García Juárez aparece en las imágenes del escándalo como la pareja de la secretaria federal de Turismo. Cuando Reforma contrastó el discurso de humildad y “justa medianía” de la 4T con lo que describió como “turismo puro lujo”, las fotografías mostraban accesorios llamativos.

Después circuló la acusación de que se editaron imágenes para eliminar relojes, cadenas y hasta el short de él. Si esa manipulación ocurrió, no es un detalle menor: revela el cálculo de que esos objetos podían leerse como contradicción abierta con el relato austero que Sheinbaum y antes López Obrador han repetido.

El funcionario es abogado, con licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México, especialidad en Derecho de la Empresa y maestría truncada en Derecho Corporativo por la Anáhuac. Ha pasado por ASERCA, el proyecto del Banco del Bienestar, la Secretaría de Gobernación y la de Medio Ambiente de Tlaxcala.

Desde finales de 2021 o inicios de 2022 encabeza la PROPAET, una oficina que ha sido señalada por generar recursos de dudosa procedencia a través de multas o cobros que han sido cuestionados por quienes se dicen víctimas de esa nueva institución creada por su padrino político, el secretario de gobierno Luis Antonio Ramírez Hernández, que trajo a García Juárez y a otros más a fortalecer su colonia extranjera.

En su declaración patrimonial de modificación 2022 García Juárez reportó, entre otros bienes, un BMW 135i adquirido a crédito en 2021 por más de un millón de pesos y un Rolex comprado de contado en 2019 por 200 mil. Sus ingresos netos anuales posteriores rondan el millón de pesos por el cargo público.

El problema no es el derecho de un funcionario a gastar su sueldo o su patrimonio previo. Es la percepción de incongruencia cuando quien encabeza la protección ambiental en Tlaxcala aparece en palcos de lujo del Santiago Bernabéu durante una gira a España por FITUR, acompañando a la secretaria federal, mientras en el estado persisten crisis de rellenos sanitarios, denuncias de maltrato animal y proyectos ambientales sin consenso. A eso,reitero, se suman señalamientos locales de cobros indebidos desde la propia PROPAET.

Este no es un caso aislado dentro de la 4T, en el movimiento existen problemas generados desde el corazón, que nacen en la alcoba y acaban destruyendo carreras políticas. Santiago Nieto dejó la UIF tras el escándalo de su boda en Guatemala.

César Yáñez enfrentó críticas similares por su matrimonio con la huamantleca Dulce María Silva. En ambos, la crítica no se limitó al gasto sino a la falta de sintonía entre el discurso de austeridad y la realidad exhibida.

La lección que se repite es que la “austeridad republicana” no se agota en rechazar vehículos oficiales de lujo o contener sueldos como se hizo con la “renovación” del Poder Judicial: exige mesura cotidiana y coherencia entre lo predicado y lo mostrado.

La secretaria federal defiende su posición como empresaria y su vida privada: Ambas cosas son legítimas. Lo más difícil de defender, si se confirman o no las ediciones fotográficas, es la decisión de intervenir la evidencia visual para ocultar signos de ostentación.

Esa acción, de ser cierta, implica un cálculo político: se sabía que esas piezas podían interpretarse como contradicción y en política, la percepción de incongruencia suele pesar más que las declaraciones formales.

El episodio es un termómetro de hasta qué punto el discurso de austeridad ha calado en quienes lo representan. Mientras exista distancia entre lo que se dice y lo que se muestra —y mientras el origen del anillo de compromiso, los relojes y el estilo de vida del titular de la PROPAET no se explique de manera transparente más allá del sueldo público—, las sospechas de tráfico de influencias y de posibles favores seguirán alimentando la narrativa crítica.

Yo le creo a Josefina Rodríguez Zamora cuando defiende lo que ha construido, porque quienes la conocen saben que lo mismo barre, que sirve mesas, o cobra en su restaurante y que jamás ha dejado de lado su labor empresarial y me consta que eso sucede.

