La silla que hasta un día antes ocupaba Guadalupe Taddei permanecía vacía en la herradura del Instituto Nacional Electoral (INE). “Se fue la Presidenta, es cierto, pero se quedaron las preguntas”, reclamó el diputado priista Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla.

La escena ocurrió durante la sesión extraordinaria de este martes, en la que las diez consejerías designaron por unanimidad a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional del INE, tras la renuncia de Taddei en medio de investigaciones por presuntas irregularidades en contratos y señalamientos sobre nombramientos de funcionarios.

Durante casi tres horas, la sesión marcó un hecho inédito desde la creación del INE en 2014, por la renuncia anticipada de su presidenta. Entre las intervenciones hubo reclamos por posibles actos de corrupción, exigencias de revisar los nombramientos de Taddei y cuestionamientos sobre la actuación de los órganos de vigilancia, además de enfrentamientos entre el PRI y Morena.

“La autonomía electoral no significa opacidad ni excepción frente a la ley. Significa independencia para cumplir nuestras funciones y responsabilidad para rendir cuentas”, afirmó Cruz García en su primer discurso como presidenta provisional, al comprometerse a colaborar con las investigaciones sobre la administración anterior.

Uno de los posicionamientos más duros fue el del consejero Uuc-kib Espadas, quien advirtió que el organismo atraviesa una crisis “extremadamente grave y sin precedentes” y señaló que las acusaciones conocidas exhiben los riesgos de la relación entre el poder político y los intereses económicos.

“No es tolerable que funcionarios electorales procuren, dediquen su esfuerzo a procurar el enriquecimiento delictivo, no es tolerable ver a consejeras o consejeros haciendo el papel de vendedores de material electoral estado por estado, no puede y tampoco basta con que los vendedores del 24 sean sustituidos por nuevos vendedores en el 27”, sostuvo.

Espadas también advirtió sobre la posibilidad de que las conductas cuestionadas se repitan pese al cambio en la presidencia del organismo.

“Quien delinquió ayer muy probablemente delinquirá mañana, quien corrompió ayer muy probablemente corromperá mañana y quien sucumbió al enamoramiento del dinero no renuncia a ese enamoramiento por un golpe institucional”, expresó.

Rechazó que la salida de Taddei permita dar por cerrado el episodio y advirtió que las investigaciones deben alcanzar a todas las personas involucradas, independientemente de su cargo o posición política.

“No podemos pasar la página y esperar que el olvido haga que no haya pasado nada, que los delincuentes sigan impunes y, peor aún, que sigan anidando en este Instituto y delinquiendo desde él”, apuntó.

La salida de Taddei no cierra las investigaciones

Los reclamos también alcanzaron a Morena. Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, representante del Poder Legislativo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), exhibió fotografías y registros de transparencia para cuestionar el nombramiento de Carlos Daniel Luna Rosas como jefe de la Oficina de la Presidencia del INE, al asegurar que anteriormente trabajó para la representación del partido oficialista.

“Que nadie se equivoque, la renuncia de Guadalupe Taddei no cierra este escándalo, al contrario, lo abre, no es el punto final, es apenas la primera página de un expediente que todavía no termina de escribirse”, afirmó.

El legislador dirigió sus cuestionamientos a Guillermo Santiago, representante de Morena, a quien pidió explicar quién recomendó el nombramiento de Luna Rosas y si la dirigencia del partido conocía sus antecedentes.

“¿Su presidenta Ariadna Montiel sabía que su colaborador, el que estaba dado de alta en la representación de Morena, terminó como Jefe de la Oficina de la Presidenta del INE? ¿Sabe su presidenta que ese operador de ustedes cobra cerca de 200 mil pesos al mes con dinero de las y los mexicanos? ¿Quién lo propuso? ¿Quién lo recomendó? ¿Usted?”, cuestionó.

Sin embargo, Santiago no respondió las preguntas concretas sobre Luna Rosas. En sus intervenciones posteriores dirigió sus críticas contra el PRI y su dirigente nacional, Alejandro Moreno, a quienes llamó “calumniadores” y “mentirosos”, mientras que el diputado morenista Ernesto Alejandro Prieto acusó al PRI de haber pagado 21.2 millones de pesos a Corporativo Zeg, empresa también señalada en las investigaciones sobre proveedores.

