Sin importar que los maestros y padres de familia ya hayan gastado una lanita para la compra de vestuario, adornos, o algún otro tipo de insumos para los convivios o festivales navideños, Meneses Hernández amenazó con una ley a la que él mismo se ha pasado por el arco del triunfo.

En un mensaje reciente, Meneses enfatizó que “la autorización o la petición de los padres y madres de familia no pueden estar por encima de una instrucción directa del secretario de Salud y en el contexto de protección a la niñez”, invocando la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Protección a los Niños y Niñas.

Argumentó que arriesgarse a tales eventos podría derivar en faltas graves, recordando que los servidores públicos deben priorizar la salud ante cualquier presión externa.

Esta postura contrasta notablemente con las acusaciones en su contra por presunto desacato judicial en un caso relacionado con una escuela primaria bilingüe (náhuatl-español) en San Francisco Tetlanohcan.

En este mismo espacio le adelanté a usted que Padres de familia habían denunciado al secretario de educación porque, desde febrero de 2023, la SEPE-USET había marginado a estudiantes indígenas, negando mejoras infrastructurales, nuevos grupos y plazas docentes pese a un aumento en la demanda de inscripción.

Un juicio de amparo interpuesto por seis padres alega irregularidades en el proceso de preinscripción, priorizando a niños con hermanos en la escuela y relegando a otros.

Un juez federal ordenó reabrir la plataforma de inscripciones en plazos estrictos, órdenes que, según los inconformes, no se cumplieron, alegando vacaciones o dilaciones administrativas, incluyendo el cumpleaños del titular de la SEPE- USET, celebrado en Contla.

Esto ha llevado a señalamientos de desacato contra Meneses y varios funcionarios, con posibles sanciones como inhabilitación (3-9 años), prisión o multas.

Los padres acusaron al secretario de discriminación y racismo, argumentando que se presenta como defensor de la cultura indígena –usando prendas tradicionales en fotos– sin acciones concretas. Propusieron incluso contribuir económicamente para aulas nuevas o adquirir terreno para ampliación, iniciativas rechazadas por “restricciones normativas”.

Actualmente, porque eso sigue sucediendo, se pretende inscribir a decenas de niños en espacios pedagógicamente inviables, violando estándares constitucionales de acceso equitativo a la educación bilingüe.

Adicionalmente, críticos señalan un gasto elevado en el consejo del Nuevo Modelo Educativo Tlaxcalteca (NUMET), mientras se alega falta de recursos para escuelas indígenas en crecimiento. Su negocio particular supera los doscientos mil pesos por hora en un evento que dura dos días.

Esta dualidad al exigir cumplimiento estricto de la ley a maestros y padres, mientras enfrenta denuncias por ignorarla, pone en evidencia una ambivalencia en la gestión de Meneses Hernández. ¿De verdad le importan los niños, le importan los maestros, le interesa y cumple con la ley o solo busca quedar bien con quién le puede dar un hueso plurinominal?

El cargo La ley de la SEPE y Homero apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La Gobernadora Lorena Cuéllar confirmó el despido de Enrique Escobar Cortez, integrante del sindicato 7 de mayo, por haber faltado a la Ley de servidores públicos.

Agregó que apenas el 14 de septiembre mantuvo una conversación con este personaje, en la que abordaron el tema del nuevo sistema de salud y sus beneficios.

“A que me comprometí (en esa reunión) a conservarles todos los especialistas que tenían” refirió la mandataria, tras asegurar que nunca se cerró el diálogo y se mantuvieron las puertas abiertas y la voluntad política.

Sin embargo y ante la cerrazón que mostró él y su grupo, señaló que se tuvieron que tomar las medidas necesarias.

Frente a los medios de comunicación, la mandataria leyó el artículo 34 de la legislación en la materia, y por la cual, aseguró, se justifica la destitución de los trabajadores, que, a pesar de no haber dicho sus nombres, se sabe se refiere a Enrique Escobar, y otros personajes como Luis Miguel Ordóñez y Julieta Berruecos.

“Ningún servidor público podrá ser cesado si no es por causa justificada, en tal virtud, el nombramiento de los trabajadores, sólo dejará de surtir efectos, y, en consecuencia, terminará la relación laboral sin responsabilidad para los Titulares de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos, por causas como: incurrir en actos de violencia amagos, injurias o malos tratos en contra del titular o del o del personal directivo, administrativo o de sus compañeros o en contra de los familiares de unos y otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio” refirió.

A la que, si nombró, fue a Yeny Chárrez, a quien acusó de desvirtuar la información, tras los señalamientos que ha hecho de desabasto de medicamentos en los nuevos módulos de atención a la salud.

“Ustedes escucharon que alguna vez, la compañera Chárrez, que no quiero nombrar, pero fue a uno de los módulos y decía “vean como no les entregan el medicamento” … pero lo que no dice, es que era un medicamento que era de Estados Unidos” subrayó.

Como parte de la entrevista colectiva refirió que se continuará con la purga en la administración estatal, de todos aquellos que inciten a la violencia y que con sus actos afecten a terceros.

El cargo Confirma Cuéllar Cisneros despido de Enrique Escobar apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.