Pero no será con esos argumentos como “Jose” pueda salir de este escándalo, toca aprender no solo a aparentar, sino a entender que su posición exige madurez y menos exposición, de otro modo, el mal de la 4T en el que se han convertido las parejas podría alcanzarla. César Yáñez y Santiago Nieto ya saben que esos errores se pagan caros.

La ciudadanía no exige pobreza a los gobernantes, exige congruencia. En este momento, centrada en Iván García Juárez, esa coherencia está en duda y la claridad de sus ingresos también.

El cargo Ni pobreza ni congruencia apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En la sesión celebrada este primero de septiembre, se dio cuenta de la certificación realizada por el Secretario Parlamentario del Congreso del Estado, respecto de los ayuntamientos que sometieron a consideración de sus respectivos cabildos el Proyecto de Decreto aprobado por la LXV Legislatura el pasado 14 de agosto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 120 de la Constitución Política Local.

De acuerdo con la certificación, 32 de los 60 ayuntamientos de la Entidad remitieron las actas de Cabildo correspondientes, en las que consta la aprobación del Proyecto de Decreto por las dos terceras partes del total de sus integrantes y, en algunos casos, por unanimidad. Al constituir la mayoría de los ayuntamientos del Estado, se determinó procedente declarar aprobado el Decreto número 287.

Con la aprobación unánime del Acuerdo y una vez cumplido el procedimiento establecido para las reformas a la Constitución Política del Estado, se instruyó al Secretario Parlamentario de esta Soberanía remitir el Decreto número 287 a la titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su sanción y publicación correspondiente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

El cargo Declara Congreso aprobado el Decreto 287 en materia de reforma al Poder Judicial de Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

¿En qué consiste la reforma para impedir doble nacionalidad a presidentes y gobernadores?

Quienes  aspiren a la presidencia de la república o a encabezar  gobiernos estatales y cuenten con la doble nacionalidad  deberán renunciar a la que les haya conferido un gobierno  extranjero, antes del registro de su candidatura ante la autoridad electoral.

Esa renuncia no se ceñirá únicamente a una declaración ante las autoridades mexicanas. Se establece en la iniciativa que la legislación secundaria asegurará que la renuncia comprenda también las actuaciones necesarias frente al Estado extranjero  que le  concedió otra nacionalidad, de forma que exista certeza sobre la exclusividad del vínculo jurídico, exigido para ejercer el cargo.

En la  exposición de motivos se precisa que esa disposición no significa poner en duda la identidad, patriotismo o compromiso con México de las personas que poseen dos o más nacionalidades, “en atención a la realidad de quienes, por razones familiares, migratorias o personales, mantienen vínculos con otro  país,

La doble nacionalidad , se recalca, “es una realidad legítima reconocida por nuestro marco  constitucional. Sin embargo, la cuestión es distinta cuando una persona decide aspirar, encabezar el poder ejecutivo, ya que asume una responsabilidad directamente vinculada con la soberanía nacional”.

Se detalla que la titularidad del poder ejecutivo no constituye un cargo público ordinario, toda vez que la presidenta o presidente de la República representa la unidad del Estado mexicano y ejerce atribuciones directamente relacionadas con la conducción política de la nación, la seguridad nacional, las relaciones internacionales y el funcionamiento de la administración pública federal.

Asimismo, las gobernadoras y gobernadores, así como la jefa o Jefe del gobierno de la Ciudad de México, ejercen responsabilidades equivalentes, dentro de su ámbito constitucional.

La naturaleza de esos “ cargos justifica un régimen de legibilidad particularmente estricto. Quien recibe del pueblo, la responsabilidad de encabezar un poder ejecutivo debe responder exclusivamente a México y a sus instituciones”..

De ahí que, “la reforma propone establecer expresamente que quien ejerce la presidencia de la República, no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante una autoridad extranjera, una nacionalidad distinta a la mexicana.