Ante la falta de respuestas, Gutiérrez Mancilla volvió a cuestionarlo. “Le preguntamos por su excolaborador y nos contestó con el PRI, con una obsesión bizarra que tiene con el Partido Revolucionario Institucional, le enseñamos documentos y nos respondió con señalamientos, le preguntamos quién metió a Carlos Luna Rosas a la oficina de la Presidencia y habló de todo, menos de eso”.

Los cuestionamientos alcanzaron además a los órganos de vigilancia. La senadora Verónica Rodríguez Hernández, representante del Poder Legislativo por el Partido Acción Nacional (PAN), exigió esclarecer por qué las presuntas irregularidades se hicieron públicas mediante investigaciones periodísticas antes de que se conocieran resultados de los mecanismos de fiscalización.

“¿Dónde estaba el Órgano Interno de Control mientras todo esto ocurría? Porque tuvo que estallar este escándalo en los medios de comunicación antes de que se manifestaran los efectos del ejercicio de las facultades de revisión e investigación”, reclamó.

Por su parte, el consejero Martín Faz advirtió que la crisis no puede resolverse únicamente con la sustitución de una persona y cuestionó la concentración de facultades administrativas que permitió a Taddei realizar nombramientos sin la aprobación del Consejo General. “Una renuncia no extingue las responsabilidades administrativas o legales que pudieran derivarse de decisiones anteriores, ni puede significar el cierre de las investigaciones que correspondan”, señaló.

En contraste, la consejera Norma Irene De la Cruz, identificada como cercana a Taddei, centró su intervención en defender la continuidad del trabajo del organismo. “Se dice que el INE está en crisis y queremos decirles que el INE está trabajando. El INE lo conforman personas, hombres y mujeres comprometidas con su función y con la vida democrática del país”, sostuvo.

Tras los posicionamientos, las diez consejerías formalizaron por unanimidad el nombramiento de Blanca Cruz, quien rindió protesta y asumió la presidencia provisional con un llamado a recuperar las decisiones colegiadas y evitar que la conducción del organismo dependa de una sola persona.

“El INE no fue concebido para depender de una sola voluntad. Su órgano superior de dirección es un Consejo General plural, en el que confluyen trayectorias, experiencias y perspectivas distintas”, afirmó.

“La colegialidad no es un trámite ni una formalidad, es el principio que da sustento a nuestras decisiones, las enriquece mediante la deliberación y les otorga fortaleza democrática”, añadió.

Cruz García también prometió colaborar con las investigaciones sobre la administración anterior e instruir a las áreas del instituto a entregar la documentación requerida por las autoridades competentes, además de garantizar que el Órgano Interno de Control contará con las facilidades necesarias para desempeñar sus funciones.

La nueva presidenta garantizó que los preparativos de las elecciones de 2027 continuarán conforme al calendario establecido y que permanecerá en el cargo hasta que la Cámara de Diputados designe a quien concluya el periodo originalmente previsto para Taddei, en abril de 2032.

Al final de la sesión, Blanca Cruz ocupó la silla de la presidencia que había permanecido vacía al comienzo de la reunión. El INE tenía una nueva presidenta, pero seguían pendientes las respuestas sobre las decisiones, los contratos y los funcionarios que quedaron bajo cuestionamiento tras la renuncia de Taddei.

CON INFORMACION DE ANIMAL POLITICO

El cargo ⁠“Autonomía electoral no significa opacidad”: Blanca Cruz asume la presidencia interina del INE apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En política, las malas decisiones terminan pasando factura. Y cuando se trata de afiliar ciudadanos a un partido sin su consentimiento, utilizar datos personales sin autorización y convertir una estructura organizativa en una posible maquinaria de afiliación, el problema deja de ser un asunto administrativo para convertirse en una cuestión de derechos políticos y responsabilidades. En Tlaxcala, la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezada por Cutberto Chávez de la Rosa, y Morena tienen explicaciones pendientes frente a las denuncias de docentes que aseguran haber sido afiliados sin autorización.

