El presidente de la comunidad de San Damián Tlacocalpan, Antonio Corona, informó que algunos integrantes del ayuntamiento se asesoran de manera legal para sancionar a su presidente municipal de Amaxac de Guerrero, Mauricio Castañón Pozos por violar la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala al abandonar sus responsabilidades y funciones al no informar en Cabildo su viaje a Madrid, España.

El presidente de comunidad dijo que los integrantes del ayuntamiento se enteraron que el alcalde no gobierna el municipio porque viajó a Madrid España a la Feria Internacional del Turismo (FITUR) que se realiza en Madrid, España.

“No sabíamos de su viaje a Madrid, nos dimos cuenta que abandonó sus responsabilidades y sus funciones porque lo hemos visto en las fotografías que han difundido los medios de comunicación, y no nos informó nada en el último Cabildo que tuvimos y está ausencia debe ser sancionada como lo marca la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala”.

En este sentido, dijo que algunos integrantes del Cabildo están siendo asesorados en materia legal para proceder en contra del alcalde morenista por abandonar sus responsabilidades y funciones.

“No sabemos quién se quedó gobernando Amaxac, no sé si el secretario del ayuntamiento, o quien esté al frente del municipio, tampoco sabemos cuándo regresa el alcalde a quien le pediremos una explicación al respecto”, refirió.

El cargo Sancionarán a Mauricio Pozos por abandonar la Presidencia Municipal apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El nuevo titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist), Steve del Raso Montiel dijo que a su llegada solicitó los expedientes de los establecimientos sancionados para analizar las sanciones y ver la posibilidad de autorizar la reapertura.

“Estamos haciendo un análisis pedí un informe de los establecimientos que fueron suspendidos por situaciones que se pueden solventar de manera inmediata y ya buscamos a los propietarios o responsables para que puedan solventar las observaciones y puedan volver aperturar sus negocios”, señaló.

El funcionario dijo que los verificadores ya están haciendo las visitas para permitir a los propietarios aperturar los establecimientos y corregir los detalles que fueron observados.

En torno a si cumple o no el perfil como titular de la Coeprist, Del Razo Montiel dijo, sin argumentos sólidos, conocer la Comisión y la ley no exige perfil para asumir la dependencia de gobierno.

Se le cuestionó su ¿Conoce la Coeprist?  Y su respuesta fue: “Si hemos estado en distintas actividades y ahorita lo estamos haciendo bien, al grado de que llevamos ya varias actividades ya hemos tenido reuniones y vamos a buscar certificar pozos de agua”, finalizó.

El cargo Steve del Razo analiza sanciones y reapertura a establecimientos suspendidos apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

• Se van a sancionar a quienes permitan la apertura de estos establecimientos, así como a los propietarios, titulares, responsables o encargados de estos negocios.

En sesión ordinaria, el Congreso del Estado, aprobó la prohibición y clausura de los conocidos “Giros Negros”, por mayoría de votos, como una medida para evitar que estos establecimientos operen en la impunidad. Además, de brindar mayor certeza y protección a las víctimas. Se le impondrá de seis a 12 años de prisión y multa de 5 mil a 7 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, con independencia de la clausura definitiva del establecimiento.

La diputada local de Morena, Lorena Ruiz García, presentó la iniciativa que emitió gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el pasado 4 de febrero de 2025. Destacó que, “es importante señalar que, en estados como Chiapas, Tamaulipas o Coahuila, el cierre de este tipo de negocios ha resultado en una reducción significativa de la violencia contra la mujer”.

En tribuna, la legisladora, indicó que estos lugares, donde, por medio de “empleos” constituyen una forma de trata por explotación sexual. “Dichos espectáculos transmiten un mensaje explícito de carácter erótico o sexual para el público asistente, fomentando así la explotación y la violencia sexual, conductas ilícitas que ya están sancionadas en la legislación penal”.

Insistió que se van a sancionar a quienes permiten la apertura de establecimientos conocidos como “Giros Negros’, así como a los propietarios, titulares, responsables o encargados de estos negocios.

La congresista local, dijo que estos lugares operan con una aparente fachada de legalidad, sin embargo, detrás de ello hay miles de víctimas ocultas. “Muchas veces estos lugares son operados por la delincuencia organizada y son fachadas para la comisión de diversos delitos, como el lavado de dinero, la prostitución y la trata de personas, entre otros”.

La iniciativa fue presentada por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos de la LXV legislatura local.

El cargo Aprueba Congreso Local prohibición y clausura de los conocidos “Giros Negros” apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En conferencia de prensa, Taddei fue cuestionada sobre una declaración de la asociación de jueces y magistrados (JUFED) sobre multas y procesos penales a las personas que participen como funcionarios de casilla.

Taddei afirmó que es absurdo que se apunte contra los ciudadanos y equiparó tal intención con posibles sanciones a periodistas por cuestionar sobre la elección judicial.

Fue más allá, al decir que sería absurdo que se pretenda sancionar a los que voten, escuchen, hablen y sueñen sobre el proceso.

Dijo que es falso y reiteró el calificativo de ‘perverso’ para medios y periodistas que quieran fijar tal narrativa.

Luego de la declaración, la Jufed afirmó en un comunicado que es una ‘advertencia’ basada en el marco legal.

