• Se van a sancionar a quienes permitan la apertura de estos establecimientos, así como a los propietarios, titulares, responsables o encargados de estos negocios.

En sesión ordinaria, el Congreso del Estado, aprobó la prohibición y clausura de los conocidos “Giros Negros”, por mayoría de votos, como una medida para evitar que estos establecimientos operen en la impunidad. Además, de brindar mayor certeza y protección a las víctimas. Se le impondrá de seis a 12 años de prisión y multa de 5 mil a 7 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, con independencia de la clausura definitiva del establecimiento.

La diputada local de Morena, Lorena Ruiz García, presentó la iniciativa que emitió gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el pasado 4 de febrero de 2025. Destacó que, “es importante señalar que, en estados como Chiapas, Tamaulipas o Coahuila, el cierre de este tipo de negocios ha resultado en una reducción significativa de la violencia contra la mujer”.

En tribuna, la legisladora, indicó que estos lugares, donde, por medio de “empleos” constituyen una forma de trata por explotación sexual. “Dichos espectáculos transmiten un mensaje explícito de carácter erótico o sexual para el público asistente, fomentando así la explotación y la violencia sexual, conductas ilícitas que ya están sancionadas en la legislación penal”.

Insistió que se van a sancionar a quienes permiten la apertura de establecimientos conocidos como “Giros Negros’, así como a los propietarios, titulares, responsables o encargados de estos negocios.

La congresista local, dijo que estos lugares operan con una aparente fachada de legalidad, sin embargo, detrás de ello hay miles de víctimas ocultas. “Muchas veces estos lugares son operados por la delincuencia organizada y son fachadas para la comisión de diversos delitos, como el lavado de dinero, la prostitución y la trata de personas, entre otros”.

La iniciativa fue presentada por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos de la LXV legislatura local.

El cargo Aprueba Congreso Local prohibición y clausura de los conocidos “Giros Negros” apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Viridiana conoció una de las múltiples caras de la injusticia: fue acusada de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y terrorismo.

“Era una investigación que le habían hecho al papá de mis hijos y ahí salí embarrada yo”, explica.

Según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), más de 13 mil 500 mujeres se encuentran privadas de su libertad en el país; las asociaciones civiles elevan la cifra.

Fátima Gamboa, directora de Equis, Justicia para las Mujeres, asevera que en los últimos años aumentaron las mujeres encarceladas en un 23%, además de contabilizar un total de 14 mil 129 mujeres privadas de su libertad.

La experiencia de la cárcel

Viridiana, madre de tres menores, estuvo en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social de Tepic, Nayarit, y luego trasladada al de Coatlán del Río, en Morelos. Ese proceso, dice, le significó un desgaste emocional y económico muy fuerte.

“En general, el sistema penal que tenemos en México no es un sistema que mide los contextos de desigualdad de las personas, pero sobre todo el de las mujeres”, evalúa Gamboa.

“Les resta muchas más oportunidades de las que tenían las mujeres antes de entrar a prisión. Para nosotros, la prisión no es justicia y la prisión no necesariamente lleva a la reinserción social”, califica la activista.

Viridiana luchó para que el Instituto Federal de la Defensoría Pública retomara su caso y logró su liberación.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la resolución y requirió una nueva orden de aprehensión en su contra por complicidad.

La única prueba que arguyó la Fiscalía fue que Viridiana era la pareja del hombre acusado.

La necesidad de la perspectiva de género

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso y ordenó juzgarlo con perspectiva de género. Viridiana Molina tuvo que esperar 11 años para ser finalmente absuelta.

La resolución alcanzada abrió la puerta para que casos similares en el país sean juzgados con perspectiva de género.

“Juzgar bajo la perspectiva de género, bajo un paraguas de igualdad, es también juzgar a las mujeres que están en conflicto con la ley”, comparte Fátima Gamboa.

Tras su experiencia, Viridiana devino activista, ahora al frente de la colectiva Artículo 20.

Con información de: Once Noticias

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El juego entre México y Honduras terminó con los ánimos bastante encendidos. Incluso, hubo un aficionado que cometió una acción deplorable al lanzarle una botella a Javier Aguirre que le provocó una abertura en la cabeza.

¿Cómo sucedió todo?

Después de las anotaciones que recibió el combinado azteca, al Vasco se le vio sumamente enfurecido y reclamando cada decisión arbitral, por lo que al final del encuentro, un pseudo aficionado que se encontraba en el Estadio General Francisco Morazán, le lanzó lo que parece ser una botella que le dio directamente en la cabeza.

Este lamentable golpe provocó una abertura en el técnico nacional, pero a pesar de ello, se le notó tranquilo. De hecho, saludó a los jugadores catrachos con el rostro ensangrentado.

