Fue en el mes de marzo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo envió al Congreso de la Unión un dictamen para reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, sin embargo, su discusión fue pospuesta debido a que organizaciones de “madres buscadoras”, solicitaron integrar sus demandas.

Fue la propia titular del Ejecutivo quien solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ampliar el diálogo. Así durante tres meses se realizaron 84 mesas y como resultado se incorporaron más de 30 modificaciones al dictamen original.

Vale la pena hacer un paréntesis para señalar que este marco legal ya existe desde 2107 y que ha tendido diversas modificaciones para ampliar sus facultades, tal es el caso de las del 2021, 2022 y las más recientes en 2024, estas últimas para garantizar los derechos pro-persona en “la ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, memoria, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como titular de derechos”. (DOF 2024)

Finalmente, la discusión de este dictamen, que modifica diversas disposiciones de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, se incorporó para su discusión en el Periodo Extraordinario del Congreso de la Unión, realizado del 23 de junio al primero de julio. El primero en discutirlo fue el Senado de la República, donde fue aprobado. La Cámara de Diputados avaló la minuta el primero de julio del año en curso y fue turnada al Ejecutivo Federal para su publicación.

Las reformas, reciénteme avaladas por ambas Cámaras del Congreso buscan fortalecer las capacidades del Gobierno Federal y la coordinación con las administraciones estatales de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

Sin duda una de las aportaciones en este nuevo marco legal es el reconocimiento de la participación de las familias en su carácter de víctimas en los procesos de búsqueda e investigación, como uno de sus ejes para reforzar los mecanismos de búsqueda con un enfoque en derechos humanos.

El dictamen modifica el término de procuradurías locales a fiscalías locales y considera a la Clave Única de Registro de Población (CURP) como elemento base de identificación de las personas.

Se incorpora la Plataforma Única de Identidad con la intención de facilitar la búsqueda y localización de personas desaparecidas, que tendrá conexión con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y registros administrativos, a fin de realizar búsquedas continuas y exhaustivas mediante la CURP, para detectar rápidamente posibles casos de desaparición y dar respuesta inmediata de las autoridades. Lo anterior había sido una demanda histórica por las autoridades de las propias entidades federativas.

Se establece además que los servicios periciales y forenses de la Federación o de las entidades federativas que tengan en resguardo un cuerpo o resto humano no identificado, previamente a la remisión a las fosas comunes, deberán practicar pruebas dactiloscópicas y genéticas para su identificación.

Los registros resultados de las pruebas deberán integrase al Banco Nacional de Datos Forenses, en un plazo no mayor a tres días contados a partir de que se obtuvo el resultado, y para ello podrán auxiliarse de instituciones públicas que cuenten con infraestructura para realizarlas.

Se implementa también la Ficha de Búsqueda que deberá generarse en formato físico y digital, y contendrá los datos esenciales de la persona reportada como desaparecida o no localizada; misma que deberá ser notificada en el Registro Nacional de Población (RENAPO) con la finalidad de que se activen en la Plataforma Única de Identidad, los alertamientos de usos de la CURP de la persona desaparecida o no localizada, o la búsqueda de coincidencias con sus datos identificativos.

Se crea demás la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas, misma que contendrá los datos de las carpetas de investigación iniciadas por los delitos de desaparición forzada de personas y por particulares y que deberán registrarse en RENAPO.

En lo relativo a las reformas avaladas a la Ley General de Población, se establece que la CURP será el documento nacional de identificación y la fuente única de identidad de las personas, pues contendrá las huellas dactilares y fotografía, por lo que será de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional.

Dicho documento estará disponible en formato físico y digital, y todo ente público o particular, estará obligado a solicitarla para la prestación de sus trámites y servicios.

En el documento del dictamen se establece que será la Secretaría de Gobernación la encargada de integrar los datos biométricos de las personas a la CURP, en estricto apego a la normativa en materia de protección de datos personales, tanto en posesión de sujetos obligados como de particulares.

El cargo Más de 30 cambios al dictamen de desaparición de personas, aprobado en periodo extraordinario apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum ha enviado al Congreso de la Unión alrededor de 30 iniciativas entre reformas constitucionales, leyes secundarias y reglamentarias, así como nuevas leyes. Hasta el pasado 30 abril, el Diario Oficial de la Federación (DOF), había publicado seis decretos constitucionales y reformas a cerca de 35 artículos de la Carta Magna.