También dijo que es un “llamado preventivo” para “prevenir consecuencias negativas”.

Por ello, señalar que el incumplimiento de suspensiones podría derivar en responsabilidad legal no es una postura “perversa”, sino una advertencia legal sustentada en el marco normativo vigente.

Aquí la respuesta íntegra:

INE PONE EN VULNERABILIDAD JURÍDICA A LOS CIUDADANOS AL NO CUMPLIR RESOLUCIONES DE AMPARO

La JUFED, en ejercicio de sus responsabilidades constitucionales y en defensa del Estado de derecho, considera necesario responder a las recientes declaraciones de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, quien calificó de “perversa” nuestra observación sobre las consecuencias de inobservar las suspensiones dictadas en amparo relacionadas con la implementación de la reforma electoral.

La Constitución y la Ley de Amparo no son negociables. Su observancia plena es el pilar que garantiza que las instituciones del Estado actúen dentro de los límites de la legalidad y bajo los principios de certeza, imparcialidad, y respeto a los derechos fundamentales.

Por ello, señalar que el incumplimiento de suspensiones podría derivar en responsabilidad legal no es una postura “perversa”, sino una advertencia legal sustentada en el marco normativo vigente.

Recordemos que el artículo 107 constitucional establece que las suspensiones concedidas en amparo son de cumplimiento obligatorio para cualquier autoridad, sin excepción, y que su incumplimiento constituye una transgresión a los principios que rigen nuestro sistema de justicia.

Más aún, la Ley de Amparo señala con claridad las consecuencias legales para quienes desacaten tales resoluciones, incluyendo el señalamiento de responsabilidad para los actos derivados de dicha inobservancia.

En este contexto, subrayamos que nuestra preocupación ha sido, y seguirá siendo, proteger a la ciudadanía.

Advertir que quienes participen como funcionarios de casilla podrían convertirse en ejecutores de una reforma impugnada no es una amenaza, sino un llamado preventivo para evitar que ciudadanos de buena fe puedan ser colocados en una situación de vulnerabilidad jurídica por decisiones que deberían estar plenamente ajustadas a derecho.

Como titulares de órganos de control constitucional, nuestra obligación no solo es resolver los conflictos legales que se nos presentan, sino también prevenir las consecuencias negativas que puedan derivarse de la falta de observancia de nuestras resoluciones.

Calificar como “perversa” esta postura refleja, en el mejor de los casos, una incomprensión de nuestras funciones y, en el peor, un intento por desvirtuar la importancia de garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales.

Reiteramos que nuestra única finalidad es asegurar que las instituciones del Estado, incluyendo al INE, actúen con pleno apego a los principios de legalidad y constitucionalidad que rigen nuestra democracia.

Desde la JUFED hacemos un llamado respetuoso pero firme a la presidenta Guadalupe Taddei y al INE para que cumplan con las suspensiones de amparo y se ajusten a su obligación constitucional.

Firma: La Directiva Nacional

Con información de: Aristegui Noticias

El cargo ‘Perverso’ que se hable de sancionar a ciudadanos que participen en elección judicial: Taddei apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Autoridades de Estados Unidos han intensificado la caza de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, pues el gobierno de aquel país ha incrementado la recompensa por el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además, recientemente sancionaron a sus socios y no hace mucho ‘El Menchito’ fue declarado culpable por delitos de tráfico de drogas.

‘El Mencho’, de quien se ha dicho mucho últimamente respecto a su estado de salud, permanece escondido en algún rincón de México. Esto no ha impedido que continúe al frente de uno de los cárteles más violentos y que, además, forje alianzas, como la que recientemente se dio a conocer con los herederos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

EU aumenta recompensa por ‘El Mencho’

Desde 2017, Oseguera Cervantes ha enfrentado diversas acusaciones en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia; estas lo vinculan con actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas y otros delitos graves, señala el Departamento de Justicia de EU.

La acusación más reciente, presentada el 5 de abril de 2022, señala al ‘Mencho’ por conspirar y distribuir sustancias controladas, como metanfetaminas, cocaína y fentanilo, con el propósito de importarlas ilegalmente a los Estados Unidos. Además, se le acusa de usar armas de fuego durante la comisión de estos delitos.

Oseguera Cervantes también enfrenta cargos bajo el Estatuto de Capos de la Droga, al ser señalado como operador de una empresa criminal continua.

Hasta apenas unos días, se ofrecía una recompensa por él de 10,000,000 de dólares; sin embargo, el pasado 4 de diciembre esta cantidad aumentó a 15,000,000 de dólares.

Sancionan a socios de ‘El Mencho’ y condenan al ‘Menchito’

Sumado a lo anterior, el pasado 19 de noviembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que forma parte del Departamento del Tesoro de Estado Unidos, sancionó a 9 miembros del CJNG y socios de ‘El Mencho’ por el tráfico de fentanilo, heroína, otras drogas y por lavado de dinero.

Cuatro de los sancionados, conocidos como los Hermanos Bonques, son colaboradores cercanos de “El Mencho” y de Audías Flores Silva, alias “El Jardinero”, quien funge como comandante regional del CJNG en Nayarit.

