La Ministra Lenia Batres Guadarrama exhibió el regreso de los privilegios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al tiempo que denunció cómo desde hace más de un mes enfrenta un intento para vetarla de la Presidencia del máximo tribunal de justicia del país, una sucesión que, afirmó, está siendo presionada desde fuera por personajes como Ricardo Salinas Pliego.

“Llevamos más de un mes con un intento muy intenso de vetarme de la Presidencia, me están vetando con un año de anticipación. Hay algunas voces que se mencionan, se ha indicado que hay empresarios que están vetando la posibilidad de que presida la Corte”, afirmó Batres en entrevista con Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas, que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Entre esos empresarios mencionó a Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, quien ha confrontado públicamente a la Ministra y cuya situación fiscal ha sido materia de litigios en la propia Suprema Corte. Batres consideró “muy probable” que el empresario esté realizando acciones para tratar de impedir que llegue a la Presidencia del tribunal.

“Él me ha insultado y ha mantenido una campaña muy intensa en redes sociales. Es muy probable que mantenga un activismo para impedir que llegue, ni siquiera como un temor fundado en el tema de resoluciones, sino como una venganza porque pudiera estarme él atribuyendo el cobro de sus adeudos”, señaló.

Batres consideró que el conflicto podría estar relacionado con la percepción del empresario de que ella tendría alguna responsabilidad en el cobro de sus adeudos, y no necesariamente con el temor a las resoluciones que pudiera adoptar la Corte en caso de que llegara a presidirla.

La denuncia sobre el veto ocurre mientras Batres ha cuestionado la incorporación de nuevas prestaciones en el presupuesto de la Suprema Corte.

En una sesión privada celebrada el 6 de agosto, el pleno solicitó para 2027 un presupuesto de 6 mil 104 millones 533 mil 140 pesos, 17.2 por ciento superior al monto autorizado por la Cámara de Diputados para 2026.

Durante esa misma sesión se incorporó al anteproyecto, sin un estudio previo, la restitución del seguro de gastos médicos mayores para más de 300 personas servidoras públicas de mandos medios y superiores, una prestación que había sido eliminada el año pasado.

La propia Corte confirmó el regreso de los privilegios. En un comunicado, informó que sí aprobó un Anteproyecto de Presupuesto de seis mil 104.5 millones de pesos para 2027.

Batres explicó que entre los posibles beneficiarios se encuentran directores generales, directores de área y los propios ministros, todos funcionarios con percepciones superiores a 100 mil pesos mensuales. Cuestionó que, después de que el personal de mando de la Corte ya cuenta con ISSSTE, se pretenda cubrir además un seguro privado con recursos públicos.

La Ministra sostuvo que la propuesta también podría contravenir la Ley General de Austeridad Republicana y por ello envió un oficio a Néstor Vargas, presidente del órgano de administración judicial, para solicitar que revisara la inclusión de esta prestación.

“Anoche mandamos un oficio dirigido a Néstor Vargas que es el presidente del órgano de administración judicial para que analice este tema porque en estricto sentido nosotros no tenemos derecho de votar propuestas que están prohibidas por la ley. La Ley General de Austeridad Republicana en su artículo 22 prohíbe expresamente la asignación de seguros de gastos médicos mayores, por esa razón mandamos este escrito. Yo espero que se pueda evitar que se mande el presupuesto con privilegios que ya se habían suprimido”, señaló.

Batres consideró que la restitución del seguro implicaría regresar a prácticas que la nueva integración de la Corte se había comprometido a eliminar y que incluso podría afectar el cumplimiento del artículo 127 constitucional.

“Este sería un regreso, espero que no se consume, justamente estamos tratando de evitarlo. Hay un esfuerzo por cumplir la Constitución. El primer anuncio que hicimos como nueva Suprema Corte fue la adecuación de nuestra remuneración a lo que dice la Constitución en su artículo 127 de que teníamos que ganar una remuneración máximo conforme gana el titular del Ejecutivo federal.

