El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Octavio Romero Oropeza, informó que a partir de abril se suspendieron en automático el cobro de las mensualidades de las personas acreditadas que hayan perdido su empleo, sin que esto genere intereses ni incremente su deuda.

Señaló que este nuevo apoyo para las y los trabajadores es uno más de los beneficios obtenidos con la aprobación de la reforma a la Ley del INFONAVIT, a través del cual se estima beneficiar por lo menos a 100 mil personas cada mes, evitando que su deuda incremente hasta ser impagable.

Octavio Romero detalló que los trabajadores pueden acceder a estas prórrogas por un periodo no mayor a 12 meses cada una, ni exceder en su conjunto más de veinticuatro meses dependiendo del año de originación del crédito, brindando un mayor respaldo a las familias en momentos de dificultades económicas.

Con esta medida, los intereses generados durante el periodo de desempleo ya no se cobrarán, lo que evitará que el saldo del crédito se vuelva impagable al finalizar la prórroga, dándole tranquilidad a las y los acreditados, detalló el director general del Instituto.

La iniciativa representa un avance fundamental en la protección del patrimonio de las familias y en el derecho de las personas a una vivienda digna. Asimismo, reitera el compromiso del INFONAVIT con ser una institución de carácter social y humanista.

El cargo Infonavit suspende cobro del crédito a trabajadores que pierdan su empleo apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).– Petróleos Mexicanos reveló esta mañana que denunció a María Amparo Casar, actual Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización de Claudio X. González, y otros, por recibir de la paraestatal pagos por millones de pesos por el caso de Carlos Fernando Márquez Padilla García, esposo de Casar, quien se suicidó aventándose desde un edificio de Pemex en la capital en 2004.

Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, informó de este caso en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, dentro de una serie de casos de combate a la corrupción dentro de la empresa productiva del Estado.

Derivado del fallecimiento de su cónyuge, María Amparo Casar Pérez solicitó a Pemex: el pago de seguro de vida; ayuda de gastos funerarios; pensión post-mortem a favor de sus dos hijos, misma que se cubrió hasta que cumplieron 25 años; la pensión post-mortem a favor de María Amparo Casar Pérez de aproximadamente 124 mil 948 pesos mensuales, explicó Romero desde Palacio Nacional.

“Todo lo anterior, porque los directivos de ese entonces le dieron tratamiento de accidente, omitiendo esperar el dictamen pericial del Ministerio Público, que finalmente resolvió que fue un suicidio”, resaltó Romero.

Para atender el problema, se solicitaron copias certificadas de las constancias de la Averiguación Previa del asunto a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. “Al estudiarlas, se encuentra el dictamen pericial en materia de Criminalística y la Determinación de No ejercicio de la Acción Penal, en donde se concluye que ninguna persona privó de la vida al C. Carlos Fernando Marquez Padilla García, ya que él se quitó la vida voluntariamente”, detalló el funcionario.

Entonces, al verificarse que Márquez ocasionó intencionalmente su muerte,” se suspendieron de forma inmediata las prestaciones que se habían estado reconociendo y pagando en favor la beneficiaria, y se realizaron las denuncias correspondientes contra quienes participaron”.

Por estas acciones, “están en trámite para intentar recuperar los montos pagados indebidamente estimado en más de 31 millones de pesos, así como fincar responsabilidades a servidores públicos involucrados”, explicó Romero.

UN CASO DE INFLUYENTISMO

Romero recordó que el Presidente López Obrador ya había revelado el caso en su último libro, ¡Gracias!, donde además mostró el caso como uno de influyentismo político.

En el capítulo 4, “La guerra sucia y el desafauero”, cuenta un episodio que catalogó como “un asunto muy penoso” ocurrido en 2004, cuando él era Jefe de Gobierno del Distrito Federal. El 7 de octubre de ese año, Carlos Fernando Márquez Padilla García,  esposo de Casar, se suicidó aventándose desde un edificio de Petróleos Mexicanos en la capital.

“Como es de rigor, el perito en materia criminalística de campo dio fe de los hechos exponiendo en el acta que ‘el occiso realizó maniobra de tipo suicida para privarse de la vida’”, escribió el Presidente.

