Sin previo aviso, los pacientes que esperaban recibir su tratamiento, no pudieron ingresar a las instalaciones de la clínica que se mantiene cerrada por supuestas irregularidades, aunque hasta el momento, no han explicado cuáles son las faltas cometidas.

Decenas de enfermos y sus familiares, muchos de ellos de municipios lejanos, se mantienen en incertidumbre, pues refieren que nadie les ha comentado cuando recibirán sus servicios, los cuáles no pueden postergarse por la gravedad de sus padecimientos.

Desde que “Certeza” opera bajo el esquema de subrogación del IMSS se han presentado diversos problemas, cabe recordar que los derechohabientes no estaban de acuerdo con el cambio de clínica, pues con anterioridad recibían esta prestación a través de “Esterinova”.

Incluso se manifestaron en diversas ocasiones, acusando al IMSS de realizar licitaciones “opacas”, al tiempo que señalaron a “Certeza” de no contar con el equipo ni el personal adecuado para atender a los enfermos renales.

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Neptalí N., de Calpulalpan, quien gobernaba a través del extinto partido político Encuentro Social (PES); el presidente municipal de Zacatelco, Hildeberto N.; el ex presidente de Panotla, Eymard N. del Partido de la Revolución Democracia (PRD) y recientemente el de Xaloztoc, J. Carmen N.

Sin embargo hay una larga lista de personajes que duermen con un amparo bajo el colchón como es el caso de Rodrigo N. de Teolocholco; Angelo N. de Apetatitlán; Salvador N., presidente reelecto de Huamantla; Luis Ángel N., de Xicohtzinco, y Oracio N., de Axocomanitla.

La lista es inédita, eso hay que decirlo, ahora tendremos que ver si los procesos se mantienen y se logra recuperar algo de lo que estos figurines se llevaron, o si correrán la misma suerte que el de Calpulalpan que, tras unos meses en la sombra, acabaron saliendo a disfrutar de su libertad.

El el caso del último detenido, J. Carmen N. sería lamentable pues tan solo en tres meses no logró aclarar 9.5 millones de pesos en el año 2016, mientras que en el 2015 el daño fue superior a los 13 millones de pesos. Se sirvió con la cuchara grande.

Alabanza en boca propia…

María Isabel Pérez González sabe que su salida está cerca, pero quiere irse presumiendo “sus logros”, aunque eso sea ni más ni menos para lo que se rentó, para lo que se le paga y no es menos de lo que se espera de un funcionario de su nivel y jerarquía.

Sin embargo eso no impidió que la todavía magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) presumiera a través de un boletín una efectividad superior al al 90 por ciento en resoluciones.

“A pesar de su alta efectividad decidió no impugnar la resolución del Poder Legislativo quien optó por no ratificarla en el cargo”, dice el documento.

Este mismo texto afirma que su trabajo se traduce en una efectividad del 93.6 por ciento en sus resoluciones y que durante los casi seis años de su mandato, sólo nueve de las 508 resoluciones que emitió le fueron revocadas. Lo anterior se desprende del informe remitido al Poder Legislativo por parte de la Magistrada.

En contraparte Marcos Tecuapacho hizo todo lo opuesto pues luego de que los diputados locales aprobaran el procedimiento para analizar la situación jurídica de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, el abogado se amparó para seguir en el cargo, pese a conocer que su periodo concluye el próximo 31 de agosto.

El expediente 826/2024 presentado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala señala que en su perjuicio fueron violados los artículos 1,14,16,17,116 y 133.

Las tres de ley… 1- Para un gobierno tan sensible y humano no se ve bien que las manifestaciones por mala atención a enfermos renales sea reiterada, mucho menos cuando se trata de infantes, como sucedió el día de ayer.

2- Esto ocurrió en las instalaciones del Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT), espacio que fue tomado, en demanda a la falta de insumos que sirven para realizar las sesiones de hemodiálisis que son de vida o muerte para los enfermos renales.

3-  La molestia es justificada si se toma en cuenta que, de acuerdo con los padres de familia, desde hace dos meses los responsables del nosocomio justifican con diversos pretextos la falta de esterilización del equipo con el que sus hijos reciben tratamiento. Una infección en este nivel es de alto riezgo, incluida la muerte.

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Familiares de enfermos renales, se manifestaron en el Hospital general del Instituto Mexicano del Seguro Social, para exigir a las autoridades regresen los servicios de hemodiálisis que prestaba la Clínica “Esterinova”, toda vez que, recientemente fueron cambiados de nueva cuenta a la Clínica “Certeza” la cual denunciaron no tiene los equipos necesarios y el servicio es deficiente para atender a poco más de 800 pacientes.

