El Gobierno del Estado informa que, durante el inicio de los trabajos del Proyecto Integral de Salud en Chiautempan, un grupo de personas agredió verbal y físicamente a trabajadores de la construcción y buscó impedir el desarrollo de la obra, pese a que el proyecto cuenta con el respaldo de las comunidades de Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe, expresado mediante las actas derivadas del proceso de consulta protocolizado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Ante estos hechos, se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para salvaguardar la integridad de las y los trabajadores, privilegiando en todo momento el diálogo y la contención de la situación, con respeto a los derechos humanos.

Las agresiones se realizaron por un reducido grupo de personas que se negaron en todo momento a respetar los acuerdos previamente alcanzados en el proceso de consulta comunitaria.

El inicio de los trabajos ocurre luego de que las comunidades de Santa Cruz Guadalupe y Guadalupe Ixcotla aprobaran el pasado 12 y 14 de junio, respectivamente, el proyecto mediante un proceso de consulta comunitaria acompañado por el INPI, la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, el IMSS, autoridades estatales, municipales y representantes comunitarios, garantizando un mecanismo participativo, transparente y respetuoso de la voluntad de la población.

El Gobierno del Estado reitera que el Proyecto Integral de Salud se desarrolla con pleno apego a la legalidad y en cumplimiento de la voluntad expresada por las comunidades durante las asambleas consultivas, por lo que hace un llamado a respetar los acuerdos construidos mediante el diálogo y a privilegiar las vías institucionales para atender cualquier diferencia.

El cargo ACTIVA GOBIERNO DEL ESTADO PROTOCOLOS DE SEGURIDAD DURANTE EL INICIO DE OBRAS EN CHIAUTEMPAN apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Durante décadas, la prensa ha sido un contrapeso natural del poder. Su función no es agradar a los gobiernos ni convertirse en oficina de relaciones públicas de quienes administran los recursos públicos. Su responsabilidad es cuestionar, investigar, exhibir irregularidades y señalar errores. Cuando un medio publica información incómoda para una administración, eso no significa automáticamente que exista una campaña de desinformación.

Desde la llegada de la llamada Cuarta Transformación, se ha vuelto recurrente escuchar que las críticas periodísticas forman parte de ataques mediáticos organizados por adversarios políticos. Bajo esa lógica, cualquier cuestionamiento puede ser etiquetado como una agresión contra el proyecto de gobierno. El riesgo es evidente: se puede terminar confundiendo la crítica legítima con la mentira deliberada.

En Tlaxcala, como en el resto del país, existen periodistas serios, medios responsables y comunicadores comprometidos con informar. También existen errores, excesos y casos donde la información puede ser imprecisa. Pero para eso ya existen mecanismos de réplica, aclaración y derecho de respuesta. Lo preocupante sería que desde el poder se construyera una narrativa en la que únicamente la versión gubernamental sea considerada verdadera y cualquier versión distinta sea catalogada como desinformación.

La historia demuestra que los gobiernos suelen sentirse incómodos con las preguntas difíciles. Resulta más sencillo acusar a los medios de manipular que responder a los señalamientos sobre inseguridad, corrupción, deficiencias en los servicios públicos o incumplimiento de promesas. La crítica puede ser molesta, pero es indispensable en una democracia.

Combatir la desinformación es una tarea necesaria. Las noticias falsas afectan procesos electorales, dañan reputaciones y generan incertidumbre social. Sin embargo, la mejor manera de hacerlo no es mediante campañas que coloquen al gobierno como árbitro absoluto de la verdad. La solución pasa por fortalecer la educación mediática, garantizar la transparencia gubernamental y facilitar el acceso a información pública verificable.

La sociedad merece estar bien informada, sin duda. Pero también merece tener acceso a múltiples voces, interpretaciones y puntos de vista. Una ciudadanía informada no es aquella que escucha una sola versión de los hechos, sino aquella que puede contrastar información y formarse un criterio propio.

Porque cuando un gobierno comienza a señalar sistemáticamente a la prensa como responsable de los problemas de percepción pública, el debate deja de ser sobre la desinformación y empieza a ser sobre la libertad de expresión. Y en toda democracia, la libertad de expresión debe protegerse incluso cuando las opiniones resultan incómodas para quienes ejercen el poder.

La pregunta de fondo no es si debemos combatir la desinformación. La verdadera pregunta es si esta campaña busca informar mejor a los ciudadanos o construir un mecanismo para desacreditar a quienes cuestionan al poder. Ahí radica la diferencia entre una democracia fuerte y una democracia que empieza a desconfiar de sus propios contrapesos.

El cargo ¿Combatir la desinformación o controlar la narrativa? apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.