En política, las malas decisiones terminan pasando factura. Y cuando se trata de afiliar ciudadanos a un partido sin su consentimiento, utilizar datos personales sin autorización y convertir una estructura organizativa en una posible maquinaria de afiliación, el problema deja de ser un asunto administrativo para convertirse en una cuestión de derechos políticos y responsabilidades. En Tlaxcala, la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezada por Cutberto Chávez de la Rosa, y Morena tienen explicaciones pendientes frente a las denuncias de docentes que aseguran haber sido afiliados sin autorización.

Una factura millonaria para Morena

El problema no es menor. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha sancionado a Morena por afiliaciones indebidas y por el uso no autorizado de datos personales. Durante la sesión del 15 de octubre de 2026, el Consejo General abordó 20 resoluciones relacionadas con este partido, con multas proyectadas por 39 millones 924 mil 142 pesos. Al considerar sanciones anteriores por el mismo concepto, el monto acumulado rondaba los 70.4 millones de pesos, según lo expuesto durante la sesión del organismo electoral.

Las resoluciones se relacionan con personas que desconocieron su incorporación al padrón de militantes y denunciaron que nunca dieron su consentimiento para afiliarse. El asunto es delicado porque la libertad de afiliación constituye un derecho político: cada ciudadano debe decidir por voluntad propia si pertenece o no a una organización partidista.

Tlaxcala, entre los expedientes del INE

Tlaxcala figura entre las entidades donde se presentaron denuncias contra Morena. El expediente UT/SCG/Q/GCL/JL/TLAX/43/2026 fue integrado a partir de las denuncias de 25 personas que señalaron una presunta vulneración de su derecho de libre afiliación y el posible uso no autorizado de sus datos personales. El caso fue incluido en el orden del día de la sesión extraordinaria del INE del 15 de octubre.

La existencia de este expediente coloca a Tlaxcala en el centro de una discusión nacional sobre los mecanismos de afiliación partidista. Sin embargo, para establecer la relación entre estas denuncias y las inconformidades de maestras y maestros, es indispensable identificar a las personas denunciantes, revisar las pruebas y comprobar si los registros cuestionados corresponden efectivamente a docentes vinculados con la Sección 31.

Los estados que aparecen en los expedientes

La revisión de los asuntos incluidos en la sesión del INE permite identificar expedientes contra Morena vinculados con las siguientes entidades:

• Tlaxcala, por el expediente UT/SCG/Q/GCL/JL/TLAX/43/2026.
• Estado de México, por expedientes como UT/SCG/Q/EJPG/JD28/EDOMEX/44/2026.
• Chiapas, donde se incluyeron diversos expedientes relacionados con denuncias de afiliación sin consentimiento.
• Durango, por el expediente UT/SCG/Q/MCS/JD02/DGO/49/2026.
• Puebla, por el expediente UT/SCG/Q/EOOA/JD09/PUE/72/2026.
• Guerrero, por el expediente UT/SCG/Q/AFV/JD04/GRO/75/2026.
• Guanajuato, con asuntos relacionados con denuncias de afiliación indebida.
• Jalisco, por el expediente UT/SCG/Q/MMMT/JL/JAL/135/2026.
• Baja California, por expedientes relacionados con denuncias contra Morena.
• Ciudad de México, por el expediente UT/SCG/Q/JGS/JD01/CDMX/157/2026.
• Quintana Roo, por el expediente UT/SCG/Q/FJHJ/JD01/QROO/158/2026.

Estos datos corresponden a expedientes identificados en la documentación del INE; no significan que todas las denuncias tengan idéntico origen ni que todos los casos involucren a estructuras sindicales. La autoridad debe determinar las responsabilidades en cada procedimiento conforme a sus pruebas y resoluciones.

La Sección 31, bajo la lupa

En Tlaxcala, la atención se dirige también hacia Cutberto Chávez de la Rosa, dirigente de la Sección 31 del SNTE. Las acusaciones que motivan este señalamiento sostienen que habría instruido a integrantes de la estructura sindical a utilizar los datos personales de maestras y maestros para incorporarlos a Morena.

Si esa instrucción existió, debe investigarse quién la emitió, cómo se ejecutó y qué conocimiento tuvo cada participante sobre el destino de la información personal. También es necesario determinar si los datos fueron obtenidos para fines sindicales y posteriormente utilizados con propósitos partidistas, sin que los trabajadores hubieran autorizado ese tratamiento.

