En Tlaxcala, un estado con un contexto particular de abandono de viviendas y ocupación irregular, esta iniciativa plantea tanto oportunidades como desafíos y sin embargo la delegación que ocupa Alejandra Ramirez Ortiz no ha salido a aclarar las dudas que surgieron desde la derecha. No la culpo, en la esfera federal nadie se manda sola, con todo y apellido debe disciplinarse.

El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, ha anunciado que no se recurrirá a desalojos forzosos, sino que se ofrecerá un esquema de arrendamiento con opción a compra para quienes habitan estas propiedades sin título legal. Pero, ¿es esta una solución viable para Tlaxcala, o podría generar más problemas que beneficios?

En México, el Infonavit estima que existen unas 843 mil viviendas con problemas, de las cuales 145 mil están ocupadas irregularmente y 23 mil están deshabitadas o vandalizadas. En nuestra entidad, aunque no se han proporcionado cifras específicas recientes, el fenómeno no es ajeno.

Muchas de estas viviendas, construidas en periferias sin servicios básicos adecuados o lejos de los centros de trabajo, fueron abandonadas por sus derechohabientes debido a la imposibilidad de pagar créditos, condiciones precarias o incluso fraudes inmobiliarios.

En algunos casos, como señaló Romero Oropeza en diciembre de 2024, se descubrió que una misma casa en Tlaxcala fue vendida hasta 200 veces, evidenciando la magnitud de la corrupción en administraciones pasadas. Por cierto en ese fraude estaban notarios, esos que ahora se dicen víctimas.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha subrayado que no se puede ignorar esta problemática. “Sería un absurdo que se mantengan abandonadas o en condición de irregularidad”, afirmó, destacando que la propiedad privada está protegida por la Constitución y que cualquier solución debe respetar este principio.

En Tlaxcala, donde el abandono de viviendas ha generado focos de inseguridad y deterioro urbano, la regularización podría revitalizar comunidades, pero también plantea preguntas sobre la justicia y la legalidad.

El plan del Infonavit consiste en ofrecer a los ocupantes irregulares un esquema de renta con opción a compra a precios accesibles, especialmente en casos donde no existan denuncias por despojo.

Este enfoque busca evitar conflictos sociales y largos procesos judiciales, al tiempo que permite a las personas que ocupan estas viviendas –muchas veces por necesidad– acceder a una solución legal para obtener la propiedad.

En Tlaxcala, donde la pobreza y la falta de acceso a vivienda digna son problemas persistentes, esta iniciativa podría beneficiar a familias que, sin otras opciones, ocuparon casas abandonadas. No que hayan sacado a golpes a sus ocupantes, sino que hayan hecho uso de esas viviendas, porque nadie las ocupó ni reclamó.

Sin embargo, la propuesta no está exenta de críticas. Organismos como el Colegio de Abogados de Tijuana han advertido que regularizar viviendas a ocupantes irregulares podría ser jurídicamente inviable y generar inseguridad jurídica, al vulnerar los derechos de los propietarios legítimos que adquirieron sus casas mediante créditos formales.

En Tlaxcala, donde los fraudes inmobiliarios han dejado a muchos derechohabientes en desamparo, existe el riesgo de que esta medida sea percibida como un “premio” a la ilegalidad, desincentivando el cumplimiento de los procesos legales.

Tlaxcala enfrenta desafíos específicos que hacen que la propuesta del Infonavit sea particularmente relevante. La entidad ha sido señalada como uno de los lugares donde los fraudes inmobiliarios, como la venta múltiple de una misma propiedad, han afectado a miles de familias.

Además, muchas viviendas de interés social construidas en zonas alejadas carecen de servicios básicos como agua, transporte o seguridad, lo que ha propiciado su abandono. Estas condiciones han dado pie a la ocupación irregular, especialmente por personas en situación de vulnerabilidad que ven en estas casas una oportunidad para tener un techo.

