El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Martín Perea Marrufo, confirmó que Xaloztoc incumple con estándares establecidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) y señaló que Nanacamilpa se encuentra “en la misma circunstancia”.

Perea Marrufo adelantó que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) podría recibir vista para revisar qué está ocurriendo, particularmente si existen recursos federales destinados a seguridad que no estarían siendo ejercidos bajo las condiciones que establece la normatividad.

“Si no se cumple con la norma y se está aplicando un recurso federal”, explicó el funcionario, tendría que revisarse la situación. La posibilidad de una fiscalización coloca el tema financiero y administrativo sobre la mesa, además del estrictamente policial.

En el caso de Xaloztoc resulta particularmente delicado. De acuerdo con lo expuesto por el secretario, alrededor de la mitad de los elementos de la corporación municipal carecería de certificación, situación que compromete el cumplimiento de los estándares establecidos para prestar el servicio de seguridad.

Perea Marrufo fue directo al señalar que el alcalde Elías Nava Sánchez tiene que responder ante los habitantes que demandan seguridad, pero también recordó que garantizarla implica cumplir con la normatividad correspondiente.

Por ello, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp) realizará, en coordinación con la SSC, el análisis de la situación de los elementos para determinar qué medidas deberán adoptarse en el siguiente esquema de mando coordinado.

Y dejó abierta incluso la posibilidad de sanciones: “Si tiene que haber sanciones, pues que las haya”, sostuvo.

Aunque el titular de la SSC confirmó que el mando coordinado sí será implementado en Xaloztoc, aclaró que la dependencia estatal no tomará la decisión por sí sola.

Primero deberá intervenir el Consejo Estatal de Seguridad, que analizará si el municipio incurre en alguna de las causales previstas por la Ley de Seguridad para establecer este mecanismo.

La SSC puede reforzar y coadyuvar, pero —advirtió Perea Marrufo— no puede recaer permanentemente sobre el estado la obligación de resolver las deficiencias de las corporaciones municipales.

La SSC continúa apoyando a los municipios con personal y operativos, particularmente durante festividades y acciones como el denominado “cero tolerancia”.

El cargo Xaloztoc y Nanacamilpa, bajo la lupa por seguridad; analizan mando coordinado y posible revisión del OFS apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Arturo Lucio Salas Miguela, enfrenta nuevos señalamientos, luego de que circularan mensajes en los que presuntamente se le atribuye una operación política a favor de Alfonso Sánchez García, alcalde capitalino con licencia.

Las acusaciones colocan nuevamente al funcionario en el centro de la polémica, pues ahora se le señala de haber solicitado a trabajadores del propio OFS y a presidentes municipales colaborar con la pinta de bardas para impulsar la imagen política de Sánchez García.

De acuerdo con las versiones que circulan entre actores políticos y municipales, las presuntas indicaciones habrían incluido recomendaciones para mantener visibles las bardas durante el mayor tiempo posible, así como evitar espacios donde posteriormente pudieran ser cubiertas con publicidad de bailes populares.

Incluso, según los señalamientos, se habría sugerido privilegiar inmuebles pertenecientes a familiares, amigos o simpatizantes, con la finalidad de reducir la posibilidad de que la propaganda fuera retirada.

El caso cobra especial relevancia debido a que los presidentes municipales se encuentran entre los sujetos fiscalizados por el organismo que encabeza Salas Miguela. Por ello, la supuesta solicitud de apoyo político generaría cuestionamientos sobre la relación entre las funciones de fiscalización y una eventual actividad político-electoral.

La Ley de Fiscalización Superior del Estado establece restricciones para la participación del Auditor Superior en actividades de carácter partidista y obliga al titular del organismo a conducirse bajo principios de imparcialidad, objetividad y legalidad.

De comprobarse las conductas denunciadas, correspondería a las autoridades competentes determinar si existe alguna responsabilidad y, en su caso, las consecuencias jurídicas correspondientes.

Los señalamientos se suman a las acusaciones previas contra el titular del OFS por presuntas presiones a autoridades municipales durante procesos de fiscalización, incrementando el escrutinio sobre su actuación al frente del organismo.

