La propuesta contempla adicionar nuevas disposiciones legales para que la Secretaría de Salud implemente evaluaciones periódicas de salud mental durante el embarazo y posterior al parto, a fin de detectar oportunamente casos de depresión prenatal y postparto, ansiedad gestacional, estrés postraumático derivado del parto, riesgos de autolesión y otras alteraciones emocionales que afecten el bienestar de las madres.

La legisladora señaló que miles de mujeres atraviesan procesos emocionales complejos relacionados con la maternidad sin recibir atención especializada, debido a la falta de protocolos institucionales y políticas públicas específicas. Además, advirtió que la salud mental materna continúa siendo un tema invisibilizado pese a las afectaciones que puede generar tanto en las mujeres como en el desarrollo emocional y cognitivo de niñas y niños.

La Iniciativa también establece la capacitación permanente del personal médico, psicológico, de enfermería y trabajo social en materia de salud mental materna, atención humanizada y prevención de violencia obstétrica. Asimismo, plantea campañas de sensibilización y mecanismos de acompañamiento emocional dirigidos especialmente a mujeres en situación de vulnerabilidad, incluyendo adolescentes, mujeres indígenas, madres autónomas y víctimas de violencia.

La propuesta legislativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Salud y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente con el propósito de fortalecer el marco jurídico estatal en materia de salud integral y avanzar hacia un modelo de atención con perspectiva de género, derechos humanos y acompañamiento digno para las mujeres tlaxcaltecas.

El cargo Propone Gabriela Hernández reforma en materia de salud mental materna apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La diputada Gabriela Hernández Islas subrayó la relevancia de fomentar una cultura de prevención entre empleadores, trabajadores y empresas, al considerar que la seguridad y el bienestar de quienes integran las organizaciones debe asumirse como una prioridad permanente. Asimismo, resaltó la importancia de la capacitación constante para fortalecer entornos laborales más seguros y eficientes.

Por su parte, el secretario de Trabajo y Competitividad, José Noé Altamirano Islas, reconoció la apertura de la diputada Gabriela Hernández Islas para impulsar este tipo de actividades y destacó que estas acciones buscan acompañar a los empleadores en el cumplimiento del marco normativo en materia de seguridad laboral, colocando a las y los trabajadores en el centro de las políticas preventivas, con el objetivo de preservar la paz laboral en la entidad y fortalecer las fuentes de empleo que impulsan la economía de Tlaxcala.

La ponencia fue impartida por la Dra. Jessika Fraga Márquez, quien expuso la importancia de prevenir accidentes y anticiparse a las auditorías de seguridad en los centros de trabajo. Durante su participación, destacó la relevancia de que las micro, pequeñas y medianas empresas cumplan con la normatividad vigente y cuenten con personal capacitado y consciente de los protocolos de seguridad, al señalar que una organización regulada fortalece sus posibilidades de desarrollo y éxito.

El cargo Promueve Gabriela Hernández cultura de prevención laboral en el Congreso del Estado apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Durante la exposición de motivos, la diputada Hernández Islas señaló que las adicciones constituyen un problema de salud pública que impacta de manera directa en la salud, la familia, el tejido social y destacó que en la entidad persiste la operación de centros de rehabilitación irregulares, comúnmente conocidos como “anexos”, los cuales carecen de supervisión, personal especializado y condiciones adecuadas, lo que ha derivado en múltiples violaciones a los derechos humanos de las personas usuarias.

La propuesta de la legisladora plantea la adición de un Capítulo V Bis denominado “De los Centros de Comportamiento Adictivo”, así como la incorporación de los artículos 33 Bis al 33 Sexies, mediante los cuales se establece la obligación de estos centros de registrarse ante la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala (COEPRIST), cumplir con normas oficiales en la materia, contar con personal profesional certificado, garantizar instalaciones dignas y operar bajo principios de respeto a la dignidad humana, consentimiento informado y no discriminación.

Asimismo, la Iniciativa prohíbe expresamente prácticas como la violencia física o psicológica, el aislamiento forzado, la privación ilegal de la libertad y cualquier tratamiento sin consentimiento, salvo en los casos previstos por la ley, estableciendo además mecanismos de supervisión, inspección y sanción a cargo de la autoridad sanitaria estatal, con el objetivo de erradicar prácticas irregulares y garantizar tratamientos efectivos basados en evidencia científica.

Finalmente, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Salud y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, con el fin de fortalecer el marco jurídico estatal en materia de salud mental y adicciones, privilegiando un enfoque de derechos humanos y atención integral para las personas en situación de vulnerabilidad.

El cargo Propone Gabriela Hernández fortalecer regulación de centros de rehabilitación en Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Con el objetivo de dar respuesta a la falta de oportunidades laborales y a la creciente precariedad en el empleo, la diputada Gabriela Hernández Islas presentó una iniciativa para establecer, por ley, la implementación de programas de empleo temporal en Tlaxcala.

La propuesta plantea reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública para que el gobierno estatal esté obligado a diseñar y ejecutar de forma permanente un Programa Estatal de Empleo Temporal, bajo un enfoque de derechos humanos.