Luego de eso, María Amparo Casar, acompañada del escritor Héctor Aguilar Camín, acudieron con el entonces Procurador capitalino Bernardo Bátiz para solicitarle que cambiaran el acta “modificando lo del suicidio por accidente, pues de esa manera podía cobrar el seguro y recibir de Pemex una pensión vitalicia y ayuda para la educación de sus hijos hasta que cumplieran 25 años”.

López Obrador menciona que Bátiz le contó de la solicitud pero coincidieron en que no era correcto ceder, sin embargo asegura que “el influyentismo se impuso”, ya que aunque no tenía derecho ni al seguro médico u otras prestaciones, el banco de Pemex le pagó un seguro de vida por 17 millones 600 mil pesos y pensión vitalicia por viudez por 125 mil pesos mensuales. Todo esto a pesar de que la causa de muerte fue suicidio y que su esposo no cumplía con los requisitos de antigüedad que para estas prestaciones se establece un periodo de más de dos años; el esposo de Casar sólo había trabajado cuatro meses en Pemex.

Con información de: Sin Embargo

El cargo Los pagos bajo sospecha Pemex denuncia a María Amparo Casar y a otros por presunto cobro ilegal de millones apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Con el argumento de tener autonomía municipal establecida en el artículo 115 de la Constitución federal, y en atención a los principios de autonomía tributaria y de sostenibilidad, el ayuntamiento de Santa Apolonia Teacalco solicitó el Congreso del Estado de Tlaxcala el cobro del derecho de alumbrado público a los habitantes de esa jurisdicción, pese a la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que ese un impuesto inconstitucional.

El alcalde de Santa Apolonia Teacalco, Óscar Portillo Ramírez, pidió a los legisladores locales la aprobación de la iniciativa de Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal de 2024, y con ello dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 115 constitucional, el cual establece que “los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor”.

Portillo Ramírez, a través de escrito entregado a la actual Legislatura local, sostiene que el derecho de alumbrado público representa un ingreso mensual de 6 mil 138.28 pesos, y otro anual de 73 mil 659.46, que cubren un gasto mensual de 124 mil 976.47 pesos y un gasto anual de 1 millón 499 mil 729.69 pesos, los cuales “se consideran gasto corriente en los términos del artículo 2, fracción XIV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”.

Explica que esas contribuciones son “de toral relevancia para este ayuntamiento, puesto que el pago de la energía eléctrica y de los demás elementos materiales y humanos son indispensables”.

“Dada la reiteración de la legislación federal en materia de coordinación fiscal y disciplina financiera, y la misma Constitución local, el ayuntamiento tiene la obligación de crear condiciones financieras para hacer sostenible el servicio de alumbrado público, más una aplicación general de una tarifa única arrojaría una tarifa demasiado alta que afectaría directamente a la economía de los habitantes del municipio, en detrimento de sus garantías individuales y de sus derechos humanos al tener que cubrir tarifas excesivamente altas y que generarían descontento social de manera generalizada, las cuales afectarían la gobernabilidad sin tener la posibilidad de exentar del pago a los sectores más sensibles a una alza de derechos y tributos por la prohibición del artículo 102 de la Constitución local”, establece en su escrito.

Los argumentos esgrimidos por el alcalde de Santa Apolonia Teacalco son similares a los utilizados por los presidentes municipales de Zitlaltepec y de Tepeyanco, quienes, al presentar su respectiva iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal de 2024, pretenden incluir el pago de ese servicio hacia las personas contribuyentes del municipio.

Sin embargo, cabe recordar que la SCJN resolvió la inconstitucionalidad sobre tres puntos principales de diversas leyes municipales, que son los derechos de recuperación que genera el municipio por la prestación del servicio de alumbrado público; cobros por servicios por suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado; y cobros por acceso a la información pública.

Las solicitudes ya fueron turnadas a la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, para su análisis y resolución.

El cargo Se suma Santa Apolonia Teacalco en la intención de cobrar el derecho de alumbrado público apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.