La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala reportó 340 puestas a disposición en el primer trimestre de 2026, lo que representa un aumento del 66 por ciento y refleja un mayor despliegue operativo y eficacia de las corporaciones frente a la incidencia delictiva.

Durante los “Diálogos Circulares” de la Coordinación de Comunicación, Perea Marrufo destacó que entre febrero y marzo de 2026 las puestas a disposición pasaron de 85 a 141 casos, lo que refleja un mayor despliegue operativo y capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad.

Como parte de estos resultados, informó que las autoridades lograron la recuperación de 172 vehículos con reporte de robo, el aseguramiento de 17 armas de fuego y la detención de 141 personas por delitos del fuero común y federal.

En el combate al narcomenudeo, se decomisaron 308 dosis de droga -principalmente marihuana y cristal- con un valor aproximado de 33 mil pesos. A esto se suma la intervención de la Policía Cibernética, que evitó un daño patrimonial superior a 1.3 millones de pesos en perjuicio de ciudadanos.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y febrero de 2026 se registró un incremento del 20.15 por ciento en materia de incidencia delictiva, al pasar de 129 a 155 casos, lo que derivó en un reforzamiento de las acciones de vigilancia en zonas de mayor incidencia.

Respecto al “Operativo Semana Santa 2026”, Perea Marrufo informó que se registró saldo blanco, con cero personas lesionadas en los puntos de mayor afluencia. Durante este periodo se desplegaron 330 elementos, se atendieron 25 reportes ciudadanos y se realizaron 12 puestas a disposición por delitos del fuero común.

El titular de la SSC enfatizó que las acciones se mantienen enfocadas en presencia territorial, inteligencia operativa y atención inmediata para contener la incidencia delictiva y garantizar condiciones de paz y orden en Tlaxcala.

El cargo Aumentan 66% Detenciones en Tlaxcala en el Primer Trimestre del Año: SSC apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Según la información revelada por el periodista Nacho Lozano, en una de las casas de seguridad de los presuntos sicarios se encontró un registro que incluye una sección denominada “Tlaxcala”.

En ella aparecen 40 personas identificadas como “muchachos”: dos serían comandantes y los 38 restantes formarían parte de la tropa o personal operativo.

El documento indica que cada uno de estos elementos recibiría un pago de 4 mil pesos semanales por persona. Aunque el combustible no se incluye en el total principal de la cuenta —que asciende a casi cinco millones de pesos—, se detallan otros gastos operativos específicos para este grupo en el estado:

• Comida: 112 mil pesos.
• Gasolina: 60 mil pesos.
• Un apartado adicional etiquetado como “estatal” (en referencia a la Policía Estatal): 150 mil pesos.

Con estos rubros, el monto total para el apartado Tlaxcala se acercaría a un millón de pesos, según los cálculos expuestos en el reporte periodístico.

La mención a “estatal” ha generado cuestionamientos sobre si estos recursos podrían corresponder a presuntos pagos o sobornos dirigidos a elementos de la Policía Estatalde Tlaxcala.

Ante las dudas planteadas públicamente, este medio contactó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala, dependencia que se deslindó categóricamente de cualquier señalamiento que sugiera la recepción de pagos por parte de sus elementos de un grupo criminal, dijo el presentador de noticias.

La SSC negó cualquier vinculación con dichas prácticas y reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia en sus operaciones.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre la autenticidad del documento, el grupo delictivo al que pertenecería ni las acciones específicas de investigación en curso por parte de las fiscalías o autoridades federales.

El hallazgo revive preocupaciones sobre la posible infiltración del crimen organizado en instituciones de seguridad en la entidad, en un contexto donde Tlaxcala ha sido señalado como zona de paso o interacción para células delictivas con presencia en estados vecinos.

Las autoridades estatales han enfatizado en comunicados recientes que la presencia de crimen organizado en Tlaxcala es principalmente de carácter transitorio, aunque reconocen intentos de interacción por parte de bandas locales, de acuerdo con Martín Perea Marrufo, Secretario de Seguridad Ciudadana.