“Las personas designadas en esta red también participan en el tráfico de personas para promover sus actividades de tráfico de drogas. Además, como miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), algunas de las personas sancionadas hoy desempeñaron un papel destacado en las primeras etapas de la crisis de opioides en Estados Unidos”, se lee en el comunicado publicado por el Departamento del Tesoro.

Pero ese no ha sido el golpe más reciente contra el CJNG, pues en septiembre de 2024 Rubén Oseguera González ‘El Menchito’, fue declarado culpable en Washington DC por los cargos de tráfico de drogas y portación de armas de fuego.

Cabe destacar que Oseguera González, al ser hijo de ‘El Mencho’, era el segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Rubén Oseguera González fue pionero en la fabricación de fentanilo en México para ayudar a construir el Cártel de Jalisco de su padre en uno de los sindicatos de la droga más poderosos del mundo. Sus delitos causaron violencia y muertes terribles en Estados Unidos, México y en todo el mundo”, declaró la vicefiscal general Lisa Monaco.

Es así como las autoridades de Estados Unidos han intensificado la caza de ‘El Mencho’ y al mismo tiempo de todo el CJNG, una de las estructuras criminales más poderosas del mundo.

CON INFORMACIÓN DE: RADIO FÓRMULA

El cargo EU arrecia lucha contra CJNG: aumenta recompensa por el ‘Mencho’ y hay nuevas sanciones a sus capos apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

“Maduro tiene opciones y decisiones que solo él puede tomar” y “le hemos dejado muy claro” que lo primero que tiene que hacer “es publicar todos los datos electorales y los resultados” de las elecciones, afirmó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

“Hemos emitido sanciones. No vamos a descartar nada en el futuro”, añadió en una rueda de prensa telefónica.

El jueves Washington sancionó a 16 funcionarios de las autoridades electorales, la Corte Suprema, la asamblea nacional, las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia de Venezuela.

Hasta la fecha ha impuesto sanciones económicas a más de 100 venezolanos, incluido el propio Maduro, acusado de narcotráfico, y 100 entidades.

Lo esencial ahora es ver si Maduro “va a hacer o no lo correcto para los venezolanos. Él tiene que tomar esa decisión y si no lo hace tendremos que tomar algunas decisiones adicionales por nuestra cuenta”, dijo Kirby.

El portavoz no especificó cuáles. El sector petrolero se libró el jueves de más sanciones, de modo que siguen vigentes las licencias concedidas a varias petroleras, como la estadounidense Chevron, la española Repsol y la francesa Maurel & Prom, para operar en Venezuela.

La cancillería venezolana calificó las sanciones estadounidenses de “medidas coercitivas unilaterales” y de “nuevo crimen de agresión”.

Al igual que otros países, Estados Unidos considera que el opositor venezolano Edmundo González Urrutia, al que España concedió asilo, ganó por amplio margen las elecciones del pasado 28 de julio.

Con información de: El Universal

El cargo Estados Unidos amenaza a Maduro con acciones “adicionales” si no publica las actas electorales apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

“En lugar de respetar la voluntad del pueblo (…) se han atribuido falsamente la victoria mientras reprimían e intimidaban a la oposición democrática en un intento ilegítimo de aferrarse al poder por la fuerza”, afirma en un comunicado.

Entre los sancionados figuran líderes de la autoridad electoral, la Corte Suprema y “la asamblea nacional afiliada a Maduro”, militares y miembros de los servicios de inteligencia. Destacan Caryslia Beatriz Rodríguez, presidenta de la Corte Suprema, Rosalba Gil Pacheco, rectora del Consejo Nacional Electoral, Domingo Antonio Hernández Lárez, el número tres de la fuerza armada, responsable de las operaciones militares, y Pedro José Infante Aparicio, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.

Los 16 funcionarios “impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos”, sostiene el gobierno de Biden, que reclama desde el 28 de julio el detalle de las actas. Las sanciones implican la congelación de los activos que los sancionados posean directa o indirectamente en Estados Unidos, así como la prohibición de que cualquier persona o empresa estadounidense haga negocios con ellos.

Paralelamente el Departamento de Estado “toma medidas para imponer nuevas restricciones de visa”. Washington asegura que “las tácticas de intimidación” del gobierno venezolano, incluida la emisión de una orden de arresto contra el candidato presidencial “exitoso” Edmundo González Urrutia obligaron a éste a salir de Venezuela para pedir asilo en España. González Urrutia actuó en representación de la líder opositora María Corina Machado, después de que las autoridades la inhabilitaran políticamente, por lo que no pudo participar en los comicios. Ella se ha quedado en Venezuela y asegura que la oposición ha ganado las elecciones por amplio margen.

Venezuela rechaza las sanciones

Venezuela rechazó este jueves “en los términos más enérgicos” las sanciones que Estados Unidos anunció contra los dieciséis funcionarios venezolanos, incluida la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, por el “fraude electoral” del 28 de julio en el que fue proclamada la reelección de Nicolás Maduro.

“Venezuela rechaza, en los términos más enérgicos, el nuevo crimen de agresión cometido por el gobierno de los Estados Unidos de América en contra de Venezuela (…) en un acto grosero que busca congraciarse con una clase política que ha echado mano a prácticas fascistas y violentas para derrocar, sin éxito, la democracia Bolivariana”, dijo en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano.