“Si en este momento se le agrega esta remuneración prohibida por la ley, no solamente vamos a incumplir la ley de austeridad republicana, sino también va a volverse a sumar un monto mayor de nuestra remuneración a la que estamos obligados como tope conforme a nuestra Constitución”, sostuvo.

El regreso de esta prestación contrasta con el discurso que el Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz planteó el 1 de septiembre de 2025, cuando asumió el cargo y afirmó que la nueva Suprema Corte acabaría con los sueldos y gastos suntuosos. También anunció que se revisarían las percepciones de los ministros en retiro para ajustarlas a la Constitución.

Aguilar señaló entonces que una revisión preliminar había mostrado que los ministros retirados recibían entre 205 mil y 385 mil pesos mensuales, por encima de la remuneración de la Presidenta.

Batres rechazó que la restitución del seguro pueda justificarse como parte de los derechos laborales protegidos por la reforma judicial. A su juicio, se trata de una prestación irregular que ya había sido eliminada.

“El argumento supuesto es que la reforma judicial dice que se respetarían los derechos de los trabajadores, pero este no es un derecho de los trabajadores, era una prestación irregular. Aquí se está no respetando un derecho, sino restituyendo una prestación irregular. No puede ser un argumento válido además que ya se había retirado, el último año habíamos estado sin esa prestación”, afirmó.

La Ministra defendió que los funcionarios tienen derecho a recurrir a servicios médicos privados si así lo desean, pero rechazó que el costo sea trasladado al erario.

“Todos tenemos derecho de acudir al servicio médico que queríamos siempre y cuando lo podamos pagar, si a alguien no le gusta ir al IMSS o al ISSSTE tiene todo el derecho de ir a un servicio privado, pero no debe ser pagado por el recurso público, con el dinero que es del pueblo”, dijo.

Batres también cuestionó la reacción que ha generado su oposición al presupuesto y señaló que enviar el oficio para pedir la revisión del seguro provocó una respuesta que consideró desproporcionada.

“Me parece un pésimo precedente que alguien castigue por no estar de acuerdo al presupuesto y en este caso, por atreverme a mandar el escrito al titular del órgano de administración, viene una sobre reacción y los ministros deciden tomar como rehén un asunto jurisdiccional que además no me castiga a mí, castigan a los involucrados”, denunció.

Con información de Sinembargo

El cargo Batres acusa presiones externas en la Corte y el regreso de privilegios apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Durante los diálogos circulares, el vocero fue cuestionado sobre la polémica en torno a que las medidas de austeridad surtirán efecto en la próxima Legislatura y recordó que el tema fue debatido desde que se presentó la propuesta.

“Hay que recordar que aquí se presentó el plan B, que aquí se dijo que se iba a reducir casi un 50 por ciento y me atacaron. Los diputados decían que no era cierto y al final acabaron votando”, expresó.

Martínez Velázquez señaló que la reforma responde a la armonización de la legislación estatal con la Ley de Austeridad impulsada a nivel federal y sostuvo que establece nuevas reglas para el ejercicio del gasto público en el Poder Legislativo.

“Ese es el sentido de la Ley de Austeridad. Tal como lo planteó la presidenta, tiene que ver con eso”, comentó.

Añadió que, entre otros aspectos, la legislación fija límites al gasto en determinados conceptos y busca fortalecer los criterios de austeridad en la administración de los recursos públicos.

“Creo que es una buena noticia para el pueblo tlaxcalteca tener autoridades realmente más austeras”, afirmó.

Respecto a las críticas porque la reforma entrará en vigor para la siguiente Legislatura y no para la actual, explicó que ello obedece al calendario presupuestal con el que opera el Congreso.

“Evidentemente se tiene que hacer para el ejercicio siguiente, no se puede aplicar ahorita y entiendo que la Cámara funciona con un calendario distinto”, indicó.

Finalmente, el vocero señaló que, más allá de las distintas opiniones sobre la reforma, considera positivo que Tlaxcala haya armonizado su legislación con la política nacional de austeridad.

