Una nueva acusación de corrupción se suma a la gestión de Enrique Peña Nieto (EPN). El fin de semana el medio israelí The Marker reveló que el expresidente recibió un soborno de 25 millones de dólares con el objetivo de permitir el funcionamiento del sistema de espionaje Pegasus en territorio nacional.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que ya tiene abierta una carpeta de investigación, es decir, que busca elementos para presentar una causa ante un Juez en contra del exmandatario mexicano. Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el Fiscal Alejandro Gertz Manero explicó que desde el inicio del sexenio pasado se presentaron denuncias por el caso Pegasus, pero que no se habían logrado corroborar con las pruebas suficientes. Sin embargo, destacó que las nuevas evidencias dan lugar a una investigación más sólida.

Peña Nieto calificó cómo una “una insinuación carente de sustento alguno” las acusaciones que en su contra hicieron los empresarios israelíes, Uri Emmanuel Ansbacher y Avishai Samuel Neriah.

Aunque el expresidente negó las acusaciones a través de una publicación en su perfil de X, en la que señaló que la nota de The Marker es “totalmente falsa” ya que no tiene “el mínimo rigor periodístico”, lo cierto es que a lo largo de su sexenio, el priista y varios miembros de su gabinete estuvieron involucrados en escándalos de corrupción, que mantienen investigaciones abiertas por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delitos electorales.

Hace cuatro años, la UIF informó de transferencias millonarios para Peña Nieto provenientes de España. Semanas después, en agosto de 2022, la FGR confirmó que tenía abiertas tres carpetas de investigación en contra de Peña Nieto por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos electorales.

El primer caso incluía diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la constructora española OHL, que en 2016 fue multada por las autoridades bancarias mexicanas por diversas irregularidades contables.

El segundo caso es por lo señalado por la UIF que denunció a Peña Nieto “por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales”. La Fiscalía explicó en ese entonces que antes de judicializar el caso, se precisaban “dictámenes periciales hacendarios y fiscales”. La tercera pesquisa tiene que ver con un presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Desde que la FGR informara esto, no había vuelto a notificar el avance de estas investigaciones hasta este martes que Gertz Manero  acusó al Gobierno federal, en particular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de no haber ratificado todos los elementos para poderlo judicializar estas causas.

Una de las polémicas más recordadas es la llamada Casa Blanca. En noviembre de 2014, el equipo del portal Aristegui Noticias exhibió la lujosa y moderna residencia que habitaba la entonces la esposa de Peña Nieto y Primera Dama, Angélica Rivera, valuada en 86 millones de pesos y ubicada en Lomas de Chapultepec, una de las zonas de más alta plusvalía en la capital mexicana.

En agosto de 2020, Emilio Lozoya Austin, quien se desempeñó como director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, fue quien le facilitó la propiedad al exmandatario, a cambio de que el priista lo beneficiara con contratos para obras públicas de su Gobierno.

Según esta información, tras el escándalo que generó la Casa Blanca, Peña Nieto decidió cancelar el proyecto del tren México-Querétaro que había otorgado al consorcio China Railway Construction Company (CRCC), sin importar que esto significara “sacrificar la relación con China”, en lugar de excluir a Grupo Higa de dicho proyecto, ya que, Lozoya afirmó, Hinojosa Cantú era tratado como socio por el Gobierno peñista y fue impulsado en la adjudicación de proyectos de ingeniería y obra.

“Me llamó el Presidente para informarme sobre el inminente anuncio [de la cancelación]. Yo le dije que eso significaba destruir la relación entre ambos países por lo emblemático del proyecto para el Gobierno chino. Al preguntarle la razón de la cancelación me dijo ‘es que tenemos un problema Videgaray y yo porque Higa le facilitó la casa de Malinalco a Luis y a mí me está apoyando con otra casa’”, relató Lozoya

“Ante esto, yo le sugerí simplemente excluir a Grupo Higa del proyecto, pero él prefirió sacrificar el proyecto y la relación con China para intentar esconder el tema de las casas”, apuntó en su declaración”, agregó el exdirector de Pemex, quien reveló que el Grupo Higa también le habría facilitado la casa de Malinalco a Luis Videgaray, quien se desempeñó como Secretario de Hacienda y Crédito Público y Secretario de Relaciones Exteriores durante el mandato peñista.

