El ministro señaló que durante su gestión de ocho meses, se tuvieron 767 asuntos para resolver, de los cuales fueron resueltos 720.

Al respecto, indicó que quedarán pendientes para resolverse por la siguiente integración de la Corte un total de 47 asuntos: cinco del ministro Alberto Pérez Dayán, cuatro propios, dos de la ministra Yasmín Esquivel Mossa y 36 de la ministra Lenia Batres Guadarrama.

Laynez Potisek destacó que las labores de la Segunda Sala se complicaron debido a la integración de cuatro ministros, tras la salida del ministro Luis María Aguilar, lo que generaba constantes empates en las votación o falta de quórum con la ausencia de un sólo integrante.

Algunas de esas sesiones de la Segunda Sala fueron levantadas por la ausencia de la ministra Batres Guadarrama, como la ocasión en la que se votó a favor de un impedimento para que ella conozca de un asunto de relacionado con el empresario Ricardo Salinas Pliego.

Otra de las veces que la ministra se ausentó fue cuando quiso evitar la votación de asuntos fiscales con los que no estaba de acuerdo.

El ministro Laynez Potisek fue elegido en enero de este año como último presidente de esa Sala, en sustitución del ministro Pérez Dayán, en los últimos meses de existencia de dicha instancia.

CON INFORMACIÓN DE LATINUS

El cargo Lenia Batres tiene el mayor rezago de asuntos no resueltos en la Segunda Sala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Varios de estos ministros, nombrados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, representaban la continuidad de un modelo judicial forjado en la reforma de 1994 bajo Ernesto Zedillo, que reemplazó a los 21 ministros previos en un acto calificado por críticos como un “fujimorazo” inconstitucional, avalado por el PRI y el PAN para alinear la Corte con intereses neoliberales. Eso se les olvida comentar a quienes ayer aplaudieron en una ridícula valla humana.

La sesión, convocada de manera extraordinaria, se centró en resolver impugnaciones electorales relacionadas con las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), conforme al Artículo 96 de la Constitución. Piña explicó que el Instituto Nacional Electoral (INE) había remitido los resultados, y que se abordaron ocho recursos de inconformidad —cuatro ingresados el día anterior y cuatro más durante la sesión—.

Al desecharlos y asumir que no llegarían más, se declaró el cierre de las sesiones. Esta decisión genera sospechas: ¿fue un acto de cierre legítimo o un intento de última hora por influir en la transición, como sugirieron varios articulistas y opinadores de distintos medios.

La convocatoria repentina y el enfoque en temas electorales refuerzan la percepción de una Corte saliente actuando con sesgo partidista, rompiendo la neutralidad esperada y alineándose con opositores a la reforma judicial impulsada por el gobierno actual.

A las 13:53 horas, la sesión culminó con un mensaje de despedida de Piña, quien exaltó valores como “congruencia, ética, trabajo, perseverancia, excelencia, honradez y dignidad” como el legado de la Corte.

Reconoció el ciclo de más de tres décadas, iniciado en 1994, como uno de “debates intensos, disensos fecundos y consensos” que fortalecieron la democracia. Afirmó que la SCJN es “la piedra angular de la justicia constitucional” y un “bastión en la defensa de la democracia y las libertades”, confiando en que “mientras existan mujeres y hombres dispuestos a defender la justicia con integridad, este país tendrá un horizonte de dignidad y libertad”.

Sin embargo, esta retórica autocomplaciente choca con las acusaciones contra Piña misma —como encerrarse en la mansión de un ministro para manipular la elección que posicionó a Claudia Sheinbaum como presidenta— y con el historial de la Corte, que validó políticas neoliberales como el Fobaproa mientras protegía a élites económicas. La evasión de impuestos de TV azteca y su dueño, Ricardo Salinas Pliego, es otra de las concesiones de esta corte.

