- Habría cobrado hasta 300 mil pesos a transportistas prometiendo permisos que legalmente no podía otorgar.
Indalecio N., líder transportista en Tlaxcala, fue presuntamente señalado por un juez de control que lo vinculó a proceso por del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, tras una investigación iniciada por la Fiscalía General de Justicia del Estado derivada de denuncias presentadas por integrantes de su propia agrupación de concesionarios.
De acuerdo con las indagatorias, el imputado habría ofrecido gestionar nuevas concesiones de transporte público con motivo de la supuesta apertura de una ruta entre el municipio de Papalotla y la capital del estado, solicitando a los interesados pagos aproximados de 300 mil pesos por unidad, además de un anticipo cercano a los 50 mil pesos para asegurar el trámite.
Los transportistas denunciaron que, pese a realizar los depósitos solicitados, nunca recibieron documentación oficial ni autorización alguna, lo que evidenció que las gestiones prometidas no existían.
Autoridades estatales aclararon que la facultad para otorgar concesiones corresponde exclusivamente a la Secretaría de Movilidad y Transporte, por lo que cualquier cobro realizado por particulares bajo esa promesa carece de sustento legal.
La legislación estatal establece además que las concesiones no pueden ser vendidas, cedidas ni negociadas entre particulares, ya que no generan derechos reales y únicamente obligan administrativamente a su titular, por lo que ofrecerlas como producto o trámite constituye una irregularidad.
Durante la audiencia, el juez determinó que el acusado enfrentará el proceso en libertad condicionada, imponiéndole la medida cautelar de firma periódica mientras se desarrolla la investigación complementaria, cuyo plazo fue fijado en tres meses.
En ese tiempo, la Fiscalía buscará determinar el alcance total del presunto fraude y establecer si existen más víctimas afectadas.
El dirigente transportista ya había sido señalado anteriormente dentro del sector por presuntos cobros irregulares y supuestas ventas de concesiones, señalamientos que ahora forman parte del contexto analizado dentro del proceso judicial en curso.