Se precisa en la iniciativa  actitudes incompatibles con esta obligación, entre ellas, el uso de pasaporte o documento de identidad, expedido por un estado extranjero, el ejercicio de derechos políticos, inherentes a la ciudadanía ante este y acogimiento a su protección diplomática.

 Tales previsiones, se detalla,  son necesarias a fin de que  el requisito constitucional no opere exclusivamente al momento de elección, sino que se mantenga durante todo el ejercicio de la función. “La lealtad exclusiva que se exige para acceder al cargo debe conservarse mientras existe la responsabilidad pública”.

Las nueva disposiciones implican reformar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.

La presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, informó que luego de recibir la iniciativa presidencial, la turnó a la Cámara de Diputados, que será la cámara de origen.

CON INFORMACION DE LA JORNADA

El cargo Reforma de Sheinbaum para prohibir doble nacionalidad a presidentes y gobernadores llega a la Comisión Permanente apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Durante su intervención, el diputado Silvano Garay destacó la importancia de construir una legislación electoral con visión de futuro y señaló que “se debe legislar para las generaciones que vienen, legislar para el futuro”, además de reconocer la participación de representantes de pueblos originarios, comunidad LGBT, integrantes del Instituto Nacional Electoral, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, representantes ciudadanos, integrantes de colectivos, autoridades electorales, así como representantes del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, quienes contribuyen al análisis y construcción conjunta de la reforma a la Ley Electoral de Tlaxcala.

En la mesa ciudadana, las y los participantes coincidieron en que la Inteligencia Artificial ha adquirido un papel protagónico en la vida política y electoral, por lo que consideraron necesaria su regulación. Entre los planteamientos expuestos se advirtió sobre el uso de estas herramientas para la difusión de contenido calumnioso y campañas negras, por lo que se propuso establecer mecanismos de vigilancia, supervisión y, en su caso, sanciones.

Asimismo, se abordaron temas relacionados con la educación de algoritmos y plataformas digitales, el combate al anonimato en redes sociales, la regulación de parrillas políticas y la necesidad de que el Instituto Nacional Electoral impulse talleres especializados sobre el uso de Inteligencia Artificial. También se discutió la regulación de discursos de odio en redes sociales y el fortalecimiento de una cultura digital basada en el respeto.

Finalmente, las y los asistentes coincidieron en la importancia de fortalecer al Instituto Nacional Electoral y la fiscalización electoral en entornos digitales, mediante la actualización de los modelos de supervisión para incorporar herramientas tecnológicas, promover la alfabetización digital ciudadana y desarrollar mecanismos que permitan a las autoridades electorales responder a los retos de los procesos electorales contemporáneos.

El cargo Analizan retos de la Inteligencia Artificial y Comunicación Política rumbo a la reforma de la Ley Electoral de Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La propuesta contempla adicionar nuevas disposiciones legales para que la Secretaría de Salud implemente evaluaciones periódicas de salud mental durante el embarazo y posterior al parto, a fin de detectar oportunamente casos de depresión prenatal y postparto, ansiedad gestacional, estrés postraumático derivado del parto, riesgos de autolesión y otras alteraciones emocionales que afecten el bienestar de las madres.

La legisladora señaló que miles de mujeres atraviesan procesos emocionales complejos relacionados con la maternidad sin recibir atención especializada, debido a la falta de protocolos institucionales y políticas públicas específicas. Además, advirtió que la salud mental materna continúa siendo un tema invisibilizado pese a las afectaciones que puede generar tanto en las mujeres como en el desarrollo emocional y cognitivo de niñas y niños.

La Iniciativa también establece la capacitación permanente del personal médico, psicológico, de enfermería y trabajo social en materia de salud mental materna, atención humanizada y prevención de violencia obstétrica. Asimismo, plantea campañas de sensibilización y mecanismos de acompañamiento emocional dirigidos especialmente a mujeres en situación de vulnerabilidad, incluyendo adolescentes, mujeres indígenas, madres autónomas y víctimas de violencia.

