La orden de aprehensión con la que fue detenido el exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por su presunta participación en el ocultamiento y destrucción de videos clave en el caso Ayotzinapa, refiere una investigación realizada en 2015 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre un supuesto desvío de recursos públicos de más de 287 millones de pesos que habrían sido dispersados a través de un esquema corporativo familiar.

Esta supuesta capacidad económica fue considerada por el juez de control Mario Elizondo Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, como uno de los elementos para ordenar la detención y posterior reclusión del exgobernador en el penal de máxima seguridad del “Altiplano”, al advertir que dejarlo en libertad podría implicar un “elevado riesgo de evasión de la justicia”.

A pesar de que las operaciones financieras bajo investigación cesaron con la salida de Aguirre de la gubernatura en octubre de 2014, la legislación penal federal mantiene activa la posibilidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) proceda penalmente por el desvío de recursos. El plazo para hacerlo vence en octubre de este año, antes de que prescriban los delitos de corrupción que se le pudieran atribuir.

Ángel Aguirre: la triangulación de 287 millones de pesos y su red familiar

La orden de aprehensión a la que tuvo acceso Animal Político recupera formalmente una querella penal de 326 páginas presentada el 23 de enero de 2015 por la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera se asienta que Ángel Aguirre encabezó una supuesta red que desvió recursos públicos federales y estatales por un total de 287 millones 12 mil 594 pesos entre los años 2012 y 2014.

Según las constancias financieras, durante la gestión de Ángel Aguirre como gobernador de Guerrero las empresas Comercializadora 2003 S.A. de C.V. y Constructora Trabesa S.A. de C.V. recibieron del erario estatal y de organismos federales —como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y la Tesorería de la Federación— contratos y asignaciones de obra pública por un monto global de mil 99 millones 310 mil 916 pesos.

La investigación hacendaria acreditó que presumiblemente Comercializadora 2003 funcionaba como una empresa fachada que “no contaba con ningún empleado”. Además, el dinero público que ingresaba a sus cuentas era retirado en efectivo mediante ventanilla bancaria y dispersado a las cuentas personales de familiares directos y colaboradores del exmandatario estatal.

Entre los presuntos desvíos financieros documentados por la autoridad hacendaria se encuentran transferencias a Carlos Mateo Aguirre Rivero (hermano del exgobernador y excoordinador general del Ejecutivo estatal) por 31 millones 941 mil 700 pesos, y a Ana María Zavala Barros (cuñada del exgobernador) por 20 millones de pesos.

Asimismo, se registraron supuestas transferencias a Luis Ángel Mateo Aguirre (sobrino del exgobernador) por 10 millones 420 mil pesos, y a Floriberto Rafael Aguirre Rivero (hermano del exgobernador) por 8 millones de pesos.

El expediente judicial también asienta que el 25 de enero de 2011, durante su campaña a la gubernatura de Guerrero, el propio Ángel Helodio Aguirre Rivero presuntamente cobró en efectivo un millón de pesos a través del cheque número 613, emitido por la cuenta bancaria de Comercializadora 2003.

Para facilitar esta operación, Aguirre Rivero habría nombrado a Víctor Ignacio Hughes Alcocer como subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. Las autoridades señalan que Hughes Alcocer mantenía vínculos corporativos previos con las empresas beneficiarias, lo que le permitió coordinar de manera directa la asignación de contratos y los flujos financieros hacia el círculo familiar del gobernador.

Domicilios y vehículos bajo registro oficial

Con el propósito de evaluar el arraigo y la movilidad del exgobernador de Guerrero, la FGR también incorporó al expediente judicial las consultas realizadas en las bases de datos de Plataforma México y los registros del entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

A través de estos registros se identificaron diversos domicilios oficiales vinculados al exmandatario en lugares como el Fraccionamiento Las Playas, en la Avenida López Mateos, una de las zonas turísticas y residenciales más antiguas del puerto de Acapulco, Guerrero. De igual forma, se localizó otro domicilio en la calle Juan García Jiménez, Colonia Centro, Ometepec, Guerrero.

La orden de aprehensión señala que la policía ministerial detectó que el imputado tenía registrados, además de estos dos inmuebles, diversos domicilios en la Ciudad de México y en otras entidades de la República.

En lo que respecta a su padrón vehicular, las consultas en Plataforma México arrojaron que el exgobernador Ángel Aguirre tiene registrados a su nombre tres vehículos particulares.

Se trata de una camioneta Ford F-150, modelo 1995; una camioneta Ford Full Size Pick Up, modelo 1992; y un camión General Motors C-35, modelo 1999.

Riesgo de fuga e ingreso al penal de máxima seguridad del Altiplano

En la resolución que autorizó el mandamiento de captura, el juez de control Mario Elizondo Martínez valoró estos datos patrimoniales para justificar la necesidad de la prisión preventiva.