La proclamación de la victoria de Maduro para un tercer mandato de seis años, desató protestas que dejaron 27 muertos, unos 200 heridos y más de 2.400 detenidos, a los que el líder chavista tilda de “terroristas”. Estados Unidos ya impuso en el pasado numerosas sanciones a funcionarios venezolanos, incluido el propio Maduro, acusado de narcotráfico por Washington.

En abril Washington reimpuso algunas sanciones sobre el sector petrolero y del gas, tras suspenderlas varios meses para recompensar a Maduro por sentar las bases de las elecciones.

No obstante, otorga licencias individuales para operar en Venezuela a varias petroleras, como la estadounidense Chevron o la española Repsol. Algunas voces piden sanciones más drásticas contra el sector petrolero. El presidente del comité judicial del Senado, el demócrata Dick Durbin, presentó esta semana un proyecto de ley para poner fin a “la fortaleza financiera de Maduro”.

“El régimen de Maduro actualmente utiliza los ingresos petroleros que dependen de la participación de Estados Unidos para mantener su estado policial”, afirma Durbin.

Con información de: Excelsior

El cargo EU sanciona a 16 funcionarios de Maduro por “fraude electoral” en Venezuela apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

• Amonestas a autoridades de Apizaco y Tzompantepec
• Otorga prórroga a la Secretaría de Finanzas para el cobro de multa al ayuntamiento de Zacatelco
• Confirma elección municipal de Axocomanitla y reasignación de diputaciones de RP.

En sesión extraordinaria celebrada este 14 de agosto, el Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), aprobó diversas sanciones a autoridades municipales que no han dado cumplimiento a lo ordenado por la autoridad jurisdiccional a través de diversas sentencias y confirmó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) a través del que se dio cumplimiento a  la reasignación de diputaciones de representación proporcional.

En el Juicio de la Ciudadanía, TET-JDC-206/2024, se dio por incumplida la sentencia emitida por la autoridad jurisdiccional, en el sentido de que las acciones realizadas fueron inoportunas e ineficaces para el cumplimiento de la ejecutoria del 29 de julio, por lo que procedió la amonestación pública del presidente, síndico y personas regidoras del ayuntamiento de Apizaco, conforme a lo previsto en el artículo 74, fracción II de la Ley de Medios de Impugnación.

Además, se ordenó al presidente y tesorero municipal de Apizaco, proceder en cumplimiento a lo instruido por el Pleno del TET.

De igual manera, en el Acuerdo Plenario dictado dentro del Juicio de la Ciudadanía TET-JDC-019/2024, promovido por el Primer Regidor Suplente del Ayuntamiento de Zacatelco a fin de controvertir diversas omisiones por parte de los integrantes del Cabildo de dicho Ayuntamiento, se resolvió que de la sentencia emitida por el TET el 18 de abril, a través de la que se ordenó al Presidente Municipal, vinculando a todos los integrantes del Cabildo y Secretario del Ayuntamiento, que se le tomara la protesta de Ley al actor, en su calidad de Primer Regidor y por otra parte, al citado Presidente y Tesorero Municipal, que realizaran en su favor el pago de las remuneraciones correspondientes, las autoridades fueron omisas para dar cumplimiento a lo ordenado.

El 31 de mayo, el Pleno tuvo por incumplida la sentencia y se impuso una multa a las autoridades responsables y vinculadas para el cumplimiento de dicha ejecutoria, ordenando a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado el cobro y/o retención de la sanción económica.

De las constancias que obran en autos, se adviertió que las autoridades responsables acreditaron haberle tomado la protesta respectiva al promovente y haber cubierto las remuneraciones ordenadas en la sentencia de mérito, siendo éstas de los meses de marzo, abril y mayo.

Respecto a la multa impuesta a dichas autoridades municipales, se aprobó otorgar la prórroga solicitada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, consistente en 5 días hábiles, para que realice las gestiones tendientes y se efectúe el cobro de la multa respectiva.

Además, debido a que el actor ha realizado nuevas manifestaciones por presuntas omisiones que le atribuye a las autoridades municipales, entre las cuales se encuentra la consistente en que aún se encuentra pendiente el pago de sus remuneraciones por el cargo que ostenta, del periodo comprendido del 1 al 7 de junio de este año, se aprobó escindirla del presente juicio, en razón de que se trata de una omisión nueva y que no fue objeto de pronunciamiento en la sentencia objeto de este juicio, por lo que es necesario estudiarse de forma separada y a través de un juicio de la ciudadanía diverso.

También en el Acuerdo Plenario del Juicio de la Ciudadanía TET-JDC-299/2024, se dio por incumplida la sentencia dictada con fecha 22 de julio, por lo que se amonestó a los integrantes del H. Ayuntamiento de Tzompantepec, Presidente, Regidores, Presidentes de Comunidad, Secretario del Ayuntamiento, así como Titular de la Tesorería municipal, ante la negativa de dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 22 julio del presente año, en la que se ordenó la reincorporación de la Síndica municipal  y el pago de las remuneraciones a las que tiene derecho, pues se les otorgó un plazo de 48 horas para el cumplimiento.

En este caso, el Presidente municipal de Tzompantepec recurrió la sentencia referida, ante Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual el 8 de agosto determinó improcedente, y desechó de plano el recurso, aunado a que, pese a su medio de impugnación, este no produjo efectos suspensivos sobre el acto o la resolución del TET.

