La semana pasada la jefa de la nación dio a conocer a la quinteta de especialistas del derecho del referido comité de evaluación que se encargará tanto de la publicación de la convocatoria, como de la inscripción y la selección de postulaciones de candidatos a jueces, magistrados y ministros.

Entre esos nombramientos -que, supuestamente, “garantizan la objetividad e imparcialidad en el delicado proceso que se les encomienda”- sorprendió la inclusión de la abogada tlaxcalteca, a quien el gobierno de México, a través de su sitio web, la presumió como una profesional con estudios de maestría en Derecho Electoral por la Universidad del Valle de Tlaxcala (UVT). https://www.gob.mx/presidencia/documentos/mary-cruz-cortes-ornelas

Sin embargo, en la página web del Registro Nacional de Profesionistas -consultado la noche del domingo 3 de noviembre de 2024- esa mujer no aparece con cédula de dicho grado académico.

Solo hay información relativa a que cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), cuyo título lo obtuvo en el año 2003. También existe el dato de que es técnica en Computación Fiscal Contable que estudió en el Cbtis 212 (del municipio de Tetla) y cuyo título consiguió en 1996.

BONOS POR GUARDIAS, AVIADORES, CAMIONETA DE LUJO…

Después de ser impuesta por el entonces gobernador priista Mariano González Zarur como magistrada del Poder Judicial de Tlaxcala, en febrero de 2022 Mary Cruz Cortés asumió la presidencia del TSJE, cargo que dejó hasta enero de 2024.

De acuerdo con los resultados de una auditoría realizada al ejercicio de 2022 por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), como titular del TSJE autorizó la compra a sobreprecio de 3 mil 500 cubrebocas KN95 por un monto de 12 mil 800 pesos. La diferencia detectada -basada en otras adquisiciones que realizó el mismo Poder Judicial con otros proveedores que ofertaron el mismo producto a menor costo- fue de 103 mil 530 pesos.

Otra anomalía detectada fue el pago de actualizaciones y recargos derivados de la revisión al Impuesto Sobre la Renta (ISR) “retenido por pago de sueldos y salarios correspondiente al ejercicio fiscal 2017, a favor del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 21 millones 343 mil 445.00 pesos (…) no obstante, los pagos son improcedentes, toda vez que las retenciones de impuestos federales debieron ser enteradas oportunamente, en el ejercicio fiscal 2017, a fin de evitar el pago de estos accesorios, que no se justifican realizar con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala”.

En la revisión del periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre, el OFS detectó que “el pago de nóminas correspondientes a guardias del ejercicio 2022”, a diversos funcionarios por un total de 465 mil 119.77 pesos. Entre los beneficiados figuran lo mismo integrantes del Consejo de la Judicatura, que jefes de departamento, directores y hasta la secretaria particular.

En esa lista, en su carácter de presidenta del TSJE aparece con dos pagos Mary Cruz Cortés: uno cobrado en agosto de ese año por la cantidad de 22 mil 765.05 pesos, y otro recibido en diciembre por 44 mil 486.94 pesos.

“Sin embargo, estas prestaciones no se encuentran autorizadas en el tabulador de personal de mandos medios y superiores, ni en el tabulador de personal operativo, publicados en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2022”, concluyó el OFS.

También se detectó que la presidenta magistrada habría tolerado la existencia de al menos un presunto “aviador”: Luis Miguel Ordóñez Pérez, quien en el Poder Judicial fungía como jefe de sección por lo que cobró un total de 159 mil 613.42 pesos entre enero y julio de 2022; y en ese mismo lapso, se embolsó la cantidad de 86 mil 372.11 pesos por su puesto de auxiliar técnica A en la Oficialía Mayor de Gobierno de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

El 4 de agosto y el 26 de septiembre de 2022, Cortés Ornelas autorizó la compra de sanitizante por un total de 12 mil 620.80 pesos a la proveedora Adriana Jordán Hernández, quien no contaba con la actividad económica para la venta de ese tipo de bienes, “ya que el 70 % corresponde a comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo, y 30 % a agencias de publicidad”.

Como si se tratara de un “regalo de navidad”, el 19 de diciembre de ese mismo año, avaló la erogación de 1 millón 649 mil 100 pesos -mediante transferencia electrónica número 34186HH00VQS- a favor del proveedor Rivera S.A. de C.V. “por la adquisición de un vehículo marca Ford Expedition Limited Max 4×2 modelo 2022, identificado con número de serie 1FMJK1KT2NEA54191”.

