La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros firmó con el gobierno federal y los presidentes municipales un convenio de colaboración para la atención y vigilancia de las sucursales de los Bancos de Bienestar en el estado, con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios.

En su mensaje, explicó que con dicha firma los gobiernos federal, estatal y municipales se comprometen a cuidar las instalaciones de los Bancos del Bienestar y a su vez a las personas que acuden a hacer uso de estas para recibir sus respectivos pagos de apoyos.

“Quiero pedirles que los días de pago nos ayuden para que en las zonas aledañas puedan estar vigilando que gente no se les acerque a los beneficiarios, porque en ese momento los ven vulnerables y abusan de muchos adultos mayores para quitarles su pensión”, señaló al solicitar a las fuerzas de seguridad reforzar la vigilancia.

A su vez, el director general del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, reconoció la iniciativa de la mandataria estatal de proporcionar seguridad a los beneficiarios de los programas sociales que cobran sus apoyos en dicho banco y por convocar a los alcaldes.

Agregó que el Banco del Bienestar paga más de 20 programas sociales como la pensión de adulto mayor, jóvenes construyendo el futuro, becas Benito Juárez y Sembrando Vida, entre otros programas que están destinados a los diferentes sectores de la población.

Lamoyi Bocanegra precisó que estos recursos se entregan a través de una red de más de 3 mil 100 sucursales en todo el país y en el estado de Tlaxcala se cuentan con 74 en casi todos los municipios.

Adicionalmente, Cuéllar Cisneros indicó que en Acuamanala, Xiloxoxtla, Zacualpan, Emiliano Zapata, Axocomanitla y Xicohtzinco aún no se tienen Bancos del Bienestar por diversas razones; sin embargo, aseguró que harán las gestiones necesarias para que cuenten con sucursales.

“El trabajo que hemos realizado de manera coordinada es lo que ha logrado que hoy seamos el estado más seguro del país, pero no queda ahí mi compromiso, seguirá siendo contundente para seguir invirtiendo en la seguridad del estado”, acotó.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Luis Antonio Ramírez Hernández, señaló que el convenio establece las condiciones necesarias de operatividad, beneficio y atención para que las personas más necesitadas puedan cobrar los recursos de los programas y acciones que tiene el gobierno federal.

“El día de hoy reforzamos los lazos del trabajo colaborativo con el gobierno federal al celebrar la firma del convenio de coordinación y colaboración en materia de seguridad pública entre el gobierno del estado y el Banco del Bienestar, así como los 60 ayuntamientos”, refirió.

Ramírez Hernández detalló que el documento establece las bases para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), junto con las direcciones municipales de seguridad, brinden apoyo gratuito, profesional y permanente a las sucursales de este banco, las cuales -consideró- representan una herramienta esencial para llevar justicia social a todas las comunidades.

Destacó que Tlaxcala es el primer estado en firmar un convenio de esta índole y que es una estrategia propuesta por la titular del Ejecutivo local.

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• “Empeño mi palabra en apoyar y respaldar a los jóvenes de Tlaxcala”: Anabell Ávalos.

Este día la candidata al Senado de la República de la Coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI, PRD), Anabell Ávalos Zempoalteca en presencia del “Grupo Ateneo”, firmó la “Agenda por los jóvenes 2024”, con la cual refrenda su compromiso con la juventud tlaxcalteca para legislar con certeza y justicia por los derechos de los jóvenes en nuestro país.

Durante la firma de la agenda, Ávalos Zempoalteca señaló  que los jóvenes y los niños son lo más valioso que tiene la sociedad, pues son el presente y el futuro; por lo que enfatizó que este momento es crucial para impulsar y respaldar a los jóvenes de Tlaxcala.

La candidata de la alianza PAN, PRI, PRD compartió que la agenda abarca 3 grandes de compromisos:

1. Creación de la ley general de juventudes. Ratificación de la convención de los derechos de los jóvenes, así como la armonización de las leyes secundarias y estatales en materia de juventudes.
2. Garantizar la transversalidad de la perspectiva juventudes en las políticas públicas.
3. Garantizar la plena participación de las juventudes en el poder poder legislativo y la sociedad a través de diversos mecanismos como el parlamento abierto, consejos consultivos, observatorios entre otros.

Finalmente Ávalos Zempalteca empeñó su palabra con la juventud para respaldarlos desde el Senado de la República.

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De cara a las elecciones del 2 de junio de 2024, el Gobierno del Estado propuso a las dirigencias estatales de los 11 partidos políticos en Tlaxcala y al al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), la firma de un “Acuerdo Estatal de Civilidad Democrática”, que, sin embargo, fue rechazado en primera instancia por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

De acuerdo con la presidenta del PAN en Tlaxcala, Miriam Martínez Sánchez, el acuerdo fue recibo vía WhatsApp, “lo que carece de seriedad y formalidad necesaria”.
La dirigenta del PRI, Anabell Ávalos Zempoalteca, anunció que el tricolor no firmará ningún acuerdo , pues el gobierno estatal lo único que busca es imponer su voluntad en el documento, y sin considerar las propuestas de los partidos políticos.