Hasta el momento, Arturo Lucio Salas Miguela no ha emitido una postura pública respecto de los mensajes que le son atribuidos ni sobre la presunta operación política en favor de Alfonso Sánchez García.

El cargo De auditor del OFS a operador político de ASG apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La presidenta municipal de Tlaxco, Diana Torrejón, enfrenta señalamientos de evadir el pago de una deuda de aproximadamente medio millón de pesos a la empresa Reiki Promotora Inmobiliaria S.A. de C.V., tras la instalación de una villa navideña en la plaza principal del municipio, en diciembre de 2024.

El representante de la empresa, Julio César Ortega Reyes, denunció que, además de incumplir el acuerdo verbal, la funcionaria utilizó un tono amenazante para disuadir cualquier reclamación.

Según el testimonio de Ortega Reyes, en noviembre-diciembre de 2024 la empresa se acercó al ayuntamiento para ofrecer servicios.

La presidenta aceptó la instalación de la villa navideña (que incluía un árbol de siete u ocho metros, túnel de luces, carro de Santa Claus y un nacimiento grande) en la plaza frente al Palacio Municipal.

Debido al cierre del año fiscal, no se firmó contrato en ese momento, reconoce el empresario, sin embargo se acordó formalizarlo en enero o febrero de 2025.

El monto inicial rondaba los 800 a 850 mil pesos, pero se ajustó a entre 650 y 700 mil pesos tras una modificación solicitada por la propia presidenta, que consistía en el cambio de una esfera por un túnel de luces, que generó un desfase de dos o tres días. Este fue el primer pretexto de Torrejón para tomar distancia de sus acreedores

En la entrevista otorgada a quien esto escribe el empresario aceptó que si se realizaron algunos pagos parciales; Ortega Reyes relató que Torrejón ofreció inicialmente 500 mil pesos en efectivo y el resto mediante contratos, pero finalmente se pactó un esquema de 50 mil pesos mensuales con liquidación en diciembre de 2025.

Con este acuerdo la empresa recibió abonos en septiembre y octubre. Sin embargo, el 22 de diciembre de 2025, al solicitar el pago final, la presidenta rompió el acuerdo: “¿Sabes qué? Ya no te debo. Lo que te pagué es suficiente”.

De acuerdo con el prestador de servicios, el tono se volvió amenazante. En mensajes, la funcionaria habría indicado, “palabras más, palabras menos: te recomiendo no hacer nada, porque veremos quién sale ganando”.

Ortega Reyes afirmó que esa postura generó temor, por lo que la empresa se alejó temporalmente esperando que la alcaldesa recapacitara, y paralelamente buscaron asesoría jurídica. “No es fácil recibir ese tipo de comentarios de una autoridad”, sostiene

La empresa sostiene que cuenta con pruebas documentales: fotografías, videos, comunicaciones en las que la presidenta solicitaba modificaciones, y hasta un regalo de la propia Torrejón que habría sido entregado como muestra de afecto

Por si fuera poco la propia Torrejón les hizo una invitación para una comida de agradecimiento. “Todo el mundo en Tlaxco se dio cuenta de lo que pusimos. No es que haya aparecido de la noche a la mañana”, enfatizó Ortega Reyes al hablar del fastuoso servicio que prestó a la alcaldesa priista, hoy disfrazada de morenista.

El empresario aseguró que no existe contrato formal que sustente la instalación, lo que, a su juicio, genera una irregularidad en la cuenta pública.

Reiki Promotora Inmobiliaria, con oficinas en el Estado de México y la Ciudad de México, y dedicada a construcción, mantenimientos e instalaciones, ya presentó una denuncia ante el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) de Tlaxcala y prepara una demanda ante el Poder Judicial para exigir el cumplimiento del acuerdo verbal y el pago del saldo pendiente (cerca de 500 mil pesos).  No buscan intereses, solo recuperar lo adeudado, puntualizó en la entrevista el afectado.