El juzgador determinó que la “elevada capacidad económica” de Ángel Aguirre, sumada a la existencia de múltiples propiedades en el país, le otorgan la posibilidad material de “desplazarse y ocultarse en cualquier punto de la República Mexicana, así como de solventar un viaje e inclusive su permanencia de forma permanente en el extranjero”.

Adicionalmente, tomó en cuenta el cargo de gobernador que ostentó el imputado, señalando que mantiene un “ámbito de influencia” que podría utilizar para “favorecerse con tratos diferenciados o eventualmente ser auxiliado para una evasión” en un centro penitenciario común.

Por tal motivo, el juez ordenó su ingreso inmediato al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, el penal de máxima seguridad del “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, lugar en el que se encuentra privado de la libertad desde su detención, el 6 de agosto de 2026.

Durante su audiencia inicial, la defensa legal del exmandatario intentó desacreditar los cargos imputados argumentando que las acusaciones financieras correspondían a investigaciones concluidas en años anteriores. Sin embargo, el juez desestimó los argumentos de la defensa y dictó el auto de vinculación a proceso, manteniendo la reclusión preventiva durante la etapa de investigación complementaria.

Investigación de la FGR: plazos y prescripción por lavado de dinero y peculado

De acuerdo con el Código Penal Federal (CPF), el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), previsto en el artículo 400 Bis, contempla una pena de 5 a 15 años de prisión en el sistema de justicia penal.

Mientras que el artículo 105 establece que la acción penal para este ilícito prescribe en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción, equivalente a 10 años.

Sin embargo, aunque el plazo básico de prescripción sin actuaciones se habría cumplido en octubre de 2024, el artículo 110 señala que dicho plazo se interrumpe por las actuaciones ministeriales y judiciales de investigación.

Esta interrupción de la prescripción permite ampliar el término hasta por una mitad (50 %) del plazo original, fijando un límite absoluto de 15 años para la persecución penal.

Debido a que el Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal y detuvo a coautores clave de la red (como el hermano del exmandatario, Carlos Mateo Aguirre Rivero y miembros de la familia Hughes) en febrero de 2015, el reloj procesal se interrumpió de manera legal.

Bajo esta regla, la Fiscalía General de la República cuenta con un plazo vigente hasta octubre de 2029 para proceder formalmente contra el exgobernador por el delito de lavado de dinero.

En contraste, el escenario procesal es distinto para el delito de peculado, contemplado en el artículo 223 del CPF, el cual sanciona la distracción de recursos públicos con una pena de 2 a 14 años de prisión cuando el monto excede las 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Su término medio aritmético es de ocho años, y el plazo máximo ampliado por interrupción procesal alcanza los 12 años. Conforme a este cálculo, la acción penal por peculado prescribirá de forma definitiva en octubre de 2026.

El requisito legal de procedibilidad necesario para perseguir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita fue cubierto desde el 23 de enero de 2015 con la presentación formal de la querella por parte de la UIF.

Esta temporalidad financiera es independiente del cargo por el cual Ángel Aguirre fue vinculado a proceso el 11 de agosto de 2026.

El delito de desaparición forzada de personas cometida por servidores públicos es clasificado por el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como un ilícito continuo y permanente.

Por tal motivo, la persecución penal por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no prescribe en tanto no se establezca plenamente el destino o paradero de las víctimas de la noche de Iguala.

El cargo Detención de Ángel Aguirre reactiva investigación por desvío de 287 mdp a punto de prescribir apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Al realizar recorridos de seguridad y vigilancia en el municipio de Ixtacuixtla, elementos de la Guardia Nacional (GN) recibieron una llamada de emergencia del C4, en la que les reportaron el robo, por sujetos armados, de un tractocamión, en el Arco Norte, por lo que las autoridades castrenses se dirigieron al lugar a buscar el vehículo reportado.

Al momento de la detención, los elementos uniformados detuvieron a Javier “N” y lo pusieron a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Tlaxcala, instancia que judicializó el expediente ante el juez de control y obtuvo la vinculación a proceso y medidas cautelares y obligaciones procesales, las cuales Javier “N” incumplió, por lo que la autoridad judicial giró una orden de aprehensión en su contra.

El mandamiento judicial fue cumplimentado en el municipio de Puebla, por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de investigación Criminal (AIC) adscritos a la Fiscalía de la FGR en Tlaxcala, quienes pusieron a Javier “N” a disposición del juez del Centro de Justicia Penal Federal de Apizaco, en la entidad.

Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, al correo electrónico denunciatlax@fgr.org.mx o al número 246 46 5 22 00, así mismo en las instalaciones de la Fiscalía Federal en el estado de Tlaxcala, ubicadas en Av. Instituto Politécnico Nacional #48, San Diego Metepec, Tlaxcala.