Lozoya sostuvo que Juan Armando Hinojosa le reveló que el expresidente Peña Nieto lo “instruyó a hacer negocios en Pemex” para obtener recursos económicos y que luego de que se destapó el escándalo de la casa blanca, el empresario fungió como intermediario entre empresas de construcción, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Pemex, intervenciones por las que recibía comisiones de entre 2 y 5 por ciento.

“Después de la casa blanca, Juan Amando Hinojosa se dedicó a intermediar entre empresas de construcción, SCT y Pemex. Es de mi conocimiento por voz propia de Juan Amando Hinojosa-, que (él) recibía este tipo de comisiones que, normalmente, oscilaban entre el 2 y el 5% del total del costo final de las obras. Dichos montos eran entregados en efectivo a Juan Armando Hinojosa y, éste, a su vez, los compartió -también en efectivo, con Enrique Peña Nieto”, expuso el exfuncionario ante la FGR.

Este hecho evidenció que Andrade recibió el nombramiento de Secretario de la Función Pública con el propósito de exonerar a los implicados en el escándalo de la millonaria propiedad. Otro funcionario involucrado en el caso fue José Gabriel Carreño Camacho, exsubsecretario de responsabilidades administrativas y contrataciones públicas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien perdió el expediente del caso de la “Casa Blanca”.

Sin embargo, en 2022, un Juez concedió la suspensión del proceso Carreño Camacho por el delito de ejercicio indebido del servicio público y en su lugar determinó que el exfuncionario público sólo debía hacer “acciones de servicio social y ofrecer una disculpa pública por no haber resguardado la documentación original”, pese a la insistencia de la SFP y de la FGR para que el exsubsecretario, y demás involucrados, fuesen sancionado con la privación de la libertad.

En 2017, una investigación periodística reveló que entre entre 2013 y 2014, dependencias federales, como Secretaría de Desarrollo Social (sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a través de varias universidades, principalmente la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), desviaron más de siete mil millones de pesos de recursos públicos a empresas fantasma, hecho conoció como la Estafa Maestra.

El dinero estaba destinado a personas en situación de pobreza alimentaria en México, a quienes nunca llegaron los recursos, a través del programa denominado Cruzada Nacional contra el Hambre, ya que los fondos, con los que se planeaba impulsar campañas electorales del Estado de México, en 2017, y la presidencial, en 2018, eran transferidos primero a la Sedesol y después a la Sedatu, por lo que Rosario Robles, titular de ambas dependencias en distintos momentos, es una de las principales señaladas en el caso.

Luego de diversos señalamientos de corrupción contra el Gobierno federal, éste creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), incluso, durante la promulgación del organismo, Peña Nieto pidió perdón hoy a los mexicanos por la llamada “casa blanca”. No obstante, el SNA sólo se quedó en buenas intenciones ya que ni el Jefe del Ejecutivo federal ni los legisladores priistas nombraron al Fiscal Anticorrupción y a los magistrados especializados que se requerían.

“Pido perdón por la ‘casa blanca’, cometí un error. Este error afectó a mi familia, lastimó la investidura Presidencial. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio que les causé, estoy decidido a combatir la corrupción con toda determinación. En carne propia sentí la indignación de los mexicanos”, dijo el Presidente en su mensaje de la promulgación del SNA en el Palacio Nacional.

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos sacó a la luz el caso Odebrecht, en el que se reveló que presidentes y funcionarios de 12 países de Latinoamérica, entre ellos México, recibieron sobornos a cambio de otorgar contratos de obras públicas a la empresa brasileña Odebrecht. En México, el principal implicado en este caso es Emilio Lozoya, quien se desempeñó como director general de Petróleos Mexicanos durante la Administración de Peña Nieto.

Sin embargo, en la declaratoria de la empresa ante los tribunales estadounidenses se habló de cinco funcionarios mexicanos inmiscuidos con la constructora. De acuerdo con las declaraciones del exdirector de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll -cuyos videos fueron difundidos por Quinto Elemento Lab-, Emilio Lozoya recibió cuatro millones de dólares que habrían tenido como destino la campaña de Enrique Peña Nieto, para luego, obtener ayuda con contratos con Pemex.

De acuerdo con la declaración, Lozoya planteó a Odebrecht, que sería “muy importante” si pudieran contribuir con algo cuando él los había apoyado desde 2009. El reconocimiento pedido era de cinco millones de dólares, pero le dieron cuatro millones. Luego, ya al frente de Pemex, recibió otros seis millones de dólares. Lozoya, según la empresa, tenía potencial en el gobierno y eso ameritaba una relación “más estrecha y de confianza” con él.