Una factura millonaria para Morena

El problema no es menor. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha sancionado a Morena por afiliaciones indebidas y por el uso no autorizado de datos personales. Durante la sesión del 15 de octubre de 2026, el Consejo General abordó 20 resoluciones relacionadas con este partido, con multas proyectadas por 39 millones 924 mil 142 pesos. Al considerar sanciones anteriores por el mismo concepto, el monto acumulado rondaba los 70.4 millones de pesos, según lo expuesto durante la sesión del organismo electoral.

Las resoluciones se relacionan con personas que desconocieron su incorporación al padrón de militantes y denunciaron que nunca dieron su consentimiento para afiliarse. El asunto es delicado porque la libertad de afiliación constituye un derecho político: cada ciudadano debe decidir por voluntad propia si pertenece o no a una organización partidista.

Tlaxcala, entre los expedientes del INE

Tlaxcala figura entre las entidades donde se presentaron denuncias contra Morena. El expediente UT/SCG/Q/GCL/JL/TLAX/43/2026 fue integrado a partir de las denuncias de 25 personas que señalaron una presunta vulneración de su derecho de libre afiliación y el posible uso no autorizado de sus datos personales. El caso fue incluido en el orden del día de la sesión extraordinaria del INE del 15 de octubre.

La existencia de este expediente coloca a Tlaxcala en el centro de una discusión nacional sobre los mecanismos de afiliación partidista. Sin embargo, para establecer la relación entre estas denuncias y las inconformidades de maestras y maestros, es indispensable identificar a las personas denunciantes, revisar las pruebas y comprobar si los registros cuestionados corresponden efectivamente a docentes vinculados con la Sección 31.

Los estados que aparecen en los expedientes

La revisión de los asuntos incluidos en la sesión del INE permite identificar expedientes contra Morena vinculados con las siguientes entidades:

• Tlaxcala, por el expediente UT/SCG/Q/GCL/JL/TLAX/43/2026.
• Estado de México, por expedientes como UT/SCG/Q/EJPG/JD28/EDOMEX/44/2026.
• Chiapas, donde se incluyeron diversos expedientes relacionados con denuncias de afiliación sin consentimiento.
• Durango, por el expediente UT/SCG/Q/MCS/JD02/DGO/49/2026.
• Puebla, por el expediente UT/SCG/Q/EOOA/JD09/PUE/72/2026.
• Guerrero, por el expediente UT/SCG/Q/AFV/JD04/GRO/75/2026.
• Guanajuato, con asuntos relacionados con denuncias de afiliación indebida.
• Jalisco, por el expediente UT/SCG/Q/MMMT/JL/JAL/135/2026.
• Baja California, por expedientes relacionados con denuncias contra Morena.
• Ciudad de México, por el expediente UT/SCG/Q/JGS/JD01/CDMX/157/2026.
• Quintana Roo, por el expediente UT/SCG/Q/FJHJ/JD01/QROO/158/2026.

Estos datos corresponden a expedientes identificados en la documentación del INE; no significan que todas las denuncias tengan idéntico origen ni que todos los casos involucren a estructuras sindicales. La autoridad debe determinar las responsabilidades en cada procedimiento conforme a sus pruebas y resoluciones.

La Sección 31, bajo la lupa

En Tlaxcala, la atención se dirige también hacia Cutberto Chávez de la Rosa, dirigente de la Sección 31 del SNTE. Las acusaciones que motivan este señalamiento sostienen que habría instruido a integrantes de la estructura sindical a utilizar los datos personales de maestras y maestros para incorporarlos a Morena.

Si esa instrucción existió, debe investigarse quién la emitió, cómo se ejecutó y qué conocimiento tuvo cada participante sobre el destino de la información personal. También es necesario determinar si los datos fueron obtenidos para fines sindicales y posteriormente utilizados con propósitos partidistas, sin que los trabajadores hubieran autorizado ese tratamiento.

No se puede dar por acreditada la responsabilidad del dirigente sindical únicamente a partir de las denuncias. Pero tampoco sería aceptable que un señalamiento de esta naturaleza quedara sin respuesta. La protección de los datos personales y la libertad de afiliación no deben quedar subordinadas a los intereses de una dirigencia.

