- Se busca que agresores sexuales o deudores alimentarios no ocupen cargos públicos; en Tlaxcala no hay claridad con lo que ya existe a nivel federal, afirma Rosario Texis
La directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser), Rosario Texis Zúñiga, llamó al Congreso local armonizar la ley 3 de 3 en el estado de Tlaxcala, con el objetivo de no permitir que agresores por violencia familiar, sexual, en contra de las mujeres en cualquiera de sus modalidades o por incumplimiento de obligaciones alimentarias, no ocupen un cargo público.
“Yo creo que sí necesitamos armonizar nuestras leyes porque no se tiene claridad en Tlaxcala con lo que ya existe a nivel federal, pedimos algo local porque ya está en lo federal. La Legislatura local tendría también que armonizar la Ley General de Acceso a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y por supuesto el Código Civil y el Código Penal también tendrían que revisarse, entre otros ordenamientos jurídicos”, apuntó.
Texis Zúñiga estimó que actualmente, al menos el 40 por ciento de servidores públicos que laboran de los tres poderes del estado y en los gobiernos municipales ejerce algún tipo de violencia, de ahí que llamó a los legisladores locales a armonizar la Ley 3 de 3 contra la violencia.
Cabe recordar que el pasado 10 de octubre diferentes organizaciones presentaron una propuesta al Congreso del Estado para armonizar de la Ley 3 de 3, misma que prohíbe que las personas que tengan denuncias por algún tipo de violencia de género, violación sexual, deudores alimentarios entre otros, accedan a puestos de poder o se vean beneficiados por el fuero.
El martes pasado, diputadas y diputados locales presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Tlaxcala y a diversas leyes locales, con la cual se pretende que personas con antecedentes de agresión en contra de las mujeres, por violencia familiar y sexual en cualquiera de sus modalidades, o por incumplimiento de obligaciones alimentarias, no formen parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ayuntamientos y organismos autónomos.
La iniciativa establece como uno de los requisitos para ocupar el cargo de gobernador, procurador, magistrado y diputado, no tener antecedentes como persona agresora por el delito de violencia familiar en cualquiera de sus tipos y manifestaciones, no tener antecedentes como persona agresora por delitos contra la libertad y la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual.
También se plantea que para ocupar esos cargos, las personas aspirantes a ocuparlos no deben tener antecedentes como deudor alimentario moroso y/o como persona agresora por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, salvo que acredite estar al corriente del pago, cancele en su totalidad la deuda y no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimenticios en las distintas entidades federativas del país.