La empresa, que dice no haber tenido problemas similares en contratos de cientos de millones de pesos y que generó empleo local en Tlaxco durante los trabajos, envió un mensaje a la población y a la presidenta: “Únicamente queremos recuperar lo que legalmente nos pertenece”.

Hasta el momento de la entrevista, no había habido acercamiento con el área jurídica o la sindicatura municipal, ni respuesta de Torrejón tras la ruptura de la comunicación.

El cargo Con amenazas evade Diana Torrejón pago a prestador de servicios apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Según el informe, el contrato correspondió a la organización y presentación de espectáculos musicales con motivo de la conmemoración de los 500 años de la fundación de Tlaxcala, incluyendo la participación de diversos artistas nacionales.

La investigación también refiere que Alvarado Ayub ha colaborado con el gobierno estatal como asesora y es autora de “Si tú me quieres”, tema oficial del Sistema Estatal DIF Tlaxcala, interpretado por la presidenta honorífica del organismo, Mariana Espinosa de los Monteros.

Asimismo, se documenta que anteriormente trabajó como asesora de Lorena Cuéllar durante su etapa como senadora y que posteriormente se incorporó al despacho de la gobernadora al inicio de la actual administración.

Las observaciones forman parte del pliego emitido por el OFS sobre contrataciones realizadas mediante adjudicación directa durante el ejercicio fiscal 2025. Hasta el momento, el proceso de fiscalización contempla las etapas de solventación y resolución correspondientes.

El cargo Millonaria relación entre Arianna y Lorena Cuéllar apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Coincide con un diagnóstico que deja al descubierto fallas estructurales en el control interno, la nómina y el ejercicio del gasto de una dependencia que maneja más de 1,532 millones de pesos en participaciones estatales y con el 98.8% auditado eso refleja más que opacidad y abuso: un robo.

Según el OFS, se formularon 87 observaciones, de las cuales 38 corresponden a probable daño patrimonial. Aunque la dependencia solventó 71 (81.6%), quedaron pendientes 16, incluyendo un daño patrimonial definitivo de 131 mil 685.46 pesos por insumos de cafetería cuya recepción no se acreditó. Inicialmente se observaron más de 34 millones.

Así que a semanas de su dimisión persisten irregularidades graves: 161 servidores públicos con incompatibilidad de empleo y horario (de 288 observados inicialmente), 70 metas institucionales reportadas como cumplidas sin evidencia documental, inconsistencias entre CFDI de nómina y registros contables, pagos sin deducciones por inasistencias (493 mil pesos), y docentes “fantasma” o fuera de su centro de adscripción que percibieron más de un millón de pesos.

No es la primera vez. Auditorías previas (2023 y 2024) ya habían señalado pagos en exceso, aviadores (hasta 317 en un reporte), duplicidad de funciones, gastos sin comprobación y rebasas a tabuladores.

La SEPE operó sin Manual de Organización y Procedimientos aprobado, con deficiencias en almacenes, combustible a vehículos ajenos y bienes nuevos sin etiquetar. Esto ocurre en un sector clave para el desarrollo del estado, donde la educación debería ser prioridad y no un espacio de opacidad administrativa.

Meneses, quien asumió en 2021 y se despidió entre lágrimas destacando “transformaciones” y rehabilitaciones de oficinas, deja una dependencia en reconfiguración política (con cambios como la llegada de Alonso Trujillo Domínguez) y con pendientes que la siguiente administración deberá resolver, incluyendo posibles responsabilidades administrativas.

Sus defensores sostienen que no se detectó nepotismo ni incumplimiento fiscal grave, y que se solventaron muchas observaciones con documentación posterior; presumen que se avanzó en cobertura educativa en algunos indicadores y en temas como perspectiva de género.

Sin embargo, la crítica no radica en negar logros parciales, sino en la tolerancia a prácticas que erosionan la confianza pública: falta de controles básicos, metas infladas sin respaldo y recursos que no se justifican plenamente.

En un contexto de “cero tolerancia a la corrupción” proclamada por la 4T, estas irregularidades reiteradas generan dudas sobre la eficacia real de la supervisión interna.