Críticas Sistémicas: Opacidad, Nepotismo y Alineación con Élites

Integrando las perspectivas, el último día no fue solo un cierre formal, sino el epítome de una Corte que, durante tres décadas, sirvió como aliado ideológico del neoliberalismo en lugar de contrapeso independiente. La reforma de Zedillo, aprobada en medio de una crisis económica y política, creó una institución opaca y privilegiada, con ministros como Mariano Azuela, Salvador Aguirre Anguiano y Margarita Luna Ramos ligados a partidos tradicionales.

Ejemplos abundan: la anulación parcial de la Ley Televisa en 2006 o la orden a Vicente Fox para retirar spots ilegales fueron excepciones en un patrón de resoluciones cuestionadas que protegieron intereses oligárquicos, como el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005 o la renuncia de Eduardo Medina Mora en 2019 tras escándalos de corrupción.

La opacidad se evidencia en datos internos: 24,546 trabajadores con parientes en el Poder Judicial, casos extremos de nepotismo (como un magistrado en Guanajuato con familiares directos empleados) y privilegios exorbitantes, como seguros médicos privados y arrendamiento de vehículos.

El anteproyecto de presupuesto para 2026, aprobado de última hora por Piña —una decisión que debería corresponder a la nueva Corte—, propone un incremento del 12.7% (8.1% real), superando el tope inflacionario del 5%, lo que ilustra un abuso de recursos públicos en sus estertores finales.

Piña, en particular, emerge como figura controvertida: su gestión desde 2018 se describe como políticamente sesgada, con filtraciones estratégicas (como un proyecto sobre prisión preventiva) y sesiones extraordinarias que parecen obstaculizar la transición. Su discurso de despedida, al invocar “honradez y dignidad”, resulta irónico ante acusaciones de manipulación electoral y un actuar al estilo de Peña Nieto, priorizando intereses partidistas sobre la imparcialidad.

Este último día revela una Corte en desprestigio, marcada por corrupción, subordinación al Ejecutivo anterior y protección a empresarios como Ricardo Salinas Pliego, culminando en un cierre que, lejos de ser digno, huele a resistencia ante la democratización.

El cierre del 19 de agosto abre el camino para el 1 de septiembre de 2025, cuando asumirán los nuevos ministros electos por voto popular —un avance histórico que rompe con el elitismo previo—. Encabezada por Hugo Aguilar como ministro presidente, esta Corte enfrentará el reto de transparencia, imparcialidad y escrutinio público, evitando inercias de opacidad y nepotismo. Aunque la participación electoral no fue masiva, millones de votos legitiman un cambio que debilita a la oposición al perder este bastión. Por primera vez el PRI y el PAN están heridos y chillan sin pudor en el cochinero de Atypical.

En conclusión, el último día de la SCJN saliente no fue un legado de excelencia, por el contrario, es un epitafio de hipocresía: un discurso grandilocuente que oculta décadas de servicio a élites, opacidad y privilegios. Esta crítica, sustentada en los hechos históricos y eventos del día, subraya la necesidad de una justicia verdaderamente democrática. México observa si la nueva era cumple la promesa de dignidad y libertad que Piña invocó, pero que su Corte jamás encarnó plenamente, no estaba en su esencia. La naturaleza de esa nata es, era otra.

El cargo El adios de la Corte apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En una sesión que se tensó al momento de las votaciones y en los que se cruzaron reclamos entre dos bloques de ministros y ministras, el Pleno de la Suprema Corte desestimó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que proponía invalidar la elección de jueces y magistrados mediante listas y voto popular, pero avalar la elección de ministros y magistrados electorales a través de ese mismo método.

El proyecto fue desestimado derivado de que no alcanzó la mayoría calificada de ocho votos para declarar la invalidez de la reforma judicial, debido a que el ministro Alberto Pérez Dayán se sumó a las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz en el sentido de que los partidos políticos no pueden impugnar cambios a la Constitución a través de acciones de inconstitucionalidad.

Por lo tanto, solo siete ministros votaron por la la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad para impugnar la reforma judicial.

