* En el ámbito nacional se registran 336 casos; en Tlaxcala el TET ha resuelto la existencia de casos de violencia, pero sus resoluciones han sido revocadas por el TEPJF.
Mientras el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género alcanza la cifra de 336 personas en todo el país, en Tlaxcala el registro estatal no tiene a ninguna asentada, a pesar de que varias autoridades y ex autoridades municipales han sido señaladas e incluso han enfrentado procesos especiales sancionadores ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET).
De hecho, desde 2021 -que fue el año la última elección local- a la fecha, el TET ha recibido y estudiado un total de 14 procedimientos especiales sancionadores contra autoridades municipales, con motivo de presunta violencia en razón de género, la mayoría de ellos interpuestos por síndicas o regidoras en contra de los alcaldes y otros funcionarios de ayuntamientos.
En su oportunidad, incluso, el TET ha resuelto en contra de diversas autoridades señaladas, pero sus sentencias han sido revocadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Esos fueron los casos, por ejemplo, del actual alcalde de Ixtenco Renato Sánchez Rojas; y del ex alcalde de Chiautempan, Héctor Domínguez Rugerio y el ex secretario de ese ayuntamiento, Nicolás Gutiérrez De Casa.
En el ámbito federal, el Registro de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Genero es administrado por el Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de verificar que las postulaciones realizadas por los partidos políticos a los cargos de elección popular federales cumplan con la Constitución y no hayan sido sancionadas, con sentencia firme, por alguno de los 8 supuestos de violencia de género.
Esos 8 supuestos son: tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales; cuando afecte el normal desarrollo psicosexual; violencia familiar; violencia familiar equiparada o doméstica; violación a la intimidad sexual; violencia política contra las mujeres en razón de género, en
cualquiera de sus modalidades y tipos; y ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
La reforma constitucional aprobada en 2023 mandata que ninguna persona podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público, de encontrarse en alguno de los ocho supuestos antes mencionados.
Por entidad federativa, Oaxaca es la que el mayor número de personas sancionadas registra con 140 casos, seguida de Veracruz con 46, Tabasco con 33, Chiapas con 21, Baja California con 13 y Puebla con 12 casos. Del total de personas sancionadas 269 son hombres y 67 son mujeres.
