La Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT) atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. Lo que comenzó como una serie de inconformidades laborales y administrativas hoy se ha convertido en una crisis institucional que amenaza con hundir la imagen, la estabilidad y el futuro de una de las principales instituciones de educación superior del estado en la región oriente.

En medio de este escenario, docentes adheridos a la CTM han señalado directamente a dos personajes como corresponsables del deterioro que vive la Universidad: el rector Lenin Calva Pérez y el director administrativo Daniel Herrera Carvajal.

Las acusaciones son graves y, de confirmarse, revelarían un patrón de prácticas que poco tienen que ver con la transparencia, la eficiencia y la vocación de servicio que deberían distinguir a los servidores públicos de la llamada Cuarta Transformación y además los desenmascararía como camaleones que han ultrajado los principios y valores de la auténtica 4T.

Los docentes sostienen que recursos destinados a las actividades básicas de la institución no fluyen de manera adecuada debido al pago de costosas facturas en el restaurante Punta Tlaxcala, establecimiento ubicado en Apizaco y que, aseguran, es propiedad del propio director administrativo. De ser cierto, estaríamos ante un evidente conflicto de interés que merece una revisión exhaustiva por parte de las instancias fiscalizadoras y analizar sanciones administrativas y hasta posibles procedimientos ante instancias judiciales.

Pero los cuestionamientos no terminan ahí, trabajadores de la Universidad denuncian que Daniel Herrera mantiene una presencia mínima en las instalaciones de la UTT, desempeñándose prácticamente en modalidad de “home office”, mientras exige a otros funcionarios y directivos asumir responsabilidades y firmar documentos administrativos. Una situación que genera molestia entre el personal y alimenta la percepción de que existen privilegios para unos cuantos.

Los antecedentes del funcionario tampoco ayudan a disipar las dudas. Según diversas versiones, durante la actual administración estatal ha pasado por dependencias como COEPRIST, SEPE-USET, la Secretaría de Turismo (Sectur) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), sin que su desempeño haya dejado resultados destacados. Por el contrario, se le atribuyen constantes conflictos, decisiones cuestionables y episodios que han provocado su salida de las dependencias.

Particularmente llamativas son las versiones que lo ubican en la SEPE-USET, donde apenas habría permanecido unos días, tiempo suficiente —afirman trabajadores— para generar problemas relacionados con el consumo de combustible, daños a un vehículo oficial e incluso la desaparición de equipo institucional. Son señalamientos delicados que, más allá del rumor político, tendrían que investigarse para determinar si existe sustento o si forman parte de una campaña de desgaste.

Otro aspecto que preocupa es el perfil profesional del funcionario. Los docentes sostienen que no cuenta con la formación académica requerida para desempeñar una responsabilidad administrativa de tal magnitud. Si esto es así, la pregunta es inevitable: ¿qué criterios utilizó el Gobierno de Tlaxcala para su nombramiento?

Sin embargo, reducir la crisis de la UTT únicamente a Daniel Herrera sería simplificar el problema. La mayor responsabilidad política recae en el rector Lenin Calva Pérez, quien ha permitido que las inconformidades crezcan hasta convertirse en un conflicto de grandes dimensiones. Un rector no sólo administra recursos; también administra confianza, liderazgo y gobernabilidad. Y cuando una comunidad universitaria se siente ignorada, la responsabilidad termina inevitablemente en la oficina principal.

La Universidad Tecnológica de Tlaxcala necesita respuestas, no silencios. Necesita auditorías, no justificaciones. Necesita funcionarios capaces de rendir cuentas y demostrar resultados.

Cuando una institución educativa se convierte en escenario de denuncias, sospechas y confrontaciones internas, los principales afectados no son los funcionarios ni los grupos políticos. Son los estudiantes, los docentes y el prestigio de una universidad que debería estar concentrada en formar profesionistas, no en sobrevivir a sus propios conflictos administrativos, solapando a políticos que se cambian de partidos como de calcetines.

La permanencia o salida de los funcionarios señalados será una decisión del Gobierno del Estado. Lo que ya no admite discusión es que la UTT requiere una profunda revisión de su rumbo antes de que la crisis termine por devorar la credibilidad de una institución que durante años fue motivo de orgullo para Tlaxcala, logrando certificaciones nacionales e internacionales destacando a su planta académica y a los universitarios quienes han colocado el nombre Bere de la UTT en la órbita nacional e internacional.

El cargo La UTT hundida en una crisis que tiene nombre y apellido apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.