La propuesta legislativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Salud y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente con el propósito de fortalecer el marco jurídico estatal en materia de salud integral y avanzar hacia un modelo de atención con perspectiva de género, derechos humanos y acompañamiento digno para las mujeres tlaxcaltecas.

El cargo Propone Gabriela Hernández reforma en materia de salud mental materna apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La propuesta plantea ampliar la licencia de maternidad de las trabajadoras del servicio público estatal y municipal a veinte semanas con goce íntegro de sueldo, distribuidas en diez semanas previas y diez posteriores al parto, además de permitir que dicho periodo pueda reorganizarse antes o después del nacimiento con autorización del jefe inmediato. También establece que el periodo de lactancia no podrá ser menor a seis meses a partir de la reincorporación laboral.

En su exposición de motivos, la legisladora argumentó que la protección de la maternidad constituye una obligación constitucional y un derecho humano respaldado por organismos internacionales, además de señalar que la Iniciativa busca otorgar certeza jurídica sobre el periodo de lactancia, priorizando el derecho de las niñas y niños a una adecuada alimentación y bienestar mediante la leche materna.

La Iniciativa también contempla reformas al artículo 22 Ter para otorgar licencias por adopción de veinte semanas con goce íntegro de sueldo a madres y padres adoptantes, tanto de manera individual como en pareja, buscando fortalecer el interés superior de la niñez y garantizar condiciones adecuadas para la integración familiar y el desarrollo emocional de niñas, niños y adolescentes.

Tras su presentación ante el Pleno, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su e

El cargo Impulsa Sandra Aguilar reforma para ampliar licencias de maternidad y adopción en Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Aprobadas hace apenas una semana, estas modificaciones a la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana establecen un estándar mínimo de un policía por cada mil habitantes en los municipios. Sí, leyó bien: uno solo.

Como si Tlaxcala gozara de un oasis de paz, nuestros legisladores optaron por un umbral que ni siquiera roza los mínimos recomendados por especialistas, quienes insisten en que lo ideal sería al menos tres elementos por cada mil personas, como se ve en otras regiones del país y del mundo. ¿El resultado? Un marco legal que deja a la entidad rezagada, exponiendo a policías y ciudadanos a una indefensión crónica.

El argumento oficial y avalado ademas por la 65 Legislatura, es que estas reformas armonizan con las leyes federales y responden a la necesidad de profesionalizar los cuerpos policiacos.

Aquí se crean figuras como las Mesas de Paz y Municipales para coordinar esfuerzos contra el delito, un Servicio Profesional de Carrera Policial para seleccionar “los mejores perfiles”, y hasta una Policía de Género en cada ayuntamiento, liderada por una mujer. Suena progresista, ¿verdad? También se establece una Unidad Antiextorsión interinstitucional y una Unidad de Asuntos Internos para combatir la corrupción interna.

Pero debajo de esta fachada de innovación, el núcleo del problema persiste: la cobertura policial es ridículamente baja. Con un policía por mil habitantes –y eso de manera gradual, para no “afectar” las finanzas municipales–, ¿cómo se supone que se enfrentará a la delincuencia organizada que acecha en zonas como Apizaco, Tlaxcala capital, Huamantla o Zacatelco?

Peor aún, el texto de la reforma ignora –o minimiza– la realidad sobre el terreno: muchos policías tlaxcaltecas carecen de elementos mínimos técnicos y tácticos para operar con eficacia. No hablamos solo de números insuficientes, sino de agentes que, como señaló la diputada panista Miriam Martínez Sánchez, no pueden combatir el crimen “con charpes ni palos”.

Sin equipamiento adecuado, capacitación continua y recursos presupuestales reales, estos elementos se convierten en blancos fáciles, dejando a los ciudadanos en una vulnerabilidad absoluta.

