Con apenas el quórum legal, la LXV Legislatura concluyó la dictaminación de 30 Informes Individuales de municipios correspondientes al ejercicio fiscal 2025. Seis cuentas públicas fueron reprobadas por no alcanzar el puntaje mínimo de 70 puntos.

El Congreso del Estado de Tlaxcala concluyó este viernes una segunda jornada maratónica de dictaminación de Cuentas Públicas, en la que las y los diputados revisaron los 30 Informes Individuales que permanecían pendientes de municipios, en cumplimiento con el plazo establecido por la ley, que fija como fecha límite el 31 de agosto.

La sesión se desarrolló con apenas el quórum legal y concluyó con la reprobación de seis municipios, cuyos resultados de fiscalización revelaron un presunto daño patrimonial conjunto por 20 millones 318 mil 914.50 pesos, de acuerdo con los Informes Individuales elaborados por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).

Los municipios que no alcanzaron la calificación mínima de 70 puntos fueron San Lucas Tecopilco, Santa Cruz Quilehtla, Santa Cruz Tlaxcala, Xaltocan, Yauhquemehcan y Zitlaltepec.

El resultado más bajo correspondió a San Lucas Tecopilco, con apenas 47.50 puntos, municipio al que el OFS atribuyó un daño patrimonial por 3 millones 957 mil 133.88 pesos.

Le siguió Zitlaltepec, con 49.50 puntos y un daño patrimonial observado por 4 millones 585 mil 104.65 pesos, el monto más elevado de los seis municipios reprobados.

En el caso de Santa Cruz Tlaxcala, la calificación fue de 58.50 puntos, mientras que el daño patrimonial ascendió a 3 millones 720 mil 895.89 pesos.

Por su parte, Xaltocan obtuvo 61.50 puntos y presentó observaciones por 2 millones 407 mil 162.15 pesos.

Santa Cruz Quilehtla, con 63.50 puntos, registró un daño patrimonial por 2 millones 263 mil 664.99 pesos.

Finalmente, Yauhquemehcan alcanzó 64.50 puntos y acumuló observaciones por 3 millones 384 mil 952.94 pesos.

Más de 20 millones bajo observación

En conjunto, los seis municipios reprobados concentran 20 millones 318 mil 914.50 pesos en presunto daño patrimonial, de acuerdo con la información contenida en los Informes Individuales del OFS correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

La dictaminación incluyó también las cuentas públicas de San Juan Huactzinco, San Lorenzo Axocomanitla, San Pablo del Monte, Sanctórum, Santa Ana Nopalucan, Santa Apolonia Teacalco, Santa Catarina Ayometla, Santa Isabel Xiloxoxtla, Tenancingo, Emiliano Zapata, Teolocholco, Tepetitla, Tepeyanco, Terrenate, Tetla, Tetlatlahuca, Tlaxcala, Tlaxco, Tocatlán, Totolac, Tzompantepec, Xaloztoc, Xicohtzinco y Zacatelco, entre otros.

Con esta sesión, el Congreso avanzó en la revisión de las Cuentas Públicas municipales, aunque todavía quedan pendientes de dictaminación las revisiones correspondientes al resto de los entes fiscalizables.

Los resultados ponen nuevamente bajo la lupa el manejo de los recursos públicos municipales durante 2025 y abren la puerta a que las autoridades responsables de solventar las observaciones expliquen el destino de los recursos señalados por el órgano fiscalizador.

El cargo Reprueba Congreso a seis municipios de Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La revisión de las Cuentas Públicas 2025 perfila un severo revés para 11 ayuntamientos de Tlaxcala. De acuerdo con los Informes Individuales del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), estos municipios no alcanzaron la calificación mínima de 70 puntos debido a observaciones que derivaron en un presunto daño patrimonial superior al margen permitido, por lo que sus cuentas serán reprobadas por el Congreso del Estado.

El presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LXV Legislatura, Bladimir Zainos Flores, adelantó que los dictámenes reflejan un escenario preocupante: en conjunto, los 11 municipios acumulan un probable daño patrimonial por 34 millones 409 mil 129.86 pesos, recursos cuyo manejo irregular quedó documentado por el órgano fiscalizador.

El caso más grave corresponde a San Lucas Tecopilco, donde el OFS detectó un daño patrimonial equivalente al 13.90 por ciento del gasto devengado, con observaciones por 3 millones 957 mil 133.88 pesos. Esa situación dejó al municipio con apenas 47.5 puntos, muy lejos de los 70 necesarios para aprobar su cuenta pública.

En segundo lugar aparece Zitlaltepec, con un daño patrimonial del 11.78 por ciento, equivalente a 4 millones 585 mil 104.65 pesos, alcanzando únicamente 49.5 puntos. Le sigue Atltzayanca, donde las observaciones ascienden a 4 millones 318 mil 735.72 pesos, que representan el 8.50 por ciento del gasto devengado, con una calificación de 56.5 puntos.

La lista de municipios con mayores irregularidades continúa con Huamantla, que registró observaciones por 5 millones 968 mil 880.92 pesos, equivalentes al 7.59 por ciento de su gasto devengado, obteniendo apenas 55.5 puntos. También figura Santa Cruz Tlaxcala, con un daño patrimonial del 7.13 por ciento, es decir, 3 millones 720 mil 895.89 pesos, y una calificación de 58.5 puntos.

Otro de los ayuntamientos que no libró la fiscalización es Santa Cruz Quilehtla, donde el OFS reportó observaciones por 2 millones 263 mil 664.99 pesos, equivalentes al 7.0 por ciento del gasto devengado, lo que derivó en una calificación de 63.5 puntos, insuficiente para obtener el aval legislativo.

La relación de municipios reprobados también incluye a Lázaro Cárdenas, con un daño patrimonial del 5.86 por ciento y observaciones por 1 millón 707 mil 728.90 pesos, alcanzando apenas 49.5 puntos; Xaltocan, con irregularidades por 2 millones 407 mil 162.15 pesos (5.37 por ciento del gasto devengado) y una calificación de 61.5 puntos; y Españita, donde se detectó un daño patrimonial del 5.26 por ciento, equivalente a 1 millón 868 mil 987.28 pesos, obteniendo 56.5 puntos.

Finalmente, Atlangatepec y Yauhquemehcan también aparecen entre los municipios que no aprobarán sus cuentas públicas al registrar un daño patrimonial del 3.08 por ciento. En el primer caso las observaciones ascienden a 224 mil 882.54 pesos, mientras que en el segundo alcanzan 3 millones 384 mil 952.94 pesos.

Con estos resultados, el Congreso del Estado se encamina a reprobar las cuentas públicas de los 11 ayuntamientos, al considerar que las observaciones detectadas por el OFS rebasan el límite permitido y reflejan presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2025. La decisión abre la puerta a procedimientos para el seguimiento y, en su caso, el fincamiento de responsabilidades conforme a la legislación aplicable.

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La revisión de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2025 será más rigurosa en el Congreso del Estado, luego de que la Comisión de Finanzas y Fiscalización aprobara nuevas reglas que reducen considerablemente el margen permitido de probable daño patrimonial para que un ente fiscalizable pueda obtener un dictamen favorable.

El acuerdo fue avalado el pasado viernes mediante el proyecto que establece las Bases del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2025, el cual será sometido a votación del Pleno este lunes.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la modificación del principal indicador utilizado por las y los diputados durante la evaluación financiera de municipios, organismos autónomos, poderes públicos, comisiones de agua potable y demás sujetos fiscalizables.

Mientras que en la revisión del ejercicio 2024 un probable daño patrimonial de hasta 2.99 por ciento del gasto devengado era suficiente para obtener la puntuación máxima dentro de ese rubro, para el proceso de 2025 ese beneficio únicamente aplicará cuando el porcentaje se mantenga entre 0 y 1.49 por ciento.
Las nuevas bases también establecen que los entes con un probable daño patrimonial de entre 1.5 y 2.99 por ciento recibirán una calificación intermedia, mientras que aquellos cuyo porcentaje alcance o supere el 3 por ciento serán considerados con una evaluación baja, endureciendo así los criterios respecto al año anterior.