El momento de la renuncia y la publicación del informe sugiere que la administración priorizó la narrativa de cambio sobre la rendición de cuentas oportuna. Mientras docentes enfrentan problemas reales —como eficiencia terminal, abandono escolar y recursos limitados en aulas—.

Sin embargo la SEPE gastó en insumos no acreditados, prestaciones excesivas y personal con horarios incompatibles. Esto no solo representa un daño patrimonial, sino un daño a la credibilidad del servicio público educativo y de quien se decía de izquierda, pero acabó llenándose de billetes con ambas manos.

Padres y maestros exigen educación con mayor transparencia y resultados medibles, no solo reportes solventados a posteriori. La columna de suciedad que deja Meneses invita a la nueva titularidad a romper con inercias o de plano a la continuidad y continuismo de un aparato podrido, ¿qué elegirá?.

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La administración municipal de Ivonne Roldán Xolocotzi enfrenta un severo golpe a su credibilidad luego de que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) documentara un probable daño patrimonial por un millón 69 mil 962.35 pesos, producto de una cadena de irregularidades en el manejo de recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2025.

Lejos de tratarse de simples errores administrativos, el informe del OFS describe un patrón de observaciones que refleja deficiencias en el control del gasto, falta de documentación comprobatoria y procedimientos de contratación que no ofrecen garantías de legalidad ni de transparencia.

Entre las anomalías más graves destaca el pago de 322 mil 848.55 pesos por bienes y servicios cuya recepción o aplicación no pudo ser acreditada por el Ayuntamiento. En otras palabras, el órgano fiscalizador no encontró evidencia suficiente para comprobar que los recursos públicos realmente se tradujeran en beneficios para la población.

El informe también exhibe 276 mil 943.80 pesos en gastos considerados improcedentes, además de 200 mil 170 pesos pagados por concepto de sueldos y remuneraciones correspondientes a servicios personales que no fueron recibidos, una observación que pone en entredicho los controles internos de la administración municipal.

Las irregularidades alcanzan también a la obra pública. El OFS detectó un probable daño patrimonial por 270 mil pesos debido a que el gobierno municipal no presentó la documentación técnica indispensable para justificar obras y conceptos ya pagados con dinero público.

Pero el informe va más allá.

El órgano fiscalizador puso bajo la lupa diversas adquisiciones realizadas por la administración de Ivonne Roldán, entre ellas 545 mil 227.84 pesos para juguetes del Día de Reyes; 356 mil 700 pesos destinados a transporte, logística y audio para eventos de Carnaval; y 784 mil 380.40 pesos para la compra de relojes, dijes, estuches de regalo, carteras, cosmetiqueras y rosas naturales.

En todos estos casos, el OFS detectó inconsistencias en los procedimientos de contratación mediante invitación a cuando menos tres proveedores y advirtió que no existe certeza de que las adquisiciones se hayan realizado conforme a los procedimientos legales, dejando abierta la posibilidad de que los recursos públicos hayan sido ejercidos sin cumplir con las reglas de competencia y transparencia.

Las observaciones no terminan ahí.

El Ayuntamiento también adjudicó de manera directa un contrato por 412 mil 235 pesospara la instalación de luces y figuras navideñas, pese a que, de acuerdo con la normatividad, dicho procedimiento debía realizarse mediante invitación a cuando menos tres participantes.

Como si el panorama no fuera suficientemente delicado, el OFS detectó además una contratación indebida entre el Director de Obras Públicas y la Coordinadora de Recursos Humanos, con remuneraciones por 163 mil 453 pesos pagadas en contravención de la legislación vigente.

Las observaciones del OFS representan un serio llamado de atención sobre la forma en que fueron administrados los recursos públicos en Contla durante 2025. Ahora corresponderá al Ayuntamiento solventar cada una de ellas; de no hacerlo, el caso podría derivar en procedimientos de responsabilidad administrativa y en acciones para recuperar el probable daño patrimonial.