Los municipios, que ya destinan millonarios presupuestos a fiestas y adornos efímeros, ahora tienen un “plazo razonable” para cumplir, pero sin garantías de apoyo estatal. ¿Y la certificación? Al menos el 75% de los policías debe obtenerla, pero los que fallen serán vetados por tres años de cualquier rol en seguridad. Un “candado” que suena justo, pero que no resuelve la escasez crónica ni la falta de herramientas para enfrentar amenazas reales.

Y luego está el elefante en la habitación: el mando único o coordinado, ahora impuesto como parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La reforma lo armoniza todo, pero con un ejemplo disuasorio que nadie en Tlaxcala puede ignorar. Recordemos al “Cachorro” –Hildeberto Pérez Álvarez, ex alcalde de Zacatelco–, quien terminó tras las rejas por su insubordinación al no someterse a este esquema de control centralizado.

Su caso, fresco en la memoria colectiva, sirve como advertencia implícita: ¿quién se atreverá a oponerse ahora? Los munícipes, con presupuestos raquíticos y presiones políticas, se verán obligados a ceder autonomía, concentrando el poder en manos estatales y federales.

En un estado pequeño como Tlaxcala, donde la proximidad entre autoridades y comunidades debería ser una ventaja, este mando único podría traducirse en una burocracia lejana que ignora las realidades locales, desde los pueblos indígenas hasta los grupos vulnerables.

Voces disidentes en el Congreso, como la diputada perredista Laura Yamili Flores Lozano y la independiente Blanca Águila Lima, advirtieron que este estándar es inferior a los internacionales y podría quedar en “letra muerta” sin recursos. Incluso propusieron elevar el mínimo a tres policías por mil, pero fueron rechazadas.

Mientras tanto, la ley promueve participación ciudadana a través de foros y consultas –incluyendo perspectiva de género y lenguaje incluyente–, pero ¿de qué sirve el diálogo si los policías en el frente están desarmados y desprotegidos?

Las tres de ley... 1- A los policías les toca bailar con la más fea, mire que fueron regañados por detener al borrachales que administraba Apizaco y que tras este bochornoso espectáculo fue destituido del cargo. Homero Meneses perdió un peón que había colocado en Apizaco, pero no se preocupen: sin duda habrá espacio junto a Gelacio Montiel para otro más.

2- Los que se anotaron un 10 fueron los que detuvieron al roedor de la Magdalena Tlaltelulco, Marco Antonio Pluma, un ex alcalde que lo mismo construía casas que operaba antros, o prestaba dinero. Lo único malo del joven emprendedor es que todo era con dinero público y ahora tendrá una larga jornada tras las rejas, en esa tranquilidad quizá encuentre la iluminación para pensar en qué invertir sus jugosas ganancias.

3- Los policías de la entidad no solamente son pocos, sino que tienen una rotación que puede comprobarse en los mandos directivos. El titular de Huamantla antes estuvo en Chiautempan, como ese antes en Contla y así sucesivamente, eso nos habla de una falta de policías porque simplemente no existe un estimulo para ingresar a los cuerpos policiales. ¿cuándo se les ofrecerá más y mejores condiciones, prestaciones y armamento? mientras eso no suceda estamos destinados a lo que la suerte diga.

El cargo Un Policía por Mil tlaxcaltecas, ¿Seguridad o Simulación? apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Lo anterior, luego de que la diputada Anel Martínez Pérez manifestó su voluntad de dejar de formar parte de dicha comisión para enfocarse en los trabajos de la Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, de la cual es presidenta.

De esta manera, la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos queda integrada de la siguiente forma:

• Presidente: Dip. Jaciel González Herrera
• Vocales:
• Dip. Ever Alejandro Campech Avelar
• Dip. Lorena Ruiz García
• Dip. Vicente Morales Pérez
• Dip. David Martínez del Razo
• Dip. Brenda Cecilia Villantes Rodríguez
• Dip. Maribel León Cruz
• Dip. Bladimir Zainos Flores
• Dip. María Aurora Villeda Temoltzin
• Dip. Silvano Garay Ulloa
• Dip. Héctor Israel Ortiz Ortiz
• Dip. Blanca Águila Lima.