El cargo CUMPLIMENTA PFM ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA UNA PERSONA POR ROBO DE TRACTOCAMIÓN Y SECUESTRO EXPRÉS EN TLAXCALA apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

De acuerdo con publicaciones difundidas en redes sociales y retomadas por algunos medios locales, Pérez, de 39 años de edad, habría ingresado a México de manera irregular y presuntamente pagó 5 mil dólares (86 mil pesos mexicanos) para obtener documentación que le permitiera permanecer y trabajar en el país. Hasta el momento, ninguna autoridad mexicana ha confirmado oficialmente esas versiones.

Los señalamientos surgieron después de que el hombre fuera detenido junto con una mujer identificada como Yudelmis “N”, tras la difusión de videos en los que aparece confrontando a un ciudadano mexicano en Cancún. El caso provocó indignación entre vecinos, quienes posteriormente se congregaron frente a su domicilio y causaron daños a la vivienda.

Ante la difusión de las versiones sobre antecedentes en Estados Unidos y supuestos pagos a funcionarios migratorios, usuarios en redes sociales y diversos sectores locales exigieron una investigación sobre la actuación del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo. Sin embargo, hasta ahora no existe información oficial que confirme la existencia de una orden de captura en territorio estadounidense ni las acusaciones de corrupción relacionadas con su ingreso al país.

CON INFORMACIÓN DE JULIO ASTILLERO

El cargo Señalan que cubano que agredió a mexicano en Cancún tenía orden de aprehensión en EUA y pagó 86 mil pesos en México para evitar ser deportado apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

De acuerdo con los hechos, en febrero de 2026 el imputado ingresó a una tienda de conveniencia ubicada en la comunidad de San Luis Apizaquito, donde presuntamente amenazó con un arma de fuego a los trabajadores y los despojó de mercancía y dinero en efectivo.

Derivado de ello, el Ministerio Público inició una carpeta de investigación e integró los datos de prueba, los cuales fueron presentados ante el Juez de Control, quien libró el mandamiento judicial correspondiente, mismo que fue cumplimentado en el municipio de Apizaco.

Con estas acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado reitera su firme compromiso de hacer cumplir la ley y garantizar la seguridad y el patrimonio de la ciudadanía.

El cargo CUMPLIMENTA FGJE ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA HOMBRE POR ROBO CALIFICADO apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

De acuerdo con los hechos, en el mes de enero del 2022, en la colonia Loma Florida en el municipio de Apizaco, un masculino solicitó el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana C) ya que Julio César N., intentaba abrir un vehículo.

Al trasladarse al lugar, le realizaron una inspección a Julio César N., hallándole copias de llaves de distintos vehículos con huellas de esmerilamiento, esto derivó que el imputado les ofreciera dinero para lo que dejaran ir, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Debido a esto el Ministerio Público inició la carpeta de investigación por dichos hechos, judicializando la misma; por lo que, el imputado, debía presentarse a la continuación de la audiencia; sin embargo, no acudió, y el Juez de Control libró el mandamiento judicial y elementos de Investigación detuvieron al imputado en el municipio de Apizaco.

De esta manera, la Fiscalía General de Justicia del Estado refrenda su compromiso de trabajar y continuar con los procesos seguidos ante un Juez de lo Penal.

El cargo Ejecuta FGJE orden de aprehensión contra hombre por no presentarse a una continuación de audiencia apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La medida judicial impide que sea detenido mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo promovido por su defensa, en contra de una orden de aprehensión cuya existencia y motivación no han sido confirmadas oficialmente por la Fiscalía General de la República (FGR).

Protección legal

El recurso fue promovido como una medida preventiva ante posibles acciones legales derivadas de investigaciones abiertas durante su gestión como gobernador, aunque hasta ahora no se ha revelado públicamente el delito por el cual podría haber una orden en su contra.

El exgobernador de Michoacán solicitó la protección judicial para evitar una orden de arresto, comparecencia forzada o reaprehensión, lo cual fue aceptado provisionalmente por el secretario en funciones de juez.

Aureoles deberá cubrir una garantía de 52 mil pesos en un plazo de cinco días.

El juzgado deberá definir en los próximos días si otorga la suspensión definitiva, lo que podría extender la protección legal de Aureoles mientras se estudia el caso de fondo.

¿De qué se le acusa a Aureoles?

La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción acusa a Aureoles del presunto desvío de 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles policíacos en municipios de Apatzingan, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.

En marzo, cuatro exfuncionarios del gobierno de Aureoles fueron vinculados a proceso por los delitos de administración fraudulenta, peculado, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los cuales permanecen en prisión preventiva justificada.