El cargo Destapan corrupción en Contla, exhiben a Ivonne Roldán apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), durante la gestión de Homero Meneses Hernández, ejerció en 2025 más de mil 532 millones de pesos de recursos estatales.

Tras revisar el 98.8 por ciento de ese presupuesto, el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) concluyó el proceso con observaciones por 34.2 millones de pesos, de las cuales únicamente 131 mil 685.46 pesos permanecieron sin solventar al cierre de la auditoría.

El Informe Individual de la Cuenta Pública 2025 señala que una de las principales observaciones correspondió a la revisión de la plantilla laboral.

Durante las verificaciones, el OFS detectó 288 casos con posibles incompatibilidades en el desempeño del empleo, cargo o comisión; sin embargo, la dependencia únicamente logró justificar 127, por lo que 161 servidores públicos permanecieron sin acreditar plenamente su situación laboral.

Entre esos casos destacan 101 docentes que no fueron localizados en los planteles donde, de acuerdo con los registros, debían desempeñar sus funciones.

Aunque la SEPE informó que algunos habían sido reasignados, la auditoría establece que no se presentaron los documentos necesarios para comprobar su adscripción, actividades ni carga horaria.

La fiscalización también revisó distintos conceptos de gasto efectuados por la dependencia. Entre ellos figuran 8.2 millones de pesos destinados a la organización de eventos, además de recursos ejercidos para combustible, servicios de seguridad, impresión y distribución de libros, ejecución de programas, materiales de oficina, alimentos, limpieza, uniformes, equipo de cómputo y servicios administrativos, rubros que formaron parte de las observaciones realizadas por el órgano fiscalizador.

Otro de los hallazgos plasmados en el informe corresponde a diferencias entre los registros contables y la documentación de nómina, por un monto superior a 93.2 millones de pesos.

Asimismo, el OFS observó pagos realizados por encima de los importes autorizados en diversos conceptos de remuneraciones y detectó casos en los que no fueron aplicados descuentos salariales a trabajadores con inasistencias registradas.

La revisión también documentó registros de provisión y devengo presupuestal por 5 millones 845 mil 068.03 pesos, sin que la dependencia presentara la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente durante el proceso de auditoría.

De acuerdo con el OFS, la SEPE contó en 2025 con un presupuesto autorizado de mil 607 millones 399 mil 392 pesos, de los cuales ejerció mil 532 millones 771 mil 565.07 pesos.

La muestra auditada ascendió a mil 514 millones 378 mil 306.29 pesos, equivalente al 98.8 por ciento del total de recursos estatales ejercidos.

El cargo Descubren a 161 aviadores en la gestión de Homero Meneses apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El Órgano de Fiscalización Superior (OFS) mantiene vigentes 251 denuncias derivadas de presuntas irregularidades detectadas en el manejo de recursos públicos por parte de servidores públicos de distintos niveles de gobierno y organismos autónomos, informó el auditor superior, Arturo Lucio Salas Miguela.

Del total de procedimientos promovidos, 199 fueron presentados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), mientras que 52 fueron turnados al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), como resultado de observaciones identificadas durante auditorías realizadas a ejercicios fiscales anteriores.

El titular del OFS explicó que, una vez interpuestas las denuncias, el seguimiento de los expedientes queda bajo responsabilidad de las autoridades correspondientes, por lo que el organismo fiscalizador no cuenta con información actualizada sobre el avance particular de cada caso.

“Hasta el día de ayer teníamos registradas 199 denuncias presentadas ante la Fiscalía y 52 ante el Tribunal de Justicia Administrativa”, señaló Salas Miguela al referirse al número de expedientes activos.

Sobre el estado procesal de las investigaciones, el auditor reconoció que desconoce el grado de avance de los procedimientos, debido a que su desarrollo corresponde tanto a la Fiscalía como al Tribunal.

Las denuncias involucran a servidores públicos de diferentes ámbitos, ya que no se concentran únicamente en administraciones municipales. De acuerdo con el funcionario, existen casos relacionados con ayuntamientos, dependencias del Ejecutivo estatal e incluso integrantes del Poder Judicial.