Las siguientes comisiones ordinarias quedan:

Comisión de Asuntos Electorales

Presidente Dip. Silvano Garay Ulloa

Vocal Dip. Brenda Cecilia Villantes Rodríguez

Vocal Dip. Maribel León Cruz

Vocal Dip. Bladimir Zainos Flores

Comisión de Asuntos Municipales

Presidenta Dip. Sandra Guadalupe Aguilar Vega

Vocal Dip. Ever Alejandro Campech Avelar

Vocal Dip. Lorena Ruiz García

Vocal Dip. Miguel Ángel Caballero Yonca

Vocal Dip. Miriam Esmeralda Martínez Sánchez

Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transporte

Presidenta Dip. Madai Pérez Carrillo

Vocal Dip. David Martínez del Razo

Vocal Dip. Soraya Noemi Bocardo Philips

Comisión de Asuntos Migratorios

Presidenta Dip. Engracia Morales Delgado

Vocal Dip. Maribel Cervantes Hernández

Vocal Dip. María Ana Bertha Mastranzo Corona

Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes

Presidenta Dip. Gabriela Hernández Islas

Vocal Dip. Bladimir Zainos Flores

Vocal Dip. Soraya Noemi Bocardo Philips

Vocal Dip. Miriam Esmeralda Martínez Sánchez

Comisión de Juventud y Deporte

Presidente Dip. Emilio De la Peña Aponte

Vocal Dip. María Aurora Villeda Temoltzin

Vocal Dip. Silvano Garay Ulloa

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología

Presidente Dip. Héctor Israel Ortiz Ortiz

Vocal Dip. Emilio De la Peña Aponte

Vocal Dip. Jaciel González Herrera

Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas

Presidenta Dip. Lorena Ruíz García

Vocal Dip. Gabriela Hernández Islas

Vocal Dip. Engracia Morales Delgado

Comisión de Finanzas y Fiscalización

Presidente Dip. Bladimir Zainos Flores

Vocal Dip. Ever Alejandro Campech Avelar

Vocal Dip. Lorena Ruiz García

Vocal Dip. Vicente Morales Pérez

Vocal Dip. David Martínez del Razo

Vocal Dip. Miguel Ángel Caballero Yonca

Vocal Dip. Emilio De la Peña Aponte

Vocal Dip. Maribel León Cruz

Vocal Dip. Jaciel González Herrera

Vocal Dip. Reyna Flor Báez Lozano

Vocal Dip. Laura Yamili Flores Lozano

Vocal Dip. Maribel Cervantes Hernández

Vocal Dip. Héctor Israel Ortiz Ortiz

Vocal Dip. Sandra Guadalupe Aguilar Vega

Vocal Dip. Miriam Esmeralda Martínez Sánchez

Vocal Dip. Engracia Morales Delgado

Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural

Presidenta Dip. Anel Martínez Pérez

Vocal Dip. Maribel Cervantes Hernández

Vocal Dip. Sandra Guadalupe Aguilar Vega

Comisión de Desarrollo Económico

Presidenta Dip. María Aurora Villeda Temoltzin

Vocal Dip. Silvano Garay Ulloa

Vocal Dip. Gabriela Hernández Islas

Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes

Presidente Dip. Miguel Ángel Caballero Yonca

Vocal Dip. Vicente Morales Pérez

Vocal Dip. Emilio De la Peña Aponte

Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología

Presidenta Dip. Laura Yamili Flores Lozano

Vocal Dip. Madai Pérez Carrillo

Vocal Dip. Sandra Guadalupe Aguilar Vega

Comisión de Recursos Hidráulicos

Presidenta Dip. Maribel Cervantes Hernández

Vocal Dip. Gabriela Hernández Islas

Vocal Dip. María Ana Bertha Mastranzo Corona

Comisión de Salud

Presidenta Dip. María Ana Bertha Mastranzo Corona

Vocal Dip. Blanca Águila Lima

Vocal Dip. Madai Pérez Carrillo

Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social

Presidenta Dip. Brenda Cecilia Villantes Rodríguez

Vocal Dip. Miguel Ángel Caballero Yonca

Vocal Dip. Reyna Flor Báez Lozano

Comisión de Trabajo y Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social

Presidenta Dip. Blanca Águila Lima