Piden cárcel para el aficionado

Como era de esperarse, esta terrible conducta fue duramente criticada por fanáticos mexicanos y periodistas deportivos, como fue el caso de José Ramón Fernández.

“Reprobable el golpe en la cabeza, con una lata de cerveza, a Javier Aguirre ¿Qué necesidad de hacerlo y manchar el resultado? El cobarde debe ser denunciado y castigado con la cárcel. Lamentable! El infierno de Toluca se va a encender con esta salvajada. Es fútbol, no la guerra”, escribió Joserra en su cuenta de X.

Hasta ahora, la Concacaf no se ha manifestado respecto a este tema, pero se espera que en las próximas horas se manifieste para imponer una dura sanción a la Federación Hondureña de Futbol por el terrible comportamiento de sus seguidores.

CON INFORMACIÓN DE: PUBLIMETRO

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El sentenciado es una de las personas ligadas al homicidio de Juan Francisco Sicilia Ortega, de 24 años, ocurrido el 28 de marzo, hace casi 14 años.

La Fiscalía General de la República (FGR) explicó mediante un comunicado que el sujeto fue acusado por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada, contra la salud en la modalidad de posesión con la finalidad de comercializar marihuana y clorhidrato de cocaína, así como portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la indagatoria que hizo la Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas, en marzo del 2011, en el municipio de Jiutepec, varios sujetos armados, entre ellos el hoy sentenciado, integrantes de una organización criminal, privaron de la libertad a siete personas.

El mismo día, siguió, en la colonia Villas del Descanso del mismo municipio, los delincuentes privaron de la vida a dichas víctimas y las trasladaron a un Fraccionamiento en Temixco, Morelos.

Las investigaciones policiacas identificaron a los sicarios como integrantes del Cártel del Pacífico Sur, que dirigía Héctor Beltrán Leyva, alias “El H”, de acuerdo con el diario Milenio.

La FGR refiere que , tras diversos procedimientos, el Ministerio Público de la Federación (MPF), ejerció acción penal contra Jesús “C”. Luego, el juez del caso le impuso sentencia condenatoria de 297 años de prisión, y una multa equivalente a siete millones 273 mil 350 pesos seis centavos por los delitos antes mencionados.

Con información de: Proceso

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La defensa de Genaro García Luna, exsecretario mexicano de Seguridad, pedirá 20 años de cárcel para su cliente. La defensa del exsecretario mexicano de seguridad añadió que su cliente “ha sido encarcelado por cerca de 5 años”, los cuales, mencionó, “han sido una eternidad para él”.

“Casi cada día de los pasados cinco años, él y su familia han soportado ataques públicos por diversas fuerzas en la sociedad mexicana. Perdió todo por lo que trabajó”, siguió su defensa, “incluida su reputación, activos, las instituciones que él defendió, incluida la independencia del Poder Judicial mexicano, y estuvo impotente para controlar algo de esto”.

La fiscalía del distrito Este de Nueva York subrayó el jueves pasado que García Luna merece ser condenado a cadena perpetua y a una multa mínima de cinco millones de dólares, al acercarse la fecha de su sentencia, que el juez Brian Cogan leerá el 9 de octubre próximo.

En febrero pasado García Luna fue declarado culpable de todos los cargos por los que se le acusaba relacionados con el narcotráfico, la delincuencia organizada y el falso testimonio ante las autoridades estadounidenses, lo que le podría costar entre 20 años de cárcel y la prisión a perpetuidad.

La fiscalía concluyó entonces que la condena a perpetuidad “enviará una clara señal necesaria de que aceptar la corrupciòn de los cárteles para prestarles asistencia tiene graves consecuencias”, servirá además “para proteger a nuestras comunidades” y demostrará que el Gobierno no permitirá que quede impune el hecho de enviar “inmensas cantidades de drogas hasta Estados Unidos.

También, según siempre su defensa, “en los pasados cinco años ha perdido tres hermanos, supo sobre la discapacidad de otro por las complicaciones del Covid-19y la imposición de una orden de arresto contra ella; supo que su hermana menor fue encarcelada por su relación con él”.

Además, la defensa de García Luna incluyó un archivo de condecoraciones recibidas por los esfuerzos antinarcóticos concedidas por gobiernos como los de Ecuador y Colombia.

Con información de EL UNIVERSAL

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Gracias a los trabajos de inteligencia emprendidos por el Ministerio Público en coordinación con Policía de Investigación y Servicios Periciales, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) aportó evidencias suficientes para que un Tribunal de Enjuiciamiento dictara dos sentencias condenatorias en contra de tres personas responsables de los delitos de homicidio y secuestro.

De acuerdo con los hechos, el 28 de septiembre de 2020, Ismael N. fue al domicilio de sus padres, ubicado en la Sección Segunda del Municipio de Mazatecochco, y tras discutir con su mamá la lesionó con un arma de fuego, provocándole la muerte, y posteriormente privó de la vida a sus hermanas y a su papá.