En el Juicio de la Ciudadanía TET-JDC-309/2024, correspondiente a la impugnación presentada por una candidata a la Presidencia de Comunidad de la Colonia Licenciado Mauro Angulo, perteneciente al municipio de Huamantla, a fin de controvertir la elección por usos y costumbres de esa comunidad, se desechó por haberse presentado de manera extemporánea.

En el Procedimiento Especial Sancionador TET-PES-002/2023 promovido por una Síndica Municipal de un Municipio del estado de Tlaxcala, en el que denunció hechos que, a su consideración, constituían violencia política contra la mujer por razón de género, cometida en su contra por el Presidente Municipal del Ayuntamiento al que pertenece, aunque se acreditaron algunos hechos denunciados,  no se justificó que las conductas denunciadas se basaran en elementos de género, con lo que se declaró la inexistencia de las mismas.

También en el Procedimiento Especial Sancionador TET-PES-054/2024, presentado por el representante suplente de Fuerza por México Tlaxcala, por la probable vulneración a la normatividad electoral por una publicación en una red social a través de un medio de comunicación digital el día de la jornada electoral, del análisis integral de las pruebas del expediente, se declaró la inexistencia de las infracciones denunciadas.

Posteriormente, en el Procedimiento Especial Sancionador TET-PES-060/2024 se declaró la inexistencia de la infracción denunciada por la Representante del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del ITE, en contra del otrora candidato a presidencia municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, pues la prueba aportada certificada por la autoridad instructora, no tuvo el alcance para actualizar la infracción denunciada, al tener el carácter de prueba técnica y no concurrir con otros medios probatorios a su acreditación.

En el Procedimiento Especial Sancionador, TET-PES-063/2024, el Pleno del Tribunal procedió a declarar la inexistencia de la infracción atribuida a la entonces candidata a la presidencia municipal de La Magdalena Tlaltelulco y, en consecuencia, tampoco se acreditó la transgresión al deber de cuidado imputada al Partido Acción Nacional (PAN).

La pinta de la barda con propaganda electoral que presuntamente se ubicó al lado de un templo religioso, no violentó la normatividad electoral pues se ubicaba en propiedad privada, como lo certificó la autoridad instructora.

Lo mismo sucedió con lo impugnado dentro del Procedimiento Especial Sancionador TET-PES-066/2024, toda vez que el acto político, supuestamente realizado en lugar público prohibido por la ley electoral, en el que la denunciada difundió propaganda electoral para promocionar su aspiración política, no se acreditó, al no existir elementos para que se pudieran considerar como propaganda electoral o política, además, de haber sido realizada dentro del periodo de campañas aprobado por el ITE.

Después, el Pleno resolvió el Juicio de la Ciudadanía TET-JDC-66/2023 y en Acuerdo Plenario dio por cumplida en su totalidad la sentencia dictada en este asunto, una vez que las autoridades responsables dieron contestación a las peticiones que le presentaron las personas que son parte actora.

Por otro lado, en el Juicio de la Ciudadanía TET-JDC-141/2024 y ACUMULADO, se declararon fundados los agravios expresados por la actora, en contra de integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Xaltocan, del secretario del Ayuntamiento, de la mesa de debates de la Asamblea Comunitaria y del Presidente de Comunidad Interino, de San Simón Tlatlahuquitepec.

Debido a que la actora solicitó licencia para separarse del cargo de forma temporal con efectos a partir del 1 de marzo de 2024, lo que así fue autorizado por el Ayuntamiento de Xaltocan y ante la negativa del suplente para asumir el cargo, el 2 de marzo de 2024 se llevó a cabo una asamblea comunitaria, en la que se decidió separar a la actora de forma definitiva y en su lugar se eligió a una persona para concluir el mandato para el que fue electa , por lo que  ante su solicitud de reincorporación, le fue negada, sin embargo, el TET revocó los actos impugnados.

En el Juicio de la Ciudadanía TET-JDC-207/2024, a través del Acuerdo Plenario aprobado por unanimidad, se tuvo por cumplida la sentencia de la autoridad jurisdiccional, una vez que la autoridad responsable dejara sin efectos la convocatoria para el proceso de elección de la persona titular de la Presidencia de comunidad de San Diego Metepec, del municipio Tlaxcala y convocara a la asamblea general comunitaria, para que, se llevaran a cabo los actos necesarios para la emisión de una nueva convocatoria y se le diera la difusión debida.

En la sentencia del Juicio de la Ciudadanía TET-JDC-306/2024, presentado por presidentes de comunidad de Mazatecochco, por la omisión de la Presidenta Municipal y el Secretario del Ayuntamiento de convocarlos a Sesiones de Cabildo, se actualizó una causal de improcedencia, pues el escrito de impugnación carecía de la firma autógrafa de uno de los actores, mismo que fue sobreseído.

En cuanto a la omisión de convocatoria a las sesiones de cabildo, aunque el agravio fue calificado como fundado, también fue considerado como inoperante para alcanzar la pretensión del actor, al ser inviable la reposición de las sesiones de cabildo a las que no se le convocó con las formalidades debidas, por lo que el TET conminó a las autoridades responsables para que, en lo sucesivo, convoquen al actor a las sesiones de cabildo en las que deba participar como persona Munícipe.