En el bloque que proponía revisar la reforma constitucional quedaron las ministras Norma Lucía Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Con esta determinación, la Suprema Corte no entró al fondo del asunto y no revisó la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las diferentes fracciones de la reforma judicial.

Ministro Pérez Dayán fracturó bloque contra reforma judicial

El ministro Alberto Pérez Dayán anunció su voto en contra de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad presentada por tres partidos políticos (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano) en contra de la aprobación de la reforma judicial, con el argumento de que los partidos no están legitimados para presentar dicha impugnación.

Tras lamentar la aprobación de la reforma judicial que interrumpe los proyectos de vida de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, el ministro Pérez Dayán advirtió que no está de acuerdo con cambiar el criterio de que los partidos políticos solo pueden impugnar leyes electorales, por lo que no cabe su impugnación a una norma general como la reforma judicial.

El ministro Alberto Pérez Dayán también advirtió que invalidar la reforma judicial a partir de las acciones de inconstitucionalidad de partidos políticos equivale a combatir “la insensatez” de la reforma judicial con “una nueva insensatez”.

“Por más que me trate de convencer a mi mismo de lo contrario, resolver el en sentido de lo que propone la propuesta, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez, equivalente a forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de institucionalidad”, concluyó.

CON INFORMACIÓN DE: ARISTEGUI NOTICIAS

El cargo SCJN desestima recurso contra la reforma judicial apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue el primero en presentar su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que trascendiera de que ocho funcionarios lo harían este martes al declinar a participar en las elecciones de magistrados.

En una carta enviada al Senado, Gutiérrez Ortiz Mena detalló que su dimisión surtirá efecto a partir del 31 de agosto de 2025.

“Hoy me enfrentó a una reforma constitucional que acorta el mandato para el cual fue investido. Se me presentan dos opciones: someterme a un proceso de elección popular o presentar mi renuncia. No me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular.

“Si bien mi trayectoria y capacidades me califican para la judicatura, es en esa labor -para la que me siento más apto- donde la función no consiste en validar la voluntad de las mayorías, sino en resguardar los derechos de quienes más lo necesitan.

“He decidido presentar mi renuncia. Lo hago dentro plazo establecido en el séptimo transitorio de la reforma, no por haber descubierto en mí una vocación repentina por la puntualidad, sino porque la norma es clara: si no renuncio en tiempo, entraría bajo la hipótesis del tercer párrafo del artículo 98 de la Constitución, que exige causa grave para justificar una renuncia extemporánea. Y aunque podría improvisar una tragedia menor, para cumplir con esa formalidad, la verdad es que no poseo tal causa grave.

“Por respeto a la Constitución que juré defender, mi renuncia surtirá efecto el 31 de agosto de 2025. Hasta ese día, continuaré cumpliendo con mis responsabilidades con la misma integridad que he intentado mantener desde mi primer día en el cargo”, detalló en la misiva.

Ayer, ministros informaron que este martes presentarían su renuncia 8 de ellos, para no estar en la boleta electoral de junio de 2025.

Además de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, los ministros que prevén presentar su renuncia, misma que sería efectiva hasta el 31 de agosto del año próximo, son la presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña Hernández, y Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Con la renuncia, los ministros podrán acceder a su haber de retiro, que será calculado con base en el tiempo que estuvieron en la SCJN.

“Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025, no serán beneficiarias de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria”, de acuerdo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre.

La ley establece que la fecha límite para que los ministros presenten su declinación a la candidatura es el 30 de octubre de 2024.

El cargo Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz, el primero que presenta su renuncia a la SCJN apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Los ministros que dimitirán son: la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña y los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán, y todos se han manifestado en contra de la reforma judicial impulsada por el expresidente, Andrés Manuel López Obrador.

Mientras que las ministras afines a la 4T, Lenia Batres, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf se pronunciaron, desde el mes pasado, por participar en la elección de ministros que se llevará a cabo el primer domingo de 2025.

“Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025, no serán beneficiarias de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria”, establece la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre.