Morena tampoco puede lavarse las manos

La dirigencia de Morena en Tlaxcala tiene una responsabilidad política que no puede eludir: explicar qué controles aplicó para verificar la voluntad de las personas incorporadas a su padrón, cómo validó sus registros y qué hizo cuando los ciudadanos desconocieron su afiliación.

Si una organización partidista recibe registros que no cuentan con el consentimiento de las personas involucradas, debe esclarecer su origen y colaborar con las autoridades para determinar las responsabilidades correspondientes. La militancia no puede medirse únicamente por el número de nombres que aparecen en un padrón; debe sustentarse en la decisión libre de cada ciudadano.

Por ello, es necesario distinguir entre la responsabilidad electoral que el INE atribuya a Morena y la posible participación de terceros en la obtención o utilización de datos personales. Para sostener que la Sección 31 provocó una parte de la sanción económica, debe existir evidencia que conecte las afiliaciones cuestionadas con esa estructura sindical y con los hechos específicos sancionados.

La pregunta que sigue sin respuesta

La discusión de fondo es incómoda, pero necesaria: ¿se está utilizando la estructura de representación de los trabajadores de la educación para alimentar un padrón partidista? Y, si así fuera, ¿quién autorizó esa operación y quién debe responder por ella?

Cutberto Chávez de la Rosa debe aclarar los señalamientos que se le atribuyen. Morena debe explicar sus procedimientos de afiliación y los controles que aplica sobre los datos personales. Y las autoridades electorales deben esclarecer los hechos, proteger los derechos de las personas afectadas y determinar las responsabilidades que correspondan.

Porque una afiliación política debe ser una decisión personal, no una instrucción sindical. Y cuando el consentimiento está en duda, la respuesta no puede ser el silencio. En Tlaxcala, la transparencia y el respeto a los derechos de los docentes deben estar por encima de cualquier interés partidista.

El cargo Afiliaciones a Morena que apuntan a un irresponsable del magisterio apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Tlaxcala, Ángelo Gutiérrez, se pronunció sobre la renuncia de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) y sostuvo que la salida de la funcionaria debe dar paso a una revisión de los señalamientos de presuntas irregularidades y corrupción en el organismo.

Durante su declaración, el dirigente panista consideró que los cuestionamientos públicos han afectado la honorabilidad de una institución que, afirmó, había mantenido una evaluación favorable por parte de la ciudadanía.

Gutiérrez sostuvo que la renuncia no debe ser el único resultado de este episodio, sino que también deben revisarse los procedimientos administrativos relacionados con la adjudicación de contratos por más de 200 millones de pesos, así como los señalamientos sobre posibles beneficios a personas cercanas a funcionarios.

El líder estatal del PAN también lanzó críticas contra Morena y aludió a presuntos vínculos políticos que, desde su perspectiva, habrían comprometido la autonomía y la credibilidad de las instituciones electorales. Estas declaraciones corresponden a los señalamientos del dirigente y requieren corroboración mediante las investigaciones y resoluciones de las autoridades competentes.

Asimismo, pidió al Congreso de la Unión garantizar que quien encabece el organismo electoral cuente con la honorabilidad y la capacidad necesarias para recuperar la confianza pública y brindar certeza a los procesos electorales.

El dirigente consideró que lo ocurrido debe representar un llamado de atención no solamente para el INE, sino también para los organismos electorales locales, a fin de reforzar la vigilancia de los procedimientos administrativos y proteger la integridad de las instituciones.

Finalmente, Ángelo Gutiérrez insistió en la necesidad de que las autoridades competentes esclarezcan los señalamientos y que cualquier responsabilidad se determine conforme a los procedimientos legales correspondientes.

El cargo PAN Tlaxcala exige investigar presuntas irregularidades en el INE tras renuncia de Guadalupe Taddei apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La revisión abarca contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos, y se extiende al INE, a los organismos públicos locales electorales, a servidores públicos y a proveedores relacionados. 