No se puede dar por acreditada la responsabilidad del dirigente sindical únicamente a partir de las denuncias. Pero tampoco sería aceptable que un señalamiento de esta naturaleza quedara sin respuesta. La protección de los datos personales y la libertad de afiliación no deben quedar subordinadas a los intereses de una dirigencia.

Morena tampoco puede lavarse las manos

La dirigencia de Morena en Tlaxcala tiene una responsabilidad política que no puede eludir: explicar qué controles aplicó para verificar la voluntad de las personas incorporadas a su padrón, cómo validó sus registros y qué hizo cuando los ciudadanos desconocieron su afiliación.

Si una organización partidista recibe registros que no cuentan con el consentimiento de las personas involucradas, debe esclarecer su origen y colaborar con las autoridades para determinar las responsabilidades correspondientes. La militancia no puede medirse únicamente por el número de nombres que aparecen en un padrón; debe sustentarse en la decisión libre de cada ciudadano.

Por ello, es necesario distinguir entre la responsabilidad electoral que el INE atribuya a Morena y la posible participación de terceros en la obtención o utilización de datos personales. Para sostener que la Sección 31 provocó una parte de la sanción económica, debe existir evidencia que conecte las afiliaciones cuestionadas con esa estructura sindical y con los hechos específicos sancionados.

La pregunta que sigue sin respuesta

La discusión de fondo es incómoda, pero necesaria: ¿se está utilizando la estructura de representación de los trabajadores de la educación para alimentar un padrón partidista? Y, si así fuera, ¿quién autorizó esa operación y quién debe responder por ella?

Cutberto Chávez de la Rosa debe aclarar los señalamientos que se le atribuyen. Morena debe explicar sus procedimientos de afiliación y los controles que aplica sobre los datos personales. Y las autoridades electorales deben esclarecer los hechos, proteger los derechos de las personas afectadas y determinar las responsabilidades que correspondan.

Porque una afiliación política debe ser una decisión personal, no una instrucción sindical. Y cuando el consentimiento está en duda, la respuesta no puede ser el silencio. En Tlaxcala, la transparencia y el respeto a los derechos de los docentes deben estar por encima de cualquier interés partidista.

El cargo Afiliaciones a Morena que apuntan a un irresponsable del magisterio apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La creciente presencia mediática del alcalde de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, continúa generando cuestionamientos entre ciudadanos y actores políticos, quienes advirtieron una adelantadisima estrategia de posicionamiento personal que podría rebasar los límites de la promoción institucional y acercarse a actos anticipados de campaña rumbo al proceso electoral de 2027.

En los últimos días, usuarios de telefonía móvil denunciaron la recepción de mensajes de texto en los que se menciona al edil capitalino como el supuesto favorito del denominado grupo político vinculado a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. La difusión de estos mensajes ha despertado dudas sobre el origen de las bases de datos utilizadas y sobre los recursos empleados para promover la imagen del alcalde.

Las críticas se suman a una serie de acciones que desde hace meses han sido señaladas por diversos sectores, entre ellas la aparición constante de bardas pintadas con su nombre, miles de lonas distribuidas en distintos municipios, espectaculares colocados en puntos estratégicos del estado y la difusión de encuestas cuya metodología y financiamiento han sido cuestionados por la opinión pública.

Además, observadores políticos han advertido que la presencia recurrente de Sánchez García en eventos públicos junto a la gobernadora ha contribuido a fortalecer su posicionamiento político de manera anticipada, en momentos en que Morena ya comienza a perfilar a sus posibles aspirantes para la sucesión gubernamental. Incluso el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones ha ordenado recientemente el retiro de diversa propaganda atribuida al alcalde capitalino.

Mientras continúan apareciendo nuevas formas de difusión de su imagen, como los recientes mensajes enviados a teléfonos celulares, crece la exigencia de que las autoridades electorales revisen si estas acciones respetan el marco legal vigente o si constituyen una estrategia sistemática de promoción personalizada.

La interrogante entre los ciudadanos es cada vez más evidente: ¿se trata de comunicación institucional o de una campaña adelantada financiada para posicionar a un aspirante antes de los tiempos electorales?

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