El pasado 10 de septiembre, la ministra Ríos Farjat adelantó que prefería perder su pensión, a enfrentar una situación que no deja espacio a la dignidad: “En lo personal, prefiero renunciar a la pensión a la que tendría derecho antes que aceptar una situación que no deja espacio a la dignidad personal”, expresó en aquella fecha.

Fernández Noroña niega renuncia masiva de ministros de la SCJN

El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, negó que se haya presentado la renuncia masiva de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como trascendió en redes sociales.

Por el mismo medio, Fernández Noroña dijo que “no hay tal renuncia en masa de los ministros y ministras de la SCJN”.

En todo caso, explicó, “están declinando a participar” en la elección del siguiente año. “De cualquier manera -agregó-, permanecerán en el cargo hasta agosto de 2025”, salvo una excepción que es un mandato que culmina el 30 de noviembre, en el caso del ministro Luis María Aguilar Morales.

Trascendió en redes sociales que ocho integrantes de la Suprema Corte presentarían su renuncia el martes, misma que se haría efectiva hasta agosto de 2025. Y que sólo permanecerían las ministras Norma Lucía Piña Hernández, Loretta Ortiz Ahlf, Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa, lo que desmintió el presidente del Senado.

El cargo Norma Piña y siete ministros renuncian a la Suprema Corte; dimiten a participar en la elección de juzgadores apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Sólo un oligarca caprichoso como Claudio X. González cree que haciendo lo mismo, una y otra vez, con los mismos personajes y las mismas fórmulas, obtendrá resultados diferentes.

La realidad ya le había dicho que no es así hace un año, cuando el PRIAN sufrió su más contundente derrota en el Estado de México y que dejó al PRI sin un solo gobierno estatal y al PAN con sólo cinco, mientras que Morena y sus liados sumaron 23 y dos el partido Movimiento Ciudadano.

Un año después de la elección del Estado de México y Coahuila —el único que el PRIAN ganó— las cosas se pusieron peor: Los dirigentes de PRI, PAN y PRD, Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, se apoderaron de las principales candidaturas al Congreso y ellos específicamente al Senado, en espera de que Xóchitl Gálvez, impuesta por los oligarcas, hiciera el milagro de aumentarles la votación.

No sólo eso: Claudio X. González, sus intelectuales y sus opinadores pensaron que con sólo hacer campañas de mentiras, incluyendo la vinculación de López Obrador con el narcotráfico, y sin proponerle una sola idea alternativa a los ciudadanos iba a ser suficiente para una abultada cosecha de votos.

La dicotomía democracia contra dictadura, propuesta por la derecha, es una evidente falacia.

Más aún: Si al desprestigio de los sellos partidarios y de sus dirigentes se suma las conductas clasistas, racistas y discriminatorias de todo tipo de las figuras prianistas a mexicanos, llamándoles “hijos de su puta madre”, como lo hizo Macario Schettino, entonces que no se extrañen del resultado del domingo 2.

Ya veremos la dimensión de la catástrofe, porque éxito jamás fue. Como sea, la derecha sigue teniendo millones de prosélitos.

Como constructor del PRIAN en su mansión de las Lomas de Chapultepec desde marzo de 2020, cuando aún presidía el grupo de presión Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad —y estaba impedido estatutariamente de entrometerse en política—, Claudio X. González ha sido, sin proponérselo, un gran aliado de Morena y del presidente de la República.

El oligarca le dio la razón histórica a López Obrador sobre la simbiosis del poder económico y el poder político, que era preciso separar, y el carácter unitario de PRI y PAN, que son como la Pepsi y la Coca, sobre todo desde que Carlos Salinas corrompió a los panistas.

Pero, además, la inocua oposición agrupada por Claudio X. González le fue muy funcional a López Obrador para acreditar la vigencia de las libertades que sólo ellos no quieren mirar y que se resume en la frase de Jesús Reyes Heroles: Lo que resiste apoya.