En lo correspondiente al Juicio de la Ciudadanía TET-JE-310/2024 y ACUMULADO presentados en contra de la declaración de validez de la elección de integrantes del ayuntamiento de San Lorenzo Axocomanitla, para declarar la nulidad de la elección de integrantes del ayuntamiento por el rebase de topes de campaña, se concluyó que no les asistió la razón, al no aportar los elementos suficientes para acreditar la determinancia.

Debido a que la Constitución prevé la causal de nulidad por rebase de límites a los gastos de campaña, cuando sea grave, dolosa y determinante y conforme al criterio del TEPJF que la carga de probar la determinancia está del lado de la parte que la sostenga cuando la diferencia entre el primer y segundo lugar en las votaciones sea mayor al 5 por ciento. La gravedad y el dolo también deben demostrarse.

De acuerdo con el dictamen y la resolución aprobados por el Instituto Nacional Electoral, el rebase de los límites a las erogaciones fue casi un 200 por ciento menor que la base de la que parten las impugnantes en este caso, por lo que no fue posible acceder a la pretensión de nulidad, con lo que fue confirmada la validez de la elección de integrantes del ayuntamiento de San Lorenzo Axocomanitla.

La resolución del Juicio de la Ciudadanía TET-JDC-312/2024 promovido por un ciudadano de la Comunidad de San Diego Metepec, para controvertir la declaración de ganador de la elección de la persona titular de la Presidencia de la citada Comunidad, al considerar que quien resultó electo no cumplía con un requisito de elegibilidad, fue sobreseído porque el medio de impugnación fue presentado de forma extemporánea.

Finalmente, se abordó el Juicio de la Ciudadanía TET-JDC-313/2024 y ACUMULADOS, presentados en contra del Acuerdo ITE-CG 230/2024, por el que el Consejo General del ITE dio cumplimiento a la sentencia del TET dictada dentro del expediente TET-JE-190/2024 y acumulados, para realizar nueva asignación de diputaciones locales por el principio de representación proporcional por partido político, derivadas del proceso electoral ordinario 2023 – 2024.

En este caso, las personas actoras dirigieron sus planteamientos a combatir la Sentencia 190/2024 y sus acumulados dictada por este Tribunal, en lugar del acuerdo impugnado.

En el Acuerdo impugnado se realizó una nueva asignación de diputaciones, en el cual, el ITE realizó un nuevo análisis de la sobrerrepresentación en el que se consideró el cambio en la fórmula a favor de la que se expidió la constancia de mayoría en el distrito XV, en el sentido de que Morena obtuvo 6 diputaciones de mayoría relativa y Movimiento Ciudadano obtuvo una diputación de mayoría relativa.

Sin embargo, no se controvirtieron las cuestiones decididas por el Consejo General en libertad de atribuciones, sino las razones de la Sentencia, por lo que el TET no pudo conocer de las impugnaciones contra sus propias sentencias definitivas. En consecuencia, no fue posible atender la materia de los planteamientos impugnados y el agravio se calificó como inoperante.

Tampoco se dio la razón a los actores en las cuestiones que fueron objeto de decisión en el Acuerdo 223, documento en que se asignó diputaciones por primera ocasión, ni las cuestiones relativas a las consideraciones que sustentan la Sentencia 190 que dio origen al Acuerdo impugnado.

En este caso, también se detalló que el porcentaje de 8 por ciento para medir la sobrerrepresentación se utilizó desde el Acuerdo ITE-CG 223/2024 por el que el Consejo General del ITE asignó diputaciones la primera vez, sin que los Actores lo controvirtieran, además de que fundaron sus argumentos en sentencias aplicables al modelo normativo de regidurías, el cual es sustancialmente distinto al de diputaciones.

Debido a que fue en la Sentencia 190 en la que se estableció que no debía realizarse un ajuste de casillas anuladas en la nueva asignación, este aspecto no pudo ser analizado, mientras que, el planteamiento sobre la incorporación de la votación de candidaturas no registradas para la votación total efectiva debió plantearse desde el Acuerdo 223. En consecuencia, el despliegue de la fórmula propuesta por los Actores no fue procedente.

Por lo anterior, la autoridad jurisdiccional señaló que el Consejo General del ITE actuó correctamente al asignar las diputaciones que le correspondían a Morena conforme a su porcentaje de votación y sin rebasar el 8 por ciento que marca la Constitución.

De esta forma, los planteamientos se calificaron como infundados e inoperantes y en consecuencia, se confirmó el acuerdo impugnado.

El cargo Sanciona TET a autoridades municipales apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En una sesión extraordinaria caracterizada por el señalamiento de fallas y omisiones en la fiscalización, y con un Consejo General dividido, el instituto propuso sanciones por un importe global de 785 millones 626 mil 236 pesos, según anunció el consejero Jorge Montaño.

El proyecto original de sanciones establecía multas por mil 430 millones de pesos a los siete partidos que contendieron el pasado 2 de junio.

Sin embargo, tras un receso de cuatro horas, los consejeros avalaron un nuevo proyecto en el que las sanciones quedaron a la mitad.

Dicha cantidad todavía será ajustada, ya que 61 expedientes fueron devueltos a la Unidad Técnica de Fiscalización porque sus resoluciones originales carecían de exhaustividad.

