- La plaza se le otorgó el titular de la dependencia Homero Meneses Hernández
El documento oficial en poder de MRNoticias revela que la directora general de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala (Coracyt), Angélica Domínguez Hernández, revela que aparte de su sueldo como funcionaria obtiene un segundo sueldo mayor a los 16 mil pesos al mes en una plaza federal de base sindicalizada como trabajadora social, pese a desempeñarse actualmente como integrante del gabinete de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros
La funcionaria fue incorporada a la nómina de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE-USET) 1 de febrero de 2026 con una plaza de jornada adscrita a la Secundaria General “Domingo Arenas”, clave 29DES0044S, ubicada en la comunidad de Xitototla, municipio de Zacatelco, con una percepción mensual de 16 mil 778 pesos.
La asignación ha generado cuestionamientos entre trabajadores de la dependencia, quienes consideran que resulta necesario aclarar bajo qué figura administrativa la titular del Coracyt desempeña simultáneamente un cargo de primer nivel en el Gobierno del Estado y una plaza federal sindicalizada que implica obligaciones laborales en un plantel educativo.
La servidora pública aún no cumpliría los seis meses requeridos para consolidar la propiedad de la plaza, por lo que es necesario revisar si el procedimiento de asignación cumplió con la normatividad vigente y si existió alguna causa de incompatibilidad con el cargo que actualmente desempeña.
Los denunciantes también pidieron verificar si Angélica Domínguez Hernández presta efectivamente sus servicios en la escuela a la que fue adscrita o si cuenta con una licencia, comisión o permiso oficial que justifique su ausencia, al señalar que docentes y trabajadores administrativos aseguran no identificarla como parte del personal del plantel.
El caso revive los señalamientos sobre la SEPE-USET por la presunta asignación discrecional de plazas y la incorporación de personas vinculadas con funcionarios de alto nivel, situación que, de confirmarse mediante las investigaciones correspondientes, comprometería los principios de transparencia, igualdad de oportunidades y legalidad en el servicio público.
Ante ello, trabajadores exigieron que la SEPE-USET haga público el expediente completo de la plaza, incluyendo el procedimiento de asignación, los permisos o licencias que, en su caso, se hubieran otorgado, así como los registros de asistencia correspondientes, con el fin de despejar cualquier duda sobre un posible trato preferencial.