El programa de regularización, junto con el censo que realiza Infonavit en colaboración con la Secretaría de Bienestar, podría ayudar a identificar cuántas de estas viviendas en Tlaxcala están ocupadas irregularmente y cuáles son recuperables.

Además, el plan “Regeneración Comunitaria Infonavit” busca rehabilitar lotes y mejorar áreas urbanas abandonadas, lo que podría tener un impacto positivo en comunidades tlaxcaltecas afectadas por el deterioro. ¿Qué falta?, quizá una campaña informativa que le quite filo a la de desinformación encabezada por los medios tradicionales.

La iniciativa del Infonavit en Tlaxcala tiene el potencial de transformar una problemática histórica en una oportunidad para reducir el rezago habitacional. Sin embargo, su implementación debe ser cuidadosa para evitar consecuencias no deseadas.

Por un lado, permitir que ocupantes irregulares adquieran viviendas a bajo costo podría beneficiar a familias necesitadas y revitalizar comunidades abandonadas. Por otro, sin controles estrictos, podría incentivar nuevas ocupaciones ilegales, como advierten expertos.

Además, es crucial garantizar que los derechos de los derechohabientes originales no sean vulnerados, especialmente en casos de fraudes inmobiliarios donde las víctimas aún buscan justicia.

El gobierno de Sheinbaum y el Infonavit han insistido en que la propiedad privada está resguardada y que se implementarán filtros jurídicos para evaluar cada caso. En Tlaxcala, donde la confianza en las instituciones ha sido minada por años de corrupción, la transparencia en este proceso será clave para evitar percepciones de injusticia.

La propuesta de Infonavit en Tlaxcala no es una defensa de los invasores, sino un intento por resolver un problema complejo sin recurrir a la violencia de los desalojos. Sin embargo, su éxito dependerá de un equilibrio delicado: respetar la propiedad privada, garantizar justicia para los derechohabientes afectados por fraudes y ofrecer soluciones reales a quienes ocupan viviendas por necesidad.

En una entidad federativa como la nuestra, donde la vivienda digna sigue siendo un sueño para muchos, esta iniciativa podría ser un paso hacia la justicia social, siempre y cuando se implemente con rigor, transparencia y apego a la ley.

El cargo Infonavit: ¿quién hablo de despojo? apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ EDOMEX) anunció la noche del viernes que, en el marco de la denominada ‘Operación Restitución’, se ejerció una acción penal en contra de “tres notarios, cinco servidores públicos estatales y cuatro municipales“, así como la aprehensión de “objetivos prioritarios integrantes de organizaciones sociales autodenominadas “sindicatos“.

El cargo Caen 23 miembros sindicales, funcionarios y notarios por red de despojo apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El cargo POLICÍA DE INVESTIGACIÓN APREHENDE A HOMBRE POR DESPOJO: FGJE apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

De acuerdo con los hechos, el 9 de diciembre de 2020 la agraviada firmó un contrato de compraventa con el acusado, quien le vendió un predio ubicado en el municipio de Hueyotlipan.

Sin embargo, el 12 de marzo de 2022 familiares de la víctima le informaron que el imputado acompañado de un grupo de hombres habían ingresado al inmueble. Posteriormente, recibió una llamada telefónica mencionándole que el probable responsable con un título de propiedad sin valor legal intentaba vender el predio.

Derivado de ello, la mujer acudió al domicilio, donde observó que Esteban N., había realizado trabajos de cercado. Ante este hecho, la fémina presentó la denuncia correspondiente y el Ministerio Público inició la carpeta de investigación.

Durante la audiencia, el representante del fuero común expuso los datos de prueba suficientes ante el Juez de la Causa, quien lo vinculó a proceso y otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación.

Toda persona se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad definitiva por las autoridades competentes.

El cargo HOMBRE ES VINCULADO A PROCESO POR DESPOJO: PGJE apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

• Se contó con el apoyo de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Derivado de los trabajos de inteligencia, Policía de Investigación adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) logró la reaprehensión de Ignacio Alarcón N., por el delito de despojo.

