En su exposición de motivos, la legisladora advirtió que la gestación subrogada, cuando no se encuentra debidamente regulada, puede derivar en prácticas que vulneren la dignidad y autonomía de las mujeres, particularmente de aquellas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad económica o social. En ese sentido, la propuesta plantea reconocer que la utilización del cuerpo de las mujeres con fines reproductivos mediante presión, engaño o lucro puede constituir una forma de violencia reproductiva, por lo que resulta necesario establecer mecanismos legales que prevengan estas conductas.

La Iniciativa propone incorporar disposiciones específicas en la legislación estatal para regular los acuerdos relacionados con la gestación subrogada en el ámbito civil, así como establecer sanciones en el Código Penal del Estado para quienes promuevan, intermedien o lucren de manera indebida con esta práctica. Asimismo, se plantea fortalecer el marco normativo en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, a fin de prevenir situaciones de explotación que puedan derivar de la mercantilización de la capacidad reproductiva de las mujeres.

La propuesta legislativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, y de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

El cargo Busca Laura Yamili Flores regular la gestación subrogada para evitar explotación reproductiva apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Las y los legisladores locales coincidimos en que la mendicidad forzada, en el contexto de la trata de personas, implica un acto vil que va más allá de la simple búsqueda de recursos económicos.

Efectivamente, se trata de una conducta que denigra a las víctimas, ya que se les coacciona a realizar actos humillantes con el propósito de generar compasión y, de esta manera, aprovecharse de la buena voluntad de terceros. Este método perverso busca crear en el espectador un sentimiento de lástima hacia quienes son explotados, generando así mayores ganancias para los perpetradores.

Además de lo anterior, el Congreso del Estado legisló en el sentido de que, cuando la persona sujeto activo del delito tuviera el carácter de ascendiente, en la línea recta, de alguna hija o algún hijo menor de edad de la víctima, perdiera o no ejerciera la patria potestad, la guarda y custodia y el derecho a régimen de visitas y convivencia del menor de edad, en la medida en que ello sea acorde al principio de interés superior de la niñez.

En ese tipo de casos, las autoridades competentes deberán brindar protección y otorgar la prestación de los servicios de ayuda inmediata, asistencia, atención y reparación integral del daño a las niñas, los niños y adolescentes que hubiesen quedado en situación de orfandad por feminicidio, o que hubieren presenciado la comisión de ese delito.

No es cosa menor lo legislado por la Cámara de Diputados, sobre todo porque incluye reformas al Código Civil para establecer que en la violencia familiar esté incluido el hecho de que un integrante de la familia que realice conductas que ocasionen alienación parental.

A todo esto, ¿qué es la alienación parental? Pues es, simple y llanamente, la manipulación o inducción que realiza un progenitor o familiar hacia una niña, un niño o adolescente, mediante la desaprobación o crítica, con el objeto de causar en ella o él una transformación de conciencia, para producir rechazo, miedo, rencor, odio o desprecio hacia el otro progenitor o los demás integrantes de la familia.

En ese sentido, habrá pérdida de la patria potestad cuando la persona que la ejerza sea condenada a la pérdida de ese derecho, o cuando sea condenada por delito intencional a una pena de dos o más años de prisión, así como cuando quien la ejerza tenga hábitos nocivos, inflija malos tratos o realicen cualquier otro acto que implique el abandono de sus deberes con relación a su descendiente sujeto a patria potestad.

Es decir, que la persona que pierda su derecho de patria potestad realice conductas depravadas, consuma consuetudinario bebidas alcohólicas, practique reiteradamente juegos de azar con apuestas en los que se arriesgue el ingreso económico, los bienes, la integridad física o la moral, consuma enervantes, estupefacientes, psicotrópicos, inhalantes o cualquier otra substancia que pueda causar alteraciones en la conducta y produzca farmacodependencia.

De lo que se trata es que quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de un menor de edad, prevengan y erradiquen conductas de alienación parental que vulneren el ambiente de respeto y generen violencia o rechazo en las relaciones entre niñas, niños y adolescentes.

El Congreso del Estado avanza en el agrandamiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En estos tiempos en que la polarización se asoma en otras latitudes, es bueno saber que en el Congreso local existen voces coincidentes en privilegiar los derechos de los infantes.

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El cargo LA NIÑEZ, EL FUTURO DE TLAXCALA apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Una pena de cárcel hasta por 80 años a la persona que cometa el delito de feminicidio cuando la víctima sea menor de edad, discapacitada o bien, el victimario sea funcionario público y haya usado el cargo para cometerlo, propuso este martes la diputada Guillermina Loaiza Cortero al presentar una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado y el Código Civil.

Asimismo, planteó una reforma para restringir o, en su caso, declarar la pérdida de la patria potestad a quien cometa delito de feminicidio, lo mismo que conductas que atenten contra el desarrollo integral de los hijos menores.

El objetivo de su iniciativa, explicó, es privilegiar el interés superior del menor y contemplar lo relativo a la patria potestad de quienes han quedado en situación de orfandad por feminicidio.

La diputada lamentó que las consecuencias y efectos de los feminicidios recaigan en víctimas indirectas, como sucede en el caso de las niñas y niños cuya madre fue víctima y se encuentran en situación de orfandad como secuela, situación que les coloca en una condición de vulnerabilidad.

El Código Penal actual establece penas de entre 40 y 60 años a quien cometa feminicidio, por lo cual propuso incrementar la pena hasta 80 años cuando la víctima sea menor de edad, se encuentre en estado de gravidez, sea persona discapacitada, adulta mayor o tenga algún vínculo de parentesco con la persona sujeto activo.

La iniciativa también abarca el supuesto en que la persona victimaria cometa el delito en presencia de alguien que le corresponda el carácter de víctima indirecta, o en la hipótesis de que sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición.

Además, se pronunció porque en el caso de que el victimario tenga hijas o hijos menores de edad con la víctima, perderá sobre éstos la patria potestad, guarda y custodia, régimen de visitas y convivencias, así como el derecho de alimentos que le correspondiera.

En ese sentido, planteó que “las autoridades competentes” se hagan cargo de la protección, prestación de servicios de ayuda inmediata, asistencia, atención y reparación integral del daño de las niñas, de los niños y adolescentes que hubiesen quedado en situación de orfandad por feminicidio o que hubieren presenciado este delito.

En lo que se refiere al Código Civil, la legisladora se pronunció porque el derecho a la patria protestad se pierda cuando el titular de ésta sea condenado por el delito de feminicidio en contra de la madre de las niñas, niños y adolescentes sujetos a patria potestad, y cuando quien la ejerce realice alguna conducta para evitar la convivencia de las niñas, niños y adolescentes con la persona o personas que tengan reconocido judicialmente su derecho a la misma.

Eso mismo sucedería cuando exista auto de vinculación a proceso dictado por delito de feminicidio en contra de la madre de las niñas, niños y adolescentes sujetos a patria potestad.

El cargo Proponen Cárcel De Hasta 80 Años A Quien Cometa Feminicidio Contra Menores Y Personas Discapacitadas apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.