El vehículo -adquirido para uso personal de la entonces presidenta del TSJE- fue observado por el OFS como un “bien considerado de lujo”, cuya compra no se apegó “a lo establecido en los Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2022.

En un intento por justificar el gasto referido, el Poder Judicial respondió el 15 de mayo de 2023 con una copia certificada del oficio SECJ/1999/2022, mediante el cual se autoriza por parte del Consejo de la Judicatura del Estado la compra de la camioneta, y también envió el acta 79/2022 de la sesión extraordinaria privada del Consejo de la Judicatura “en funciones de Comité de Adquisiciones de fecha 17 de noviembre de 2022; sin embargo, la unidad adquirida es considerada una unidad de lujo, contraviniendo con lo establecido en sus lineamientos”.

Otra observación detectada a la cuenta pública de 2022 fue que “las finanzas del fondo auxiliar para la impartición de justicia muestran que tienen un déficit contable por 10 millones 081 mil 831.89 pesos, el cual se originó por préstamos otorgados al Tribunal Superior de Justicia para el pago de prestaciones de fin de año en administraciones pasadas, los cuales no fueron reintegrados”.

Durante su segundo año como presidenta del TSJE, en 2023 a Mary Cruz Cortés Ornelas el OFS le observó la adquisición a sobreprecio de dos duplicadores de la marca Ricoh, modelo DX2330, que “imprime hasta 60 a 90 PPM, tamaño carta y oficio, semiautomática, bandeja de alimentación de papel de 500 hojas, bandeja de salida 500 hojas, combinación de dos originales y conexión con equipo de cómputo”.

El pago por 249 mil 427.84 pesos efectuado a Saneri S.A. de C.V. fue considerado 48.3 % más alto, ya que “al realizar cotización con otro proveedor que oferta los mismos bienes, se detectó que los precios a los cuales fueron adquiridos los duplicadores son superiores a los del mercado por 120 mil 381.84 pesos”.

DESCONOCIMIENTO

A finales de enero pasado, Mary Cruz Cortés Ornelas compareció ante el Congreso local, como parte de la glosa de su informe de labores correspondiente al año 2023.

El periodista Juan Luis Cruz consignó en La Jornada de Oriente que “diputados le recriminaron el subejercicio de cerca de 80 millones de pesos en su presupuesto, así como la constante revocación de resoluciones en algunos juzgados y su proclividad hacia la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros”. https://www.lajornadadeoriente.com.mx/tlaxcala/informe-cosmetico-el-del-tsje-cortes-reconoce-desconocer-temas-torales-de-la-administracion-de-justicia/

Según la nota publicada el 30 de enero en ese diario, “cuestionada por el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Ever Alejandro Campech, respecto al número de procesos instaurados en contra de ex funcionarios municipales por la no aprobación de su cuenta pública, la presidenta del Poder Judicial respondió no con exactitud esos datos”.

“No tengo el número exacto, pero hace algunas semanas teníamos alrededor de 45 asuntos, justamente por el delito de peculado u otros… no tengo números exactos diputados”, les respondió la hoy integrante del Comité de Evaluación del Poder Judicial, impuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Lo mismo ocurrió cuando el perredista Juan Manuel Cambrón Soria evidenció que existe, al cierre del año fiscal 2023, un subejercicio de recursos de 79 millones 756 mil pesos, que representa prácticamente el 18 por ciento del total del presupuesto de esa anualidad, a lo que la magistrada quiso matizar y terminó por reconocer que desconocía de manera específica las razones de éste”, escribió el reportero.

Aquella ocasión, el entonces diputado panista José Gilberto Temoltzin Martínez reprochó a Cortés Ornelas “que hay un alto porcentaje de resoluciones, más de las que existe en la media nacional, emitidas por algunos juzgados, lo que evidenciaría algunas fallas, a lo que, nuevamente, la presidenta del TSJE no supo responder ni justificar”.

Con información de: Fabián Robles/Faro Noticias

El cargo MARY CRUZ CORTÉS, INTEGRANTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DEL PODER JUDICIAL, NO TIENE CÉDULA DE MAESTRÍA, Y COMO PRESIDENTA DEL TSJE MALVERSÓ RECURSOS apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Cortés Ornelas se mostró como un claro ejemplo de lo que no debe ser el Poder Judicial: una mera comparsa de los deseos y órdenes del Ejecutivo. Para todos aquellos que se desgarran las vestiduras por la reforma judicial, olvidan el pequeño gran detalle de que históricamente los jueces, magistrados y ministros han sido parte de un grupo doblegado a varios intereses, sobre todo los de gobernadores de los estados y de los presidentes de la República.

