Durante el recorrido por las principales calles de la ciudad, los asistentes portaron banderas multicolores, pancartas y mensajes dirigidos a las autoridades para fortalecer las políticas públicas que garanticen la no discriminación y el pleno ejercicio de los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género.

En los últimos años, Tlaxcala ha registrado importantes avances en el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT+. Entre ellos destaca el reconocimiento legal del matrimonio igualitario, la posibilidad de acceder a mecanismos de identidad de género para personas trans y una mayor visibilidad de las demandas de este sector en espacios públicos e institucionales.

Colectivos y defensores de derechos humanos han señalado que existe una mayor apertura social respecto a la diversidad sexual en comparación con décadas anteriores, lo que ha permitido una participación más activa de integrantes de la comunidad en ámbitos educativos, laborales, culturales y políticos.

Sin embargo, representantes de organizaciones civiles coincidieron en que aún existen desafíos significativos. Entre los principales retos se encuentran la persistencia de actos de discriminación, violencia y discursos de odio, particularmente contra personas transgénero y no binarias, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de atención a víctimas y garantizar el acceso igualitario a servicios de salud, educación y empleo.

Otro de los temas que preocupa a los colectivos es la falta de estadísticas actualizadas sobre violencia y discriminación hacia personas LGBT+, lo que dificulta el diseño de políticas públicas específicas para atender las problemáticas que enfrenta este sector de la población.

Durante la marcha también se hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales para impulsar campañas permanentes de sensibilización, promover la inclusión en todos los niveles de gobierno y garantizar el respeto a los derechos humanos sin distinción de orientación sexual o identidad de género.

Los participantes señalaron que el Orgullo no solo representa una celebración de la diversidad, sino también una manifestación social que busca mantener vigente la lucha por la igualdad, el reconocimiento y la construcción de una sociedad más incluyente para todas las personas.

La movilización concluyó con actividades culturales y mensajes de unidad, en los que se reiteró que, aunque se han logrado avances importantes en materia de derechos, la meta sigue siendo erradicar cualquier forma de discriminación y asegurar condiciones de igualdad plena para la comunidad LGBT+ en Tlaxcala.

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La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros hizo un llamado a los servidores públicos de su administración a desempeñar su función con respeto y humanismo, así como a crear ambientes laborales donde el respeto, la paz y la dignidad para los trabajadores, sobre todo a las mujeres, sean una constante, con el único objetivo de cumplir a la ciudadanía de Tlaxcala.

“Tenemos el deber moral de ser ejemplo de ética, de empatía y de sensibilidad, porque cuando en una oficina se tolera cualquier forma de violencia, no solo se daña a quien la padece, sino que se traiciona la confianza de toda una sociedad. Las responsabilidades disciplinarias y penales por acoso, hostigamiento y violencia laboral debido a género aplican para todas las personas”, puntualizó.

La titular del Ejecutivo asistió a la conferencia “Responsabilidades Disciplinarias y Penales en el Servicio Público en Razón de Género, Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral”, impartida por Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria, analista Jurídica del Sistema Nacional Anticorrupción, organizada por la Secretaría de la Función Pública del estado (SFP), con la finalidad de promover una cultura institucional de respeto, legalidad, equidad y cero tolerancia a la violencia.

En su mensaje, Cuéllar Cisneros afirmó que, en su administración, cada denuncia sobre violencia laboral o de género es atendida e investigada por la SFP, para actuar en consecuencia en contra de quien o quienes resulten responsables.

Enfatizó que su gobierno ha realizado esfuerzos para garantizar espacios seguros e incluyentes, sobre todo para las mujeres, a través del fortalecimiento del marco normativo y la creación de instituciones como la Fiscalía Especializada para la Atención de Mujeres, la Secretaría de las Mujeres y la apertura de la primera oficina de Diversidad Sexual en el estado, así como el 65 por ciento de las acciones sociales están dirigidas a jefas de familia, emprendedoras y jóvenes, sectores que históricamente fueron invisibilizados.

“Reconocemos que la violencia en el servicio público no solo daña a las mujeres, también lastima a quienes por su identidad de género, su orientación sexual, su condición social o su expresión diversa son invisibilizados, burlados o agredidos. Por eso en Tlaxcala, no hablamos solo de inclusión, hablamos de justicia”, señaló.

En el auditorio del órgano de Fiscalización Superior (OFS), la mandataria estatal destacó que, en Tlaxcala, los tres poderes del Estado están representados por mujeres, situación que obliga a sus titulares a implementar políticas públicas que promuevan la igualdad.