INE SE PONE DE OFERTA; BAJA MULTAS A PARTIDOS

Con un Consejo General dividido, el Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó a los partidos políticos y candidatos rebajas en las multas por los gastos de campaña que no comprobaron, al pasar de 150% a 100% de la cantidad no reportada, y de 100% a 50% de sanción en el caso de los gastos no comprobados.

Las cantidades que habían circulado en versiones extraoficiales el anterior fin de semana superiores a los mil 400 millones de pesos bajarían a la mitad.

Como resultado de todo este proceso, se están proponiendo sanciones en el ámbito federal por un importe global de 785 millones 626 mil 236 pesos”, anunció el consejero Jorge Montaño, presidente de la Comisión de Fiscalización.

Cabe destacar que hubo 63 candidatos que rebasaron el tope de los gastos de campaña.

Aclaró que “este importe seguramente será modificado en virtud del cúmulo de adendas y erratas que la Unidad Técnica de Fiscalización está proponiendo y de las votaciones que se emitan en esta sesión de Consejo General”

La discusión matutina se centró en la necesidad de aplicar criterios justos y las multas que inhiban en serio los incumplimientos de candidatos y partidos que dejaron de reportar gastos de campaña.

La sesión se retomó hacia la tarde de ayer para aprobar un dictamen que desechó el que originalmente aplicaría multas por mil 430 millones de pesos a los 7 partidos políticos que contendieron el 2 de junio.

Morena se llevaba en ese proyecto eliminado la mayor sanción, el segundo más multado es MC; le siguen PVEM, PRI, PAN, PT y PRD.

En el debate sobre las penalizaciones por eventos y actividades no reportados y propaganda en vía pública sin responsables concretos, incluyendo espectaculares y bardas, la consejera Claudia Zavala pidió a la presidenta Guadalupe Taddei abrir un receso para revisar las 61 quejas que no pasaron por la evaluación técnica previa, conocer las explicaciones técnicas de las unidades de Fiscalización y de Servicios de Informática en torno a las fallas reportadas por los partidos, así como de los agregados que sobre la marcha se estaban haciendo del proceso de revisión de gastos.

*Dania Ravel, consejera electoral.

La consejera Zavala expuso que el trabajo había sido “absolutamente insuficiente”. Se sumaron a la petición sus compañeros Jaime Rivera, Dania Ravel, Rita Bell López, Martín Faz y Arturo Castillo.

Otro de los temas donde se ventilaron diferencias fue el correspondiente a que la sanción del 150% de los gastos no reportados que se aplican en precampaña no se hubiera hecho extensiva al mismo caso en campaña, ya que para ésta las multas serán sólo del 100% del monto ocultado.

En 45 casos no comparto el criterio de sanción de egresos no reportados, debido a que se está sancionando con el 100% del monto involucrado, en vez del 150%”, remarcó la consejera Ravel.

En el mismo sentido se pronunció el consejero Faz.

Los consejeros aprobaron por unanimidad sancionar a los siete partidos políticos y a las dos coaliciones participantes en el proceso electoral con el 100% del monto involucrado la falta de documentación soporte por egresos no comprobados con propaganda contratada en internet con o sin intermediario.

Entre otros casos sancionados por la mayoría de los consejeros y que originalmente habían escapado a las multas, destacan una rifa de celulares que Movimiento Ciudadano hizo por internet y cuyo gasto no fue reportado.

También se votó a favor de revisar de nueva cuenta, ante la falta de exhaustividad, notas de medios impresos sobre el Partido Verde y de la que se infiere que su publicación constituye un gasto no reportado.

Se aprobó volver a valorar la sanción por propaganda detectada en vía pública e internet del PT y PVEM.

Los consejeros Jorge Montaño, Carla Humphrey y la presidenta Guadalupe Taddei se pronunciaron a favor de una reforma en materia de fiscalización incorporando los diversos y nuevos criterios definidos en este proceso y que se relacionan con asuntos no regulados hasta ahora.

En cuanto a la fiscalización de los gastos de campaña de las elecciones presidenciales y al Congreso, el consejero Montaño destacó que “se advierten diversas conductas sancionatorias entre las que destacan los egresos no reportados, el indebido prorrateo, los egresos no comprobados y la omisión de presentar alguno de los informes de campaña en los distintos periodos que tenían los sujetos obligados, para presentarlos”.

ABLANDA INE CASTIGO AL OCULTAMIENTO

El INE flexibilizó en favor de los partidos políticos el criterio de castigo de los gastos no reportados dejando de considerarlo como una falta grave al reducir la multa de 150% por el monto oculto a sólo 100 por ciento.

Los egresos no reportados son faltas graves que, por su frecuencia y por los montos globales involucrados, merecen ser sancionados de manera más severa”, pidió el consejero Martín Faz.

Pero, con excepción de Faz y la consejera Dania Ravel y Carla Humphrey, la mayoría de los consejeros avalaron el criterio de la sanción del 100 por ciento.

No acompaño la disminución en el criterio que se aprobó en la Comisión de Fiscalización respecto de este rubro y reitero que la sanción debe ser del 150% del monto involucrado para que guarde congruencia con el resto de sanciones impuestas, además de convertirse en una medida que verdaderamente desincentive este tipo de conducta”, propuso Faz.