Tras estas revelaciones, en 2020, Lozoya realizó una serie de señalamientos que implicaron a varios políticos y exaltos funcionarios en el caso de la constructora brasileña, entre ellos a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, todos los implicados han rechazado las acusaciones e incluso han interpuesto denuncias en su contra, como es el caso del excandidato presidencial Ricardo Anaya. Sin embargo, ninguno de los mencionados ha sido sancionado.

En 2017, dos personas perdieron la vida tras caer al socavón que se abrió en el llamado Paso Exprés, en Cuernavaca, Morelos, una vía que tenía sólo tres meses de haber sido inaugurada y ese a que se exigió la renuncia de Gerardo Ruiz Esparza, entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), éste se negó, alegando que sólo renunciaría si el Presidente Peña Nieto, con quien presumió la obra, exigía su renuncia.

Las investigaciones arrojaron diversos actos de corrupción en la administración de la obra, ya que, la Auditoría Superior de la Federación halló irregularidades por unos 300 millones de pesos en la Cuenta Pública de 2015. También se reveló que el precio se duplicó, ya que el costo del proyecto original de la rehabilitación de la vía se calculó en mil 50 millones de pesos, pero terminó siendo de dos mil 213 millones 500 mil pesos, es decir, mil 163 millones de pesos más. Además, el proyecto se inauguró con cuatro meses de retraso.

Un caso de corrupción que también involucró a Ruiz Esparza fue el de OHL. El 7 de mayo de 2015 se destaparon las conversaciones telefónicas entre directivos de OHL México y autoridades mexiquenses en las que se evidenciaban acuerdos y favores entre funcionarios. También OHL y el PRI fueron señalados por fraude y malversación de recursos. A OHL también se le acusó por financiar con 4 mil millones de pesos las campañas del PRI.

El Gobierno de Peña Nieto ha sido señalado en diversas ocasiones por el uso del software Pegasus, que fue utilizado para espiar a figuras clave, incluyendo al círculo cercano del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, así como a periodistas y defensores de derechos humanos. En 2017, el diario New York Times reveló una campaña de espionaje del Gobierno de México contra activistas, políticos y periodistas.

El software Pegasus, desarrollado por una empresa israelí que fabrica ciberarmas, sólo se comercializa a gobiernos y bajo la condición explícita de que únicamente sea utilizada para monitorear a terroristas y a otros criminales, por eso cuando se destapó el caso, el Parlamento Europeo, exhortaron a Peña Nieto a crear un grupo de expertos independientes para que se investigue el espionaje contra periodistas, defensores de derechos humanos, organizaciones y activistas.

Según decenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos ven como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana.

Pero aún al terminar su sexenio, Peña Nieto siguió con una vida llena de lujos en España, a donde se refugió tras concluir su mandato y donde en 2020 adquirió un departamento valuado en millones de pesos para obtener la “visa dorada”, un permiso de residencia que se otorga a extranjeros que invierten al menos 500 mil euros en activos, todo esto pese a que no recibe una pensión como expresidente, ya que ésta se retiró a la llegada del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dos años después de haber adquirido el lujoso departamento, lo puso a la venta por, aproximadamente, 13 millones de pesos. En su lugar compró una residencia de súper lujo a las afueras de Madrid. Se trata de un chalet localizado en la exclusiva urbanización Valdelagua, en donde se realizó la boda de su hija. Este sitio pertenece a una constructora que lo adquirió por medio de una hipoteca de 889 mil 500 euros, el cual cuenta con seguridad privada y al cual no se puede acceder sin una autorización.

Desde que abandonó la Presidencia en 2018, Enrique Peña Nieto ha viajado alrededor del mundo y ha dado cuenta al mismo tiempo de una vida llena de lujos, sin que se conozca con certeza el origen de los recursos con los que costea el tipo de vida que tiene. Sobre todo porque se le ha visto en Nueva York; y en Italia, saliendo de uno de los hoteles más exclusivos de la capital de ese país. También se especula que muy probablemente el exmandatario se moviliza en aviones privados porque nunca se le ha visto en aeropuertos.

