Directores y subdirectores de los Centros de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) del estado, integrantes de Antorcha Magisterial (AM), manifestaron su preocupación y rechazo ante cualquier intento de realizar movimientos, rotaciones, cambios de adscripción o remociones que no estén debidamente sustentados en la normatividad aplicable.

A través de un posicionamiento, señalaron que cualquier determinación de las autoridades educativas debe apegarse a criterios objetivos, transparentes y respetar los derechos laborales adquiridos de quienes actualmente desempeñan funciones directivas y administrativas en los distintos centros EMSaD.

Los trabajadores advirtieron que el tema no debe ser considerado únicamente como un asunto administrativo o de movimiento de personal, debido a que la estabilidad laboral de quienes integran los planteles tiene un impacto directo en el funcionamiento de las comunidades educativas y en la atención que reciben los estudiantes.

En este sentido, consideraron que, frente a los desafíos que enfrenta el sistema educativo —como las condiciones laborales, infraestructura y atención a los estudiantes—, las autoridades deben concentrar sus esfuerzos en fortalecer la educación pública y evitar decisiones que generen incertidumbre entre quienes diariamente mantienen en operación los centros educativos.

Antorcha Magisterial sostuvo que modificar las funciones o desplazar a trabajadores que cuentan con nombramientos legalmente expedidos podría afectar su estabilidad laboral y profesional, además de generar cuestionamientos sobre el ejercicio de la autoridad administrativa dentro del subsistema.

“Los trabajadores de la educación no pueden quedar sujetos a decisiones discrecionales, intereses particulares o criterios que no sean plenamente justificables, transparentes y apegados a derecho”, señalaron.

La organización magisterial subrayó que la autoridad educativa debe ser la primera obligada a respetar la legalidad, por lo que cualquier modificación a los nombramientos, funciones o adscripciones debe contar con una causa legal, el procedimiento correspondiente y, en su caso, la debida fundamentación y motivación.

Asimismo, expresó su respaldo a los directores y subdirectores de los centros EMSaD que cuentan con un nombramiento legalmente reconocido y aseguró que permanecerá atenta para que sus derechos sean respetados.

Finalmente, reconoció la experiencia y trayectoria de quienes actualmente se encuentran al frente de los centros, al considerar que su conocimiento de las comunidades educativas representa un elemento que debe ser valorado y no utilizado para justificar posibles movimientos arbitrarios.

Antorcha Magisterial cerró su posicionamiento con un llamado a defender la educación pública y los derechos de los trabajadores de la educación, al tiempo que advirtió que, de presentarse determinaciones que consideren contrarias a la legalidad, actuarán en consecuencia.

El cargo Directores de EMSaD rechazan cambios y exigen respeto a sus derechos laborales apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informa que en reunión de la Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala con integrantes de la Junta General Ejecutiva, Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director Ejecutivo de Organización Electoral, presentó su renuncia al cargo, con efectos al 15 de julio del año en curso y se reincorporará al Servicio Profesional Electoral Nacional.

Al frente de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), la Presidenta del INE designó a Roberto Carlos Félix López, quien se desempeñaba como encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional y también Secretario Técnico de la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.

En el INE, Roberto Carlos Félix se ha desempeñado como Jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva, Coordinador Estratégico de la Presidencia del Consejo General y Secretario Técnico Electoral.

Asimismo, Taddei Zavala nombró a Jorge Egrén Moreno Troncoso, actual Director de Administración de Tiempos del Estado en Radio y Televisión de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, como nuevo Titular de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.

En la misma reunión, María Elena Cornejo Esparza, Directora Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, anunció el inicio de su trámite prejubilatorio y solicitó su retiro voluntario de la Dirección. Posterior a la reunión, los cambios fueron comunicados a las y los integrantes del Consejo General del INE por la Consejera Presidenta.

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Uno supone que por esa autocrítica la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros ha hecho diversos ajustes en su gabinete. Seguramente los primeros nombramientos no marcharon como ella deseaba, sobre todo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y por eso los ha realizado. Más de lo deseable, incluso.

La falta de información gubernamental impide saber cuántos cambios se han llevado a cabo en lo que va de la actual administración estatal, pero es seguro que la mayoría se han realizado porque no ha habido buenos resultados, o no se han cumplido metas, o no se ha actuado debidamente.

Sin embargo, la titular del Ejecutivo no debe equivarse. No son los cambios, en sí mismos, los que se critican, sino el mal desempeño, las acciones equivocadas, los malos resultados, las omisiones, los excesos.

Era claro que Sergio González Hernández dejaría la Secretaría de Gobierno en busca de una candidatura al Senado de la República, era uno de los cambios más anunciados desde el inicio de esta administración. El desempeño, su deficiencia para resolver los problemas de gobernabilidad era lo que originaba la crítica, pero ni siquiera su salida se debe a eso, sino a una aspiración personal partidista y política.

Ante esa salida alguien tenía que llegar a esa Secretaría de Gobierno. El problema es que, teniendo un amplio abanico de profesionales a los que pudo invitar, la gobernadora se inclinó por alguien cuyos escándalos le persiguen desde hace meses. Eso es lo que se cuestiona.

En primer lugar, el parentezco, su cercanía, ser ahijado suyo. Hay ahí un claro conflicto de interés que por la incomodidad que seguramente el tema genera, dentro del propio gobierno se evita. Este asunto de la familiaridad política puede ser discutido en el terreno jurídico, dependenderá si algún actor de la oposición quiere hacerlo.

En segundo lugar destaca el hecho de haber sido acusado de ser un deudor alimentario. Su ahora ex esposa lo demandó, y a otros funcionarios de complicidad, por ocultar su salario real con el objetivo de dar menos dinero como pensión alimenticia para su hijo de dos años. Eso ya entra en el terreno moral.

La gobernadora ha tenido un grave desencuentro con colectivos feministas, que se agudizó con la salida de Yeny Charrez Carlos del Centro de Justicia para las Mujeres. El nombramiento ofende, disgusta, no sólo a ese grupo, sino a la sociedad en general. Representa un agravio que muchas personas le recordarán hasta el final de su sexenio.

Luis Antonio Ramírez Hernández, como nuevo secretario de Gobierno, está desde hace tiempo en el ojo del huracán y permanecerá ahí de manera permanente, por mucho que ya haya llegado a un acuerdo con su ex esposa. Los antecedentes no se borrarán.

Eso mismo hace imposible que se le deje trabajar en paz, como él y la misma gobernadora desearían. No es sólo de dejarlo trabajar ahí, en esa dependencia, para que dé resultados. No se trata de eso solamente.

Podrá aceptarlo no la gobernadora, pero es claro que en el reciente nombramiento en la Secretaría de Gobierno faltó tacto y sensibilidad política.

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