El comunicado de la ASF no individualizó empresas ni anticipó responsabilidades, pero los reportajes que precedieron la indagatoria sí: señalan a Cajas Graf, Corporativo Zeg y TOL Producciones, vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. 

José Alfredo, apoderado de Cajas Graf, aparece en los videos de convivencia con Taddei y su familia que detonaron la crisis. Esa red no se queda en el ámbito federal: Tlaxcala aporta una conexión concreta y verificable. 

El Órgano Interno de Control del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) documentó que Cajas Graf obtuvo un contrato por 12 millones 420 mil 972.60 pesos para material electoral de 2024, mediante la licitación pública ITE-LP-02-2024, con fallo del 8 de febrero. 

Esto no es un dato menor, abre una línea periodística clara: quiénes compitieron, si existían vínculos entre los participantes, cómo se justificaron los precios, qué papel jugaron las autoridades locales y nacionales, por qué una licitación previa quedó desierta y cómo se armó la siguiente. 

Hasta ahora no hay confirmación oficial de una investigación específica contra el ITE ni pruebas de responsabilidad de sus funcionarios. Pero la coincidencia de la empresa, el monto y el contexto nacional obliga a examinar si la contratación tlaxcalteca guarda relación con las prácticas que la ASF revisa a escala federal.

La salida de Taddei, anunciada apenas un día después de que ella misma asegurara a sus colaboradores que se quedaba “para proteger al Instituto”, refuerza la percepción de que el costo político se volvió insostenible. 

Su mensaje habla de “serenidad y dignidad”, de 33 años de servicio electoral y de que las instituciones permanecen mientras las personas cumplen ciclos. 

Sin embargo, la secuencia —defensa, presión mediática y de la ASF, renuncia— deja al INE en una posición delicada justo cuando arranca el proceso electoral 2026-2027.

La credibilidad del árbitro no se recompone solo con una dimisión, se recompone si las investigaciones avanzan con rigor, si se esclarecen los vínculos entre proveedores y estructuras administrativas, y si el relevo no se convierte en un botín político.

En este escenario, los beneficiados son claros. El gobierno de Claudia Sheinbaum y la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados ganan la posibilidad de presentar la salida como un acto de rendición de cuentas y de colocar un perfil menos contaminado —o más afín— al frente del organismo. 

La oposición obtiene munición para cuestionar la autonomía real del INE, y la lógica de control institucional se fortalece: cada escándalo de este tipo refuerza la narrativa de que el árbitro electoral necesita “renovación”. 

La hipótesis del “fuego amigo” no está probada, pero tampoco es descabellada; un INE presidido por alguien envuelto en señalamientos de corrupción es un pasivo innecesario. Cortar ahora permite contener el daño y reacomodar piezas antes de que el proceso electoral avance.

La normativa es inequívoca. La designación del consejero o consejera presidente corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados, no al Senado ni al Ejecutivo. 

Ante la falta absoluta, los diez consejeros restantes eligen de inmediato un presidente provisional de entre ellos y lo notifican a la Cámara. 

Como Taddei lleva menos de seis años en el cargo (su periodo termina en 2032), el sustituto definitivo concluirá el tiempo restante. El procedimiento incluye convocatoria pública, comité técnico de evaluación, quintetas y votación por dos terceras partes de los presentes; si no hay acuerdo, se recurre a la insaculación. 

En la práctica, la mayoría oficialista tendrá un peso decisivo, aunque la regla de las dos terceras partes obliga a cierta negociación.

Lo que ocurrió en Tlaxcala no prueba, por sí solo, una red nacional de corrupción, pero sí demuestra que las mismas empresas señaladas en el ámbito federal operaron en entidades federativas y que existen documentos oficiales que permiten verificar montos, procedimientos y actores. 

Esa es la línea que debe seguirse: no la especulación, sino el expediente. Si la contratación del ITE se explica por reglas transparentes y competencia real, el dato queda como una coincidencia, pero si aparecen patrones de precios, participantes relacionados o justificaciones débiles, se suma a la investigación más amplia que ya abrió la ASF.

La renuncia de Taddei puede servir para limpiar la imagen del INE o para confirmar que el organismo solo se depura cuando el escándalo ya es insostenible. Algo que por cierto jamás se hizo con Lorenzo Córdova Vianello.

