Y sin embargo el Partido Acción Nacional (PAN) ha montado un espectáculo predecible, lo hizo frente a las oficinas de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, donde arropó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, con una coreografía de consignas, abrazos y denuncias de “persecución política”.

“Yo con Maru”, rezaban los carteles azules. Pero detrás de la escenografía y los discursos inflamados se oculta una clara cortina de humo: desviar la atención del tema de fondo, que no es otro que la violación a la soberanía nacional por la presunta operación de agentes extranjeros en territorio mexicano sin los debidos canales institucionales.

La gobernadora fue citada como testigo por el caso del narcolaboratorio desmantelado en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde participaron presuntos agentes de la CIA y donde murieron al menos dos estadounidenses en un accidente.

En lugar de priorizar una respuesta institucional clara y transparente sobre cómo operaron estos agentes en suelo mexicano, el PAN transformó el citatorio en un mitin victimista. Maru Campos dedicó apenas diez minutos dentro de la FGR y el resto del tiempo a posicionarse como víctima de Morena, acusando a la 4T de “negocios” con el narco, sin pruebas consistentes, mientras evade el núcleo del debate: ¿autorizó o facilitó su gobierno la presencia operativa de inteligencia extranjera en Chihuahua?

La foto de familia que rodeó a Campos confirma el descrédito acumulado. A su lado estuvieron figuras como el calderonista Roberto Gil Zuarth, Jorge Romero (dirigente nacional del PAN, señalado en el pasado por vínculos con el llamado cártel inmobiliario en la CDMX), Alessandra Rojo de la Vega, Ricardo Anaya y otros cuadros con negro historial.

Muchos de ellos han enfrentado señalamientos de corrupción o procesos judiciales. Verlos ahora como escudo protector de la gobernadora no fortalece su narrativa de inocencia; más bien, la debilita. Cuando los mismos personajes que han sido cuestionados por opacidad en el pasado se erigen en defensores de la “lucha anticrimen”, surge legítima duda sobre la consistencia de su cruzada.

La estrategia discursiva es nítida y repetida: “Nos persiguen porque desmantelamos un narcolaboratorio”. Es cierto que el aseguramiento fue un golpe a la capacidad productiva de un cártel, pero era un laboratorio del tamaño del que se han desmantelado en Tlaxco y la propia autoridad los ha minimizado por lo pequeño de su producción. ¿Por qué el PAN entonces no reconoce los cientos de verdaderos narcolaboratorios que Omar Garcia Harfuch si ha desmantelado?

Y sin embargo todo lo que alega la gobernadora y su asesor -que antes fue el mismo asesor y secretario particular de Felipe Calderon Hinojosa- no exime de explicar las condiciones en que ocurrió, especialmente la participación de agentes de un gobierno extranjero en operaciones de seguridad dentro de México.

La soberanía no es un detalle menor ni un pretexto “morenista”. Es un principio constitucional básico. Permitir o tolerar que agencias como la CIA operen de facto en territorio nacional sin coordinación plena y transparente con las autoridades mexicanas abre peligrosos precedentes de intromisión.

El PAN acusa a Morena de “narcopacto” y doble rasero. Es un debate legítimo en un país donde el crimen organizado ha penetrado instituciones. Pero usar ese argumento para eludir rendir cuentas sobre la soberanía resulta cínico.

No se trata de defender narcolaboratorios, sino de exigir que cualquier operación de seguridad en México respete la Constitución y la dignidad nacional. Convertir a Campos en mártir por “combatir al narco” mientras se minimiza el rol de agentes extranjeros es una maniobra clásica de distracción.

Aún más patético fue el epílogo en Chihuahua: simpatizantes convocados para apoyar a la gobernadora terminaron a golpes entre ellos, reclamando pagos prometidos que al parecer no llegaron. La “porra” pagada que se desmorona en empujones y reclamos no ayuda a la imagen de un movimiento supuestamente espontáneo y de principios.

México enfrenta un problema estructural de seguridad y soberanía. Ni las cortinas de humo ni los mitines victimistas resuelven eso. La ciudadanía quiere claridad: ¿qué acuerdos existieron para la presencia de esos agentes? ¿Qué control ejerció el gobierno estatal sobre operaciones en su territorio? Desviar el foco hacia supuestas persecuciones no borra la pregunta central.

El cargo Maru Campos: La nueva Xóchitl apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El Comité de Evaluación del Poder Legislativo (CEPL) dio a conocer este sábado el listado preliminar de aspirantes registrados para participar en el proceso electoral extraordinario de junio de 2025 en el que destacan Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular de Felipe Calderón, y la hija de Olga Sánchez Cordero, Paula María García Villegas.

Además de ellos, entre los aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también resalta el nombre de Estela Fuentes Jiménez, actual Magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

El CEPL informó que se recibieron un total de 11 mil 646 solicitudes a través de su sitio oficial y 258 expedientes en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo. Además, se recibieron 15 mil 242 correos electrónicos. Tras la revisión de documentos, se determinó que 10 mil 959 registros son efectivos.

El próximo 15 de diciembre se publicará el listado definitivo de candidatos que cumplen con los requisitos constitucionales y legales de elegibilidad.

Esta instancia evaluará la idoneidad de los aspirantes conforme a los principios de paridad de género, inclusión, accesibilidad, profesionalismo, ética y transparencia.

El Comité de Evaluación, integrado por Ana Patricia Briseño Torres, Andrés Norberto García Repper Favila, Maribel Concepción Méndez De Lara, Maday Merino Damián y María Gabriela Sánchez García, tiene la obligación constitucional de seleccionar los perfiles mejor calificados para ocupar los cargos.

CEPL-Aspirantes

En junio de 2025 se elegirán cinco ministras y cuatro ministros de la SCJN; tres magistradas y dos magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

También se votarán 10 magistradas y cinco magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca; 464 magistradas y magistrados de circuito; y 386 juezas y jueces de distrito.

CON INFORMACIÓN DE: SINEMBARGO

El cargo Gil Zuarth e hija de Sánchez Cordero en LISTA preliminar de 10 mil aspirantes al PJ apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.