En comisiones del Senado avanzó ayer el dictamen de reforma energética, en el cual, de manera sorpresiva, la oposición votó en abstención pese a que mantuvo un discurso crítico de algunos de los cambios legislativos mientras aplaudió otros.

El documento de más de mil cuartillas fue avalado por 22 votos a favor, ocho abstenciones y uno en contra de la priísta Claudia Anaya. Se prevé que en esta semana sea puesto a votación en el pleno senatorial. El paquete incluye la expedición de ocho nuevas leyes y reformas a dos más, por lo que Acción Nacional adelantó que pedirá que la votación en la plenaria se haga de manera separada, lo que rechazó la presidenta de la comisión de Energía, Laura Itzel Castillo, ya que, explicó, se trata de un solo dictamen.

Austeridad, eje de operación

Al presentar su contenido, la legisladora Castillo destacó que con esta iniciativa se cristaliza el objetivo de que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) regresen a manos del pueblo de México como empresas públicas del Estado. El cambio permitirá que sean más productivas, eficientes, transparentes y que tengan a la austeridad como eje de su operación.

El documento refiere que las actividades de estas dos compañías dejarán de ser consideradas monopólicas y se acabará la separación legal de sus subsidiarias.

Por lo que hace al sector eléctrico, se establece la prevalencia del Estado frente a la iniciativa privada, al mantener al menos 54 por ciento de la generación de energía que se inyecta al sistema eléctrico nacional.

Sobre los hidrocarburos, se da a Pemex preferencia en la exploración y extracción, pero podrá elegir el esquema de inversión, ya sea como desarrollo propio o mixto, esto es, con la iniciativa privada. También se crea la comisión nacional de energía, la cual retomará las funciones de las comisiones Reguladora de Energía y Nacional de Hidrocarburos.

Al fijar postura, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, acusó al bloque mayoritario encabezado por Morena de calificar la reforma energética de 2014 como la peor de la historia, pero 90 por ciento de lo que está en estos documentos es la reforma de 2014, a lo cual no le mueven ni una coma.

Destacó, así, que no todo lo que plantea el dictamen es malo y tampoco todo es bueno. Apuntó su interés en que haya electricidad limpia, barata, accesible y abundante. En alusión a los morenistas agregó: el problema con ustedes es que no es que no quieran esas tres cosas, es que por encima de eso le dan prioridad al control del Estado.

Se supera estatismo

Como aspectos positivos, Anaya subrayó que se deja atrás el estatismo trasnochado del sexenio pasado, y entre los negativos, que se limita a 46 por ciento la generación de electricidad por parte de particulares, pese a que el Estado no tiene capacidad para producir el suficiente energético. También criticó la creación de la comisión nacional de energía, dado que estará completamente controlada por la Secretará de Energía.

Por el PRI, Claudia Anaya resaltó, al igual que el panista, que el dictamen retoma 90 por ciento de las leyes vigentes, por lo que el corazón de la reforma energética de 2013 prevalece. La inversión privada se mantiene e incluso se amplían sus ganancias.

Explicó que antes si se quería invertir en Pemex se tenía que pagar por lo menos 50 por ciento de impuestos, ahora se bajan a 30 por ciento y a 12 por ciento en el caso del gas. ¿Quiénes son los entreguistas, vende patrias?, preguntó.

La morenista Laura Itzel Castillo rechazó que en la iniciativa se retome la reforma de 2013-2014, al destacar que lo más importante del documento es la prevalencia del Estado sobre la iniciativa privada. Los empresarios, apuntó, podrán participar tanto en Pemex como en CFE, pero de manera muy clara.