“Yo no sé si es una o no batalla. Lo que sí es cierto es que va a entrar en vigor y qué bueno que se legisló y qué bueno que armonizamos con la federación y con nuestra presidenta esta Ley de Austeridad”, concluyó.

El cargo Antonio Martínez afirma que diputados locales terminaron alineándose a la austeridad apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Con el argumento de armonizar la Constitución de Tlaxcala con la reforma federal, las y los diputados aprobaron reducir el presupuesto del Congreso del Estado del actual 1.6 por ciento al 0.70 por ciento de los ingresos anuales de la entidad.

Sin embargo, al mismo tiempo aprobaron que ese ajuste no entre en vigor durante su gestión, sino hasta el inicio de la siguiente Legislatura, el 29 de agosto de 2027.

En otras palabras, la austeridad constitucional ya fue aprobada… pero la aplicarán quienes lleguen después.

La decisión permitirá que los actuales legisladores concluyan su periodo con un presupuesto de 503 millones 506 mil 250 pesos, equivalente al 1.6 por ciento de los ingresos estatales, e incluso con la posibilidad de solicitar incrementos conforme a las reglas vigentes, mientras que la obligación de ajustarse al nuevo límite recaerá sobre la próxima integración del Congreso.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2026, si el nuevo tope constitucional se aplicara de inmediato, el Poder Legislativo tendría que operar con alrededor de 210.6 millones de pesos, es decir, casi 293 millones de pesos menos que los recursos actualmente autorizados.

Paradójicamente, la propia reforma establece que esos recursos deberán destinarse a obras de infraestructura, pero ese ahorro no será generado por quienes hoy levantaron la mano para aprobar la modificación constitucional.

Durante la sesión extraordinaria, el diputado David Morales del Razo justificó la decisión al señalar que los artículos transitorios de la reforma federal permiten que los congresos estatales que aún rebasan el límite presupuestal apliquen el ajuste a partir de la legislatura subsecuente.

La explicación jurídica, sin embargo, no elimina el efecto político de la decisión: la actual Legislatura aprobó un régimen de austeridad que no tocará un solo peso de su propio presupuesto.

El paquete de reformas también incorpora el principio de paridad de género en la integración del Congreso y los ayuntamientos, establece un máximo de 15 regidurías por municipio —límite que actualmente ningún municipio de Tlaxcala alcanza— y fija que las remuneraciones de magistraturas del Tribunal Electoral de Tlaxcala y de las consejerías del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones no podrán superar el salario de la persona titular del Poder Ejecutivo federal.

No obstante, el mensaje político quedó marcado por el tema presupuestal. Mientras el Congreso se sumó al discurso nacional de austeridad, sus integrantes evitaron que el ajuste afectara sus propios privilegios y trasladaron el costo financiero a la Legislatura siguiente que aún no ha sido electa y que se confirmara del resultado de las elecciones de 2027.

El cargo Diputados “novatean” con “austeridad” a los siguientes legisladores apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La gobernadora de Tlaxcala Lorena Cuéllar Cisneros reconoció la austeridad de los diputados locales de la actual y pasada legislatura que rechazaron 600 millones de pesos del “fondo moches” y que fueron destinados por el Gobierno de Tlaxcala a la construcción de nuevos hospitales, nuevas universidades, nuevos bachilleratos y nuevas ciudades en todo el estado.

Al ser cuestionada sobre la austeridad que propone la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo con la reforma electoral del plan B, la mandataria dijo que tiene conocimiento del respaldo que hay de los diputados de la Cuarta Transformación.

“Tengo conocimiento que están con esa intención de respaldar y a mí me da mucho gusto porque es apoyar desde luego a la presidenta apoyar este plan B para que sea realmente un hecho en todo el país”.

En este sentido, la mandataria confió en el apoyo que los legisladores locales han brindado al poder ejecutivo de Tlaxcala y dijo que siempre se han sumado y son diputados muy conscientes.

