*La senadora con licencia afirmó que el humanismo mexicano de la Cuarta Transformación exige colocar al ser humano en el centro de las decisiones públicas y garantizar primero los derechos fundamentales de las familias.
La senadora con licencia Ana Lilia Rivera Rivera afirmó que un gobierno está reprobado cuando es incapaz de garantizar a la población el acceso a los servicios más elementales, pues ninguna gran obra pública puede justificar que las personas sufran o incluso pierdan la vida por la falta de agua, atención médica, seguridad o cualquier otro derecho básico.
Durante los encuentros ciudadanos que sostuvo este viernes y sábado en San Cosme Mazatecochco y Amaxac de Guerrero, como parte del recorrido que mantiene por comunidades y municipios de Tlaxcala, la legisladora sostuvo que el ejercicio del poder sólo tiene sentido cuando coloca al ser humano en el centro de todas las decisiones públicas.
Ante simpatizantes y habitantes de ambas demarcaciones, Rivera Rivera aseguró que la prioridad de toda autoridad debe ser atender las necesidades fundamentales de la población antes que privilegiar proyectos que no impacten directamente en la calidad de vida de las familias.
“Lo primero es que la gente tenga agua en sus hogares, alumbrado en sus calles, acceso a la salud, buena educación, seguridad para vivir en paz y espacios para la cultura. Esa debe ser la prioridad de cualquier autoridad”, expresó.
En ese sentido, enfatizó que el desarrollo de un estado o de un municipio no puede medirse únicamente por la cantidad de gran infraestructura construida, sino por el bienestar que experimentan las personas en su vida cotidiana. “Podremos tener grandes obras, pero si la gente sufre, incluso muere, por no tener lo más elemental, entonces ese gobierno está reprobado”, sostuvo.
La senadora con licencia explicó que esa visión corresponde al humanismo mexicano que impulsa la Cuarta Transformación, una forma de gobernar que privilegia la dignidad de las personas, el acceso efectivo a los derechos y la justicia social como principios para la toma de decisiones públicas.
