La Ministra Lenia Batres Guadarrama exhibió el regreso de los privilegios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al tiempo que denunció cómo desde hace más de un mes enfrenta un intento para vetarla de la Presidencia del máximo tribunal de justicia del país, una sucesión que, afirmó, está siendo presionada desde fuera por personajes como Ricardo Salinas Pliego.

“Llevamos más de un mes con un intento muy intenso de vetarme de la Presidencia, me están vetando con un año de anticipación. Hay algunas voces que se mencionan, se ha indicado que hay empresarios que están vetando la posibilidad de que presida la Corte”, afirmó Batres en entrevista con Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas, que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Entre esos empresarios mencionó a Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, quien ha confrontado públicamente a la Ministra y cuya situación fiscal ha sido materia de litigios en la propia Suprema Corte. Batres consideró “muy probable” que el empresario esté realizando acciones para tratar de impedir que llegue a la Presidencia del tribunal.

“Él me ha insultado y ha mantenido una campaña muy intensa en redes sociales. Es muy probable que mantenga un activismo para impedir que llegue, ni siquiera como un temor fundado en el tema de resoluciones, sino como una venganza porque pudiera estarme él atribuyendo el cobro de sus adeudos”, señaló.

Batres consideró que el conflicto podría estar relacionado con la percepción del empresario de que ella tendría alguna responsabilidad en el cobro de sus adeudos, y no necesariamente con el temor a las resoluciones que pudiera adoptar la Corte en caso de que llegara a presidirla.

La denuncia sobre el veto ocurre mientras Batres ha cuestionado la incorporación de nuevas prestaciones en el presupuesto de la Suprema Corte.

En una sesión privada celebrada el 6 de agosto, el pleno solicitó para 2027 un presupuesto de 6 mil 104 millones 533 mil 140 pesos, 17.2 por ciento superior al monto autorizado por la Cámara de Diputados para 2026.

Durante esa misma sesión se incorporó al anteproyecto, sin un estudio previo, la restitución del seguro de gastos médicos mayores para más de 300 personas servidoras públicas de mandos medios y superiores, una prestación que había sido eliminada el año pasado.

La propia Corte confirmó el regreso de los privilegios. En un comunicado, informó que sí aprobó un Anteproyecto de Presupuesto de seis mil 104.5 millones de pesos para 2027.

Batres explicó que entre los posibles beneficiarios se encuentran directores generales, directores de área y los propios ministros, todos funcionarios con percepciones superiores a 100 mil pesos mensuales. Cuestionó que, después de que el personal de mando de la Corte ya cuenta con ISSSTE, se pretenda cubrir además un seguro privado con recursos públicos.

La Ministra sostuvo que la propuesta también podría contravenir la Ley General de Austeridad Republicana y por ello envió un oficio a Néstor Vargas, presidente del órgano de administración judicial, para solicitar que revisara la inclusión de esta prestación.

“Anoche mandamos un oficio dirigido a Néstor Vargas que es el presidente del órgano de administración judicial para que analice este tema porque en estricto sentido nosotros no tenemos derecho de votar propuestas que están prohibidas por la ley. La Ley General de Austeridad Republicana en su artículo 22 prohíbe expresamente la asignación de seguros de gastos médicos mayores, por esa razón mandamos este escrito. Yo espero que se pueda evitar que se mande el presupuesto con privilegios que ya se habían suprimido”, señaló.

Batres consideró que la restitución del seguro implicaría regresar a prácticas que la nueva integración de la Corte se había comprometido a eliminar y que incluso podría afectar el cumplimiento del artículo 127 constitucional.

“Este sería un regreso, espero que no se consume, justamente estamos tratando de evitarlo. Hay un esfuerzo por cumplir la Constitución. El primer anuncio que hicimos como nueva Suprema Corte fue la adecuación de nuestra remuneración a lo que dice la Constitución en su artículo 127 de que teníamos que ganar una remuneración máximo conforme gana el titular del Ejecutivo federal.

“Si en este momento se le agrega esta remuneración prohibida por la ley, no solamente vamos a incumplir la ley de austeridad republicana, sino también va a volverse a sumar un monto mayor de nuestra remuneración a la que estamos obligados como tope conforme a nuestra Constitución”, sostuvo.

El regreso de esta prestación contrasta con el discurso que el Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz planteó el 1 de septiembre de 2025, cuando asumió el cargo y afirmó que la nueva Suprema Corte acabaría con los sueldos y gastos suntuosos. También anunció que se revisarían las percepciones de los ministros en retiro para ajustarlas a la Constitución.