Incluso, sustrajo joyas y pertenencias de las víctimas, a fin de simular un robo, pero al final quedó demostrada su participación en el multihomicidio de su familia, por lo que, tras su juicio, fue sentenciado a 80 años de prisión y el pago de una multa.

Por otra parte, el 09 de mayo de 2018, Isaac N., y Javier N., circulaban a bordo de un vehículo marca Volkswagen, tipo Jetta VR6, en la colonia San Damián, de San Martín Texmelucan, cuando amenazaron con armas de fuego a los tripulantes de una camioneta marca Ford, tipo F-350, modelo 2011, en la que transportaban mercancía.

Con amenazas, obligaron al chofer y a su acompañante a desviarse de su ruta y dirigirse a la colonia El Arenal, del municipio referido, donde los privaron de su libertad.

Afortunadamente, a la altura de la colonia Antorcha Campesina, del municipio de Ixtacuixtla, elementos de la entonces Comisión Estatal de Seguridad realizaban un operativo de revisión vehicular, y al solicitarle a los sospechosos que se detuvieran, los policías se percataron que dos personas venían en la cajuela, quienes refirieron que los hombres las habían secuestrado para robarles la camioneta y la mercancía.

Fue así como, durante el juicio, se acredito la responsabilidad de los sujetos en el delito de secuestro exprés agravado, por lo que, finalmente, se les dictó una sentencia de 50 años de prisión y el pago de una multa.

Con ello, la PGJE refrendó el compromiso de la administración que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas del delito y de abatir el rezago en carpetas de investigación que fueron heredadas a su administración para no retrasar más la aplicación de la ley.

El cargo TRABAJOS DE INTELIGENCIA DE LA PGJE PERMITEN METER A LA CÁRCEL A TRES DELINCUENTES apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

A las 6:00 de ayer arribaron al cerro de Santa María Chiconautla decenas de funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes descargaron de sus camionetas materiales como mamparas, boletas, líquido indeleble y mesas.

Dos horas después comenzó la jornada, dando prioridad a las personas en prisión preventiva de la tercera edad o con alguna discapacidad.

En esta elección anticipada, a diferencia de la que se llevará a cabo el 2 de junio próximo, los reos -ataviados de azul rey, como símbolo de que no tienen sentencia- no necesitaron presentar su credencial de elector, solo eran buscados en la Lista Nominal que previamente ya había sido compulsada por autoridades de la cárcel y electorales.

El turno llegó para las 57 mujeres en prisión preventiva, en un proceso que no duró más de 15 minutos, que incluyó el voto de dos ciudadanas con bebés en brazos.

Los 600 hombres que votaron lo hicieron en fila, en silencio, en orden y mientras esperaban su turno, la mayoría tenía las manos en la espalda, como si estuvieran esposados.

Ya en las mesas receptoras, el personal del INE les entregaba un sobre, que contenía las boletas para la elección presidencial, diputados y senadores, así como un instructivo e información sobre las plataformas de partidos.

El efímero paso de los reos por las mesas receptoras culminó con meter sus boletas en unos sobres y entregarlos a personal del INE, que los sellaba y ponía en una caja, en lugar de las clásicas urnas.

Carlos es un reo que votó en Chiconautla, quien consideró que le sirvió que se transmitieran los debates presidenciales e información de las propuestas de candidatos en los tiempos de comida al interior del presidió.

Para él, votar le recordó que no ha perdido sus derechos políticos.

La jornada de votación culminó con el voto de un recluso de alta peligrosidad en prisión preventiva, cuyo uniforme era naranja y que llegó esposado de pies y manos, así como custodiado por siete policías.

Tras retirarle las esposas, el interno se tomó su tiempo para ejercer su sufragio, mientras decenas de miradas de funcionarios del INE, personal de la cárcel y observadores se clavaban sobre él.

Recuerdo

A las 10:00 horas culminó la jornada en el penal de Chiconautla, por lo que Omar Mariano Palacios, vocal del organismo electoral en Ecatepec y quien coordinó los trabajos, pidió que se comenzará a levantar el material.

Los funcionarios del organismo electoral se tomaron selfies del recuerdo en los murales del penal, que fueron elaborados por reos, sobre el proceso electoral, mientras un grupo de jueces de Control del penal acudió a tomarse también la foto y comentaban sobre lo utópico que representa votar desde una prisión, pues es un símbolo de que la presunción de inocencia aún funciona.

Otro grupo de reos sentenciados, vestidos de café, ayudó a personal del INE a cargar seis mesas, hasta el primer filtro de rejas y al salir, los funcionarios del penal y del organismo electoral se hicieron bolas sobre de qué institución eran los manteles que cubrieron las mesas receptoras.

