La joven originaria de Xalapa, Veracruz, recuperó su libertad el pasado 16 de abril, tras permanecer nueve años y cuatro meses en el anexo femenil del Cereso de Apizaco, acusada por un secuestro en el que no participó y tras comprobarse que, desde el momento de su detención, fue víctima de tortura y otras vejaciones, así como de un proceso viciado.

En el caso de “El inocente de Guanajuato”, el pasado 25 de abril la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) confirmó su absolución e inocencia, tras considerar “infundados e insuficientes” los agravios presentados por un agente del Ministerio Público que buscaba que ese hombre fuera reingresado al Cereso de Apizaco, donde estuvo más de dos años acusado por un homicidio que no cometió en Huamantla el 8 de noviembre de 2021.

A solicitud de este reportero, la presidenta del organismo autónomo, Jakqueline Ordóñez Brasdefer emitió un posicionamiento sobre los casos de esas dos personas que resultaron inocentes de los delitos que les “fabricaron” desde la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en 2015 y 2021, respectivamente.

CASO KEREN

A través de una tarjeta informativa, la ombudsperson refirió que, en su momento, dio seguimiento al caso de Keren N., durante su internamiento en el Cereso de Apizaco “para garantizar una estancia digna y respetuosa de sus derechos humanos” y desde el inicio “ofreció apoyo y asesoría a través de personal visitador, quien se mantuvo disponible para atender cualquier requerimiento de la persona privada de la libertad”.

Recordó que, en una de las visitas realizadas, Keren manifestó su intención de interponer una queja “y refirió que sus abogados ya habían presentado la queja (sic) ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dado que las personas servidoras públicas señaladas por su presunta responsabilidad eran de competencia federal”.

Ordóñez Brasdefer explicó que, de acuerdo con el artículo tercero de la ley de la CNDH, se prevé que ese organismo “tendrá competencia en todo el territorio nacional para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación”.

Precisó que, cuando en un mismo hecho, estuvieren involucradas tanto autoridades o servidores públicos de la Federación, como de las entidades federativas o municipios, como fue en la detención indebida de Keren, “la competencia se surtirá en favor de la Comisión Nacional”.

No obstante, dijo, la CEDHT “continuó disponible y mantuvo un acompañamiento respetuoso, sin interferir en la determinación de la víctima de acudir a la instancia nacional, además acudió al centro penitenciario en diversas ocasiones para prevenir posibles violaciones a sus derechos humanos”.

La presidenta del organismo autónomo reiteró que, incluso después de haber sido absuelta de los delitos que se le imputaron, la Comisión mantiene el ofrecimiento de acompañamiento y asesoría para Keren “en caso de que así lo requiera”.

CASO PEDRO FRANCISCO

Del asunto relacionado con Pedro Francisco N., informó que “el fondo de ese caso corresponde a cuestiones de estricta competencia jurisdiccional; es decir, la determinación sobre la valoración de pruebas, la identidad del imputado, así como la decisión de vinculación a proceso, forman parte de las facultades exclusivas del órgano jurisdiccional y, por tanto, no son susceptibles de revisión por esta Comisión en el marco de sus atribuciones no jurisdiccionales”.

No obstante, advirtió la ombudsperson, “ello no impide que esta Comisión emita observaciones sobre el debido respeto a los derechos procesales del quejoso y el cumplimiento de los principios del sistema penal acusatorio, tales como la contradicción, la igualdad procesal y la continuidad institucional”.

Reiteró el compromiso de ese organismo “de acompañar a las personas que consideran vulnerados sus derechos humanos, velando porque las autoridades actúen con apego a la legalidad, imparcialidad y respeto irrestricto al debido proceso, sin invadir las competencias que corresponden a los poderes judiciales (sic) en el marco del Estado constitucional de derecho”.

Con información, Fabián Robles, Faro Tlax

El cargo “Sin invadir competencias”, ofrece la CEDHT asesoría y acompañamiento a Keren y Pedro Francisco, absueltos de delitos que no cometieron apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Su caso se ha convertido en un trágico ejemplo de la pervivencia de la tortura como un medio para obtener confesiones, a lo que se suma la discriminación de género y la impunidad, que son “marca de la casa” en México.

Las irregularidades en el proceso son alarmantes. Detenida arbitrariamente en 2015, Keren fue víctima de tortura por parte de policías de investigación que la obligaron a firmar una autoinculpación.

A pesar de las pruebas que demuestran su inocencia, incluyendo la falta de evidencia que la vincule al delito y el testimonio de personas que la ubican en otro lugar al momento del secuestro, se ha pedido una sentencia de 50 años de prisión.
Su caso no es aislado.