Actualmente, señaló la legisladora, no existe una disposición legal que obligue a las autoridades a mantener este tipo de programas, lo que permite que sean modificados o incluso eliminados sin evaluación ni criterios técnicos, afectando directamente a la población en situación de desempleo.

Además, subrayó que la falta de oportunidades impacta con mayor fuerza a grupos en condición de vulnerabilidad, como personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, integrantes de la diversidad sexual, comunidades indígenas y personas dedicadas al cuidado.

La iniciativa contempla la creación del Artículo 9 Ter para establecer la operación anual de este programa, así como ajustes al Artículo 62 para garantizar que esté dirigido a personas desempleadas o en condiciones de subempleo.

Con ello, se busca que el acceso a un empleo temporal deje de depender de decisiones discrecionales y se convierta en una política pública obligatoria, con continuidad y respaldo legal, orientada a mejorar las condiciones de vida de la población.

El cargo Proponen en Tlaxcala empleo temporal como obligación del Estado apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En su exposición ante el Pleno, Hernández Islas señaló que el derecho al trabajo digno es un principio constitucional que obliga al Estado a generar condiciones reales de acceso al empleo, especialmente para los sectores que enfrentan mayores barreras en el mercado laboral. En ese sentido, expuso que en Tlaxcala más del 70 por ciento de la población ocupada trabaja en condiciones de informalidad, lo que implica falta de seguridad social, bajos ingresos y mayor vulnerabilidad económica.

La propuesta legislativa plantea adicionar el artículo 9 Ter y un segundo párrafo a la fracción I del artículo 62 de la citada ley, con el propósito de que el Ejecutivo estatal implemente cada año un programa que brinde oportunidades de empleo temporal remunerado a personas desempleadas o subempleadas, mediante su participación en actividades de utilidad social, comunitaria, ambiental o de infraestructura básica.

Asimismo, la Iniciativa establece que el programa deberá priorizar a grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, personas cuidadoras y habitantes de comunidades con alto rezago económico, garantizando condiciones de trabajo dignas, seguras y con una remuneración no inferior al salario mínimo vigente.

La diputada argumentó que la institucionalización de este mecanismo permitirá fortalecer las políticas públicas en materia laboral, reducir la pobreza laboral y generar oportunidades económicas en las comunidades. Además, plantea que el programa cuente con reglas de operación, metas, indicadores y mecanismos de rendición de cuentas, así como con los recursos necesarios previstos en el Presupuesto de Egresos.

La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del Estado para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

El cargo Propone Gabriela Hernández crear Programa Estatal de Empleo Temporal obligatorio apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En su exposición de motivos, la legisladora señaló que la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Tlaxcala establece que los ayuntamientos deben determinar, autorizar y exigir dentro de su jurisdicción la instalación de espacios destinados al estacionamiento, ascenso y descenso exclusivo de personas con discapacidad o movilidad limitada, ubicados en lugares preferentes y de fácil acceso a edificios o espacios públicos, particulares o de gobierno cuyo uso implique la concurrencia del público en general.

Derivado de ello, sostuvo que la omisión en el cumplimiento de esta obligación contraviene los principios de inclusión y accesibilidad establecidos en la Ley para Personas con Discapacidad del Estado de Tlaxcala, además de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la NOM-233-SSA1-2003, que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en estacionamientos.

En ese sentido, la propuesta plantea exhortar a los ayuntamientos a cumplir con sus obligaciones en la materia, así como a aplicar sanciones a quienes utilicen estos espacios sin contar con discapacidad o movilidad limitada y a los estacionamientos particulares abiertos al público que no asignen los lugares correspondientes o incumplan la normativa vigente.

Tras su presentación, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales; de Movilidad, Comunicaciones y Transportes; y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

El cargo Presenta Gabriela Hernández exhorto para ampliar espacios de estacionamiento para personas con discapacidad y movilidad limitada apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La propuesta tiene como finalidad ampliar el plazo para que la Cuenta Pública sea puesta a disposición del Síndico municipal para su revisión y validación, estableciendo que se realice cuando menos diez días hábiles antes de ser enviada al Congreso del Estado, en sustitución del plazo actual de tres días, considerado materialmente insuficiente frente a la complejidad técnica, financiera y administrativa que implica su integración.

En su exposición de motivos, la legisladora argumentó que la reforma busca fortalecer los principios de legalidad, seguridad jurídica, eficiencia administrativa y máxima transparencia, permitiendo un análisis responsable y técnicamente sólido de la información financiera municipal, lo que contribuirá a mejorar la calidad de la rendición de cuentas y a consolidar un sistema de fiscalización más preventivo que sancionador.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, conforme al procedimiento legislativo establecido.

El cargo Propone Gabriela Hernández más tiempo para revisión de cuentas públicas municipales apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Mientras el resto del mundo invierte en educación sexual, clínicas amigables y desmantelamiento de redes de trata, nuestra diputada-presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez ha encontrado la fórmula definitiva: convertir a los recepcionistas de moteles en agentes del Ministerio Público con doctorado

¡Genial! Porque nada dice “protección integral de los adolescentes” como pedirle a un chavo de 17 años de Contla o Zacatelco que traiga a su abuelita de chaperona y una carta notariada que diga “causa justificada: hormonas adolescentes”.