Vocal Dip. Madai Pérez Carrillo

Vocal Dip. Anel Martínez Pérez

Comisión de Turismo

Presidenta Dip. Soraya Noemi Bocardo Phillips

Vocal Dip. Engracia Morales Delgado

Vocal Dip. Laura Yamili Flores Lozano

Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales

Presidente Dip. David Martínez del Razo

Vocal Dip. Vicente Morales Pérez

Vocal Dip. Jaciel González Herrera

Vocal Dip. Blanca Águila Lima

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Presidente Dip. Ever Alejandro Campech Avelar

Vocal Dip. María Aurora Villeda Temoltzin

Vocal Dip. Héctor Israel Ortiz Ortiz

Comisión del Bienestar y Desarrollo Social

Presidenta Dip. Maribel León Cruz

Vocal Dip. Laura Yamili Flores Lozano

Vocal Dip. María Ana Bertha Mastranzo Corona

Comisión de Fomento Artesanal y MIPYMES

Presidenta Dip. Miriam Esmeralda Martínez Sánchez

Vocal Dip. Reyna Flor Báez Lozano

Vocal Dip. Brenda Cecilia Villantes Rodríguez

Comisión de la Familia y su Desarrollo Integral

Presidenta Dip. Reyna Flor Báez Lozano

Vocal Dip. Anel Martínez Pérez

Vocal Dip. Soraya Noemi Bocardo Phillips

Finalmente, se instruyó a la Secretaría Parlamentaria a poner a disposición de cada comisión los dictámenes e iniciativas pendientes de aprobación de la Legislatura anterior. Con este acto se sientan las bases para un inicio de sesión legislativa con enfoque en la continuidad de los trabajos y la atención a los pendientes, reafirmando el compromiso con el deber legislativo y el servicio a la ciudadanía.

El cargo Modifica Congreso de Tlaxcala integración de la Comisión de Puntos Constitucionales apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Con esta reforma, se contempla la denominación de la Secretaría Anticorrupción y buen Gobierno, anteriormente Secretaría de la Función Pública, otorgándole facultades en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, dando pauta a la creación del órgano administrativo desconcentrado “Transparencia para el Pueblo del Estado de Tlaxcala”, que contará con autonomía funcional para la toma de decisiones. Entre sus atribuciones estarán garantizar el derecho de acceso a la información pública y supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales en el ámbito estatal.

La modificación busca optimizar la gestión de la información pública, evitar la duplicidad de funciones, racionalizar el gasto público y fortalecer las políticas sociales, asegurando que los recursos se utilicen de manera eficiente, eficaz, económica, transparente y honrada. Con esta reforma, se da cumplimiento a lo dispuesto en el decreto publicado el veinte de diciembre del dos mil veinticuatro, por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Acceso a la Información Pública.

El Decreto aprobado por mayoría de votos, establece plazos para la emisión del acto que formalice la creación del nuevo órgano, la asignación de recursos y la adecuación de la estructura administrativa, con el fin de garantizar su operación plena y efectiva en beneficio de la ciudadanía. La iniciativa fue remitida al Ejecutivo Estatal para su sanción y publicación.

El cargo Aprueba Congreso reformas para fortalecer transparencia y acceso a la información apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Con 349 votos de Morena y aliados, pero con 132 votos en contra, la Cámara de Diputados aprobó expedir una nueva Ley de Guardia Nacional y reformó nueve leyes secundarias para darle nuevo marco legal.