El resultado dependerá de si las autoridades —federales y locales— investigan con independencia o con cálculo político. Las instituciones, como dijo la propia consejera, permanecen, el problema es cuando empiezan a parecer solo el escenario donde se administran los ciclos del poder.

El cargo Taddei: falló y se fue apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El Instituto Nacional Electoral (INE) difundió este domingo un comunicado en el que Guadalupe Taddei Zavala anunció que presentará su renuncia como consejera presidenta este lunes 26 de octubre ante la Cámara de Diputados. Sin embargo, el documento fue eliminado posteriormente, lo que generó dudas sobre lo ocurrido.

En el mensaje, identificado con el número 460, Taddei señaló que tomó la decisión después de una profunda reflexión y argumentó que la estabilidad, credibilidad e independencia del organismo deben estar por encima de cualquier interés personal o coyuntural.

La publicación también hace referencia a los señalamientos que han circulado en medios de comunicación y redes sociales, incluidos presuntos conflictos de interés e irregularidades que deben investigarse. La funcionaria sostuvo que cada denuncia debe revisarse con evidencia, transparencia y conforme a derecho.

El anuncio ocurre mientras el INE avanza en la organización del proceso electoral federal 2026-2027 y enfrenta cuestionamientos relacionados con su gestión. Hasta el momento, el retiro del comunicado no explica por sí mismo si hubo algún cambio en la decisión anunciada, por lo que deberá distinguirse entre el mensaje difundido y la formalización de la renuncia ante el Congreso.

El cargo Taddei se va del INE  apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El módulo estará ubicado en calle Independencia s/n, en el centro de la localidad, entre las calles Reforma y Morelos, en la Presidencia de Comunidad, donde las y los huamantlecos podrán realizar los trámites y servicios disponibles relacionados con su Credencial para Votar.

Esta jornada se suma a las acciones de atención y acercamiento de servicios que se impulsan en Huamantla bajo la administración del presidente municipal Juan Salvador Santos Cedillo, facilitando que la ciudadanía pueda acceder a este tipo de trámites sin tener que trasladarse a otros puntos.

Para la atención, el INE señala como documentos de referencia: acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio y CURP, de acuerdo con el trámite que se requiera.

El Gobierno Municipal invita a las y los huamantlecos a aprovechar esta jornada y acudir al módulo dentro del horario establecido.

El cargo INE ACERCARÁ SU MÓDULO MÓVIL A HUAMANTLA ESTE 9 DE OCTUBRE apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La resolución derivó de una queja presentada por Morena. El INE determinó, de manera preliminar, que cinco publicaciones difundidas desde las cuentas de Alejandro Moreno y cuatro más difundidas o reposteadas por las cuentas oficiales del PRI podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos, al relacionar al partido con actividades del narcotráfico sin un sustento fáctico suficiente.

El fallo no significa que la autoridad electoral haya establecido que las denuncias sobre delincuencia organizada en la política sean falsas; la determinación se refiere específicamente a las publicaciones denunciadas y a la existencia, bajo un análisis preliminar, de posibles elementos de calumnia electoral. De hecho, el propio INE ha señalado que la infiltración de la delincuencia organizada en los procesos electorales constituye un asunto que las instituciones deben prevenir y atender.

Alejandro Moreno rechazó la medida y acusó al organismo electoral de censurar la crítica política. El PRI anunció que impugnaría la resolución, mientras que Morena sostuvo que las publicaciones constituían acusaciones sin pruebas y celebró la decisión de la autoridad electoral.

¿Y qué significa esto para Tlaxcala?

El tema adquiere particular relevancia en Tlaxcala porque el estado se encuentra inmerso en la construcción de escenarios políticos rumbo a 2027, cuando estarán en juego, entre otros cargos, la renovación de la gubernatura. Morena, PRI, PAN, PT y Partido Verde ya desarrollan movimientos políticos y posicionamientos que anticipan una contienda de alta confrontación.