Aguilar señaló entonces que una revisión preliminar había mostrado que los ministros retirados recibían entre 205 mil y 385 mil pesos mensuales, por encima de la remuneración de la Presidenta.

Batres rechazó que la restitución del seguro pueda justificarse como parte de los derechos laborales protegidos por la reforma judicial. A su juicio, se trata de una prestación irregular que ya había sido eliminada.

“El argumento supuesto es que la reforma judicial dice que se respetarían los derechos de los trabajadores, pero este no es un derecho de los trabajadores, era una prestación irregular. Aquí se está no respetando un derecho, sino restituyendo una prestación irregular. No puede ser un argumento válido además que ya se había retirado, el último año habíamos estado sin esa prestación”, afirmó.

La Ministra defendió que los funcionarios tienen derecho a recurrir a servicios médicos privados si así lo desean, pero rechazó que el costo sea trasladado al erario.

“Todos tenemos derecho de acudir al servicio médico que queríamos siempre y cuando lo podamos pagar, si a alguien no le gusta ir al IMSS o al ISSSTE tiene todo el derecho de ir a un servicio privado, pero no debe ser pagado por el recurso público, con el dinero que es del pueblo”, dijo.

Batres también cuestionó la reacción que ha generado su oposición al presupuesto y señaló que enviar el oficio para pedir la revisión del seguro provocó una respuesta que consideró desproporcionada.

“Me parece un pésimo precedente que alguien castigue por no estar de acuerdo al presupuesto y en este caso, por atreverme a mandar el escrito al titular del órgano de administración, viene una sobre reacción y los ministros deciden tomar como rehén un asunto jurisdiccional que además no me castiga a mí, castigan a los involucrados”, denunció.

Con información de Sinembargo

El cargo Batres acusa presiones externas en la Corte y el regreso de privilegios apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Grupo Elektra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, ha conseguido, mediante argucias jurídicas, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retrase las sentencias sobre el pago de impuestos por más de 34 mil millones de pesos que adeuda al Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó la Ministra Lenia Batres Guadarrama.

A través de un comunicado emitido la noche de este jueves, la Ministra detalló que Elektra ha interpuesto ante la Corte un total de 20 recursos de reclamación, conflictos competenciales y solicitudes para evadir el pago de impuestos federales.

Mediante la tramitación de estos recursos de reclamación e impedimentos contra cuatro ministros, Elektra logró que la resolución de los litigios permanezca en el limbo y el caso podría resolverse hasta que pase la elección judicial.

“Aunque la Ministra Lenia Batres Guadarrama, al igual que otros ministros, han presentado desde hace meses sus proyectos de sentencia a sus pares, éstos no han podido ser votados pues primero deben resolverse los recursos que la empresa interpuso”, refiere el comunicado.
Entre estas estrategias dilatorias, agrega, están los impedimentos, en los cuales Grupo Elektra argumenta que las dos ministras y un ministro encargados de estudiar sus amparos “no son imparciales”.

La Ministra Batres consideró que la empresa de Salinas Pliego “recurre a la táctica de promover estos recursos cada vez que alguno de los miembros de la SCJN ya estudió el caso y presentó un proyecto de sentencia, con lo cual impide por el momento que se apruebe cualquier sentencia en su contra”.

Estas reclamaciones, conflictos competenciales y solicitudes de impedimento interpuestos por Elektra se encuentran en estudio en las ponencias de los ministros Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quienes hasta le momento no han presentado sus propuestas de resolución.

Hasta que estos ministros no presenten sus propuestas de resolución, y éstas sean aprobadas en votación, no se podrá resolver el fondo de los amparos de Elektra.

Los adeudos fiscales de Salinas Pliego

El pasado 26 de agosto, la Corte admitió un recurso de Grupo Elektra por la impugnación de un crédito fiscal de 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos. La suma total de los 13 créditos fiscales de Salinas Pliego, informó en su momento SinEmbargo, asciende a 67 mil 177 millones 120 mil pesos, que el empresario se niega a pagar de manera sistemática.

Previo a ello, en marzo, todavía durante la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el SAT dio a conocer que la deuda del empresario Ricardo Salinas Pliego era en aquel entonces de 63 mil millones de pesos.

“Estos ya son los adeudos totales. Son los adeudos pendientes de pago. […] Estos adeudos se encuentran en cuatro empresas, en 17 juicios, y todos fueron auditorías de 2008 a 2018. Todos estos adeudos se observaron por parte del Servicio de Administración Tributaria por un monto de 38 mil millones de pesos; pero al día de hoy, con la actualización por la inflación y por los recargos, asciende a un monto de 53 mil millones”, dijo en su momento Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT.