Los hechos por los que fue detenido se registraron el 13 de agosto de 2015, cuando el agraviado se encontraba en su domicilio ubicado en el Ejido de San Luis Huamantla, del municipio de Huamantla y el investigado acompañado de varios masculinos ingresaron con armas de fuego, obligándolo a salir para despojarlo del inmueble.

Por ello, la víctima presentó la denuncia, una vez sujeto a proceso se le fijó una caución, la cual no exhibió, lo que generó que se librara una reaprehensión en su contra; por lo que tras realizar las labores de búsqueda, agentes de Investigación de la PGJE localizaron al imputado en el estado de Puebla, por ello, solicitaron el apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de dicha entidad, quien brindó las facilidades a elementos de Investigación de la Procuraduría para su ingreso al territorio poblano.

Derivado de ello, Policía de Investigación de la PGJE ubicó al imputado en la colonia La Paz, del estado de Puebla, donde le hicieron saber los derechos que le asisten como persona detenida, posteriormente fue trasladado a Tlaxcala, con el objetivo de ponerlo a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

El cargo REAPREHENDE PGJE A HOMBRE POR DESPOJO apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

A través de un oficio, el alcalde de Apetatitlán, Ángelo Gutiérrez Hernández, solicitó a los Servidores de la Nación desalojar el lugar que se les había destinado.

De acuerdo con la Delegación de la Secretaría de Bienestar de Tlaxcala, el edil pidió que se “desocupe y gestione la entrega de mobiliario y equipo propiedad del municipio”, a partir del 1 de febrero.

Ante esto, la dependencia federal, informó que todos los programas y apoyos sociales continuarán funcionando con regularidad, ahora desde la sucursal del Banco del Bienestar que se encuentra en la Calle Abasolo de esta demarcación.

Mediante un comunicado, la Delegación recordó que se operan 14 programas federales, al tiempo que lamentaron la decisión unilateral de cerrar los espacios, generado dificultades innecesarias a la población que busca incorporarse a los programas sociales del Gobierno de México.

El cargo Corre Ángelo Gutiérrez a servidores de la Nación; operarán en sede alterna apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El 17 de mayo de 2021, la víctima ingresó a su domicilio ubicado en la colonia Alfonso Espejel, en el municipio de Calpulalpan y observó a la imputada acompañada de sus hijos, quien argumentó que la propiedad era suya y la sacó de la misma.

Por ello, la mujer presentó la denuncia correspondiente ante el representante del fuero común. El Ministerio Público integró la carpeta de investigación y en la audiencia presentó los elementos probatorios ante el Juez, quien determinó vincularla a proceso y otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.

De esta manera, la Procuraduría General de Justicia del Estado trabaja en acciones que coadyuven a hacer cumplir la ley a quién o quiénes atenten contra el patrimonio de las personas.

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Derivado del mandamiento judicial librado por un Juez de Control de la entidad tlaxcalteca, agentes de la Policía de Investigación de la Procuraduría iniciaron con las labores de búsqueda y el hombre fue ubicado en la Ciudad de México por lo que solicitaron el apoyo de la Fiscalía de dicha entidad para su aprehensión.

Por ello, agentes de ambas corporaciones llevaron a cabo las pesquisas correspondientes y el masculino fue aprehendido en la alcaldía Cuauhtémoc, donde le mostraron la orden de aprehensión y le hicieron saber los derechos que le asisten como persona detenida.

Finalmente, personal de la Fiscalía hizo entrega del indiciado a Policías de Investigación de la Procuraduría, a fin de que sea presentado ante la autoridad correspondiente y responda por el delito que se le acusa.

La Procuraduría General de Justicia del Estado trabaja de acuerdo con los protocolos que marca la ley y conforme al convenio de colaboración entre fiscalías y procuradurías para la ejecución de mandamientos judiciales.

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