Aunque las autoridades estatales anunciaron públicamente la salida de Juan Antonio N. como director del Centro de Readaptación Social (CERESO) de Tlaxcala, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dirigida por Martín Perea Marrufo, únicamente realizó un movimiento administrativo.
El exfuncionario fue trasladado al Instituto de Capacitación y Formación Policial, donde sigue percibiendo un salario como servidor público.
Esta maniobra ha sido criticada como una medida meramente cosmética, diseñada para aparentar acciones drásticas frente a las graves acusaciones difundidas por un interno del penal.
Según el video difundido por el recluso, existía una presunta red de corrupción que incluía el cobro de cuotas a los internos, el uso de reclusos para atacar gasolineras durante la noche, así como la presencia de teléfonos celulares y sustancias psicotrópicas dentro del penal. Estas denuncias fueron posteriormente confirmadas por un operativo de fuerzas federales.
Lejos de recibir una verdadera sanción, el traslado de Juan Antonio N. representa, según críticos, un intento de amortiguar la presión de la opinión pública mientras se protege al funcionario implicado en el escándalo.
La estrategia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha sido especialmente cuestionada debido a los presuntos vínculos del exdirector con Ramón Celaya Gamboa, exsecretario de Seguridad Ciudadana actualmente prófugo de la justicia.