Desde los primeros días de su gobierno, la presidenta de México, envió diversas iniciativas al Congreso de la Unión con el fin de ir delineando los ejes de acción de su proyecto de gobierno.

El Plan Nacional de Desarrollo 2025- 2030, avalado por la Cámara de Diputados en los primeros días del mes de mayo, mismo que fue enviado por la presidenta el 28 de febrero, establece como ejes generales “la gobernanza con justicia y participación ciudadana, el desarrollo con bienestar y humanismo, así como la economía moral, trabajo y desarrollo sustentable”.

Como ejes transversales plantea la “Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres; innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional, así como la garantía y protección de los derechos de las comunidades indígenas y afroamericanas”.

Desde su discurso en la toma de protesta ante el Congreso General, hizo énfasis en una de sus banderas principales, el tema de las mujeres. Es así que la primera iniciativa enviada al congreso fue apenas dos días después del inicio de su gobierno, en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género, una reforma de carácter constitucional robusta que involucra a siete artículos de la Constitución .

Para instrumentar la reforma al Poder Judicial, producto de la LXV Legislatura, la presidenta Claudia Sheinbaum envió en el mes de noviembre dos iniciativas, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia de Procedimientos Electorales, rumbo al proceso de elección popular de jueces, ministros y magistrados del próximo primero de junio.

El tema de seguridad es otra de las prioridades del actual gobierno, en el mes de noviembre envió una reforma constitucional al artículo 21 para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana asuma la coordinación y dirección de la Estrategia de Seguridad Nacional, misma que ya fue aprobada y publicada por el DOF.

Más tarde en el mes de febrero de este año, la mandataria envió dos iniciativas más, un proyecto para expedir la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública y otro que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de ampliar y fortalecer las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ambas propuestas están pendientes de análisis.

Paralelamente a este trabajo, la titular del Ejecutivo Federal ha enviado al Congreso diversas iniciativas orientadas a construir el andamiaje jurídico de las reformas constitucionales que formaron parte del paquete de 20 iniciativas enviadas por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre estos temas están las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con la que se crea la Secretaría de Ciencia, Humanidades; la Agencia de Transformación Digital y que modifica la denominación de la Secretaría de la Función Pública por la de Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Instituto de las Mujeres se transforma en la Secretaría de las Mujeres.

Envío también reformas en materia de transparencia y a la Ley Federal de Competencia en razón de la desaparición de órganos autónomos como el INAI, la Cofece y el IFT.

Una iniciativa en materia energética, también fue parte de las propuestas enviadas al Congreso, orientada, de acuerdo al dictamen, a fortalecer a la CFE y a Pemex como empresas públicas del Estado.

Otra más a la Ley reglamentaria del Servicio Ferroviario, plantea la creación de una nueva agencia reguladora del sector para que el Estado asuma un mayor control sobre la construcción, conservación y mantenimiento de esta infraestructura.
En el rubro de derechos sociales ha enviado reformas en materia laboral y de vivienda, tal es el caso de la reforma que buscan garantizar seguridad social a trabajadores de plataformas digitales, la reformas a la Ley del Infonavit en materia de vivienda social, y ha dado continuidad a la reforma que quedó pendiente en materia de la reducción de la jornada laboral.

La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la de desaparición forzada de personas, reformas secundarias al Poder Judicial, así como temas de seguridad, podrían ser parte de un próximo periodo extraordinario que ha demandado la presidenta al Congreso para avanzar en su proyecto de Gobierno.

Pero los pendientes se siguen sumando, pues en los últimos días de abril la titular del Ejecutivo envió tres iniciativas más: un decreto que expide una nueva Ley para eliminar trámites burocráticos; reformas a la Ley del Servicio Ferroviario para establecer al sector como desarrollo prioritario del Estado, y una más para reformar la Ley del Escudo, la Bandera el Himno Nacional, para izar el lábaro patrio a toda asta por mujeres históricas.

El cargo Las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum en la encrucijada legislativa apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Al concluir la reunión con el colectivo Guerreros Buscadores, la funcionaria federal expuso que una de las peticiones que han hecho los colectivos es que los servidores públicos tengan sensibilidad frente a las víctimas, luego de que reclamaron que hay quienes “son indolentes” ante estos casos.