Esta modificación reduce cerca de la mitad el nivel de tolerancia que existía para aprobar una cuenta pública con observaciones relacionadas con un posible daño patrimonial, lo que incrementa la probabilidad de que más entes obtengan resultados desfavorables durante el proceso de fiscalización.

La propuesta fue impulsada por el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Bladimir Zainos Flores, con el propósito de fortalecer el control sobre el ejercicio de los recursos públicos y elevar el nivel de exigencia en la revisión de los estados financieros.

Pese a estos ajustes, el mecanismo general de evaluación permanecerá sin cambios. El procedimiento conservará las mismas etapas, plazos y atribuciones previstas para la dictaminación de las cuentas públicas.

Asimismo, continuará vigente el sistema de puntuación que establece que únicamente los entes que alcancen 70 puntos o más podrán obtener un dictamen aprobatorio. Cualquier calificación inferior derivará en una resolución no favorable.

La valoración de cada cuenta pública se realizará exclusivamente con base en los Informes Individuales emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), los cuales deberán ser entregados al Congreso a más tardar el 15 de julio de 2026. Posteriormente, los dictámenes tendrán que emitirse antes del 31 de agosto del mismo año, sin posibilidad de que las diputadas y los diputados solventen observaciones realizadas por la autoridad fiscalizadora.

Para determinar el resultado final, las cuentas públicas serán analizadas mediante una tabla integrada por diez indicadores, entre los que se consideran el probable daño patrimonial, irregularidades en procedimientos de adjudicación, casos de nepotismo, inconsistencias fiscales, así como el cumplimiento de recomendaciones, solicitudes de aclaración y promociones de responsabilidad administrativa.

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Sin precisar un monto económico, la directora del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco (ITST), Luz Vera Díaz, informó que la actual administración identificó observaciones que apuntan a un presunto daño patrimonial en la institución, derivadas en su mayoría de ejercicios fiscales anteriores a 2021, correspondientes al periodo del gobierno estatal de Marco Mena Rodríguez, por lo que ya alistan acciones legales para fincar o deslindar responsabilidades.

La funcionaria explicó que, tras revisar las observaciones realizadas por las instancias fiscalizadoras, se detectó que mientras algunas corresponden únicamente a inconsistencias administrativas, otras están relacionadas con posibles afectaciones al patrimonio y al manejo de los recursos financieros del Tecnológico.

“Las observaciones que representan un perjuicio para nuestra institución son, en su mayoría, anteriores a 2021. Algunas se han podido solventar administrativamente porque únicamente faltaba integrar documentación; sin embargo, existen otras que dañan los temas financieros y esas son las más delicadas”, declaró.

Luz Vera Díaz señaló que las observaciones de carácter administrativo han sido atendidas mediante la integración de documentos y evidencias requeridas por las autoridades fiscalizadoras. No obstante, las relacionadas con un posible daño patrimonial han motivado el inicio de procedimientos administrativos y jurídicos para determinar responsabilidades.

En ese sentido, afirmó que la administración del ITST trabaja para que las autoridades competentes investiguen los hechos y, en caso de acreditarse irregularidades, se proceda conforme a la ley contra quienes estuvieron a cargo del manejo de los recursos públicos durante esos ejercicios.

La directora sostuvo que el compromiso de la actual administración es fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, al tiempo que se busca proteger el patrimonio del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco y garantizar el correcto uso de los recursos destinados a la educación superior.

En cuanto a las observaciones identificadas por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) de Tlaxcala, la funcionaria señaló que la actual administración lleva un avance del 80% en las observaciones identificadas en el ejercicio fiscal 2024, cuya observación es de 4 millones de pesos.

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