- Congreso no tolerará daño a finanzas públicas.
La revisión de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2025 será más rigurosa en el Congreso del Estado, luego de que la Comisión de Finanzas y Fiscalización aprobara nuevas reglas que reducen considerablemente el margen permitido de probable daño patrimonial para que un ente fiscalizable pueda obtener un dictamen favorable.
El acuerdo fue avalado el pasado viernes mediante el proyecto que establece las Bases del Procedimiento Interno para la Dictaminación de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2025, el cual será sometido a votación del Pleno este lunes.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la modificación del principal indicador utilizado por las y los diputados durante la evaluación financiera de municipios, organismos autónomos, poderes públicos, comisiones de agua potable y demás sujetos fiscalizables.
Mientras que en la revisión del ejercicio 2024 un probable daño patrimonial de hasta 2.99 por ciento del gasto devengado era suficiente para obtener la puntuación máxima dentro de ese rubro, para el proceso de 2025 ese beneficio únicamente aplicará cuando el porcentaje se mantenga entre 0 y 1.49 por ciento.
Las nuevas bases también establecen que los entes con un probable daño patrimonial de entre 1.5 y 2.99 por ciento recibirán una calificación intermedia, mientras que aquellos cuyo porcentaje alcance o supere el 3 por ciento serán considerados con una evaluación baja, endureciendo así los criterios respecto al año anterior.
Esta modificación reduce cerca de la mitad el nivel de tolerancia que existía para aprobar una cuenta pública con observaciones relacionadas con un posible daño patrimonial, lo que incrementa la probabilidad de que más entes obtengan resultados desfavorables durante el proceso de fiscalización.
La propuesta fue impulsada por el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Bladimir Zainos Flores, con el propósito de fortalecer el control sobre el ejercicio de los recursos públicos y elevar el nivel de exigencia en la revisión de los estados financieros.
Pese a estos ajustes, el mecanismo general de evaluación permanecerá sin cambios. El procedimiento conservará las mismas etapas, plazos y atribuciones previstas para la dictaminación de las cuentas públicas.
Asimismo, continuará vigente el sistema de puntuación que establece que únicamente los entes que alcancen 70 puntos o más podrán obtener un dictamen aprobatorio. Cualquier calificación inferior derivará en una resolución no favorable.
La valoración de cada cuenta pública se realizará exclusivamente con base en los Informes Individuales emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), los cuales deberán ser entregados al Congreso a más tardar el 15 de julio de 2026. Posteriormente, los dictámenes tendrán que emitirse antes del 31 de agosto del mismo año, sin posibilidad de que las diputadas y los diputados solventen observaciones realizadas por la autoridad fiscalizadora.
Para determinar el resultado final, las cuentas públicas serán analizadas mediante una tabla integrada por diez indicadores, entre los que se consideran el probable daño patrimonial, irregularidades en procedimientos de adjudicación, casos de nepotismo, inconsistencias fiscales, así como el cumplimiento de recomendaciones, solicitudes de aclaración y promociones de responsabilidad administrativa.