“Nos hemos comprometido a que tengan un buen trato; que sean congruentes con la obligación de atender o de coadyuvar cuando la competencia cae en la jurisdicción de esas autoridades. Nosotros estamos convenciendo a todos los servidores públicos de que sea un enfoque con perspectiva de atención y protección a sus derechos. Hay cambios que se tienen que hacer y los vamos a hacer, y también cambios de servidores públicos que, si no lo hacen, van a tener que irse, porque la Presidenta no está jugando. Si no hacemos el trabajo bien, ella va a tomar una actuación distinta”, indicó en la clausura del encuentro ante los integrantes de esta agrupación.

-¿Es un ultimátum?- se le preguntó posteriormente en entrevista.

-Sí… es a nivel nacional, federal- respondió.

Además, refirió que pronto va a haber resultados en la investigación sobre el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde las autoridades investigan la existencia de un centro de reclutamiento. Luego de aclarar que es la Fiscalía General de la República la que está realizando las indagatorias, apuntó que “se va a ver cuál es la responsabilidad de servidores públicos también, y de los que no quieran trabajar y atender sus responsabilidades, pues también”. Se hará una revisión de quienes no quieran trabajar, insistió.

Recalcó que “yo tenía que hacer un llamado de atención para que los servidores públicos de la Secretaría pongan atención a las denuncias, y en todo caso a las víctimas”.

Sobre los temas del encuentro de este lunes, agregó que se trató de “un diálogo y de propuestas para seguir adelante”, en el que se presentaron casos dolorosos.

En tanto, la líder de Guerreros Buscadores, Indira Navarro, señaló que “hoy sentimos que hemos comenzado a acompañarnos, hoy hay acuerdos, y sigue pasar a las acciones”. Tras agradecer la apertura a este diálogo con las autoridades, sostuvo que ésto puede cambiar la historia de miles de familias víctimas de desaparición.

Luego de exponer diez puntos con propuestas en esta materia, aseguró que hay un compromiso para una investigarse a las autoridades estatales de la administración del ex gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y sostuvo que “van a remover”.

Cuestionada sobre el llamado que hizo momentos antes la Secretaria de Gobernación, Navarro dijo que “eso es lo que estábamos esperando… es un ultimátum para los funcionarios ya que ha habido mucha corrupción, y mucha omisión de parte de algunos, más en el estado de Jalisco”.

Reiteró que “es la primera vez que hay acercamiento, y es algo histórico”, y apuntó: “nos están dando esta confianza de caminar juntos, salimos con más confianza y más fe, satisfechos de la reunión”. Entre las propuestas que presentaron, se encuentra incluir las desapariciones en la política de seguridad federal; ampliar las competencias de la FGR; presionar para que policías cuenten con elementos certificados, un censo entre familias afectadas, entre otros. Desde mañana se esperan resultados, subrayó.

Con este colectivo, las autoridades federales programaron una nueva reunión para el 23 de mayo, mientras que tanto el martes como este jueves, continuarán los encuentros con otras agrupaciones. Mañana por la tarde recibirán a otros colectivos de Jalisco y de otras entidades, mientras que el jueves asistirán buscadores de Guanajuato.

El cargo “O cambian o se van”: ultimátum de Rosa Icela a servidores públicos por desapariciones apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La mañana del sábado, las autoridades poblanas llegaron al inmueble con binomios caninos y una retroexcavadora como parte de la investigación relacionada con la desaparición de personas.

El lugar estuvo acordonado y resguardado por miembros de la Guardia Nacional, mientras agentes de la FGE, acompañados por integrantes de la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Puebla, realizaron las investigaciones correspondientes en el sitio.

El operativo duró más de cuatro horas, tras lo cual los elementos se retiraron. Hasta el momento, las autoridades ministeriales no han informado los resultados de esta intervención.

En julio pasado, una mujer identificada como Blanca Estela, originaria del municipio de Orizaba, Veracruz, fue privada de su libertad en este bar. Días después, fue encontrada sin vida en Tenancingo, Tlaxcala. Hay un hombre detenido por este feminicidio.

El cargo FGE realiza operativo en bar Bora Bora, en Tlaxcala, relacionado con desaparición de personas apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.