La nueva ley y las reformas fueron enviadas a esa Cámara por la presidenta Claudia Sheinbaum el 5 de junio y fueron avaladas sin modificación en lo general, con la alerta de la oposición de que ”se formalizó su militarización plena”, además de que se le dieron facultades para acciones encubiertas; vigilar y rastrear en la red pública de internet y acceder a información de usuarios de celulares en tiempo real y por georreferenciación.

En 2019 se aprobó la creación de la Guardia Nacional como una institución de carácter civil para garantizar la seguridad pública, pero tendría personal militar, en lo que se formaba personal civil para asumir las tareas de seguridad.

Se estableció que la Sedena tendrá control operativo y administrativo de la Guardia Nacional y se ordenó adecuar el marco jurídico, lo que se concretará con la nueva ley de Guardia Nacional y reformas a nueve leyes que fueron avalados por los diputados y tras aprobarse en lo particular serán remitidos al Senado.

Los cambios son a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; el Código de Justicia Militar; y el Código Militar de Procedimientos Penales.

El objetivo de los cambios, entre otros, es establecer que la formación y educación de sus elementos; la organización interna; la regulación de sus ascensos tendrá carácter militar e incluso el régimen de responsabilidades será bajo el mando de la justicia militar.

Por eso se elimina la antigua redacción del artículo 4 de la ley de la GN aún vigente, que indica que ese organismo “es una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría” (de Seguridad).

La redacción en la nueva Ley de la GN establece que ésta “es una fuerza de seguridad pública profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la Secretaría”, es decir de la Sedena.

La militarización de la GN centró el debate, pues diputados de Morena y sus aliados defendieron el nuevo perfil dadas las necesidades de enfrentar lo que dijeron fue la crisis de inseguridad y muertes que dejaron los gobiernos del pasado.

En medio de “mañanitas” a la presidenta Claudia Sheinbaum por su cumpleaños, la diputada Elena Segura Trejo atajó: “señalar que se está militarizando la seguridad es una total falacia. El cargo, quien los va a estar dirigiendo, va a ser la propia Secretaría de Seguridad”, aunque la GN ya no estará adscrita a ella.

“Si la delincuencia se organiza, ¿por qué nosotros, las instituciones, no se deben de organizar? Y no se confundan porque no vamos a hacer el Big Brother o el sistema Pegasus, el famoso Pegasus que investigó más de mil 200 teléfonos y que nos hizo ver los hilos negros del poder en ese momento”.

“Antes se aplaudía a un (Genaro) Garcia Luna, su engendro que negociaba con el narco. Y ahora critican a la Guardia y al Ejército que enfrenta al crimen sin pactos y sin simulaciones. (…) Mientras ellos protegían al crimen, nosotros construimos la Guardia Nacional para proteger a México”, de acuerdo al petista Ricardo Mejía.

Entre las modificaciones propuestas y que quedaron en la Ley de GN que deberá ser ratificada por el Senado, están las facultades de:

“Solicitar por escrito y bajo el mando y conducción del Ministerio Público, en los términos del artículo 16 Constitucional, a los concesionarios, permisionarios, operadoras telefónicas y todas aquellas comercializadoras de servicios en materia de telecomunicaciones o de sistemas de comunicación vía satélite, la información con que cuenten, así como la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real, para el cumplimiento de sus fines de prevención de los delitos”, según la fracción 26 del artículo 9 de la Ley de GN.

“Llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la investigación preventiva del delito; asimismo, realizar bajo el mando y conducción del Ministerio Público, la investigación que resulte de esas operaciones”, se indica en la fracción VI del mismo artículo.

CON INFORMACIÓN DE: EXPANSIÓN

El cargo Diputados avalan reforma para que Guardia Nacional tenga estructura 100% militar apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.