El cargo ¿Tlaxcala estaba en la nómina del CJNG? apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El secretario, con un discurso titubeante, abordó los homicidios y agresiones con arma de fuego registrados el pasado fin de semana, asegurando que las víctimas “no eran inocentes” y que los hechos están relacionados con “ajustes de cuentas” entre bandas locales. Esta afirmación, además de frívola, es profundamente irresponsable.

Justificar la muerte de personas por su presunta implicación en actividades ilícitas, sin un proceso judicial que lo acredite, pisotea el principio de presunción de inocencia, pilar esencial de cualquier sociedad democrática. Nadie, ni siquiera un funcionario de alto rango, tiene la autoridad para emitir juicios sumarios sobre la vida o muerte de ciudadanos sin un debido proceso.

Esta narrativa no solo normaliza la violencia, sino que envía un mensaje peligroso: en Tlaxcala, parece que la justicia se aplica a balazos y no en los tribunales. ¿Dónde queda el compromiso de las autoridades con el respeto a los derechos humanos? ¿Acaso la SSC considera que la presunta culpabilidad de una persona la despoja de su derecho a la vida? Estas declaraciones reflejan una visión simplista y autoritaria que no solo evade la responsabilidad de garantizar la seguridad, sino que parece resignarse a la ley del más fuerte.

Por otro lado, el hallazgo de un narcolaboratorio en Tlaxco, descrito como “improvisado” pero con capacidad para producir una “cantidad considerable” de estupefacientes, pone en evidencia otra falla grave: la incapacidad de las autoridades para anticiparse a la expansión del narcotráfico.

El secretario admitió que este no es el mismo laboratorio detectado anteriormente en la zona, lo que sugiere que Tlaxco se está convirtiendo en un punto estratégico para el crimen organizado. Más alarmante aún es su reconocimiento implícito de que no se descarta la presencia de más laboratorios clandestinos en el estado. Si las autoridades ya saben que el problema persiste, ¿por qué no hay una estrategia clara y contundente para erradicarlo?

La respuesta del secretario, llena de vaguedades y rodeos, no ofrece certidumbre. Habló de “operativos” y “trabajos de inteligencia” sin precisar resultados concretos, más allá de la ausencia de detenidos en el caso del narcolaboratorio.

La colaboración con la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional es un paso, pero suena más a un intento de repartir responsabilidades que a una acción coordinada y efectiva. Mientras tanto, la ciudadanía queda atrapada entre la retórica oficial y la realidad de un estado donde la violencia y el narcotráfico ganan terreno.

La campaña de “Desarme por la Paz”, mencionada con entusiasmo por el secretario, parece más una cortina de humo que una solución real. Si bien el desarme voluntario es una iniciativa loable, es ingenuo pensar que los grupos delictivos entregarán sus armas por voluntad propia. La SSC debe ir más allá de programas simbólicos y enfrentar de manera frontal a quienes operan al margen de la ley, sin excusas ni justificaciones.

Tlaxcala no puede permitirse autoridades que, en lugar de garantizar seguridad y justicia, opten por discursos que minimizan la gravedad de los problemas o, peor aún, justifiquen la violencia con argumentos que rayan en lo absurdo.

La presunción de inocencia no es negociable, y la lucha contra el narcotráfico requiere más que buenas intenciones y operativos reactivos. La ciudadanía exige respuestas claras, estrategias efectivas y, sobre todo, un compromiso real con la seguridad y el estado de derecho.

Mientras el secretario siga justificando muertes y admitiendo que los narcolaboratorios no son cosa del pasado, Tlaxcala seguirá siendo un terreno fértil para el crimen organizado.