Desde Palacio Nacional, detalló que durante la administración Andrés Manuel López Obrador, “el SAT ha emitido créditos fiscales por 10 mil millones de pesos, teniendo un adeudo de 63 mil millones de pesos”.

“Eso es lo que tenemos al día de hoy. Más del 90 por ciento de este adeudo tiene que ver con el tema de consolidación fiscal, que es un tema ya viejo, que es un tema que se dio del 82 al 2013, y que en el 2013 se canceló esta figura que daba beneficios de diferir el pago del Impuesto Sobre la Renta [ISR], y sumar ganancias y pérdidas dentro de un grupo empresarial”, explicó en ese momento.

Exige Presidenta que se resuelvan los littigios

En diciembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver ya los litigios que existen en relación a los adeudos de Ricardo Salinas Pliego y Grupo Elektra con el SAT.

Durante una de sus conferencias matutinas, se le cuestionó sobre el tema a la mandataria federal, quien señaló que todo “sigue en tribunales”. “Esperemos a ver si antes de que termine el periodo de los actuales representantes o ministros de la Corte, pues pueda resolverse”, añadió.

Los adeudos millonarios del empresario salieron a relucir cuando la mandataria mexicana destacó la importancia del aumento que tuvo el Gobierno federal en los ingresos tributarios este 2024.

“Son muy buenos números para el 2024. Fíjense, cinco por ciento en términos reales incrementó el ingreso. Son 445 mil 284. 445 mil millones de pesos más de ingresos, es como 1.5 del PIB [Producto Interno Bruto] de ingresos adicionales del [20]23 al [20]24 sin aumentar impuestos”, declaró Sheinbaum, quien negó que todavía sea necesaria una reforma fiscal.

El cargo Ministros González Alcántara y Mario Pardo impiden sentencia contra Elektra: Lenia apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama, se pronunciaron este martes en contra de la decisión del Pleno del máximo Tribunal de sumarse al paro de labores del Poder Judicial de la Federación (PJF), pues explicaron que negarse a cumplir con su labor constitucional podría provocar su destitución del cargo.
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“Las suscritas nos manifestamos de manera enérgica en contra de la suspensión de labores. Es nuestra responsabilidad constitucional ejercer el cargo de Ministras y prestar el servicio público de impartición de justicia”, expresaron en un comunicado.

La Suprema Corte decidió este martes, con ocho votos a favor y tres en contra, sumarse al cese de trabajo como una forma protestar en contra de la reforma del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que se discutirá esta tarde en una sede alterna de la Cámara de Diputados

Las ministras indicaron que el Artículo 109, Fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que procederá la imposición —mediante juicio político— de la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier otra función en el servicio público, a las ministras o ministros (entre otros servidores públicos) que en el ejercicio de sus funciones, “incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.

Por otro lado, afirmaron que el Artículo 110, Fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación SCJN, establece de manera clara que no pueden sumarse a dicho paro: “Los ministros no podrán dejar de desempeñar las funciones que les son a su cargo”.

“No está prevista la figura del paro de labores a nivel constitucional ni legal para los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es decir, mediante un acuerdo de las Ministras y Ministros”, señalaron.
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En su pronunciamiento, las ministras insistieron que el personal de confianza no puede ni siquiera acudir a huelga, lo cual incluso está previsto en múltiples criterios sostenidos por la propia SCJN, como la jurisprudencia 118/2016, de la Segunda Sala.

“Por mayor razón, los titulares del máximo órgano de impartición de justicia, como las y los Ministros de esta Corte, no podemos suspender la prestación del servicio público que nos ha encomendado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, declararon.

Además, sostuvieron que el Código Penal Federal establece como delitos por hechos de corrupción la omisión de proporcionar el servicio público que nos corresponde (artículo 215), o recibir el pago indebido de remuneraciones sin tener derecho a ello (Artículo 217), “por lo que, en todo caso, los que votaron el paro debieron haber determinado dejar de percibir las remuneraciones que tienen como Ministras o Ministros”.

“La SCJN es la cabeza del Poder Judicial de la Federación y el máximo tribunal de nuestro país. Las y los servidores públicos que la integramos tenemos el imprescindible encomienda y obligación de impartir y garantizar el acceso a la justicia a todo el pueblo mexicano”, sentenciaron.