“No vamos a firmar ningún pacto de civilidad porque no nos respetan, además, no se tendría que firmar ningún documento si se acatara todo lo que está contemplado en la Constitución y en las ley electorales”, subrayó.

Además, consideró que la firma de un acuerdo sólo sería un acto social, en la que el Ejecutivo sólo legitimaría su función y no garabntizaría el cumplimiento de las disposiciones legales.
Por su parte, la lideresa del PRD, Patricia Zenteno Hernández, afirmó que es fundamental que el acuerdo “no se limite a resumir las obligaciones que ya están plenamente establecidas en los diferentes ordenamientos jurídicos, sino apelar a la interlocución para construir, desde la pluralidad, un documento que integre las diferentes visiones partidistas que permitan crear un acuerdo amplio y robusto”.

Las presidentas de ambos institutos políticos dieron a conocer su posicionamiento mediante sendos comunicados de prensa, en los que coinciden que no firmarán el acuerdo.
En el caso del PAN, Martínez Sánchez sostuvo que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros “ha sido de las primeras en romper reglas electorales y quien, además, no ha sido sancionada. Tenemos que recordarles que nosotros no tenemos espectaculares de promoción personalizada, y mucho menos tenemos funcionarios estatales haciendo campaña sin presentar su renuncia”.
En ese sentido, afirmó que “si se tratará de un acuerdo, éste tendría que haber sido construido entre todas las partes”,por lo cual “para nosotros esto es una mera adición, lejano a un tema democrático”.

“En el PAN, nos encantaría ver un acuerdo donde los casi mil millones de pesos que van a ejecutar entre el DIF y la Secretaría de Bienestar, que dirigen las hijas de la gobernadora y quienes además aspiran a puestos de elección popular, lo aplicaran después del 2 de junio; nos encantaría ver que los servidores de la nación no utilizarán los padrones de beneficiarios para condicionar el voto y, sobre todo, nos hubiera encantado que no tuvieran que haber pasado 29 meses para convocarnos a esta firma, que además no tuvo ni la formalidad necesaria. Un acuerdo de tal magnitud no se envía por un mensaje de WhatsApp”, afirmó.

Incluso, aseguró que el gobierno estatal se quiere blindar “ante su plan de jugar sucio”, por lo que “no necesitamos firmar nada, nuestro compromiso es con la gente, lo acabamos de demostrar, les arrebataremos la mayoría en el Congreso y ganaremos las fuerzas en los municipios”.

A su vez, el PRD planteo que el acuerdo propuesto por el gobierno estatal debe comprometerse a la no injerencia del aparato gubernamental para presionar o coaccionar a los ciudadanos, servidores públicos, sindicatos e iniciativa privada, de cara al proceso electoral 2023 –2024. Asimismo, debe tener el compromiso irrenunciable de no utilizar los programas sociales con fines de promoción personal, ni como medida de presión para votar a favor de un partido, candidato o coalición en específico.

De igual manera, exigió que el gobierno estatal tampoco sea utilizado como búnker de campaña electoral, como fuente de financiamiento electoral, ni como instrumento de presión política en contra de ningún adversario, partido, activista o ciudadano que no comulgue con sus ideas.

“En tanto estos puntos no sean considerados en el Acuerdo Estatal de Integridad y Civilidad Democrática, el Partido de la Revolución Democrática continuará reservando su derecho a firmar el acuerdo”, advirtió.

Cabe recordar que el pasado 4 de diciembre, el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, adelantó que el gobierno estatal convocaría a las 11 fuerzas políticas y a las autoridades electorales del estado a la firma de lo que él denominó Acuerdo Estatal de Integridad y Civilidad Democrática. Lo anterior, en busca de un desarrollo pacífico de las elecciones y de generar un mecanismo que erradique la corrupción e impunidad durante el proceso electoral 2023-2024.

“Tenemos una concertación con los partidos políticos en el estado para firmar, tanto las autoridades como los 11 partidos políticos, un acuerdo que podría darse en los próximos días, respetando los tiempos de los partidos para que lo analicen, para que pueda poner su propuesta de modificación. La finalidad es que todos los institutos políticos hagan sus actividades con respeto pleno al proceso electoral, a los principios que rigen el derecho electoral y gocen de la atención social, que permita que sus plataformas e ideas sean difundidas de manera pacífica”, afirmó poco después de haber entregado el segundo informe de gobierno de la titular del Ejecutivo.

En la entrevista, el funcionario aseguró que el gobierno estatal colaborará con las instituciones electorales, locales y federales, encargadas del proceso electoral 2023-2024, por lo que procurará las condiciones necesarias de seguridad a todos los participantes.

Ramírez Hernández destacó que la firma del acuerdo, en un principio, sería con los partidos políticos y organismos electorales, pero después se buscaría sumar a las autoridades municipales.

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