Cuando la justicia estatal se acercó a su puerta el 12 de mayo con una orden de detención administrativa, corrió a esconderse bajo las faldas de la Justicia Federal. Y le funcionó: el amparo provisional 731/2026-P le frena cualquier orden de captura o ejecución mientras se resuelve el fondo. Clásico.

Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) sigue abriendo carpetas. El presunto delito: uso de papeles falsos para acaparar rutas. Pena probable: de 1 a 5 años de prisión.

Pero tranquilos, el señor alcalde ya tiene su escudo temporal. Y encima sale a decir que es “mala fe”, un “tema político” y que el amparo ni siquiera va por las concesiones, sino por un viejo conflicto del mercado heredado. Claro, y las policías que llegaron a su casa en distintos horarios ese día eran solo turistas despistados.

Pero lo más indignante no es solo la disputa del edil, la vergonzosa complicidad —o cobardía— de quien debería poner orden en el transporte:

Y es que justo ayer que acudí a los Diálogos Circulares me tocó la suerte de encontrar al secretario de Movilidad y Transporte, Marco Tulio Munive Temoltzin. Quien aparentemente saliendo de ahí acudiría a alguna corrida, o a vigilar su ganado.

El hermano de Linda Marina, una de las consentidas de este gobierno fue cuestionado en este ejercicio de comunicación circular, sobre este escándalo. El funcionario tuvo el descaro de responder que se trata de “problemas privados”, “asuntos privados”.

¿Privados? Permítame la analogía: si dos tipos se agarran a golpes dentro de las oficinas de la SMyT y uno termina muerto, ¿el secretario también diría “es un asunto entre privados, no nos metemos”? Porque eso es exactamente lo que está haciendo con el transporte público.

Las concesiones -más allá de que aún no exista una carpeta contra el alcalde y su hermano, lo que es indudable que sucederá- no son un negocio entre cuates. Son autorizaciones del Estado.

Implican rutas, tarifas, seguridad de usuarios, competencia leal y, sobre todo, el derecho a la movilidad de miles de tlaxcalenses que pagan boleto diario.

Cuando un alcalde usa grúas municipales y policías para favorecer a su propia ruta (“Teolocholquenses A.C.”, según denuncias que se han hecho a funcionarios de la SMyT) mientras acosa a competidores, no es un “problema privado”. Es abuso de autoridad, conflicto de interés y probable corrupción.

Ahí y en todo lo que tenga que ver con el ramo del transporte, la SMyT tiene la obligación legal de intervenir, auditar y sancionar. No de lavarse las manos con semántica barata.

Este doble estándar apesta. El mismo gobierno que presume “combate a la corrupción” y “cuarta transformación” ahora protege —con amparo y con silencio— a un edil que presuntamente falsificó documentos para quedarse con el pastel del transporte.

Mientras los usuarios viajan en unidades viejas e inseguras, los de siempre se reparten las rutas como botín político.

El amparo es provisional, sí. Pero el mensaje que manda es definitivo: en Tlaxcala, si eres alcalde del bloque correcto, puedes saltarte la ley local, refugiarte en la federal y seguir en funciones como si nada. Sin importar cual sea la irregularidad.

Y el secretario de Movilidad, en lugar de exigir transparencia y revisar todas las concesiones de Teolocholco, prefiere mirar para otro lado y clasificar el desastre como “asunto privado”.

La ciudadanía de Teolocholco y de las rutas afectadas no es tonta. Ya ve el patrón: favores, documentos chuecos, policías selectivos y autoridades estatales que se hacen las desentendidas.

Mientras el expediente 731/2026-P avanza, la pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo el transporte público seguirá siendo el feudo particular de alcaldes y sus familias, con la complaciente bendición de secretarios que prefieren no “meterse en problemas ajenos”?
Porque esto no es un problema privado. Es un problema público. Y muy podrido.

El cargo ¿Robos privados son perdonados? apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Por incumplir los principios de excelencia, objetividad y honestidad en sus funciones, así como en actos u omisiones que afectaron, incluso, el patrimonio del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), el Pleno del Congreso del Estado determinó no ratificar a María Isabel Pérez González y a Marcos Tecupacho Domínguez como magistrados de ese organismo.

En el caso de María Isabel Pérez González, el dictamen emitido por la Comisión Especial creada exprofeso por el Congreso local señaló lo siguiente: “Es claro que ha incumplido la mayoría de los principios que debieran orientar su proceder, y siendo así, puesto que los aspectos señalados se encuentran probados con las documentales que obran en actuaciones, se propone no ratificar a la licenciada María Isabel Pérez González en el cargo de magistrada propietaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado”.