La secretaria de la Función Pública en el estado (SFP), María Isabel Maldonado Textle, resaltó el liderazgo y firme compromiso con los derechos humanos y la igualdad sustantiva de la titular del Ejecutivo, los cuales, afirmó, “nos inspira y nos guía” para promover entornos laborales con respeto y sin violencia de género, como parte fundamental del servicio público

“Nuestra gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, no es partícipe de las injusticias y es claro ejemplo para nosotros para que nos conduzcamos con respeto, sencillez y amabilidad, generando un entorno laboral donde los servidores públicos se sientan valorados, respetados y motivados. Erradicar la violencia de género no es una opción. Es una obligación legal, ética y moral”, resaltó.

Comentó que, con estas acciones, la SFP en Tlaxcala coadyuva y reafirma su compromiso con la construcción de ambientes laborales seguros, justos, igualitarios, de respeto y libres de violencia y, en su caso, la aplicación efectiva de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y los instrumentos normativos en materia de género.

Al evento asistieron, el auditor superior Arturo Lucio Salas Miguela; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura, Anel Bañuelos Meneses; el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado (TJA), Manuel Vázquez Conchas, y la fiscal del estado, Ernestina Carro Roldán, así como integrantes del gabinete legal y ampliado, de organismos descentralizados y organismos autónomos.

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El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) impugnó los “Lineamientos para garantizar la imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral, por parte de las personas servidoras públicas en el proceso electoral local ordinario 2023- 2024 y los extraordinarios que devengan de este”, aprobados el pasado 28 de diciembre por el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) mediante el acuerdo ITE-CG 122/2023.

En su recurso impugnativo dirigido al Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) mediante un juicio electoral, el PVEM establece que las consejeras y consejeros electorales solo se limitaron a realizar “una copia sustancial de lo establecido en los ‘Lineamientos para garantizar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en materia electoral por parte de las personas servidoras públicas’ emitidos por el Instituto Nacional Electoral mediante la Resolución INE/CG882/2022”.

Además, subraya que tales lineamientos fueron revocados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través del recurso de apelación SUP-RAP- 4/2023 y acumulado, dentro del cual se estableció que el INE se excedió en la materia de regulación y contravino criterios jurisdiccionales.

Entre otras cosas, en los lineamientos aprobados por el INE se reguló sobre las campañas electorales, estableciendo conceptos distintos a los legales sobre actos anticipados de precampaña y campaña; los programas sociales, señalando obligaciones de entrega de información a los poderes Ejecutivos, federal y de las entidades federativas, así como prever un supuesto de presunción de fines electorales, y estableciendo prohibiciones para su creación y operación, así como modalidades de entrega de los beneficios.

El INE también definió responsabilidades administrativas instituyendo obligaciones específicas distinguiendo a los integrantes de los poderes Legislativo Ejecutivo y Judicial y organismos autónomos, y prohibió conductas específicas de operadores de programas sociales.

Incluso, con respecto a la comunicación social y al ejercicio periodístico, el INE reguló lo relativo a conferencias de prensa y redes sociales, así como reglas sobre las respuestas a los cuestionamientos por parte de los medios de comunicación.

En ese sentido, el PVEM sostiene que los lineamientos del ITE “solo generan confusión en los partidos políticos, en las personas que aspiran a un cargo de elección popular y en el actuar de los servidores públicos, funcionarios y en los demás actores políticos, pues entre lo manifestado en el Acuerdo ITE-CG 122/2023 y lo manifestado en los Lineamientos existe un galimatías jurídico, es decir, en el Acuerdo la responsable manifiesta un objetivo al emitir los Lineamientos, sin embargo, lo que realmente señala en ellos está lejos de cumplir ese objetivo”.

Además, acusa que el ITE “no actuó con ética ni con apego a la legalidad, pues en los lineamientos que emitió, solicita que los servidores públicos que sean candidatos registren sus agendas de eventos públicos cuando ya están obligados a hacerlo en materia de fiscalización por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, sin especificar un supuesto de cancelación o modificación de algún evento por parte de los candidatos o candidatas, ni establecer un procedimiento para ello”.

Independientemente de lo anterior, afirma que en cumplimiento a la sentencia SUP-RAP-04/2023 de la Sala Superior del TEPJF, el INE estableció medidas para evitar la injerencia y/o participación de personas servidoras públicas que participan en la ejecución de programas sociales, así como las denominadas personas servidoras de la nación en los procesos electorales federales y locales 2023-2024, el día de la jomada electoral, por lo cual “no es necesario que el ITE emita más lineamientos sobre la materia”.

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