Los presentes, indicaron que la empresa “Certeza” ya había brindado esta prestación a los derechohabientes, la cual consideraron, no fue adecuada, y aunque no dieron números precisos, develaron que, en ese periodo, se registraron defunciones de jóvenes y adultos, así como el agravamiento de algunos casos.

“No somos moneda de cambio, está de por medio la salud de la gente” dijo uno de los quejosos quien aseguró, el cambio de clínica se debe a una licitación que se realizó “por debajo del agua”, pues la empresa “Esterinova” no tenía ni un año de brindar el servicio.

Como medida de presión, para ser atendidos por personal del IMSS, los manifestantes cerraron la carretera, lo que derivó en caos vial y enfrentamientos verbales con transportistas y automovilistas.

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La historia se repite, los pacientes y sus familias deben soportar además del desgaste de padecer una enfermedad crónica, las deficiencias en el servicio, la burocracia, el trato insensible y poca empatía del personal médico.

El grupo de derechohabientes denunció que las 10 máquinas de hemodiálisis con las que cuenta el hospital, además de ser insuficientes presentan fallas casi cada ocho días, lo que afecta su tratamiento y deteriora su salud.

Además, expusieron que de manera recurrente se realizan adecuaciones y remodelaciones en el área de hemodiálisis donde reciben el servicio, lo que representa un riesgo para la salud de los enfermos.

Hay que recordar que,en 2019 por lo menos siete pacientes que recibían hemodiálisis en el ISSSTE murieron luego de que se detectó la presencia de una bacteria en las máquinas que se utilizaban para atender a los enfermos renales.

La negligencia por falta de limpieza y mantenimiento en las máquinas, sumado al poco cuidado en los procesos, fue la causa que enlutó a familias tlaxcaltecas.

Los propios pacientes y sus familias saben que la responsable del área de hemodiálisis, conocida como “la Jefa Carmen” tiene mucho que ver en las fallas que se presentan en el servicio que reciben.

La trabajadora del ISSSTE lleva 17 años como encargada del área, tiempo en que el lejos de contribuir a mejorar la atención de los pacientes ha creado un coto de poder a costa de la salud de tlaxcaltecas.

Los enfermos que alzan la voz para denunciar las omisiones de los directivos del Instituto exigen, legítimamente, un cambio de la persona encargada de vigilar que el servicio de hemodiálisis se brinde correctamente.

Al final la responsabilidad no es menor ya que de un correcto tratamiento de calidad y oportuno depende la calidad de vida de cientos de tlaxcaltecas.

Es necesario que al frente de un área tan sensible se coloque a un funcionario con la preparación suficiente para atender las necesidades de los enfermos, quienes piden que sea un perfil con la especialidad en nefrología, cosa que la Jefa Carmen no cumple.

A todas estas deficiencias, hay que sumarle la insensibilidad del personal médico y administrativo del ISSSTE, quienes no priorizan la atención de enfermos graves o con mayores necesidades para atenderlos.

Existen denuncias de que por fallas en las máquinas a muchos pacientes se les cancelan sus citas y reprograman en otros horarios sin tomar en cuenta las repercusiones en la salud de los enfermos ni los gastos que representa para las familias.

El desorden administrativo y la falta de una estrategia eficiente en la atención de los enfermos y sus familias son omisiones graves por parte del ISSSTE porque merma la salud de quienes padecen insuficiencia renal crónica.

El grupo de pacientes ha entregado oficios y escritos al director general, Martín Córdoba Ortega, de igual manera han acudido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y al Congreso del Estado, pero hasta la fecha no han encontrado respuesta.

Lo condenable es que autoridades del sector de todos los niveles y órdenes de gobierno reconocen el grave que representa la enfermedad renal crónica en el estado, que se ha convertido en la tercera causa de muerte entre los tlaxcaltecas.

Saben que la incidencia en niños y adolescentes es alta, que el número de casos en este grupo poblacional en los últimos años ha crecido de manera importante.

Empero hasta este momento ninguna autoridad ha mostrado voluntad política, ni interés por atender de fondo la problemática, se debe replantear la manera en que se enfrenta este grave fenómeno de salud pública.

Garantizar una atención digna en el sector público a pacientes es lo menos que están obligados a hacer las autoridades. Establecer campañas para prevenir cualquier contingencia a todos los enfermos debe ser su prioridad.

Si mantienen esta actitud indolente ante los pacientes y sus familias, en unos años, no habrá sistema de salud que soporte el impacto de la incidencia de la enfermedad renal que en este momento registra Tlaxcala y que va en aumento.

Decirle a los familiares de los pacientes, “no hay nada que hacer, llévelo a morir a su casa” o “llévelo a una clínica particular si no le gusta la atención”, son pretextos y argumentos que describen la calidad humana de personas que, por la naturaleza de su trabajo, deberían ser más flexibles y sensibles.

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