En México, la tortura es una práctica común utilizada para obtener confesiones forzadas, especialmente en contra de personas en situación de vulnerabilidad.

Las mujeres como Keren enfrentan una doble discriminación en el sistema de justicia, donde sus testimonios son a menudo ignorados y sus derechos violentados.

La acusación se basa en la presunta participación de Keren en el secuestro de una persona. A pesar de la falta de pruebas contundentes que la vinculen al delito, es considerada culpable, pidiéndose una pena excesiva.

Entre las irregularidades en el proceso, destaca la detención arbitraria, ya que fue detenida sin una orden judicial y tras un cuatro que le pusieron.

Tras su detención, Keren fue víctima de tortura física y psicológica por parte de policías ministeriales, quienes la obligaron a firmar una confesión autoinculpatoria. Además, la amagaron con desaparecer a su bebé de unos cuantos días de nacida; le impidieron alimentarla y cuidarla.

Asimismo, hay una evidente falta al debido proceso, ya que se negaron sus solicitudes de careos con los testigos que la incriminaron y no se investigaron las pruebas que presentó en su defensa.

De manera reiterada, Keren ha denunciado que durante su reclusión ha sufrido violencia de género y se le ha negado atención médica adecuada.

En cuanto a las pruebas de su inocencia, varios testigos afirman que Keren se encontraba en otro lugar al momento del secuestro; por si fuera poco, no se encontraron huellas dactilares, ADN u otra evidencia que la vincule directamente al delito, hay numerosas incoherencias en la acusación, al haber contradicciones en las declaraciones de los testigos que la incriminan y en la versión oficial de los hechos.

A todo esto se ha señalado la posible corrupción de las autoridades involucradas en el caso, incluyendo a policías de investigación y a jueces.

El caso de Keren ha sido tomado por organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas que exigen su liberación.

Hasta ahora se han presentado diversos recursos legales para lograr la revisión de su caso y la anulación de la sentencia.

La sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y la academia se han unido para exigir la liberación de Keren.

Su voz se ha escuchado en foros, manifestaciones y campañas en redes sociales. El acto más reciente tuvo lugar esta misma semana, con la presentación de 15 mil firmas recabadas en Change.org para pedir la liberación de esta mujer.

Este caso es un claro ejemplo de las fallas del sistema de (in)justicia en México. La falta de debido proceso, la tortura y la discriminación de género son solo algunas de las irregularidades que han marcado su caso.

Liberar a Keren no solo es un acto de justicia individual, sino también un paso hacia la construcción de un sistema judicial que haga justicia y no que fabrique culpables.

Este es un llamado a erradicar la tortura y la discriminación, y a garantizar el debido proceso para todas las personas. #LibertadParaKeren

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El cargo #LibertadParaKeren apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

A través de un Boletín de prensa, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, hizo un llamado al Poder Judicial de Tlaxcala, y en específico a la Jueza Maricela Sánchez Apan, encargada de resolver el caso de Keren, para observar todas las irregularidades y que se juzgue con perspectiva de género para evitar el uso de estereotipos que trasladen la responsabilidad a la víctima, de acciones relacionadas con un delito que no cometió.

Keren N. es una joven del estado de Veracruz y que, en 2015, fue acusada de participar en el secuestro de una persona originaria de Huamantla, y que, a decir de sus defensores legales, desde el primer momento, presuntamente fue víctima de diversas violaciones a sus derechos humanos por policías federales y elementos de la policía ministerial de Tlaxcala

Este exhorto, surge porque la fémina enfrenta la última etapa de su proceso, al tiempo que, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) nuevamente presentó una acusación y solicitó 90 años de prisión en su contra.

“Lamentamos que la PGJE … haya perdido la oportunidad de retirar los cargos contra Keren, y en cambio haya optado por sostener la acusación en su contra, a pesar de tratarse de un caso en donde no existen pruebas lícitas para señalarla como responsable. Esto envía un mensaje de permisión a la existencia de prácticas violatorias a los derechos humanos en los procesos de justicia, como la tortura, que afectan al sistema de justicia en nuestro país y a la sociedad, en general” se lee en el comunicado.

En este contexto, solicitaron al Poder Judicial del estado a dictar sentencia absolutoria y ordenar la inmediata libertad de Keren N.

“Es necesario recordar que la expareja y padre de su hija también fue detenido y sentenciado por el mismo secuestro, pero él recuperó su libertad desde 2019 tras cumplir una condena de cinco años por ser menor de edad al momento de la detención; en contraste, Keren lleva ocho años lejos de su hija, a quien mantiene con el apoyo de su familia y con el trabajo que realiza ella desde la prisión” finaliza el texto.

El cargo Hace llamado A.C. a autoridades de Tlaxcala por caso Keren, acusada de secuestro apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.