CON INFORMACIÓN DE SIN EMBARGO

El cargo EPN suma otro escándalo a la casa blanca, el caso OHL, Odebrecht, desvíos de Sedesol… apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En conferencia de prensa, Gertz Manero aseguró que la FGR cumplió con todos los requisitos para reactivar el caso desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador luego de que en el gobierno anterior le dieran “carpetazo”, sin embargo, culpó a los jueces por la tardanza del proceso.

“La fiscalía cumplió con todo rigor con todos los requisitos que tenía para iniciar este procedimiento, eso es público, estamos en un proceso como tantos otros que tenemos por culpa de un sistema judicial que por eso estamos en estos problemas y que esperamos que se resuelva”, dijo.

“Es un caso paradigmático de que se cumplió con la ley, sí, de que se inició un procedimiento, sí, estamos en ese pantano procesal“.

Sobre si Emilio Lozoya permanece en México para enfrentar a las autoridades, el fiscal general recordó que el exdirector de Pemex cuenta libertad procesal.

Cabe recordar que el exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Niego fue detenido a comienzos de 2020 en España y extraditado a México como testigo protegido de la fiscalía a cambio de inculpar a otros políticos, pero en noviembre de 2021 ingresó a prisión preventiva por riesgo de fuga tras haber sido captado cenando en un restaurante de lujo.

Pero, fue en febrero de 2024 cuando un juez determinó que podría seguir en libertad su juicio por el caso Odebrecht, tras considerar que no existe un riesgo de fuga de la justicia.

La FGR acusa al exfuncionario de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora Odebrecht, que habrían servido para comprar votos de legisladores para aprobar la reforma energética del expresidente Peña Nieto.

CON INFORMACIÓN DE LATINUS

El cargo FGR culpa a los jueces de que el caso de Emilio Lozoya esté en un “pantano procesal” apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Jorge Luis Lavalle Maury, el flamante Secretario de Desarrollo Económico de Campeche que la Gobernadora Layda Sansores designó pese a estar procesado por los sobornos de Odebrecht, es socio del despacho de abogados que encabeza Roberto Gil Zuarth y fue beneficiario de los 14 millones de pesos que Francisco García Cabeza de Vaca le pagó con recursos públicos de Tamaulipas para defenderlo de las acusaciones de delincuencia organizada.

Antes de estar preso en el Reclusorio Norte por los sobornos de Odebrecht, de abril de 2021 a septiembre de 2022, Lavalle Maury se hizo socio de Accuracy Legal and Consulting, S.C., el despacho que Gil Zuarth fundó en febrero de 2018 y que, al año siguiente, el 22 de noviembre, recibió del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por García Cabeza de Vaca, 14 millones de pesos para ser defendido por la Fiscalía General de la República (FGR) que lo acusa de delitos de delincuencia organizada, por los que hasta ahora sigue prófugo.

Lavalle Maury recibió de Accuracy Legal and Consulting transferencias por 2 millones 753 mil 297 pesos con 58 centavos en 2019 y la mayor cantidad de esa cifra, dos millones cerrados, los recibió una semana después del depósito de los 14 millones de pesos del Gobierno de Tamaulipas, el 29 de noviembre, según documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Lavalle Maury, acusado por la FGR de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, es el único político del Partido Acción Nacional (PAN) relacionados con los sobornos con dinero de la trasnacional brasileña Odebrecht que denuncio Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex de Enrique Peña Nieto.

El cargo No sólo Odebrecht: Lavalle es beneficiario de los negocios Gil Zuarth-Cabeza de Vaca apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La Gobernadora Layda Sansores defendió a Jorge Luis Lavalle como nuevo Secretario de Desarrollo Económico en Campeche, ante las críticas por su presunta participación en el caso Odebrecht. “Es un chivo expiatorio, porque no le han comprobado nada”, aseguró.

Durante una reunión con trabajadores del Senado, la mandataria estatal aseguró que pese a las críticas en contra de Lavalle, quien estuvo preso de forma preventiva, él continuará en su cargo dentro del estado.

Asimismo, aseveró que el caso de Odebrecht se debe resolver, pero no “con chivos expiatorios”, por lo que detalló que no le han podido demostrar nada.

“Todavía yo no le había podido informar y cuando lo hice, le dije cuáles son mis razones (…) A dónde están las pruebas. Yo tengo mis razones y lo sostengo”.

El cargo Gobernadora de Campeche defiende nombramiento de Jorge Lavalle: se queda en el cargo apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En medio de las críticas por contratar al panista Jorge Luis Lavalle Maury como Secretario de Desarrollo de Campeche, la Gobernadora Layda Sansores compartió una foto con la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien precisamente esta mañana cuestionó ese nombramiento.