Y aunque el gobierno municipal que encabeza Diana Torrejón Rodriguez siga diciendo que trabajará en coordinación con las más de 30 presidencias de comunidad para consolidar el correcto uso del Centro de Control y Comando C2 en la demarcación, eso no cambiará la realidad que hoy perciben los habitantes del pueblo mágico que al paso que va perderá ese distintivo en unos meses más.

El cargo No eran inocentes apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En el escrito, los policías hacen referencia a las malas condiciones de salario, instalaciones y las carencias que viven día con día.

Aseguran que, a pesar de que son los encargados de cuidar a las familias tlaxcaltecas, así como a los visitantes, pocas veces se piensa en ellos.

“Quizá les parezca gracioso pero cada uno de nosotros para poder brindar un trabajo de excelencia, tenemos que tener mejores condiciones y en su caso un trato digno y un respaldo de nuestros mandos… sin embargo estamos siendo acosados, hostigados y maltratados dentro de nuestro ámbito laboral y no podemos acercarnos con nadie, no podemos quejarnos o pedir apoyo porque estamos sujetos de forma injustificada a cambios, y/o amenazas de que seremos removidos de nuestras plazas” se lee en el documento.

Los elementos de seguridad agregan que son vigilados, amenazados, e incluso espiados por el titular de la SSC, Martín Perea Marrufo, quien los ha obligado a no manifestar su situación, y callar ante los casos de corrupción y malas prácticas de las que han sido testigos.

“Hoy todos estamos viviendo engañados con eventos protagónicos donde son privilegiados algunos cuantos, tal es el caso del día del policía del cual nadie dijo nada, ni una sola publicación ni comentario ¿POR QUEEE????, día en el que se prometió ser un evento para policías que día con día salimos a la calle y merecemos ser al menos reconocidos por un día, sin embargo, en este evento solo llegaron conocidos y familiares allegados al Secretario y su Secretaria Particular”, de esta última, señalan que toma decisiones y realiza cambios a su conveniencia, con el pretexto de mantener un relación “sentimental” con el titular de la SSC.

Como ejemplo, narran lo sucedido durante la rifa por el “Día del policía”, en donde aseguran que, a través de arreglos orquestados por el Director de Desarrollo Policial y el Director Administrativo, fue la Secretaria Particular quien se ganó el vehículo.

Los quejosos confiaron en que la Gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros, escuche sus peticiones, y solicitaron que el proceso de homologación sea supervisado, pues temen que solo los allegados al secretario sean los beneficiados con el aumento salarial.

El cargo Exponen policías estatales a Perea Marrufo; lo acusan de corrupción y malos tratos apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Durante su intervención en tribuna legislativa, Blanca Águila señaló que desde la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, hasta el titular de la Secretaría de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández y el Secretario de Seguridad, Alberto Perea Marrufo, han sido omisos en la implementación de estrategias que permitan un adecuado resguardo para la sociedad.

“En Tlaxcala, la violencia y el delito han dejado de ser eventos aislados y se han convertido en una constante que afecta a todos los sectores de la sociedad, sin importar nuestro lugar de origen, edad o profesión”, indicó.

Águila Lima subrayó que es inaceptable que en Tlaxcala “estemos aprendiendo a vivir con miedo” pues la riqueza cultural y social que le distingue no puede ser rehén de este fenómeno que alcanza a prácticamente cualquier sector.

“Desde este importante espacio legislativo pido que, si los integrantes del gabinete de seguridad no pueden con la responsabilidad conferida, empezando por el titular de la Secretaría de Seguridad, Alberto Perea Marrufo, que renuncien al cargo”, apuntó.

Agregó que en el estado de Tlaxcala se deben aceptar y atender las condiciones actuales en materia de seguridad, pues la sociedad se encuentra en un franco hartazgo a consecuencia de la aparición de cuerpos sin vida, robos a casa habitación, robo a negocio o de autos, así como el fenómeno de la extorsión y los feminicidios.