Por otro lado, la magistrada tlaxcalteca queda automáticamente fuera de la posibilidad de aspirar a participar como candidata a juez, magistrada o ministra de la Suprema Corte. A cambio, tendrá sus 15 minutos de fama, que ya le han valido ser mencionada en medios nacionales como “abogada y maestra en derecho electoral, magistrada titular de la tercera ponencia y presidenta de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, directora de evaluación y seguimiento del sistema de justicia penal en Tlaxcala y vocera del nuevo sistema de justicia penal en el Estado”, entre otros rutilantes cargos.

Más allá de las ajustadas aptitudes que ha mostrado en su fulgurante trayectoria, Mary Cruz Ornelas se echa encima un paquetote que podría evidenciarla aún más, a menos que entienda que se trata de una mera comparsa de los deseos de la presidenta Sheinbaum de contar con un Comité de Evaluación dócil, más de membrete que de verdadera supervisión, y que será debidamente pastoreado por el ministro en retiro Arturo Zaldívar.

En teoría, el Comité de Evaluación tendría que ser un órgano clave en el proceso marcado por la reforma judicial, ya que es el encargado de proponer al Poder Ejecutivo a los aspirantes que participarán en la elección. Nadie puede llamarse a engaño. Los deseos del Ejecutivo federal es el de contar con una selección de candidatos sumisos y obedientes, que comulguen con los dictados del segundo piso de la 4T, pero sobre todo que estén atentos a los deseos de la inquilina de Palacio Nacional.

En teoría, el Comité de Evaluación tiene la responsabilidad de recibir los expedientes de los aspirantes; los integrantes deben analizar documentación presentada por cada candidato, verificando el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales.

También deberán evaluar a los aspirantes, que incluirá la revisión de su trayectoria profesional, conocimientos técnicos y aptitudes para el cargo; identificar a los mejor calificados, ya que a partir de la evaluación, el Comité seleccionará a los candidatos que consideren idóneos para desempeñar las funciones de jueces, magistrados y ministros.

Asimismo, deben proponer la lista de aspirantes al Poder Ejecutivo. Lo deseable es que el proceso de selección se desarrolle con transparencia y bajo el escrutinio público. La ciudadanía tiene derecho a conocer los criterios de evaluación y el perfil de los aspirantes propuestos. De otra forma, se tendrá pan de lo mismo.

Contáctame en innombrablemx@gmail.com y también en noticias@martinrodriguezhernandez.com y recuerde que nuestras nuevas redes sociales son

https://www.youtube.com/@innombrable_mr

https://www.instagram.com

https://www.facebook.com/InnombrableMRH/about/

https://x.com/innombrable

El cargo Magistrada sin suerte no es magistrada apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Ante su próxima comparecencia el martes próximo, ante diputadas y diputados locales, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Mary Cruz Cortés Ornelas, aseguró que el llamado no la toma por sorpresa y que, más bien, su presencia en el Congreso del Estado se deberá a un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas con motivo del informe anual de actividades entregado el pasado 15 de diciembre.

“No me toma por sorpresa, creo que es un acto de transparencia porque esta solicitud es motivada por la presentación del informe. Es natural que puedan surgir algunas dudas o algunos cuestionamientos y la verdad es que lo veo como un acto de transparencia”, señaló.

Cortés Ornelas precisó que el martes de esta semana fue cuando recibió la notificación donde se le hace de conocimiento la solicitud del presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, respecto de la posibilidad de ahondar o responder algunos cuestionamientos que en su caso se formulen, pero únicamente es un oficio con información general.

Sobre los principales logros que registró el Poder Judicial durante 2023, Cortés Ornelas solo se limitó a decir que “todos los ejercicios de trabajo tienen algo novedoso y creo que esa es la función de ir avanzando en la impartición de justicia, esto, en atención de que nuestras leyes se van actualizando y la sociedad se va actualizando”.

Cabe recordar que el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, José Gilberto Temoltzin Martínez, fue quien solicitó la comparecencia de la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, la cual se llevará a cabo en una sesión extraordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, el martes 30 de enero a las 12:30 horas con una duración aproximada de tres horas.