“Al final de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública de hoy, nos tomamos una foto nuestra bella presidentA @Claudiashein y yo. Termino siempre contagiada de su energía”, compartió la Gobernadora morenista en sus redes sociales.

La imagen que compartió la Gobernadora se da en un contexto en el que Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió este martes honestidad a los funcionarios federales, y dijo que fue decisión de la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, el haber invitado a su Gobierno a Jorge Luis Lavalle Maury, como Secretario de Desarrollo, quien está implicado en la trama corrupta de Odebrecht.

—La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, sumó a su Gobierno al panista Jorge Luis Lavalle Maury, quien sigue en un proceso de corrupción, y fue liberando con un brazalete electrónico, y está relacionado con Emilio Lozoya, y ha sido el único detenido por esta trama Odebrecht. ¿No opera en contra de este movimiento incorporar a este tipo de personas en gobiernos encabezados por Morena? —cuestionó SinEmbargo.

La Gobernadora de Campeche anunció el pasado 3 de diciembre el nombramiento de Lavalle en su Gabinete. La noticia provocó severas críticas de políticos de oposición y de Morena, su partido.

Lavalle y el caso Odebrecht 

El 11 de agosto de 2020, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, aseguró en sus testimonios que Jorge Luis Lavalle recibió 25 millones de pesos provenientes de la empresa brasileña Odebrecht.

El dinero que habría recibido el exlegislador, según el director de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue triangulado a través de diversas compañías, junto a otros senadores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la aprobación de la Reforma Energética.

Los señalamientos de Lozoya implicaron a varios políticos y exaltos funcionarios, entre ellos a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, todos los implicados han rechazado las acusaciones e incluso han interpuesto denuncias en su contra, como es el caso del excandidato presidencial Ricardo Anaya.

Por estos hechos, el 9 de abril de 2021, Lavalle fue internado en el Reclusorio Norte por órdenes del Juez de Control, Marco Antonio Fuente Tapia, y permaneció encarcelado hasta el 16 de septiembre de 2022 para llevar su proceso en libertad provisional.

Marco Antonio Fuerte Tapia, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, fue quien concedió modificar la medida cautelar de Lavalle luego de que sus abogados argumentaran que su cliente tiene problemas de salud crónicos.

El cargo Layda presume FOTO con Sheinbaum en medio de la crisis por contratar a Lavalle apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

De poco o nada sirve que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo diga que ella no aceptaría o contrataría a miembro alguno que tenga observaciones en su comportamiento, si gobernadores que antes lucieron por su congruencia ahora contratan a personajes vinculados a escándalos internacionales.

Ahí está Layda Sansores, la otrora legisladora de Campeche que puso a temblar a Enrique Peña Nieto mostrándole en plena jeta el libro de la Casa Blanca y que ahora es la gobernadora de aquella entidad. Esa misma es la que ahora ha caído en la vergonzoza necedad de contratar, como secretario de Desarrollo Económico de aquella entidad, a Jorge Luis Lavalle Maury, el ex senador panista que fue procesado por su presunta implicación en el caso Odebrecht.

El neomorenista Lavalle Maury que fue acusado de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero estaría imposibilitado de representar a su gobernadora en algún evento fuera de Campeche o peor aún en el extranjero, porque aunque salió libre del Reclusorio Norte, sigue caminando con un brazalete. No vaya a ser que se pele.

Las acusaciones no fueron hechas por algún resentido o  desde el anonimato, no. Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, fue el que lo acusó tal y como señaló también a varios legisladores de, presuntamente, haber recibido millonarios soborno de la empresa ­Odebrecht, a cambio de votar a favor de la Reforma Energética del expresidente Enrique Peña Nieto.

Pero ese mismo no robar, no mentir, no traicionar -y no pelar estas tres acciones que tanto mencionó el ex presidente Andres Manuel López Obrador-, aplican para Tlaxcala donde el tristemente celebre Moctezuma Bautista Vázquez, encargado de Morena Tlaxcala por algunas semanas, ha sido premiado nuevamente con la titularidad de las Becas Benito Juárez.

Esa coordinación de las Becas en la entidad, fue asignada por el propio Carlos Luna Vázquez, delegado de la Secretaría del Bienestar en Tlaxcala. La premiación al oriundo de Apetatitlán, y ex director de juventud del mismo municipio, solo confirma la falta de principios en el morenismo tlaxcalteca.

