* En entrevista, Lenia Batres sostuvo que existe una presión externa sobre la sucesión y rechazó que actores empresariales tengan razones para intentar impedir que llegue a la Presidencia de la Corte.
La Ministra Lenia Batres Guadarrama exhibió el regreso de los privilegios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al tiempo que denunció cómo desde hace más de un mes enfrenta un intento para vetarla de la Presidencia del máximo tribunal de justicia del país, una sucesión que, afirmó, está siendo presionada desde fuera por personajes como Ricardo Salinas Pliego.
“Llevamos más de un mes con un intento muy intenso de vetarme de la Presidencia, me están vetando con un año de anticipación. Hay algunas voces que se mencionan, se ha indicado que hay empresarios que están vetando la posibilidad de que presida la Corte”, afirmó Batres en entrevista con Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas, que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.
Entre esos empresarios mencionó a Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, quien ha confrontado públicamente a la Ministra y cuya situación fiscal ha sido materia de litigios en la propia Suprema Corte. Batres consideró “muy probable” que el empresario esté realizando acciones para tratar de impedir que llegue a la Presidencia del tribunal.
“Él me ha insultado y ha mantenido una campaña muy intensa en redes sociales. Es muy probable que mantenga un activismo para impedir que llegue, ni siquiera como un temor fundado en el tema de resoluciones, sino como una venganza porque pudiera estarme él atribuyendo el cobro de sus adeudos”, señaló.
Batres consideró que el conflicto podría estar relacionado con la percepción del empresario de que ella tendría alguna responsabilidad en el cobro de sus adeudos, y no necesariamente con el temor a las resoluciones que pudiera adoptar la Corte en caso de que llegara a presidirla.
La denuncia sobre el veto ocurre mientras Batres ha cuestionado la incorporación de nuevas prestaciones en el presupuesto de la Suprema Corte.
En una sesión privada celebrada el 6 de agosto, el pleno solicitó para 2027 un presupuesto de 6 mil 104 millones 533 mil 140 pesos, 17.2 por ciento superior al monto autorizado por la Cámara de Diputados para 2026.
Durante esa misma sesión se incorporó al anteproyecto, sin un estudio previo, la restitución del seguro de gastos médicos mayores para más de 300 personas servidoras públicas de mandos medios y superiores, una prestación que había sido eliminada el año pasado.
La propia Corte confirmó el regreso de los privilegios. En un comunicado, informó que sí aprobó un Anteproyecto de Presupuesto de seis mil 104.5 millones de pesos para 2027.
Batres explicó que entre los posibles beneficiarios se encuentran directores generales, directores de área y los propios ministros, todos funcionarios con percepciones superiores a 100 mil pesos mensuales. Cuestionó que, después de que el personal de mando de la Corte ya cuenta con ISSSTE, se pretenda cubrir además un seguro privado con recursos públicos.
La Ministra sostuvo que la propuesta también podría contravenir la Ley General de Austeridad Republicana y por ello envió un oficio a Néstor Vargas, presidente del órgano de administración judicial, para solicitar que revisara la inclusión de esta prestación.
“Anoche mandamos un oficio dirigido a Néstor Vargas que es el presidente del órgano de administración judicial para que analice este tema porque en estricto sentido nosotros no tenemos derecho de votar propuestas que están prohibidas por la ley. La Ley General de Austeridad Republicana en su artículo 22 prohíbe expresamente la asignación de seguros de gastos médicos mayores, por esa razón mandamos este escrito. Yo espero que se pueda evitar que se mande el presupuesto con privilegios que ya se habían suprimido”, señaló.
Batres consideró que la restitución del seguro implicaría regresar a prácticas que la nueva integración de la Corte se había comprometido a eliminar y que incluso podría afectar el cumplimiento del artículo 127 constitucional.
“Este sería un regreso, espero que no se consume, justamente estamos tratando de evitarlo. Hay un esfuerzo por cumplir la Constitución. El primer anuncio que hicimos como nueva Suprema Corte fue la adecuación de nuestra remuneración a lo que dice la Constitución en su artículo 127 de que teníamos que ganar una remuneración máximo conforme gana el titular del Ejecutivo federal.
“Si en este momento se le agrega esta remuneración prohibida por la ley, no solamente vamos a incumplir la ley de austeridad republicana, sino también va a volverse a sumar un monto mayor de nuestra remuneración a la que estamos obligados como tope conforme a nuestra Constitución”, sostuvo.
El regreso de esta prestación contrasta con el discurso que el Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz planteó el 1 de septiembre de 2025, cuando asumió el cargo y afirmó que la nueva Suprema Corte acabaría con los sueldos y gastos suntuosos. También anunció que se revisarían las percepciones de los ministros en retiro para ajustarlas a la Constitución.
Aguilar señaló entonces que una revisión preliminar había mostrado que los ministros retirados recibían entre 205 mil y 385 mil pesos mensuales, por encima de la remuneración de la Presidenta.
Batres rechazó que la restitución del seguro pueda justificarse como parte de los derechos laborales protegidos por la reforma judicial. A su juicio, se trata de una prestación irregular que ya había sido eliminada.
“El argumento supuesto es que la reforma judicial dice que se respetarían los derechos de los trabajadores, pero este no es un derecho de los trabajadores, era una prestación irregular. Aquí se está no respetando un derecho, sino restituyendo una prestación irregular. No puede ser un argumento válido además que ya se había retirado, el último año habíamos estado sin esa prestación”, afirmó.
La Ministra defendió que los funcionarios tienen derecho a recurrir a servicios médicos privados si así lo desean, pero rechazó que el costo sea trasladado al erario.
“Todos tenemos derecho de acudir al servicio médico que queríamos siempre y cuando lo podamos pagar, si a alguien no le gusta ir al IMSS o al ISSSTE tiene todo el derecho de ir a un servicio privado, pero no debe ser pagado por el recurso público, con el dinero que es del pueblo”, dijo.
Batres también cuestionó la reacción que ha generado su oposición al presupuesto y señaló que enviar el oficio para pedir la revisión del seguro provocó una respuesta que consideró desproporcionada.
“Me parece un pésimo precedente que alguien castigue por no estar de acuerdo al presupuesto y en este caso, por atreverme a mandar el escrito al titular del órgano de administración, viene una sobre reacción y los ministros deciden tomar como rehén un asunto jurisdiccional que además no me castiga a mí, castigan a los involucrados”, denunció.
Con información de Sinembargo