“Tan se han sumado que ellos fueron quienes me ayudaron a acabar con el fondo moches, lo cual yo les agradezco mucho porque estos diputados son ejemplo, desde la pasada legislatura y los que están actualmente fueron ejemplo, al rechazar 600 millones de pesos que hoy sirven para que se hayan construido nuevos hospitales, nuevas universidades, nuevos bachilleratos y nuevas ciudades en todo el estado”, concluyó.

El cargo Gobernadora reconoce austeridad de diputados locales apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Ahora el Órgano de Administración Judicial (OAJ) será el encargado de ajustar los salarios de los nuevos ministros para cumplir con el mandato constitucional de que no ganen más que la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el Manual de Remuneraciones del Poder Judicial de la Federación (PJF) publicado en febrero de este año, conforme al Presupuesto que le fue asignado a la institución para este ejercicio fiscal, el salario bruto de los ministros fue fijado en 190 mil 973.10 mensuales.

Sin impuestos, dicha cantidad quedó en 137 mil 83.82 pesos al mes y aunque no fue eliminado el seguro de separación individualizada y el de gastos médicos mayores, dichas prestaciones no son consideradas ingresos porque no acrecentaron la riqueza de los ministros salientes.

El tema de los salarios de los ministros de la Corte formó parte de los argumentos por los que el gobierno federal justificó la reforma judicial al acusarlos de ganar más que el titular del Ejecutivo federal, pese a que este 2025 ajustaron sus salarios para cumplir con la Constitución.

La reforma judicial ordenó a los ministros que no participaron en la elección del 1 de junio, es decir, que rechazaron los cambios, a renunciar anticipadamente a sus cargos para dar paso a la nueva SCJN.

Al tratarse de una nueva administración, automáticamente los ministros, jueces y magistrados electos por voto popular ya no pueden ganar más que la presidenta Sheinbaum.

El pasado 1 de septiembre, en su primer discurso como ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz afirmó que los integrantes del Pleno ajustarían sus salarios para no ganar más que la Presidenta Claudia Sheinbaum, pese a que esto ya no corresponde determinarlo a la SCJN sino al nuevo Órgano de Administración, actualmente encabezado por Néstor Vargas, cercano a la mandataria federal.

Ayer, la SCJN publicó en su página electrónica el directorio de las nuevas ponencias en el que, en automático, fueron publicados los salarios de los ministros de 137 mil 582.27 pesos libres de impuestos.

Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron a Proceso que dicha cantidad no ha sido ajustada aún por el OAJ que apenas ayer realizó las primeras designaciones directivas para administrar todo el PJF, incluida la Suprema Corte.

Con información de: Proceso

El cargo Estos son los salarios de los nuevos ministros de la Corte apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La administración en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó medidas de austeridad para generar ahorros, como hacer home office hasta dos días por semana y consumir sólo lo indispensable en artículos de papelería y otros, pero también incluyó acciones que han generado quejas entre sus trabajadores, como reducir los servicios médicos en las instalaciones, las porciones en el comedor de empleados y hasta el jabón de manos en los baños. Estos cambios se realizan en su última recta antes de entregar la estafeta el primero de septiembre a los próximos ministros.

La austeridad en el máximo tribunal del país, que preside la ministra Norma Piña Hernández, llega después de años de críticas desde el Ejecutivo y el Legislativo sobre el exceso del gasto en su operación y salarios muy por encima de la ley. Por ejemplo, durante la discusión del presupuesto de 2024, Morena señaló que detectaron que la Corte podría hacer ajustes en más de 2 mil millones de pesos porque en muchos rubros tiene gastos frívolos y superfluos.

Este mes, la Corte emitió los nuevos Lineamientos para implementar y operar el modelo de trabajo a distancia en la SCJN, que retoma los acuerdos aplicados durante la pandemia de covid-19, que permiten los trámites y firmas electrónicas para actuaciones administrativas y que un comité técnico regule la nueva modalidad para los empleados.

Será responsabilidad de cada persona titular de órgano o área permitir un tiempo mayor de trabajo a distancia al señalado en el párrafo anterior, para lo cual deberá informar su decisión por escrito ante el comité técnico, señalan los lineamientos.