Las ministras también indicaron que tras declararse el paro propusieron continuar sesionando a distancia, pues cuentan con una lista de 28 proyectos distribuidos en el Pleno y en las salas de la SCJN que suman más de 200 asuntos.

Por la mañana, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) bloquearon las principales entradas de la Cámara de Diputados para protestar contra la Reforma Judicial e impedir su discusión en el pleno; por ello, la bancada de Morena buscó una sede alterna y decidió que fuera la Unidad Deportiva Magdalena Mixhuca, ubicada en la Alcaldía Venustiano Carranza, para sesionar.

Según los reportes, alrededor de las 4:30 horas de este martes, el personal del PJF empezó a tomar los accesos de San Lázaro para impedir la entrada al recinto legislativo. El bloqueo también se realizó con autos. Hasta el momento siguen llegando más personas para unirse a la jornada de protestas.

Noemí Luna, coordinadora del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, calificó como algo “indignante lo que está haciendo Morena y ‘sus mayorías’”. “Dar a conocer una sede alterna sin autorización previamente a la Mesa Directiva habla de su espíritu antidemocrático que no escucha al 43 por ciento de los mexicanos que votaron por la oposición”, añadió.

La próxima Legislatura arrancará ya con una ruta trazada. La Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo ha pedido a los legisladores del oficialismo iniciar, desde el próximo martes, los procesos para sacar adelante el paquete de reformas, las cuales son consideradas clave para consolidar su legado político y blindar la “Cuarta Transformación de México”.

De las iniciativas enviadas por el mandatario nacional en febrero, la mayoría quedaron ya dictaminadas, con excepción de la Reforma Electoral, que volverá a ser presentada por Sheinbaum Pardo. Mientras tanto, otras ya están listas para ser tratadas en el pleno, como es el caso de la Reforma Judicial; así como la eliminación de los organismos autónomos y el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

La reforma del Presidente estimaría que en 2025 serían electos, por voto popular, 34 cargos del Poder Judicial de la Federación: cinco integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina, 10 magistrados y 10 jueces, y nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

CON INFORMACIÓN DE: SINEMBARGO

El cargo Esquivel, Ortiz y Batres aseguran que la Constitución les prohíbe sumarse a paro apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), confirmó saldo blanco tras el incendio que consumió bodegas del centro de la capital, tanto en fallecidos como en heridos; sin embargo, cinco bomberos fueron atendidos por inhalación de humo.

Sobre el balance de daños, aclaró que aún no se tienen montos, pero conversarán con los comerciantes, además que revisarán el peritaje y el tema de los seguros de estos inmuebles, los cuales son privados y aclaró enfático que no se reportaron muertos ni heridos.

“Afortunadamente, no hubo fallecidos, no hubo fallecidos, no hubo lesionados, no hubo heridos; esto es lo fundamental porque finalmente lo que más importa es la integridad de la gente”.

En una conferencia de prensa sobre los avances de la obra en el segundo tramo de la Línea 1 del Metro, Batres confirmó que el incendio de extinguió completamente a las 2:30 de este viernes, participaron 120 bomberos, 50 elementos de Protección Civil.

Adicionalmente se realizaron operativos nocturnos con más de 500 elementos de Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que resguardaron los inmuebles siniestrados, así como los aledaños.

El jefe de gobierno agregó que para apagar las llamas se requirió el uso de 150 pipas de agua provenientes de diversos puntos de la ciudad e incluso del Estado de México.

Sobre los daños, detalló que la superficie afectada abarca unos seis mil metros cuadrados, en el edificio repleto de pacas de mercancía como calzado deportivo, sandalias, material plástico, especialmente en el tercer nivel.En particular, la caída de un techo sobre los materiales incendiados complicó las labores para controlar las llamas, lo que reavivaba el fuego mientras se estaba combatiendo en ese tercer nivel.

En lo que respecta a las personas desalojadas, recordó que se trata de una zona comercial y no habitacional, mientras que en el caso de la escuela secundaria que está cerca del edificio incendiado, ya no había clases, solo estaba el personal de conserjería que atiende el plantel.

Dado que este viernes no hay clases por Junta de Consejo Técnico y el lunes será el feriado del Aniversario de la Revolución, no habrá labores académicas en estos días en el plantel, sino hasta el martes o miércoles de la próxima semana, aunque eso se precisará en cuanto se realice un balance de daños.

CON INFORMACIÓN DE: PUBLIMETRO

El cargo Batres reporta saldo blanco tras incendio en Tepito que consumió 20 establecimientos apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.