La disputa interna de Morena en Tlaxcala escaló a un nuevo nivel. Luego de las denuncias sobre presuntas presiones a trabajadores del gobierno para promover el proyecto político de Alfonso Sánchez, ciudadanos comenzaron a organizar una estrategia de vigilancia para exhibir y denunciar a servidores públicos que realicen actividades proselitistas durante su jornada laboral.
La convocatoria comenzó a difundirse en redes sociales y exhorta a la población a documentar con fotografías, videos y cualquier otro medio de prueba los casos en los que funcionarios sean observados participando en actos de promoción política mientras deberían desempeñar sus funciones institucionales.
El llamado ciudadano surge después de que trabajadores del servicio público denunciaran, bajo condición de anonimato por temor a represalias, presuntas presiones y actos de coacción para integrarse a tareas de promoción del grupo político de Alfonso Sánchez, ante lo que se consideran uso de la estructura gubernamental con fines político-electorales.
Los promoventes sostienen que no basta con denunciar en redes sociales, por lo que piden que toda evidencia sea presentada ante las autoridades competentes para que investiguen si existió desvío de funciones, utilización indebida del tiempo laboral o alguna otra conducta que pudiera derivar en responsabilidades administrativas o electorales.
La iniciativa ciudadana también plantea que los tlaxcaltecas vigilen el desempeño de las dependencias públicas para evitar que recursos humanos o materiales del gobierno sean utilizados con fines distintos a los del servicio público.
Los ciudadanos que promueven la convocatoria afirman que la vigilancia ciudadana puede convertirse en un mecanismo para inhibir posibles irregularidades y garantizar que los servidores públicos cumplan con las funciones para las que fueron contratados, privilegiando la legalidad y la imparcialidad sobre cualquier interés político.
El llamado es respuesta a las denuncias por presiones, movilización de estructuras gubernamentales y promoción anticipada de proyectos políticos que han incrementado el escrutinio sobre la actuación de funcionarios públicos rumbo a la definición de candidaturas para el proceso electoral de 2027.