En el caso tlaxcalteca, cualquier acusación que vincule a partidos, gobiernos, aspirantes o actores políticos con organizaciones criminales deberá sostenerse en elementos verificables. El precedente del INE coloca un límite relevante al uso de expresiones que atribuyan directamente delitos o vínculos con el narcotráfico sin respaldo factual, particularmente cuando sean difundidas como parte de una estrategia político-electoral.

El escenario también resulta significativo para el PRI de Tlaxcala, que busca reposicionarse como fuerza opositora frente a Morena. Las dirigencias y actores locales tendrán que definir hasta dónde llevarán el discurso de confrontación y qué elementos documentales utilizarán para sustentar sus señalamientos durante el proceso rumbo a 2027.

Mientras tanto, el INE mantiene abierto un debate más amplio: cómo garantizar la libertad de expresión y la crítica política sin permitir que acusaciones de carácter delictivo se conviertan en herramientas de propaganda electoral sin pruebas suficientes.

Así, la batalla política rumbo a 2027 no sólo se librará en mítines, encuestas y redes sociales. También tendrá como escenario a las autoridades electorales, donde las acusaciones entre partidos deberán enfrentarse a las reglas sobre calumnia, libertad de expresión y responsabilidad en el discurso político.

En Tlaxcala, la advertencia es clara: rumbo a 2027, la guerra de declaraciones apenas comienza, pero las acusaciones de vínculos con el crimen organizado tendrán que ir acompañadas de pruebas y no solamente de consignas.

El cargo INE vuelve a frenar al PRI por llamar “narcopartido” a Morena; la disputa también alcanza a Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El proceso electoral 2027 ya comenzó formalmente y en Tlaxcala el INE prepara la instalación de su Consejo Local para el próximo 30 de septiembre, informó Mirna Eugenia Garduño Ruiz, encargada del despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE Tlaxcala. Posteriormente serán instalados los consejos distritales con cabecera en Apizaco, Tlaxcala y Zacatelco.

Ante la intensa actividad política que ya se registra en la entidad, la funcionaria señaló que espectaculares, bardas, lonas y propaganda personalizada podrían constituir infracciones electorales, dependiendo de las circunstancias y de las personas involucradas. Aclaró que las medidas cautelares emitidas por el ITE no significan automáticamente que ya se haya acreditado un acto anticipado de campaña.

Garduño Ruiz enfatizó que los servidores públicos tienen prohibido utilizar recursos públicos con fines político-electorales. Quienes actualmente ocupen un cargo y aspiren a una candidatura deberán sujetarse a los tiempos y disposiciones establecidos en la legislación electoral.

Sobre las denuncias de posibles presiones a trabajadores para participar en actividades proselitistas, explicó que deben existir denuncias y elementos de prueba para que las autoridades puedan intervenir. En estos casos, el ITE y posteriormente los tribunales electorales serán las instancias encargadas de determinar responsabilidades.

La encargada de la Vocalía Ejecutiva precisó además que el INE no actúa de oficio ante posibles actos anticipados de campaña, propaganda irregular o utilización indebida de recursos públicos, por lo que es necesario presentar una denuncia acompañada de los elementos que permitan iniciar una investigación.

Respecto al mecanismo para evitar que personas vinculadas con grupos delictivos lleguen a las boletas, informó que el INE ya cuenta con una comisión para realizar estas verificaciones. En Tlaxcala, el procedimiento se realizará a petición de los partidos políticos, quienes podrán solicitar la revisión de la integridad de sus posibles candidaturas.

En materia de fiscalización, señaló que el INE revisará de manera minuciosa el origen, monto y destino de los recursos utilizados por partidos y candidaturas, no solamente durante precampañas y campañas, sino también respecto del gasto ordinario de los partidos.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para tramitar o actualizar su credencial para votar antes del 25 de enero, fecha en que cerrará el padrón electoral. Advirtió que esperar hasta los últimos días podría generar saturación en los módulos, por lo que recomendó realizar el trámite con anticipación.

El cargo INE pone bajo la lupa a aspirantes rumbo a 2027 apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, aseguró que la administración estatal no realizará llamados a partidos políticos ni a aspirantes, pero sí exhortará a los servidores públicos a respetar estrictamente las reglas electorales rumbo al proceso de 2027.