Respecto de Marcos Tecupacho Domínguez, el dictamen respectivo también refirió diversas irregularidades en su actuación como magistrado, pero además, el principio de la paridad de género para que la magistratura sea ocupada en el futuro por una mujer.

“La falta de ética y profesionalismo con el que se ha conducido en el desempeño de su encargo, así como la falta de cumplimiento de la legislación laboral, que nos hace arribar a proponer su no ratificación, se suma un deber constitucional que tenemos como poder soberano, enfocado a quitar cualquier obstáculo que impida alcanzar la paridad de género en los órganos colegiados, de ahí que también este elemento lo tomamos en consideración para proponer la no ratificación del magistrado Marcos Tecuapacho”, estableció el dictamen respectivo aprobado por el Pleno.

Con respecto al principio de la paridad de género, la Comisión Especial del Congreso estableció: “Se hace notar al Pleno de esta asamblea, que en el supuesto de evaluar de manera favorable la ratificación del magistrado Marcos Tecuapacho Domínguez, resultaría contrario al principio constitucional de paridad de género en la integración de los órganos de Gobierno que son electos mediante el ejercicio de facultades constitucionales y legales por los Poderes de esta entidad federativa”, precisó el dictamen.

Lo cierto es que en los dictámenes respectivos, de acuerdo con informes remitidos por el Órgano Interno de Control del mismo TJA, ni la magistrada ni el magistrado actuaron incumplieron con la mayoría de los principios que debieran orientar su proceder, situación por la cual la propuesta de la Comisión fue no ratafircarlos en las magistraturas.

Esos principios se refieren a los de eficiencia, capacidad, probidad, honorabilidad, competencia, buena reputación, objetividad, imparcialidad, independencia, capacidad y competencia.

Entre las irregularidades más graves que ambos se les detectaron, destacan las irregularidades en la adquisición del inmueble destinado para ser la sede del Tribunal de Justicia Administrativa.

Lo anterior, porque la Comisión Especial dio por bueno el avalúo número 6366 emitido por la corredora pública número 2 en el estado de Tlaxcala, Nora Mendoza Arrevillaga, respecto del inmueble ubicado en Prolongación Zahuapan S/N, San Francisco Tlacualoyan, del municipio de Yauhquemehcan, en el que se determinó que el costo del inmueble era de 4 millones 172 mil 400 pesos, y se pagó por él la cantidad de 6 millones 500 mil pesos.

Es decir, “existió un pago por sobre costo del valor comercial por aproximadamente 2 millones 327 mil 600 pesos, transgrediendo flagrantemente los principios de eficacia, eficiencia, honestidad invulnerable, honorabilidad, idoneidad y rendición de cuentas.

No sólo eso, sino que la Comisión Especial hizo una búsqueda para conocer el estado actual del inmueble en el que supuestamente se edificará la sede del TJA, y encontró que “a la presente fecha en dicho terreno continúa en proceso de edificación, sin que se haya concluido con el proyecto”.

Por otra parte, la Comisión Especial arribó a la conclusión de que que la magistrada y el magistrado evaluados se han conducido “con intención de engañar a las diversas instancias administrativas en sus procesos de vigilancia, visitas, estadística, disciplina, conflictos de trabajo o en el cumplimiento a las políticas judiciales implementadas, destacadamente las de combate al nepotismo”. Ello, porque han contrado personal con el argumento de que existe suficiencia presupuestaria.

A más de lo anterior, la Comisión Especial observó que ambos aprobaron un ejercicio de control difuso de la Ley Orgánica del TJA, extralimitándose en sus atribuciones. Ello, porque no se desahogaron los procedimientos correspondientes para nuevos nombramientos en la Secretaría General de Acuerdos y en la titularidad del Órgano Interno de Control del Tribunal.

Ambos magistrados resolvieron, por mayoría, la permanencia en el cargo de Rodolfo Montealegre Luna y Yenisei Esperanza Flores Guzmán, respectivamente, por lo que actuaron “sin dar cumplimiento a lo establecido en los artículos transitorios de la Ley Orgánica”.

Cabe destacar que los dictámenes fueron aprobados por el Pleno del Congreso del Estado, con lo cual, ambos magistrados concluirán su responsabilidad el próximo 31 de agosto sin la posibilidad de ratificación.

En próximos días el Poder Ejecutivo deberá emitir la convocatoria para para elegir a las personas titulares de las dos nuevas magistraturas, quienes deberán aprobar los exámenes públicos de oposición respectivo.

El cargo Determina Congreso no ratificar a dos magistrados del TJA apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.