DISCULPAN REPARTO DE ELECTRODOMÉSTICOS.

La falta de rigor en la fiscalización queda ilustrada con la campaña a la presidencia del municipio de Totolac, en Tlaxcala, por un evento en el que se regalaron electrodomésticos y el candidato de Morena, Benjamín Atonal Conde, sería disculpado por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE bajo el argumento de que no fue el candidato quién los entregó.

El reparto de cafeteras, barras de sonido, equipo de audio, microondas y hasta un refrigerador, con motivo del Día de la Madre, ocurrió el 17 de mayo pasado, ante un grupo de unas 300 personas, según el reporte de fiscalización.

Sin embargo, en el proyecto se disculpó al abanderado, argumentando que ese acto no fue de su beneficio toda vez que como no hay imágenes que muestren que sea él quien entregue los electrodomésticos ni propaganda electoral en éstos.

Para quienes cuestionaron ese criterio resultó evidente la entrega de dádivas, “de lo cual se puede advertir una falta de exhaustividad en la investigación y por ello me separo del sentido del proyecto”, indicó el consejero Martín Faz.

CANDIDATA DISFRAZA DE INFLUENCER A ENTRENADORA

Un ejemplo que ilustra cómo la laxitud de algunas sanciones a los partidos que disfrazaron los gastos de campaña es la influencer que ofreció dos clases abiertas de ejercicios en beneficio de la candidata a la alcaldía de Monterrey por MC, Mariana Rodríguez.

El partido sin embargo reportó ambos eventos por concepto de entrenadora deportiva.

La propuesta del dictamen de la Comisión de Fiscalización le impuso una multa de 6 mil 800 pesos, sin tomar en cuenta que se trataba de Nancy Serna, conocida como influencer en Nuevo León con miles de seguidores y con actividades que monetiza.

En las impugnaciones por esta baja sanción se destacó que, dado su carácter de figura pública, la mera aparición en el evento requería un costo diferenciado en el mercado, hecho que no se tomó en cuenta.

CEGUERA ANTE LA TARJETA LA OBREGONENSE

En la sesión se puso de manifiesto que en el caso de la campaña de Morena-PVEM-PT en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX no se realizó la investigación ni el análisis exhaustivos requeridos sobre la APP de un videojuego denunciado ni respecto a la tarjeta denominada La Obregonense en la que según denuncias se cargaron pagos a los potenciales votantes.

Se trata de un caso relevante porque fue una elección con resultado cerrado entre el candidato virtual electo, Javier López Casarín, y la alcaldesa Lía Limón, quien es la única abanderada del frente opositor que ha impugnado ante las instancias electorales el resultado del pasado domingo 2 de junio.

De acuerdo con la denuncia de Limón y el Partido Acción Nacional, el candidato de Morena y su partido hicieron uso indebido de los programas sociales con la utilización de la citada tarjeta para influir en la decisión del voto de las y los ciudadanos. López Casarín obtuvo el 47.53 % de los sufragios y Lía Limón el 44.43%, una diferencia de 3. 10 por ciento.

Con información de: Excelsior

El cargo INE consiente a partidos; les rebaja multas; pagarían 785 mdp apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Mientras el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género alcanza la cifra de 336 personas en todo el país, en Tlaxcala el registro estatal no tiene a ninguna asentada, a pesar de que varias autoridades y ex autoridades municipales han sido señaladas e incluso han enfrentado procesos especiales sancionadores ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET).

De hecho, desde 2021 -que fue el año la última elección local- a la fecha, el TET ha recibido y estudiado un total de 14 procedimientos especiales sancionadores contra autoridades municipales, con motivo de presunta violencia en razón de género, la mayoría de ellos interpuestos por síndicas o regidoras en contra de los alcaldes y otros funcionarios de ayuntamientos.

En su oportunidad, incluso, el TET ha resuelto en contra de diversas autoridades señaladas, pero sus sentencias han sido revocadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Esos fueron los casos, por ejemplo, del actual alcalde de Ixtenco Renato Sánchez Rojas; y del ex alcalde de Chiautempan, Héctor Domínguez Rugerio y el ex secretario de ese ayuntamiento, Nicolás Gutiérrez De Casa.

En el ámbito federal, el Registro de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Genero es administrado por el Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de verificar que las postulaciones realizadas por los partidos políticos a los cargos de elección popular federales cumplan con la Constitución y no hayan sido sancionadas, con sentencia firme, por alguno de los 8 supuestos de violencia de género.

Esos 8 supuestos son: tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales; cuando afecte el normal desarrollo psicosexual; violencia familiar; violencia familiar equiparada o doméstica; violación a la intimidad sexual; violencia política contra las mujeres en razón de género, en
cualquiera de sus modalidades y tipos; y ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.

La reforma constitucional aprobada en 2023 mandata que ninguna persona podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público, de encontrarse en alguno de los ocho supuestos antes mencionados.

Por entidad federativa, Oaxaca es la que el mayor número de personas sancionadas registra con 140 casos, seguida de Veracruz con 46, Tabasco con 33, Chiapas con 21, Baja California con 13 y Puebla con 12 casos. Del total de personas sancionadas 269 son hombres y 67 son mujeres.

El cargo Tlaxcala, con cero registros de personas sancionadas por violencia política en razón de género apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.