Martínez Velázquez señaló que los funcionarios que tengan simpatías políticas deberán evitar asistir a eventos partidistas, incluso durante fines de semana, y abstenerse de realizar declaraciones que puedan interpretarse como una intervención o promoción dentro del proceso electoral.

El funcionario enfatizó que deberán respetarse las disposiciones del INE relacionadas con propaganda personalizada, uso de recursos públicos y difusión de programas sociales vinculados con nombres, rostros o imágenes de servidores públicos.

Advirtió que, con el inicio formal del proceso electoral, determinadas conductas que anteriormente pudieron ser consideradas dentro de un proceso interno partidista ahora podrían constituir posibles delitos electorales, por lo que llamó a los funcionarios a conducirse con apego a la legislación.

Explicó que la gobernadora Lorena Cuéllar instruyó a los integrantes del Gobierno estatal a conocer las reglas emitidas por las autoridades electorales para evitar cualquier argumento de desconocimiento de la ley.

“La ignorancia de la ley no exime su cumplimiento”, sostuvo el coordinador al referirse a las obligaciones de los servidores públicos.

Finalmente, afirmó que existe un compromiso de la administración estatal para que el proceso electoral se desarrolle con imparcialidad, sin intromisión del Gobierno y con respeto a la democracia y a la voluntad ciudadana.

El cargo Gobierno llama a funcionarios a no intervenir en proceso electoral apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

* El TET ordena repetir todo el proceso

La elección de autoridad comunal prevista para este domingo 30 de agosto en Tepetlapa Río de los Negros, municipio de Santa Ana Chiautempan, fue suspendida después de que el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) invalidara la asamblea que dio origen al comité encargado de organizar los comicios.

La decisión fue tomada por unanimidad el pasado 26 de agosto, luego de que ciudadanos de la comunidad impugnaran el procedimiento al considerar que se vulneraron sus derechos de libre determinación y autogobierno. El Tribunal concluyó que no existían condiciones suficientes para garantizar certeza sobre la integración del comité electoral.

Con la sentencia, quedó sin efecto la asamblea del 23 de junio en la parte correspondiente a la integración del comité electoral, así como los actos derivados directamente de ella. Esto significa que la elección no puede realizarse bajo la convocatoria anterior y el procedimiento tendrá que reiniciarse.

Entre las principales observaciones del Tribunal estuvo la difusión insuficiente de la convocatoria. De acuerdo con la sentencia, ésta habría sido difundida apenas 25 horas y 49 minutos antes de la asamblea, mientras que las pruebas sobre perifoneo y colocación de avisos no permitieron acreditar con certeza la fecha, contenido y alcance de la difusión.

El TET también cuestionó el cambio de sede. La asamblea se realizó en un salón social, aunque elecciones anteriores se habían efectuado en las instalaciones de la presidencia de comunidad, sin que se acreditara suficientemente que los habitantes hubieran sido informados sobre ese cambio.

El presidente de comunidad, Roberto Cortés Zacapantzi, informó que su periodo de dos años concluye este lunes 31 de agosto. Por ello, se prevé una nueva asamblea para determinar quién permanecerá como encargado provisional mientras se reconstruye el proceso electoral conforme a la resolución del Tribunal.

La nueva ruta contempla integrar nuevamente la mesa electoral, emitir una convocatoria y abrir posteriormente un periodo de siete días para el registro de aspirantes. El TET ordenó que la información sea cierta, oportuna, amplia y suficiente, respetando el sistema normativo interno y las prácticas tradicionales de la comunidad.

En el proceso que quedó invalidado habían sido registrados tres aspirantes: Anayeli Sánchez Escobar, Ana María Rosas e Iván Pérez. Sin embargo, sus registros ya no tendrían vigencia, por lo que quienes quieran participar deberán inscribirse nuevamente cuando se emita la nueva convocatoria.

La resolución deja un mensaje central para Tepetlapa: la elección tendrá que esperar y el proceso deberá reconstruirse desde sus bases para garantizar que la comunidad conozca las reglas, los tiempos, la sede y quiénes conducirán la elección.

El cargo Suspenden elección comunal en Tepetlapa apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.