Es probable que su gestión como rector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT) no merezca la mínima atención y por eso haya pasado desapercibida, pero polémicas que incluyen presuntos actos de corrupción y despidos injustificados para acomodar a sus cuates y cuatitas, no pueden ser borradas de un plumazo.

Pero qué podemos esperar del morenismo y su amnesia selectiva, si la propia Luisa María Alcalde Luján, presidenta de Morena a nivel nacional, ha intentado justificar a los gobernadores y sus torpes decisiones.

Lamentable el peso que debe cargar Sheinbaum Pardo que en la mañanera de ayer salió bien librada, pero que a este paso difícilmente podrá contener los cuestionamientos por las designaciones de los desprestigiados morenistas. Insisto al decir que Morena va que vuela para convertirse en el PRD.

El cargo No robar, no mentir, no traicionar… no MMR apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El cargo Ricardo Anaya reaparece tras 3 años fuera de México; se registra para ocupar un lugar en el Senado apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Este jueves la jueza Sandra Robledo Magaña con sede en la Ciudad de México consideró improcedente la petición del exfuncionario de Enrique Peña Nieto y de su madre, Gilda Margarita Austin Solís.

El extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex) intentó anular el juicio por Obedrecht con el argumento de que el Tribunal Supremo de Brasil consideró ilegales los testimonios de exjecutivos de la constructura que dijeron haberlo sobornado para lograr la aprobación de las llamadas “Reformas Estructurales”.

La juzgadora señaló que la petición de Lozoya Austin se puede analizar durante el juicio.

El exintegrante del gabinete peñista ya presentó un recurso de queja, el cual será determinado por un Tribunal Colegiado Penal de Circuito.

En 2023, el juez encargado del caso Odebrecht en Brasil canceló la información bancaria que llegó a la FGR de Brasil y Suiza, la cual presuntamente probaba los sobornos a Lozoya.

Y lo que restaba en su contra son los testimonios de exdirectivos de la empresa, por ello es que el imputado pidió invalidar 7 testimonios, 3 peritajes, 5 videos y otras pruebas.

El amparo desechado este jueves fue en contra de la resolución del 17 de mayo, en la que el juez de control del caso Odebrecht rechazó la petición del priista para anular el juicio Odebrecht.

En este caso, Emilio Lozoya enfrenta los cargos de asociación delictuosa, lavado y cohecho, mientras que su madre por los dos primeros.

El 12 de marzo el juez de control dictó la apertura del juicio tras audiencia intermedia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) pidió una condena de más de 46 años para Lozoya y 21 años para su madre.

Con información de: Diario 24 Horas

El cargo Rechazan a Lozoya amparo para anular caso Odebrecht apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Ricardo Anaya Cortés mantuvo su candidatura para el Senado porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que es elegible al no tener órdenes de aprehensión en su contra, no obstante aún hay recursos para impedir que llegue a la Cámara Alta como el hecho de que no tiene una residencia de 6 meses en el país, señaló Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Gutiérrez Luna expuso que existen dos oportunidades para impugnar las candidaturas, uno al momento en que se registran que es el recurso que desestimó el Tribunal Electoral. Y otro, será cuando se le dé la constancia, ya sea de mayoría o de asignación.

“Vamos a ir por la impugnación cuando le den la asignación porque no tiene la residencia de seis meses que es lo que establece la Constitución. Lo que se dirimió ahorita es lo que nosotros pedimos, es que se le quitara la candidatura por ser prófugo, el tribunal dijo ‘no es prófugo’. Okay, punto y aparte, cuando le asigne o le den la constancia, nosotros argumentaremos que no tiene la residencia, que ese es otro tema que no se ha resuelto y ya se verá y si para entonces en una de esas y ya hay orden de aprehensión en su contra”, dijo Gutiérrez Luna en entrevista con “Los Periodistas”.

Anaya dejó el país desde agosto de 2021 para residir en Estados Unidos en medio de las investigaciones por el caso Odebrecht. La Fiscalía General de la República (FGR) lo citó para declarar sobre las acusaciones por supuesto lavado de dinero, así como por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Algo que él acusa como una “persecución política”.

Lo cierto es que en medio de estas indagatorias abandonó México y renunció a sus aspiraciones presidenciales. También es verdad que la FGR dio a conocer al Tribunal Electoral que no cuenta con órdenes de aprehensión en contra del panista.