A las 11:00 horas, una camioneta del INE cargó con todos los paquetes, unas 10 cajas que contenían los 657 votos, y los trasladó a una bodega que fue sellada en presencia de partidos y que será custodiada hasta el 2 de junio, cuando se contabilizarán todos los sufragios realizados en cárceles.

Con información de: Diario 24 Horas

El cargo En silencio y sin urnas, el voto en las cárceles apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El cargo Tras larga espera, avalan reforma contra las terapias de conversión apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El diputado local Jaciel González Herrera propuso al pleno del Congreso local una reforma al Código Penal del Estado para sancionar, hasta con seis años de prisión, a quienes edifiquen casas o vías de comunicación terrestre sin la autorización de impacto y riesgo ambiental.

Su iniciativa plantea la adición de la fracción VII al artículo 414 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, para establecer penas de cárcel a aquellas personas desarrolladoras inmobiliarias, que incumplan con las disposiciones legales al momento de edificar casas.

Durante la sesión ordinaria de este martes en el Congreso del Estado, el también coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) reconoció que uno de los problemas que enfrenta el medio ambiente se encuentra en los delitos ambientales, sobre todo porque éstos tienden a depredar a la naturaleza.

En ese sentido, subrayó que los desarrollos inmobiliarios son algunos de los principales generadores de estos daños, pues “no se diseñan para solucionar los graves problemas de acceso a la vivienda que aquejan a buena parte de la población urbana, sino solo para el beneficio y la especulación”.

Y es que, refirió, “buena parte de las construcciones se hacen a expensas de destrucción del medio ambiente, generando siempre un desequilibrio ecológico y alterando las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y desarrollo del ser humano y demás seres vivos”.

En esa perspectiva, González Herrera propuso que antes de iniciar cualquier obra pública o privada, sea indispensable contar con la respectiva manifestación de impacto ambiental, pues la construcción de edificios y otras infraestructuras son las que más impacto tienen en el medio ambiente, situación por la cual la carencia de dicha manifestación no sólo debe regularse de manera administrativa, sino que también de haber sanciones penales para disuadir posibles afectaciones.

Por ello es que se pronunció por adicionar al Código Penal del Estado el establecimiento de una pena que va de dos a seis años de prisión y una multa de 330 a 985 Unidad de Medida y Actualización (UMA´s), “a quien debiendo obtener la autorización de impacto y riesgo ambiental por parte de autoridad competente, inicie o realice obras o actividades sin contar con la misma, o no implemente las medidas preventivas y correctivas que indique la autoridad correspondiente para la mitigación de impactos ambientales y de seguridad de las personas, sus bienes y el ambiente”.

El cargo Proponen pena de hasta 6 años de cárcel a quien edifique sin contar con autorización de impacto ambiental apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Miguel Ontiveros, abogado del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, se mostró confiado en que su cliente podrá salir este viernes de la cárcel.

A su llegada al Reclusorio Norte previo a la audiencia donde el exfuncionario pedirá su libertad, Ontiveros sostuvo que no tiene dudas de esto.

“Tenemos plena confianza en el Poder Judicial de la Federación (PJF) y creemos que el día de hoy Emilio Lozoya estará en libertad, como debió haber sido desde un principio, desde que él llegó a México”, aseveró el abogado.

Con esto, Lozoya pretende que le sustituyan la prisión preventiva justificada del caso Odebrecht, en donde está siendo acusado de haber recibido presuntos sobornos por parte de la empresa brasileña cuando era director de Pemex.

¿Cuándo y a qué hora podría quedar en libertad Emilio Lozoya?

En cuanto a una posible hora en que Lozoya pudiera salir de prisión, el abogado Ontiveros señaló que esto no depende de la defensa, sino del juez Aquiles Villaseñor.

“No depende de nosotros, tiene dos años (en la cárcel), depende de la UMECA, saben que para usar un brazalete no es simplemente una llamada por parte de la abogacía sino que se requiere que la UMECA, en armonía con el juzgado, emita la resolución por escrito para que la UMECA la reciba y solamente así, con una resolución por escrito las empresas proceden a vincularse con la UMECA para conceder el mecanismo”, comentó.

En mayo de 2019, un juez federal giró una orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, por presuntos actos de corrupción relacionados con la constructora Odebrecht.

El 12 de febrero de 2020, Lozoya fue detenido en Málaga, España. Y se iniciaron los trámites para su extradición a México. El exdirectivo de Pemex llegó al país el 16 de julio de 2020.

El 17 de julio, Lozoya Austin ingresó al Reclusorio Norte.

Con información de: e lfinanciero

El cargo ¿Emilio Lozoya podría salir hoy de la cárcel? Esto dijo su abogado apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.