La Jornada habló con empleados de la Corte que pidieron el anonimato, quienes informaron que el home office aplica a criterio de sus superiores, normalmente los miércoles y viernes; también, que deben de firmar un documento, bajo protesta de decir verdad, de que cuentan con los espacios y condiciones suficientes para cumplir su función.

CON INFORMACIÓN DE LA JORNADA

El cargo Aplica la SCJN medidas de austeridad a meses de renovar su estructura apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, podría ser más tolerable ante la deuda y suavizar las medidas de deudas de austeridad de su Gobierno considerando que 2025 pueda ser un año complicado en términos económicos, afirmó el analista Mario Campa.

El especialista en análisis macroeconómico señaló que es recomendable que Claudia Sheinbaum no aplique de golpe recortes de gastos al inicio de su sexenio para no generar un desbalance en la economía nacional.

“Claudia Sheinbaum podría ser un poquito más tolerable a la deuda, es decir, estar menos a la defensiva en este aspecto considerando que si recibe una economía internacional problemática entonces quizás para el primer año la austeridad, no es que se vaya a postergar, pero se puede suavizar un poco, no empezar tan fuerte con los recortes de gasto considerando que puede ser un año complicado, postergarlo un poco”.

El especialista ahondó en el tema y detalló que estas medidas de austeridad deberán ser aplicadas de manera gradual y con el sello propio de Sheinbaum.

“Claudia Sheinbaum reconoce que sí tienen que ser graduales estas reformas, no está buscando un big bang, no está buscando una sacudida general como la buscó Milei, ya sea en sentido progresista o regresivo, no está buscando eso porque los fundamentales están sanos, la aprobación presidencial es alta, la gente está contenta, está bajando la pobreza y la desigualdad, están aumentado los salarios entonces para qué moverle. Hay algunas cosas que deben mantenerse e ir ya, con su propia personalidad, su estilo, sus prioridades ir llegando a expandir la frontera de derechos y la frontera protección de social”.

Una de las políticas más importantes de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue la austeridad en la administración pública. El mandatario dejó en claro que no habría Gobierno rico con pueblo pobre, por ende, desde el primer día de su Gobierno implementó medidas de austeridad para reducir gastos.

Al respecto, Mario Campa señaló que el Gobierno de Claudia Sheinbaum podría darle continuidad a diversas medidas implementadas en la actual administración y revisar otras, como el Tratado de Libre Comercio, en donde se podrían realizar algunos ajustes.

“Yo veo continuidad en muchos aspectos. En el caso del Banco de México se va a mantener la economía. En el caso del Tratado de Libre Comercio, aunque debe haber una revisión, es imposible que México plantee una salida en estos momentos del tratado, quizás ciertos ajustes. Esos dos son de las principales anclas”.

La virtual Presidenta electa ha anunciado los que serán sus principales puntos de Gobierno, destacando principios heredados de la Administración del Presidente López Obrador como la austeridad, la prioridad del Estado ante el poder económico, el aumento del salario mínimo, entre otros.

Con información de: Sin Embargo

El cargo Sheinbaum podría ser un poco más tolerable ante la deuda: Mario Campa apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

“La autonomía e independencia judicial se verá vulnerada por la delincuencia organizada o intereses particulares, económicos y políticos. El sistema judicial planteado no atiende compromisos contraídos en tratados y convenciones internacionales respecto a la independencia y autonomía judicial. Tiende a vulnerar el principio de división de poderes y la destrucción de toda institución democrática que represente un contrapeso a los excesos del poder”, apuntó.

Reiteró que el PAN apoya algunas propuestas como la austeridad; sin embargo, insistió que para lograr una reforma adecuada son necesarios los acuerdos de la mayoría legislativa con otras fuerzas políticas, incluyendo Acción Nacional y que la iniciativa se realice de manera gradual para no generar un colapso.

“Debemos celebrar la organización de los Diálogos Nacionales sobre las Reformas Constitucionales al Poder Judicial, pues es una forma de escuchar todas las voces para lograr consensos que lleven a buen puerto una reforma que fortalezca la independencia y autonomía del Poder Judicial para que existan los contrapesos necesarios”, aseveró.