Decía el viejo político priista como secretario de Gobernación de José López Portillo cuando se legalizó a partidos de oposición: “No queremos  luchar con el viento, con el aire; lo que resiste apoya, requerimos una sana resistencia que nos apoye en el avance político de México”.

La discusión seria que hace falta en México es si tienen vigencia las libertades y garantías que consagra la Constitución, o cuáles no, incluida también la división de poderes y la celebración de elecciones periódicas y libres.

Y por eso hay que decirlo enfáticamente: Todas las instituciones y leyes que regulan los procesos electorales en México son herencia del PRIAN. Tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son creaciones de esos partidos que ahora son de oposición.

Son también del PRIAN, como proyecto oligárquico, las reglas para la integración de esos órganos: Salvo la presidencia del INE y tres consejeros, el resto son de esa coalición, y los magistrados del TEPJF fueron designados, todos, por ellos.

Y todo intento por cambiar leyes e instituciones ha sido rechazado en el Congreso y, cuando se ha aprobado, ha sido anulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aun contraviniendo la propia Constitución.

Por eso el fracaso del oligarca Claudio X. González es aún mayor, siendo vencido él y su proyecto del PRIAN en el mismo terreno, con las mismas reglas e instituciones y con los poderes económicos, intelectuales, religiosos y mediáticos de su lado.

Y ahora el patrón del PRIAN y sus prosélitos quieren que Morena y sus aliados renuncien a obtener mayoría en el Congreso. ¿En qué país del mundo un presidente no trabaja par tener mayoría constitucional y afianzar un proyecto de nación? Es una tontería.

En mayo de 2021, después de que confirmó lo que yo había revelado sobre las reuniones de los presidentes de los partidos en la mansión de Claudio X. González, Gustavo de Hoyos, entonces presidente de la Coparmex, dijo sobre la coalición del PRIAN:

“Cuando se escriba cómo se construyó, el papel de Claudio va a ser fundamental. Él está dedicado en cuerpo y alma a esto desde hace ya bastantes meses y ha sido un papel mucho muy relevante el que ha jugado”.

Sí: El responsable principal del fracaso del PRIAN y de Xóchitl Gálvez es Claudio X. González. Hasta el propio Gustavo de Hoyos rompió con él para irse de candidato del partido Movimiento Ciudadano.

Que nadie lo dude: De los escombros emergerá una nueva fuerza y ya se verá si será otro juguete de Claudio X. González Guajardo, un oligarca llamado fracaso, que sería una magnífica noticia para Sheinbaum y Morena.

Con información de: Sin Embargo

El cargo El gran fracaso de Claudio X. apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

(proceso.com.mx).–La Presidencia de la República informó que presentará una impugnación luego de la suspensión otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el “Plan B” de la reforma electoral. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que “resulta preocupante que el ministro Laynez Potisek suspenda la aplicación de la totalidad del decreto controvertido cuando el INE no lo solicitó así”.

“El pueblo de México debe saber que no es común que, en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante; como tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque la Constitución no lo permite y, menos aún, había ocurrido en la historia de nuestro país que un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual sólo puede determinarse, en su caso, mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos ocho ministros”, informó el gobierno en un comunicado.

La comunicación titulada “Para conceder suspensión, ministro Laynez arrancó hojas a la Constitución”, asegura que el artículo 105, fracción I de la Constitución mexicana prohíbe las controversias constitucionales en materia electoral, por lo que una vez que se notifique formalmente dicha resolución, el presidente López Obrador, a través de su Consejería Jurídica, impugnará la decisión del ministro Laynez.

El ministro ponente admitió la demanda de controversia constitucional que interpuso el INE contra el “decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral”.

La Presidencia informó que “el Ejecutivo federal no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano, y solicitará al pleno de la SCJN revocar el acuerdo que admite a trámite dicha controversia, así como la medida suspensiva”.

Además, Laynez Potisek concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del decreto a fin de que “las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran y rijan las disposiciones vigentes” antes del “Plan B”.

*Con información de Proceso.

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