“No queremos acostumbrarnos a vivir entre delincuentes, entre asaltos o hallazgos de personas sin vida. Mucho menos queremos que nos parezca familiar la aparición de mensajes de la delincuencia organizada”, sostuvo.

Finalmente, convocó a que las autoridades estatales y municipales coadyuven de manera estrecha para que en los 60 municipios existan los cuerpos policiacos necesarios para el resguardo de la sociedad, pues recordó que Tlaxcala es uno de los estados en los que existe un mayor déficit policial.

El cargo Si el gabinete de seguridad no puede con el cargo, que renuncien: Blanca Águila Lima apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, asistió a la Mesa Interestatal de Construcción de Paz, que fue encabezada por la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) del gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y en la que acordaron un trabajo coordinado entre Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo y Puebla para combatir delitos en zonas limítrofes.

En la reunión, se abordaron diversos temas de interés para las cinco entidades; se expuso la necesidad de generar acuerdos para abatir los índices delictivos, atender las problemáticas de seguridad que comparten, generar una comunicación más estrecha y compartir información importante para brindar mayor seguridad a la población.

Cuéllar Cisneros precisó que en el caso de Tlaxcala se habló del tema de robo de hidrocarburo, tala clandestina, migración y seguridad del Arco Norte, con la finalidad de establecer un convenio de colaboración para dar mayores resultados a los tlaxcaltecas.

Refirió que “esta es una mesa que a partir de hoy coordinará trabajos de la región del centro para que podamos dar grandes frutos y resultados a nuestro país, por eso quiero hacer un amplio reconocimiento a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por todo el impulso que le ha dado a la seguridad y desde luego a la secretaria de seguridad y protección ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, muchas gracias por esta convocatoria y por todo su acompañamiento también para los estados”.

La titular del Ejecutivo local señaló que la entidad ya firmó meses atrás un convenio con el estado vecino Puebla para atender en conjunto temas relevantes para ambos estados, pues recordó que trabajan para evitar que talamontes bajen la madera sin autorización. “Nos une, desde luego, de manera geográfica, una gran posibilidad de trabajar en equipo y entregar buenas cuentas”, acotó.

La titular de la SSyPC, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que se llevaron a cabo seis acuerdos para mejorar la seguridad en zonas limítrofes del Valle de México.

Detalló que acordaron establecer una coordinación conjunta para el intercambio de información en materia de robo de transporte de carga en el Arco Norte, robo de vehículos en las vías federales que comparten, así como la disminución del robo de hidrocarburos y tala clandestina; el segundo es que la Fiscalía y Procuradurías de las entidades federativas analizarán la viabilidad de un nuevo modelo de interconexión metropolitano para el combate del delito.

Para ello, como tercer punto, se acordó que cada órgano de procuración de justicia de las entidades que asistieron designen los enlaces técnicos y jurídicos que se reunirán en el edificio sede de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México el 7 de febrero para dar seguimiento a las respectivas mesas de construcción de paz; como cuarto punto se acordó realizar una reunión ejecutiva el 9 de febrero en el estado de Hidalgo para definir la estrategia a desarrollar para la seguridad en carreteras.

Asimismo, Rodríguez Velázquez indicó que el quinto punto es que las fiscalías y procuradurías estatales y federales coadyuven con las autoridades operativas al recibir sus informes policiales homologados y por último, llevar a cabo la segunda reunión interestatal para la firma protocolaria entre los cinco estados.

La firma del convenio de colaboración entre las cinco entidades se llevará a cabo el próximo 28 de febrero y el estado sede para este acto será Tlaxcala.

En el encuentro también participaron los secretarios de Gobierno y Seguridad Ciudadana, representantes de procuradurías Generales de Justicia (PGJ), de la Fiscalía General de la República (FGR), así como de las diferentes zonas militares y de la Guardia Nacional (GN), entre otras autoridades de seguridad.

El cargo ESTADOS ACUERDAN TRABAJO COORDINADO PARA COMBATIR DELITOS EN ZONAS LIMÍTROFES apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.