Aunque no precisó cuántos expedientes corresponden exclusivamente a municipios, destacó que los procedimientos abarcan a distintos entes sujetos a fiscalización.

Salas Miguela indicó que las denuncias corresponden a ejercicios fiscales anteriores, aunque no detalló los años específicos en los que fueron detectadas las posibles irregularidades.

Ante el riesgo de que algún procedimiento pueda quedar sin resolución por el paso del tiempo, el auditor aseguró que el OFS mantiene vigilancia constante a través de sus áreas jurídica, de investigación y sustanciación, con el objetivo de evitar la prescripción de los expedientes.

Finalmente, afirmó que la intención del organismo es que cada procedimiento llegue a una determinación definitiva, independientemente de si la resolución resulta favorable o desfavorable para los servidores públicos señalados.

El cargo Judicializan 251 irregularidades por malos manejos de recursos apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

De acuerdo con el informe de resultados, la fiscalización se dividió en dos periodos, del 1 de enero al 31 de agosto y del 1 de septiembre al 31 de diciembre, debido a la elección judicial realizada en la entidad durante ese año.

En la revisión correspondiente a los primeros ocho meses de 2025, el Poder Judicial ejerció 9 millones 433 mil 143 pesos para la ejecución de obra pública. Durante las auditorías, el OFS emitió observaciones por un millón 720 mil 591 pesos, relacionadas con la adquisición de bienes y la contratación de servicios para la operación institucional; sin embargo, estas fueron atendidas y solventadas por el ente auditado.

Tras analizar la información financiera y de obra pública de ese periodo, el órgano fiscalizador concluyó que no existieron irregularidades, desviaciones de recursos ni afectaciones al patrimonio público.

Respecto al periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, el OFS detectó inicialmente una posible afectación por 32 mil 695 pesos, derivada de un monto auditado de 99 mil pesos. No obstante, la observación también fue aclarada dentro del plazo establecido.

En esa misma etapa fueron revisados recursos por 276 millones 612 mil 112 pesos. Como parte del proceso de fiscalización se observaron 2 millones 232 mil 511 pesos, monto que fue justificado mediante la documentación comprobatoria presentada por el Poder Judicial.

Con base en los resultados de ambas revisiones, el OFS concluyó que no se acreditaron irregularidades que representaran un daño a la hacienda pública y determinó que el Poder Judicial cumplió con la normatividad vigente en la aplicación de los recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2025.

El cargo Poder Judicial de Tlaxcala cerró la cuenta pública 2025 sin daño patrimonial: OFS apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Respecto del Informe Individual correspondiente al ejercicio fiscal en revisión, el Ayuntamiento atenderá puntualmente las observaciones emitidas por el OFS, en estricto apego al procedimiento legal establecido, presentando ante las instancias competentes la documentación, información y aclaraciones necesarias para solventar cada uno de los señalamientos.

Es importante precisar que las observaciones contenidas en el informe forman parte del procedimiento ordinario de fiscalización y constituyen una etapa técnica previa al proceso de dictaminación que corresponde al Congreso del Estado, por lo que existe el derecho y la oportunidad legal para presentar la información que permita su aclaración y solventación.

Para esta administración, la transparencia en el manejo de los recursos públicos no es únicamente una obligación legal, sino un compromiso permanente con las y los huamantlecos. Por ello, el Gobierno Municipal mantendrá total apertura y disposición para atender los requerimientos que formulen el Órgano de Fiscalización Superior y el Congreso del Estado, convencido de que la rendición de cuentas fortalece la confianza ciudadana.

El Gobierno Municipal de Huamantla refrenda su compromiso con el uso responsable de los recursos públicos, la legalidad, la transparencia y la mejora continua de sus procesos administrativos, confiando en que el procedimiento de revisión y dictaminación se desarrollará con estricto apego a criterios técnicos, objetivos y al debido proceso.
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El cargo Gobierno de Huamantla atenderá observaciones del OFS conforme al procedimiento legal apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.