Fue a finales del año pasado cuando se dio a conocer que Anaya aspiraba llegar al Senado por medio del principio de representación proporcional, es decir, que no será votado directamente.

Morena había impugnado su candidatura, pero ayer el Tribunal Electoral no encontró una orden de detención vigente contra Anaya Cortés. En tanto, el TEPJF sí tiró la candidatura de Francisco Javier García Cabeza de Vaca para ser Diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN) al considerarlo “prófugo de la justicia”.

Janine Otálora, Magistrada a cargo del proyecto, fue quien propuso ratificar la candidatura del excandidato a la presidencia de la República en 2018. Contrario a lo que solicitó Morena, quienes pedían la suspensión de los derechos del aspirante.

“Acceder a un cargo popular sería como un premio a alguien que no está enfrentando la ley por los cauces ordinarios, esa es la razón, o sea, es algo muy lógico ahora qué sucedió en el caso de Cabeza de Vaca y lo decía la Magistrada ponente el día de hoy, cuáles fueron los elementos de prueba que rindieron las autoridades tiene dos órdenes de aprensión por delitos graves, lo dijo la magistrada”, afirmó Sergio Gutiérrez Luna.

El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral calificó la resolución del TEPJF en contra de Cabeza de Vaca como un logro y recalcó que un personaje de esta envergadura no podía aspirar a un cargo público.

“Es un corruptor y se ha echado mano de estos recursos para siempre siempre sustraerse de la justicia, pero hoy llegó su hora, entonces ese es el mérito, creo yo de lo que se resolvió el día de hoy acabar con esa impunidad a la que él estaba acostumbrado como corruptor”.

CON INFORMACIÓN DE:

El cargo Ricardo no tiene residencia en el país y no puede ir al Senado: Morena apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Tras casi 12 horas de audiencia, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, recibió un nuevo revés a su posibilidad de dejar el Reclusorio Norte, luego de que un juez de control le volvió a negar la libertad condicional.

Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya Austin, anunció que el próximo lunes apelarán la resolución del juez de esta madrugada.

Cabe recordar que la defensa del exfuncionario había solicitado esta audiencia a fin de revisar las medidas cautelares y revertir la prisión preventiva justificada dictada en su contra desde 2021.

Sin embargo, dicha medida le fue negada por segunda ocasión por un juez de control, por lo que deberá continuar tras las rejas por presuntos actos de corrupción relacionados con la constructora Odebrecht.

¿Por qué Emilio Lozoya no logró obtener su libertad?
Previo al inicio de la audiencia para revisar la prisión preventiva justificada, Miguel Ontiveros, abogado del exdirectivo, explicó que con la audiencia de este viernes se buscaba conseguir la libertad condicional, misma que está respaldada por un principio constitucional sobre que una persona no puede estar más de dos años sin sentencia.

“El 3 de noviembre (de 2021), ya tiene más de dos años privado de su libertad ilegal, de manera injustificada ha estado privado de la libertad, creemos firmemente que Emilio Lozoya nunca debió haber ingresado a prisión”, explicó.

De esta forma la defensa buscaba que el exfuncionario saliera del Reclusorio Norte este mismo viernes y cumpliera con otras medidas cautelares como acudir ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) a firmar de manera periódica y usar un brazalete electrónico para su fácil localización.

Recordemos que, en mayo de 2019, un juez federal giró una orden de aprehensión en contra de Lozoya Austin, por presuntamente haber recibido sobornos por parte de la empresa brasileña Odebecht cuando se desempeñaba como director de Pemex.

La fiscalía general de la República (FGR) acusó al exfuncionario de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos por parte de dicha compañía, cuyos recursos habrían servido para comprar el voto a favor de legisladores a la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto.

Por lo anterior, en febrero de 2020 fue detenido en Málaga, España y cinco meses después extraditado a México como testigo protegido de la FGR a cambio de inculpar a otros políticos.

No obstante, el 3 de noviembre de 2021 ingresó a prisión preventiva a petición del Ministerio Público y tras justificar un posible riesgo de fuga al ser captado en un lujoso restaurante, el juez le concedió la medida cautelar, la cual se mantendrá vigente.

CON INFORMACIÓN DE: RADIO FÓRMULA

El cargo Emilio Lozoya recibe ‘carbón’ de Santa; se queda en prisión por caso Odebrecht apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.