“No pueden seguirnos tratando como delincuentes por defender un derecho que ya fue reconocido”, afirmó Texis Zúñiga. El mensaje es claro: tras la sentencia de la SCJN que invalidó los artículos del Código Penal y de la Ley de Salud que criminalizaban o restringían la interrupción legal del embarazo (ILE), el aborto ya es ley en Tlaxcala. Sin embargo, en la práctica, las instituciones locales parecen negarse a aplicarla.

Según las denuncias, ni el Congreso del Estado ni el Poder Ejecutivo han avanzado de manera efectiva en la armonización legislativa ni en la implementación real del servicio en los hospitales públicos. “El Congreso simplemente no quiere tocar el tema”, señalaron las activistas. En los nosocomios estatales, las solicitudes de ILE continúan siendo canalizadas a organizaciones civiles como Ddeser, en lugar de ser atendidas directamente por el sistema de salud.

¿Dónde están las voces de las diputadas?

La LXV Legislatura del Congreso de Tlaxcala cuenta con 13 diputadas mujeres de un total de 27 legisladores, lo que representa casi la mitad del pleno y refleja el principio de paridad de género.

De estas 13 diputadas 6 pertenecen a Morena, 1 al PT (Maribel Cervantes Hernández) y ninguna al PVEM.

A pesar de esta importante presencia femenina —y de que Morena, junto con sus aliados, tiene mayoría en el Congreso—, el balance es desalentador: solo una diputada ha abordado públicamente el tema con una postura favorable al cumplimiento de la sentencia.

Lorena Ruiz García -de Morena-, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, ha señalado que existen “avances” y diálogos con la sociedad civil para armonizar las leyes. Sin embargo, el resto del Congreso mantiene una postura de silencio o lentitud que las activistas califican de “cerrazón”. No se equivocan.

No hay un registro público de diputadas que hayan rechazado de forma explícita hablar del tema, pero la omisión colectiva es evidente: el pleno institucional no ha priorizado la reforma necesaria.

Sin sanciones directas: la omisión queda sin castigo

Aquí radica uno de los puntos más delicados. La sentencia de la SCJN tiene efectos inmediatos: invalida directamente las normas que penalizaban el aborto consentido y las restricciones en la Ley de Salud (como la exigencia de autorización del Ministerio Público). No obstante, no prevé sanciones automáticas para legisladores o autoridades que omitan la armonización o la implementación práctica.

No existen multas, inhabilitaciones ni responsabilidades penales directas por esta omisión legislativa. Las consecuencias se limitan a vías indirectas: amparos individuales de mujeres afectadas, posibles controversias constitucionales y, sobre todo, presión política y social.

En palabras de las activistas: “Hoy el aborto ya es ley, pero las autoridades no quieren aplicarlo”. Esta brecha entre el mandato judicial y la realidad institucional sigue vulnerando el derecho de las mujeres tlaxcaltecas a decidir sobre su propio cuerpo de manera segura y legal.

Texis Zúñiga sostiene que la exigencia continuará: “No vamos a permitir que ignoren la ley ni que sigan cerrando puertas. Esta lucha es por todas”.

La despenalización del aborto en Tlaxcala —que convirtió al estado en uno de los más recientes en sumarse a esta transformación jurídica— representa un avance histórico impulsado por años de trabajo de feministas, académicas y ciudadanas. Sin embargo, el paso de la norma al hecho concreto depende de la voluntad política local.

Mientras el Congreso y el Ejecutivo mantienen las puertas cerradas, las mujeres que requieren el servicio siguen enfrentando obstáculos, estigmas y, en muchos casos, la necesidad de recurrir a la sociedad civil para acceder a lo que la Corte ya declaró como un derecho. Todo queda a la voluntad política.

La paridad de género en el legislativo tlaxcalteca es un logro formal, pero la verdadera prueba está en si esas 13 diputadas —y especialmente las seis de Morena— logran traducir la presencia numérica en acción concreta. Por ahora, la balanza se inclina hacia la omisión.

La sociedad tlaxcalteca, y particularmente las mujeres organizadas e incluso aquellas que no conocen a fondo este caso, seguirán exigiendo que la ley no se quede solo en el papel. Porque un derecho reconocido pero no garantizado termina siendo, en la práctica, un derecho negado.

No podemos olvidar el día que Néstor Jiménez cuestionó a la diputada Aurora Villeda sobre este tema, así como se le pregunta a cualquier diputada de cualquier otro tema; ya que Villeda ingresó al congreso vía las acciones afirmativas, todos esperaríamos que su voz fuera contundente y directa en defensa de las minorías. La respuesta fue media vuelta y retirada. Esa imagen debió anticiparnos lo que es el tema del día.

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La directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser), Rosario Texis Zúñiga, llamó al Congreso local armonizar la ley 3 de 3 en el estado de Tlaxcala, con el objetivo de no permitir que agresores por violencia familiar, sexual, en contra de las mujeres en cualquiera de sus modalidades o por incumplimiento de obligaciones alimentarias, no ocupen un cargo público.

“Yo creo que sí necesitamos armonizar nuestras leyes porque no se tiene claridad en Tlaxcala con lo que ya existe a nivel federal, pedimos algo local porque ya está en lo federal. La Legislatura local tendría también que armonizar la Ley General de Acceso a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y por supuesto el Código Civil y el Código Penal también tendrían que revisarse, entre otros ordenamientos jurídicos”, apuntó.

Texis Zúñiga estimó que actualmente, al menos el 40 por ciento de servidores públicos que laboran de los tres poderes del estado y en los gobiernos municipales ejerce algún tipo de violencia, de ahí que llamó a los legisladores locales a armonizar la Ley 3 de 3 contra la violencia.

Cabe recordar que el pasado 10 de octubre diferentes organizaciones presentaron una propuesta al Congreso del Estado para armonizar de la Ley 3 de 3, misma que prohíbe que las personas que tengan denuncias por algún tipo de violencia de género, violación sexual, deudores alimentarios entre otros, accedan a puestos de poder o se vean beneficiados por el fuero.

El martes pasado, diputadas y diputados locales presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Tlaxcala y a diversas leyes locales, con la cual se pretende que personas con antecedentes de agresión en contra de las mujeres, por violencia familiar y sexual en cualquiera de sus modalidades, o por incumplimiento de obligaciones alimentarias, no formen parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ayuntamientos y organismos autónomos.

La iniciativa establece como uno de los requisitos para ocupar el cargo de gobernador, procurador, magistrado y diputado, no tener antecedentes como persona agresora por el delito de violencia familiar en cualquiera de sus tipos y manifestaciones, no tener antecedentes como persona agresora por delitos contra la libertad y la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual.

También se plantea que para ocupar esos cargos, las personas aspirantes a ocuparlos no deben tener antecedentes como deudor alimentario moroso y/o como persona agresora por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, salvo que acredite estar al corriente del pago, cancele en su totalidad la deuda y no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimenticios en las distintas entidades federativas del país.

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