La comparecencia se realizará una vez que funcionarias y funcionarios del gabinete estatal concluyan encuentros con los legisladores con motivo de la glosa del segundo informe de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. El próximo lunes corresponde el turno al secretario de Impulso Agropecuario, Rafael de la Peña Bernal.

El cargo El llamado para comparecer ante el Congreso “no me toma por sorpresa”: Mary Cruz Cortés apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Las y los diputados locales, integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, recibieron el informe anual de actividades del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, en total cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y del artículo 30, apartado C, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

De esta manera, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso el diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, en compañía de la presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política, diputada Marcela González Castillo, recibieron el informe correspondiente de la Magistrada Mary Cruz Cortés Ornelas, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

En su intervención el diputado Pepe Temoltzin señaló que, “hoy presenciamos no sólo la entrega de un informe, sino también reconocemos la trascendencia de la justicia abierta, un principio que enfatiza la transparencia, accesibilidad y participación ciudadana en nuestro sistema judicial.

Así mismo reconoció la trascendencia de la Justicia abierta como principio que enfatiza la transparencia, la accesibilidad y la participación ciudadana en nuestro sistema judicial, por lo que también expresó su reconocimiento a la magistrada presidenta y a las y los magistrados, por contribuir significativamente a la construcción de un mejor sistema judicial.

Por su parte la Magistrada presidenta del TSJE, Mary Cruz Cortés Ornelas, enfatizó que el compromiso de las y los magistrados es cumplir y hacer cumplir la ley, por lo que en este día comparecieron ante las y las y diputados de la LXIV Legislatura, a fin de dar cuenta de las acciones desarrolladas durante este ejercicio fiscal 2023.

“En este informe, encontrarán reflejados, los trabajos, los logros y la forma de trabajo que ha tenido el Poder Judicial, durante estos dos años, además encontrarán las actividades desde las que se realizan en primera instancia con nuestros jueces y juezas, por el personal jurisdiccional, por el personal administrativo, todo el trabajo realizado por las salas y de todo el personal que trabaja en este Poder”.

Por su parte, la diputada presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política, la diputada Marcela González Castillo, destacó que “respetando la autonomía constitucional de la que goza el Tribunal Superior de Justicia, reconozco a las y los magistrados del Poder Judicial el trabajo que han realizado para garantizar el derecho humano que todos los ciudadanos tenemos para acceder a una justicia pronta, completa, imparcial y expedita”.

De esta manera, las y los diputados locales, recibieron el informe anual del TSJE, mismo que será analizado detalladamente tal y como lo indica la Ley.

El cargo Recibe LXIV Legislatura informe anual del Poder Judicial del Estado apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Uno de los retos que tendrá el Poder Judicial en Tlaxcala para 2024, será la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que tiene que ver con los conflictos a los que se enfrentan las personas de manera ordinaria y que requieren de una pronta solución, que va desde divorcios, herencias, adopciones, arrendamientos, conflictos entre vecinos y otros temas en materia de justicia cotidiana.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Mary Cruz Cortés Ornelas, señaló que por ese motivo el Poder Judicial solicitó un presupuesto anual de 482 millones 152 mil 720 pesos, que equivalen a un incremento del 7 por ciento, los cuales fueron respetados en la iniciativa del paquete económico 2024 que el pasado 15 de noviembre entregó el Ejecutivo a la Cámara de Diputados.

“Lo que tenemos en puerta es la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para hacerlo vamos a iniciar con una capacitación al personal del Poder Judicial. Además, estamos trabajando en el fortalecimiento de nuestras capacitaciones en materia de oralidad en las materias civil y familiar”, dijo.

Para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles, señaló que será importante la coordinación con los poderes Ejecutivo y Legislativo, sobre todo para emitir la declaratoria y posteriormente iniciar con la capacitación al personal del Poder Judicial en las materias civil y familiar, a fin de que las juezas y jueces realicen un debido proceso de oralidad.

Y es que, refirió, Tlaxcala cuenta con un plazo menor a cuatro años para implementar el Código Nacional, situación que obliga al TSJE a transitar a un sistema de oralidad.

“Tenemos un plazo de cuatro años, que ahora ya son tres años y meses, para desarrollar nuestra planeación, por lo pronto, ya hemos sostenido reuniones con el secretario técnico de la Comisión para la Implementación del nuevo Código”, apuntó.

El cargo Poder Judicial: reto para 2024, implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.