Brian Cogan, el juez de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, calendarizó para el 15 de enero de 2025 la próxima audiencia de procedimiento judicial para Ismael “El Mayo” Zambada García, capo de capos del Cártel de Sinaloa.

Mientras tanto, los fiscales del Departamento de Justicia que acusan al Mayo de narcotráfico, lavado de dinero y asesinato de estadunidenses, y la defensa legal del Capo, definirán con el juez la elegibilidad del capo a recibir la condena máxima que sería la pena de muerte; en caso de ser declarado culpable en un juicio.

Al mismo tiempo, los fiscales, la defensa y el juez, abordaron dos temas de posible conflicto de interés en el proceso judicial en contra de Zambada García.

El primero, si es conflicto de interés para el procedimiento el que durante el juicio se presentase a declarar en contra del Mayo, su hijo mayor, Jesús Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, testigo protegido del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Para el segundo, las partes y el juez Cogan decidirán si es conflicto de interés, como argumentan los fiscales, el que Zambada García sea defendido por el abogado Frank Pérez, tomando en cuenta que él fue parte del equipo legal que representó ante la Corte Federal del Distrito Norte en Chicago, Illinois, al Vicentillo en el proceso mediante el cual se hizo testigo protegido.

En la audiencia celebrada este 18 de octubre en Brooklyn y que duró escasos 15 minutos, El Mayo se presentó ataviado con el uniforme de reo color caqui, una camisola de preso color naranja, con barba y bigote.

Físicamente, al Mayo se le vio mucho mejor que la audiencia anterior, entró caminando por su propio pie aunque cojeando un poco, flanqueado por cinco alguaciles federales.

En la audiencia anterior, en esta Corte, cuando se declaró inocente de los delitos que le imputan, El Mayo tuvo que ser asistido por los alguaciles para entrar y salir de la sala de la audiencia e incluso, fue tomado de los brazos por los agentes federales para que se pudiera levantar de la silla.

“A diferencia del caso de El Chapo (Joaquín Guzmán Loera) que usted dirigió, su señoría, al acusado se le imputa un delito de tráfico de fentanilo”, le indicaron los fiscales a Cogan, juez que indicó a las partes que tendrán que presentarle los argumentos y evidencias para esclarecer los puntos pendientes del proceso judicial.

“No veo inconveniente en que podamos resolver el asunto de la elegibilidad del acusado a ser condenado a la pena capital porque no fue extraditado”, apuntó el juez Cogan.

La pena de muerte se le podría aplicar como castigo máximo al Mayo por la acusación de asesinar a decenas de ciudadanos estadunidenses quienes fallecieron por una sobredosis con drogas sintéticas elaboradas con fentanilo, sustancia letal que le achacan haber importado ilegalmente a los Estados Unidos como capo del Cártel de Sinaloa.

En 2004, la pena de muerte fue abolida en Nueva York, no obstante por tratarse de un caso federal y en el cual como a un terrorista, al Mayo se le acusa de asesinatos múltiples, si es declarado culpable se le podría sentenciar a esa condena.

Respecto a la eventualidad de que El Vicentillo testifique en contra de su padre por ser testigo protegido del Departamento de Justicia, el juez tendrá la última palabra en el caso.

Se abordarán en una audiencia para ese propósito los lazos familiares entre el testigo incriminador y el narcotraficante.

En caso de que se determinara que no hay conflicto de interés, El Vicentillo se tendría que sentar en el banquillo incriminador para acusar a su padre de narcotráfico y de exportar las drogas sintéticas manufacturadas con fentanilo con las que su padre ha asesinado a decenas de estadunidenses, como sostiene en la acusación.

Ahora, si El Vicentillo se negara a testificar en contra de su papá, si Cogan decide que no hay conflicto de interés, al primogénito del capo de capos del Cártel de Sinaloa le quitarían el estatus de testigo protegido y lo meterían a la cárcel a cumplir una condena de cadena perpetua por los delitos de narcotráfico.

El cargo EU analiza pedir la pena de muerte para Ismael “El Mayo” Zambada apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La sentencia de 38 años de prisión, emitida este miércoles contra Genaro García Luna, por parte del juez federal Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York ―el mismo tribunal y el mismo juez que condenó al Chapo Guzmán en octubre de 2019― pone a cada uno en su lugar.

Quien fuera el hombre fuerte de Felipe Calderón en materia de seguridad (o inseguridad) pública pasará los siguientes años tras las rejas en un prisión federal gringa.

El testimonio de antiguos narcos, convertidos por la justicia de Estados Unidos en testigos protegidos y beneficiados con reducciones de sentencia, hundió a García Luna.

Uno tras otro, detallaron el modus operandi del zar antidrogas calderonista, que durante 20 años trabajó para el Cártel de Sinaloa, el mismo que ahora mismo ha desatado una guerra sin cuartel, tras la detención del Mayo Zambada.

Durante esas dos décadas, Genaro García Luna recibió millonarios sobornos del cártel. Ese dinero sucio fue el que ayudó a comprar las propiedades y negocios que el ex superpolicía de Felipe Calderón tenía en Estados Unidos.

Al dictar la sentencia, el juez Cogan le espetó al ahora reo que había llevado una “doble vida”, como policía y malhechor de altos vuelos.

El juzgador también se puso en plan perdonavidas, al decirle que no iba a “sentenciarlo de por vida”, sino que le dejaría “un poco de luz al final del túnel”. No pues gracias.

La sentencia es histórica, más allá de los 460 meses de prisión que implican. Si no gana la apelación y se ratifica o aumenta la condena, García Luna tendría 94 años al abandonar la cárcel, eso si no se le otorga el beneficio de la libertad condicional.

Cogan se negó a emitir la cadena perpetua que exigía la Fiscalía, pero tampoco aceptó los 20 años, que era la pena mínima pedida por la defensa; un día antes, García Luna tuvo la desfachatez de pedir una sentencia mínima.

Pero Cogan fue “implacable” y agregó en su intervención: “Usted tiene la misma matonería que El Chapo, sólo que la manifiesta de forma diferente”.

En otras palabras, y de acuerdo con la apreciación del juez y de lo que se fue revelando a lo largo del proceso penal, Genaro García Luna era un criminal, un delincuente que tenía a su mando a 40 mil elementos policiacos, y que fue el artífice de la estúpida guerra contra el narco, desatada por Calderón para legitimar su gobierno espurio.

Ahora, con la sentencia, queda claro que el de Calderón fue un narcogobierno. A ver qué dicen ahora todos aquellos que fustigaban a López Obrador y a Sheinbaum tildándolos de narcopoliticos. Haiga sido como haiga sido, se hizo justicia.

Tibia, con beneficio para Garcia Luna, pero se hizo en Estados Unidos y no en México, aquí todavía impera la impunidad… todavía estamos en la guerra y lo que es peor, todavía algunos extrañan el régimen de Calderón, Fox o al propio Garcia Luna.

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El cargo El narcogobierno calderonista apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.