Téllez Hernández consideró importante la participación ciudadana en la elección de jueces y magistrados, pero en contrapropuesta a un proceso electivo directo, el PAN impulsará la conformación de comités de selección independientes compuestos por miembros de los poderes Judicial y Legislativo, académicos y representantes de la sociedad civil para la selección de los perfiles más adecuados a estos cargos.

“Incluir en el proceso de nombramiento de ministros y magistrados del Poder Judicial, audiencias públicas donde se examinan las calificaciones y el historial de los candidatos, así como buscar mecanismos que preserven la autonomía de la función jurisdiccional y fortalezcan los procesos de selección con criterios técnicos”, precisó.

Dijo que el PAN propondrá la creación de jurados populares que abran la participación ciudadana a la toma de decisiones jurisdiccionales que colaboren en los veredictos de los jueces en la determinación de sentencias sobre los delitos.

“Se propone la participación directa de las personas en la resolución e impartición de justicia. Se propondría la participación activa de la ciudadanía en la impartición de justicia como una figura prevista desde la Constitución”, precisó.

Con información de: El Universal

El cargo PAN, de acuerdo en parte de la reforma judicial apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Durante su mensaje, la diputada Mónica Sánchez Angulo, destacó que “el Presupuesto de Egresos, es el documento que concentra las partidas en las que el gobierno podrá gastar para satisfacer las necesidades colectivas”, por lo que señaló que este Congreso analizará y discutirá el proyecto de presupuesto 2024, dando cumplimiento a los criterios de legalidad, honestidad eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, disciplina presupuestaria, transparencia control y rendición de cuentas.

Por su parte el diputado Ever Alejandro Campech Avelar, puntualizó,“el día de hoy iniciamos con el análisis de este Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2024”.

En este sentido, el congresista destacó que a través de la Comisión que preside, tendrá a bien analizar detalladamente el Paquete Económico, para posteriormente presentarlo al pleno del Congreso, “el Legislativo en lo que le toca, en el papel que le corresponde, hará el trabajo oportuno y que el presupuesto siempre sea en beneficio de todas y todos los tlaxcaltecas”, concluyó.

En este acto, el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, David Álvarez Ochoa dijo que este Paquete Económico se divide en dos partes, la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala con una cifra total de 27 mil 647 millones de pesos, que con respecto al 2023 tiene un incremento de un 8.11% .

Mientras que el Presupuesto de Egresos que actualmente se presenta a esta soberanía, contempla que el Poder Ejecutivo tendrá una cifra a ejercer de 21 mil 18 millones de pesos, el Poder Legislativo, 356 millones, 742 mil pesos; el Órgano de Fiscalización Superior, 89 millones de pesos; el Poder Judicial 482 millones 152 pesos, y los organismos autónomos, 598 millones de pesos.

El secretario de Gobierno del Estado, Luis Antonio Ramírez Hernández, enfatizó, “desde el Paquete Económico se encuentra contemplada la generación y fortalecimiento de los grandes retos que implica la impartición de justicia en nuestro Estado”, también señaló que en lo general, el Paquete Económico 2024 tiene como eje angular continuar con la efectividad de las acciones de manera coordinada entre los tres poderes y con los organismos autónomos en los diferentes rubros, por lo que confió en que será analizado detalladamente por las y los legisladores para posteriormente ser aprobado.

Finalmente, la diputada Marcela González Castillo, presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, señaló, ”hoy recibimos el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2024 en este recinto legislativo con base en la fracción décima segunda del Artículo 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; las y los diputados tenemos la responsabilidad de realizar un ejercicio legislativo integral, incluyente y transparente para la aprobación en tiempo y forma de este Paquete Económico, privilegiando la distribución equitativa de los recursos en el Estado”; recalcó que desde la LXIV Legislatura, las y los diputados están comprometidos con el bienestar y el progreso de Tlaxcala.

El cargo Recibe Congreso Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2024 apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.