* Son una amenaza a los derechos laborales, afirmaron los funcionarios
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) realizaron este lunes un paro de labores y una manifestación pacífica a las afueras de las instalaciones de esta institución, ubicadas sobre la calle Porfirio Díaz, en la capital tlaxcalteca.
Con cartulinas y consignas, los inconformes se sumaron a las movilizaciones nacionales para exigir respeto a sus derechos laborales, estabilidad en sus empleos y garantías para quienes integran la carrera judicial.
La inconformidad tiene su origen en el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, publicado el pasado 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se estableció un nuevo procedimiento de evaluación del desempeño para el personal de carrera judicial, incluidos secretarios, actuarios y oficiales judiciales.
Los trabajadores consideraron que los criterios inicialmente establecidos podían poner en riesgo su permanencia en los cargos, afectar su antigüedad y desconocer su trayectoria profesional. Entre sus principales demandas destacan el reconocimiento a la experiencia, capacitación y oportunidades de desarrollo dentro de la institución.
El conflicto escaló desde el viernes 6 de noviembre, cuando empleados del Poder Judicial Federal iniciaron un paro en distintas sedes del país. La movilización se extendió a diversas entidades, donde exigieron modificar los lineamientos de evaluación y garantizar que estos no se utilizaran como mecanismos de separación laboral.
Aunque el sábado 7 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y las representaciones sindicales alcanzaron acuerdos para modificar el procedimiento y eliminar cualquier consecuencia sancionatoria o separación del cargo derivada de estas evaluaciones, las protestas no se han levantado en todas las sedes.
En Tlaxcala, los trabajadores mantienen su manifestación para exigir que los compromisos anunciados se traduzcan en disposiciones oficiales que otorguen certeza jurídica a la base laboral.
La protesta se desarrolla de manera pacífica y sin bloqueo de vialidades. El conflicto mantiene bajo presión al Poder Judicial Federal, pues mientras las autoridades buscan normalizar las actividades, los trabajadores insisten en que no basta con acuerdos verbales: demandan garantías formales para proteger sus empleos y su carrera profesional.