La misma legisladora que en mayo presumía haber fortalecido los SIPINNA municipales “para combatir el rezago educativo” (ese que, casualmente, es el principal predictor de embarazo adolescente), ahora nos regala esta joya: prohibir que entren solos al Motel.

Claro, los padrotes de Tenancingo que llevan décadas exportando niñas a Nueva York, van a temblar cuando vean el letrero de “prohibido menores sin tutor”. Seguro se disolverán como vampiros al amanecer.

Qué visión tan refinada la de la legisladora: en una entidad donde el 78 % de los abusos sexuales a menores ocurren en casa de un familiar o conocido (dato que la propia Secretaría de Salud le ha repetido hasta el cansancio), la solución es fiscalizar el único lugar donde, al menos, hay cámara, luz y alguien que pide identificación.

Brillante. Ahora las citas se mudarán a las milpas, o a las casas abandonadas de los cuates, donde no hay testigos ni registro de nada. Pero oye, la diputada ya podrá colgarse otra medallita de “defensora de la infancia” en su currículum.

Y lo mejor: la sanción suena ideal para que algún inspector amigo pase a “recordarle” al motelero que la mordida semanal sube de precio.

Pero tranquilos, la diputada Gabriela ya cumplió: presentó esta iniciativa y hasta citó las 16 mil 514 embarazadas del 2024. Misión cumplida, foto tomada, siguiente punto del orden del día.

Total, ¿para qué gastar en campañas reales de prevención, en anticonceptivos gratuitos o en perseguir a los verdaderos tratantes, si con un candadito de cartón y una reforma exprés quedamos como los congresistas más “comprometidos” del país?

Lo que hay que ver en el congreso estatal, ¿de verdad nadie revisa lo que va a leer o los secretarios técnicos solo piensan en prepararse para el próximo relevo en el poder judicial. Parece que esas oficinas están vacías, del respaldo de la silla hasta la cabeza de quien se colocó en ella.

El cargo Vasectomía legislativa apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La diputada Gabriela Hernández Islas dijo que lograr la inclusión laboral de las personas trans y no binarias no es responsabilidad de una sola persona, sino resultado del trabajo conjunto. Por eso, se comprometió a buscar consensos y transformar esta propuesta en una política pública real. Aseguró que la equidad no se decreta, se construye día a día con diálogo, empatía y acción legislativa decidida.

La iniciativa recibida busca garantizar un porcentaje de plazas en la administración pública y diferentes instituciones, de personas trans, transexuales, transgénero y no binarias que cumplan con los perfiles requeridos. Incluye incentivos fiscales para impulsar su contratación en el sector privado.

La diputada Gabriela Hernández Islas asumió el reto de impulsar la iniciativa desde el legislativo con responsabilidad y sensibilidad, sabiendo que el camino hacia la inclusión plena requiere persistencia, pero también alianzas. Por eso, reiteró su llamado al trabajo en equipo: “porque sólo juntas y juntos se podrá acortar la brecha laboral y construir un Tlaxcala donde todas las identidades tengan espacio, voz y oportunidad”.

El cargo Recibe Gabriela Hernández Islas Iniciativa de Cupo Laboral para personas trans y no binarias apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La iniciativa establece que las magistraturas de ambos tribunales serán electas por voto universal, libre, secreto y directo de la ciudadanía en la jornada electoral estatal. Plantea que cada órgano se integre por tres magistraturas, con observancia de la paridad de género, y que cuenten con facultades para expedir su Reglamento Interno, manuales de organización y acuerdos necesarios para su operación. La Presidencia se renovará cada dos años, de forma rotatoria, conforme a la votación obtenida.

Con la lectura de la diputada Gabriela Hernández Islas, el planteamiento busca fortalecer la estructura y autonomía de los tribunales, garantizando su integración con criterios democráticos y de paridad, además de dotarlos de herramientas para su funcionamiento interno. Con estas reformas, se pretende consolidar un marco jurídico que responda a los principios de transparencia, representatividad y eficiencia en la impartición de justicia administrativa y laboral.

La propuesta fue signada por las y los diputados Ever Alejandro Campech Avelar, Gabriela Hernández Islas, Jaciel González Herrera, Bladimir Zainos Flores, Lorena Ruiz García, María Aurora Villeda Temoltzin, Vicente Morales Pérez, Madai Pérez Carrillo, David Martínez Del Razo, Maribel León Cruz, Miguel Ángel Caballero Yonca, Anel Martínez Pérez, Emilio De la Peña Aponte, Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, María Ana Bertha Mastranzo Corona, Soraya Noemí Bocardo Phillips, Engracia Morales Delgado y Reyna Flor Báez Lozano.

Finalmente, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

El cargo Presentan legisladores iniciativa para armonizar elección e integración de magistraturas del TJA y del TCyA apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.