Con información de: Publimetro

El cargo Conceden suspensión provisional a Silvano Aureoles contra orden de aprehensión apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Los hechos por los que fue detenido se registraron el 20 de julio de 2015 en El Carmen Xalpatlahuaya, en el municipio de Huamantla, cuando el imputado acompañado de un grupo de hombres agredieron físicamente a dos masculinos, quienes presentaron la denuncia ante el Ministerio Público.

Derivado del mandamiento judicial emitido por un Juez de Control, agentes de Investigación llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el indiciado fue aprehendido en el municipio de Huamantla y trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apizaco.

Con estas acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado reitera su compromiso de abatir el rezago de carpetas de investigación de años anteriores.

El cargo POLICÍA DE INVESTIGACIÓN EJECUTA ORDEN DE APREHENSIÓN POR LESIONES CALIFICADAS: FGJE apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima, originaria del municipio de Tzompantepec, y la imputada mantenían una relación sentimental y frecuentaban a un grupo de personas presuntamente dedicadas a la venta de drogas.

El pasado 7 de junio de 2021, la imputada, en conjunto con dicho grupo, privó de la libertad a la víctima, cuyo paradero se desconoce hasta la fecha.

Derivado de estos hechos y gracias a la correcta integración de la carpeta de investigación por parte del Ministerio Público, la Policía de Investigación ejecutó la orden de aprehensión en contra de María de la Luz N., en el kilómetro 17 de la carretera federal Apizaco-Tlaxco, a la altura del municipio de Tlaxco. La imputada fue puesta a disposición de la autoridad judicial para que responda por los hechos que se le atribuyen.

La Fiscalía General de Justicia del Estado reafirma su compromiso de realizar investigaciones transparentes y sólidas, con el objetivo de garantizar que toda persona que cometa delitos que afecten a la ciudadanía tlaxcalteca sea llevada ante la justicia.

El cargo LA FGJE CUMPLE ORDEN DE APREHENSIÓN POR EL DELITO DE DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Con base en el exhorto enviado por la Fiscalía Federal en el estado de Guanajuato, Gelacio “N” y Jordán “N” fueron detenidos mediante actos de inteligencia e investigación, realizados por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) adscritos a la Fiscalía Federal en Tlaxcala, en el municipio de Papalotla, quienes localizaron a dichas personas.

La orden fue cumplimentada en el estado de Tlaxcala, trasladando a Gelacio “N” y Jordán “N” al Centro Estatal Preventivo de Irapuato, Guanajuato y quedaron a disposición del Juez solicitante.

Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, al correo electrónico denunciatlax@fgr.org.mx o al número 246 46 5 22 00, así mismo en las instalaciones de la Fiscalía Federal en el estado de Tlaxcala, ubicadas en Av. Instituto Politécnico Nacional #48, San Diego Metepec, Tlaxcala.

El cargo CUMPLIMENTA LA PFM ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA DOS PERSONAS POR TRATA DE PERSONAS EN TLAXCALA apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

“Acaban de girar un arresto hacia mi persona, si algo me pasa hago responsable a MC”, escribió Mr. Doctor en sus redes sociales, esto luego de las recientes polémicas que ha tenido con Maryfer Centeno.

Aunque el youtuber mexicano no específico el nombre de la persona a la que esta culpando por la orden de arresto a su persona, varios internautas de redes sociales han culpado a Maryfer Centeno, que su nombre queda bien con las siglas “MC” que mencionó Mr. Doctor.

¿Por qué hay pelea entre Mr. Doctor y Maryfer Centeno?

En días recientes se ha hecho viral Maryfer Centeno por sus comentarios sobre la grafología y como esta puede ser una herramienta terapéutica para tratar enfermedades crónicas como cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes, artritis, y accidentes cerebrovasculares.

Tras los dichos por Maryfer Centeno sobre que puedes “escribir hacia arriba y con tinta azul para ayudar a bajar de peso y calmar la mente”, Mr. Doctor decidió refutar estas recomendaciones haciendo énfasis en que es una “charlatana” e hizo referencia al caso de Marilyn Cote, una supuesta psiquiatra que daba consultas y medicaba a pacientes sin tener cédula profesional.

Tras los cuestionamientos que le hizo Mr. Doctor a Maryfer Centeno, esta decidió actuar legalmente contra el influencer y médico debido a que este descalificó la disciplina como carente de base científica.

“Me están denunciando por decir la verdad, mi objetivo es desenmascarar prácticas pseudocientíficas y proteger al público de información que podría ser perjudicial”, mencionó Mr. Doctor en un video publicado en youtube.

Octavio Arroyo mencionó que sus comentario son apegados a la libertad de expresión por lo que consideró “injusta” la demanda que le interpuso Maryfer Centeno, misma que acaba de dar un nuevo giro con la orden de aprehensión que reza en su contra.

CON INFORMACIÓN DE: PUBLIMETRO

El cargo Giran orden de aprehensión contra Mr. Doctor y hace responsable a grafóloga “MC” apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.