En Tlaxcala, cada vez son más insistentes las versiones que apuntan hacia la influencia política de Nery Bañuelos Flores, secretaria particular de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, a quien incluso algunos actores políticos identifican como la “minigobernadora” por el peso que tendría en decisiones administrativas y políticas.

A ello se suman señalamientos sobre la presencia de integrantes de su familia en cargos públicos relevantes: Patricia Bañuelos Flores en IMSS-Bienestar, Rafael Bañuelos Flores director de relaciones laborales de la Secretaría de Educación Pública y una prima que actualmente ocupa una magistratura. La sola existencia de estos vínculos familiares no constituye, por sí misma, una irregularidad. ¿todos esos nombramientos fueron producto de concursos, evaluaciones y perfiles técnicos, o influyó el peso político de un apellido cercano al poder?

La percepción pública es determinante. Cuando una familia concentra espacios estratégicos dentro del gobierno, inevitablemente surgen dudas sobre la imparcialidad de las designaciones y sobre la existencia de posibles conflictos de interés.

Más delicadas aún resultan las versiones que circulan en distintos círculos políticos sobre presuntos negocios millonarios realizados desde esas posiciones. Se trata de afirmaciones que, de existir elementos, deben ser investigadas por las autoridades competentes. Precisamente por ello, la transparencia deja de ser una opción y se convierte en una obligación. La ciudadanía merece conocer si existen auditorías, revisiones patrimoniales o mecanismos de control que descarten cualquier uso indebido del poder.

El gobierno de Lorena Cuéllar ha construido buena parte de su discurso en torno al combate a la corrupción y al rechazo del influyentismo que durante años criticó de administraciones anteriores. Esa narrativa pierde fuerza cuando las sospechas apuntan a la cercanía familiar con quienes toman las decisiones.

No basta con afirmar que no existe nepotismo. Es indispensable demostrarlo con documentos, procesos transparentes y explicaciones públicas. De lo contrario, la percepción termina imponiéndose a los hechos.

El cargo Los apellidos del poder, influyentismo y opacidad apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La relación entre la Cuarta Transformación —impulsada por Andrés Manuel López Obrador y continuada por Claudia Sheinbaum— y el Movimiento Antorchista ha sido, desde el inicio, de confrontación abierta. No es una diferencia menor: es un choque de modelos.

Mientras el discurso de Morena condena a organizaciones intermediarias por clientelares, Antorcha ha construido precisamente su poder a partir de la gestión colectiva, la movilización y la negociación política. Dos visiones incompatibles… al menos en el papel.

Porque en Tlaxcala, la realidad cuenta otra historia.

Ahí, el presidente municipal Alfonso Sánchez García —militante de Morena— ha optado por un camino que desdibuja cualquier línea ideológica: el acercamiento con Antorcha.

No se trata de un gesto aislado ni de mera cortesía institucional. Se trata de cálculo político.

Porque en el horizonte no está solo la administración municipal. Está algo más ambicioso: el interés desmedido de convertirse en candidato de Morena al gobierno del estado. Y en esa ruta, Antorcha deja de ser el enemigo ideológico para convertirse en un aliado incomodo. Lo que a nivel federal se critica, a nivel local se vuelve útil.

Y ahí es donde la congruencia se rompe.

Porque si Antorcha representa —como ha sostenido Morena— una forma de política que debe superarse, ¿qué significa buscar su respaldo? ¿Pragmatismo? ¿O simple abandono del discurso cuando deja de ser conveniente?

La respuesta parece inclinarse hacia lo segundo.

En Tlaxcala, la relación entre el gobierno municipal y Antorcha no revela una excepción, sino una práctica constante del grupo oligárquico del poder local: los principios son negociables cuando el poder está en juego.

Pero hay algo más de fondo.

Este tipo de movimientos no solo exhibe a Sánchez García. También pone en entredicho la viabilidad del proyecto nacional. Porque si los propios cuadros de Morena recurren a las estructuras que dicen combatir para preservar el poder a costa de lo que sea, entonces el problema no es Antorcha… sino la voracidad del grupo al que representa el alcalde para prescindir de ella.

Al final, la pregunta no es si hay contradicción. Esa es evidente.

La pregunta es otra:

¿cuánto vale la lealtad a un proyecto político cuando se interpone en el camino de una candidatura?

En Tlaxcala, al parecer, vale menos que una organización intermediaria y conflictiva bien organizada.

El ITE y la absolución a modo: cuando no todos eran iguales… pero terminaron siéndolo

En política, las decisiones colegiadas suelen venderse como producto de la deliberación. Pero a veces, lo que revelan es algo más simple: la capacidad de torcer un criterio hasta volverlo conveniente.

Eso es exactamente lo que ocurrió con la resolución del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), que terminó por exonerar tanto a Ana Lilia Rivera como a Alfonso Sánchez García por presuntos actos anticipados de campaña y retirar incluso las medidas cautelares que buscaban frenar la propaganda.

Pero el dato clave —el que cambia toda la lectura del caso— está en el proyecto original.

El punto que incomoda: no eran iguales

En la propuesta inicial que se sometió al Consejo General del ITE, ambos actores no eran tratados de la misma forma.

Para Ana Lilia Rivera, el proyecto perfilaba la exoneración

Para Alfonso Sánchez García, en cambio, el criterio era distinto: sí se planteaban medidas cautelares y una valoración más estricta

El caso no trataba solo de dos figuras políticas. Trataba de algo más básico: la capacidad de la autoridad electoral para distinguir grados de responsabilidad.

El propio proyecto inicial ya lo hacía. Reconocía que no todos los casos eran iguales.

Pero parte del Consejo decidió otra cosa: convertir la diferencia en equivalencia.

Y ahí es donde de la resolución deja de ser técnica y se vuelve política.

Porque en Tlaxcala quedó claro que, al menos para el presidente del ITE, no importa cuánto te promuevan si no pueden probar que fuiste tú, eres inocente.

Aunque la evidencia, en los hechos, apunte en otra dirección.

Y en esa lógica, la equidad electoral deja de ser principio… para convertirse en excepción.

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