza administrativa vinculada a Angélica Domínguez, titular de la CORACYT, vuelve a poner bajo la lupa las prácticas de “herencia” sindical y su contraste con el discurso oficial de transparencia y combate a la corrupción.
La polémica por la asignación de plazas en el sector educativo de Tlaxcala reabre la conversación luego de que Antonio Martínez Velázquez, vocero del Gobierno estatal, reconociera que existen espacios laborales que pueden ser “heredados” o propuestos por el sindicato, pese a que el discurso oficial ha insistido en desterrar las viejas prácticas de prebendas y asignaciones discrecionales.
El señalamiento cobra especial relevancia por el caso de Angélica Domínguez Hernández, titular de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala (CORACYT), a quien se le habría asignado desde febrero una plaza administrativa bajo un esquema presentado como herencia sindical.
De acuerdo con la información señalada en torno al caso, la normativa establece que deben transcurrir seis meses y un día para reclamar una plaza administrativa, por lo que el movimiento vuelve a generar cuestionamientos sobre el procedimiento y sus alcances.
Uno de los principales puntos de controversia es que, según los señalamientos, la persona que habría heredado la plaza no tendría un vínculo familiar con la funcionaria de primer nivel, situación que alimenta las dudas sobre el uso de esta figura y sobre si la llamada “herencia” responde realmente a los criterios previstos para este tipo de asignaciones. Hasta ahora, este señalamiento debe entenderse como una acusación que requiere ser acreditada documentalmente por las autoridades competentes.
En este contexto, las declaraciones de Martínez Velázquez adquieren mayor relevancia pues el vocero sostuvo que “no hay nada fuera de la ley” y explicó que existen plazas que todavía pueden ser propuestas por el sindicato, incluso bajo mecanismos considerados como herencia. Sin embargo, cuando fue cuestionado sobre si la plaza en cuestión ya se había consumado durante agosto, respondió que esa información no se encontraba disponible en ese momento.
La controversia también contrasta con el discurso de la autoridad educativa sobre la eliminación de las prácticas de herencia de plazas y asignaciones arbitrarias y es que el entonces secretario de Educación, Homero Meneses Hernández, afirmó públicamente que no se regresaría al esquema anterior de herencia de plazas ni a mecanismos discrecionales, es más, reveló que las plazas pueden ser asignadas por la propia gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y hasta por el sindicato.
La admisión de que estas figuras todavía pueden operar legalmente abre un nuevo cuestionamiento sobre la distancia entre el discurso de transformación y las prácticas que permanecen dentro del sistema.
Para los trabajadores de la educación que durante años se preparan y participan en procesos de selección, el problema no se limita a determinar si una asignación cumple formalmente con la ley.
La existencia de mecanismos de propuesta o herencia sindical genera dudas sobre la igualdad de oportunidades, particularmente cuando una plaza puede llegar a una persona por una vía distinta a la de quienes compiten mediante procesos de evaluación.
